Observatorio a la Contratación de Funcicar es referente nacional

Cartagena, mayo 26 de 2016. El departamento de Caldas ahora cuenta con un Observatorio a la Contratación Pública, liderado por la Corporación Cívica de Caldas (CCC) en alianza con el diario La Patria, y creado con la asesoría de Funcicar, que desde hace cuatro años vigila la transparencia en los procesos de contratación del Distrito de Cartagena y todas sus dependencias.

El año pasado, por solicitud de la gerente de la CCC, Adriana Villegas, Funcicar compartió este modelo de seguimiento a la inversión pública, que tiene como principal insumo el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).

“El año pasado me reuní con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para conocer experiencias exitosas de veeduría ciudadana en el país y me sugirieron revisar el caso de Funcicar y su Observatorio a la Contratación, por ser un modelo útil, exitoso, objetivo y sistemático”, asegura Adriana Villegas.  

El coordinador del Observatorio de Funcicar, Armando Navarro, fue el encargado de explicar el paso a paso de este proceso de investigación: el uso del Secop, la metodología y los criterios para analizar los datos, los referentes legales y la elaboración de un consolidado trimestral.
“Nos complace que nuestro ejercicio ciudadano sea referente para hacer control a la transparencia, con el fin de fortalecer la institucionalidad y minimizar los riesgos de corrupción”, aseguró Carolina Calderón, directora de Funcicar.

Caldas y Cartagena

En su primer informe, la CCC analizó la contratación en 38 entidades de Manizales y Caldas, incluyendo los 27 municipios del departamento. La principal conclusión es que el 70% de los contratos publicados se dieron de manera directa y apenas un 5% por licitación.

Estos primeros resultados revelados por la Corporación caldense han despertado el interés de la academia, los entes de control y la ciudadanía de hacer uso de esta información.

En el mismo sentido, Funcicar ha encontrado que en Cartagena la contratación directa en los últimos dos años ha superado el 90%, lo que no es necesariamente una irregularidad, pero sí podría llevar a aumentar los riesgos de corrupción.

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