Concejal Curi propone crear nueva localidad integrada por Unidades Comuneras con mayores índices de pobreza e inseguridad. Concejales comentan respuesta de Funcicar a carta de concejal Pión. 15 de junio de 2017.

Bitácora del Concejo de Cartagena de Indias, 15 de junio de 2017.

Hora de inicio: 9:08 a.m.                                                         

Hora de finalización: 10:24 a.m.

 

Iniciado el orden del día, el secretario del Concejo dio lectura a dos documentos radicados en su despacho:

- Titulo del proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúa una incorporación en el presupuesto de la vigencia fiscal 2017 por monto de $39.353.838.528.00.

- Carta enviada por Funcicar, como respuesta al oficio dirigido por el concejal Cesar Pión a la directora de la Fundación, en relación con la reciente publicación del informe de aportantes a la campaña del alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez.

Al respecto, Funcicar destaca que: Con relación a nuestro seguimiento a la financiación de campañas, quiero aclarar que desde el año 2011, junto con la Corporación Transparencia por Colombia, promovemos el uso del aplicativo ‘cuentas claras’ con todas las campañas a cargos de elección popular. Se hace una amplia capacitación para que los gerentes y contadores aprendan a reportar ingresos y gastos, adicionalmente convocamos a esta misma capacitación en otras jornadas a medios de comunicación y sociedad civil. En la última contienda electoral, a través del programa ‘Despierta Cartagena, vota, el poder lo tienes tú’, hicimos público el reporte de la financiación de todos los candidatos y visibilizamos si las campañas excedían los topes de financiación, si reportaban oportunamente los ingresos y gastos al aplicativo cuentas claras, y si respetaban los decretos alrededor del control de la publicidad externa visual.

- Cuando usted se refiere a la publicación de EL UNIVERSAL, del 5 de agosto del 2016 titulada PIDEN FRENO A RECURSOS PROPIOS EN CAMPAÑAS, y cuestiona que en ese momento no se haya mencionado a los financiadores de la campaña Duque, le informamos que en la misma publicación sí se hace referencia a los mayores aportantes de las campañas Duque y Turbay. No obstante la información no se podía ampliar dado que debíamos esperar un tiempo prudente para hacerle seguimiento a las relaciones contractuales que surgieran entre los financiadores y la administración distrital.

- En el informe de seguimiento a la financiación de la campaña Duque que publicamos, hacemos la salvedad que ninguno de los financiadores hizo un aporte de manera ilegal, que el nombramiento de funcionarios públicos que fueron financiadores con los montos que donaron, tampoco contraviene la ley y que los que obtuvieron contratos por prestación de servicios tampoco supone una irregularidad. Por este motivo, en un momento donde a la administración se le cuestiona haber nombrado, por ejemplo, a Olimpo Vergara como Director de Control Urbano siendo un financiador, que una entidad como FUNCICAR advierta que esto no es algo ilegal, es de hecho una acción que clarifica la opinión ciudadana y evita señalamientos equivocados por parte de la sociedad civil. Lo que hemos puesto de manifiesto para que diluciden los órganos de control es el caso del contrato por más de $ 86 millones de pesos suscrito entre Luis Dunoyer en su calidad de Director de ETCAR y el IPCC, debido a que posiblemente contravenga la ley 1778 de 2016. También llamamos la atención frente a un posible conflicto de interés en la elección de los alcaldes menores 1 y 2 (Javier Jaramillo y Gregorio Rico), puesto que siendo elegidos por el Alcalde Mayor de una terna presentada por la JAL respectiva, fueron elegidos justamente quienes habían hecho aportes a la campaña. Lo que siempre hemos manifestado es que se hace evidente que las contribuciones no parecieran conservar la naturaleza de la participación en política, sino que hubiera más una relación entre los contribuyentes a campañas y la obtención de beneficios.

Posteriormente, en el punto de proposiciones y varios, el concejal Cesar Pión (La U) se refirió a este asunto, señalando que si bien él ha reiterado en diferentes oportunidades que “lo que no se mide no existe”, la medición de la administración pública corresponde a Control interno, informes a los ministerios y superintendencia, Contraloría General de la Republica, Concejos –Asambleas-Congresos, Rendición de cuenta pública, Contralorías, Órganos de investigación y circunstancialmente a las veedurías.

Según Pión, dado que es el sector privado quien tiene el mayor manejo de recursos en la ciudad e incidencia en el PIB, es pertinente que la Fundación evalúe la posibilidad de crear un observatorio que le haga seguimiento a las empresas, más allá de las relaciones contractuales con el Distrito.

El cabildante afirma que los socios de Funcicar son algunas de las empresas que “han golpeado a la ciudad, como Compas, Megatiendas, Hotel Las Américas, entre otros”. Al tiempo cuestionó que fuera la Fundación quien creara la metodología de medición con la que le hacen seguimiento al Concejo y que a los cabildantes solo se les convoca para informar los ajustes, sin permitirles participar en la modificación de los indicadores.

Adicionalmente reprochó la distancia que mantiene el equipo de Funcicar de los concejales, argumentando la preservación de la ética y objetividad. Para Pión, los políticos “han sido mirados por la Fundación con  tapabocas y guantes como si tuvieran sarna”.

Otro de los aspectos criticados por el concejal, fue la publicación de una infografía en la que Funcicar informó el cambio en la bancada Conservadora con la salida del ex concejal Zaith Adechine y el ingreso del concejal Rodrigo Reyes. Aseguró que esto se sale de lo que es la “bitácora” y que convierte a Funcicar en un “órgano noticioso”. Al concejal le preocupa que este tipo de “piezas publicitarias le están dando dientes a Funcicar, y sin darse cuenta se crece el enano”. Aseguró que si el Concejo lo desea puede ponerle limitantes físicas al equipo de trabajo de la Fundación.

Más adelante, mencionó presuntas irregularidades cometidas por Reficar, Compas, la Sociedad Portuaria, el Club de Pesca, Hotel Las Américas y el Centro de Convenciones, para señalar que estas empresas aliadas y socias de la ONG, también deben ser vigiladas.

El vocero de la U concluyó con una proposición a través de la cual se estudia el sustento normativo y presupuestal para la creación del Observatorio del Concejo para su desempeño, gabinete y empresas que incidan de una u otra manera en la calidad de vida del habitante cartagenero.

En el mismo sentido se pronunciaron los concejales Luis Cassiani (Cambio Radical), Jorge Useche (Conservador), David Caballero (Conservador) y  Antonio Salim Guerra (Cambio radical), cuestionando la forma cómo son evaluados por el Observatorio, y asegurando que podría existir un conflicto de interés, toda vez que las empresas socias de la fundación son objeto de control político por parte del Concejo Distrital. Los concejales reiteraron la necesidad de que la Fundación le haga seguimiento a la labor de las empresas y no solo al sector público.

Por su parte el concejal Américo Mendoza (ASI) expresó que la situación tiene principalmente dos aristas de análisis: “el sello del poder económico y la metodología de medición”. Mendoza indicó que como servidores públicos deben ser un libro abierto con la sociedad civil y que el ejercicio de observación es totalmente legal, toda vez que cualquier ciudadano puede asistir a las sesiones del Concejo y solicitar información. 

Para Mendoza, es pertinente realizar una mesa de trabajo para discutir con las directivas de Funcicar, las inquietudes de los concejales en torno a  los indicadores, no obstante señala que no se puede desconocer que tanto Funcicar como Cartagena Cómo Vamos se han convertido en  importantes referentes, y que sus publicaciones son leídas por muchas personas diariamente. Lo anterior, indica, a algunos puede causarles incomodidad, pero se debe admitir que a través de estas se visibiliza la labor del Concejo y se le da relevancia a su rol en la ciudad.

Enfatizó en que como junta directiva de la ciudad, los concejales siempre van a ser sujetos de seguimiento no solo por la sociedad civil, sino también por parte de los órganos de control, y es el costo que como “hombres públicos” deben pagar. Concluyó su intervención invitando a sus colegas a darle relevancia a este espacio de deliberación, para evitar los reiterados pronunciamientos de algunos cabildantes.

Luego de aprobarse la proposición del concejal Cesar Pión, se sometió a consideración de la plenaria una proposición de la bancada Conservadora y Liberal, a través de la cual se cita al director del IDER, para que explique qué inversiones se han realizado y cuáles se tienen previstas realizar en materia de escenarios deportivos para la práctica del Beisbol, y el estado de esta infraestructura.

Para finalizar, tomó el uso de la palabra el concejal Javier Curi (Liberal) quien realizó algunas reflexiones en torno a la reunión sostenida en el día de ayer con la Policía Metropolitana de Cartagena, y al respecto indicó que le llamó la atención que  la fuerza pública no solicitó apoyo al Concejo para equipos o recursos materiales que les permitiese aumentar el control policivo, sino mayor inversión social.

Para Curi es importante que en la ciudad se focalicen las inversiones en el territorio, porque está claro que hay una correlación entre la segregación económica que se vive en Cartagena y los problemas de seguridad y convivencia, producto de la dimensión espacial y la dimensión étnica.

Señaló que es en las Unidades Comuneras 4, 5,6 y 7 que corresponden a la localidad de la Virgen y Turística, donde se presenta la mayor segregación económica, por lo que el concejal sugiere que el gasto público debe orientarse hacia estas zonas. Agregó que en los planes de acción que se están haciendo desde el programa de Ciudades Sostenibles, se están priorizando otros sectores, y que desconoce los criterios de dicha selección.

Curi concluyó anunciando que presentará de manera formal una propuesta para que se cree una nueva localidad integrada por las Unidades comuneras con indicadores más críticos en cuanto a pobreza y seguridad, para reorientar la inversión, y declararlas zonas libres de pobreza y de inseguridad.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 16 de junio, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.

Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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