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Hoy en el Concejo Distrital se llevó a cabo un debate de control político propuesto por el concejal Américo Mendoza(ASI) orientado a revisar los alcances jurídicos y financieros de la acción de grupo interpuesta por los damnificados de San Francisco en contra del Distrito y del Ministerio de Vivienda.
Al debate asistieron la gerente de Corvivienda, María Elena Vélez; el secretario del Interior (E), Ángelo Dávila-Pestana; el secretario de Hacienda, Carlos Granadillo; jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, Jaime Ramírez Piñeres; la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza; tres miembros de la comunidad de San Francisco; el personero Distrital, William Matson; el contralor Distrital, Mario Feliz Monsalve; el abogado apoderado de los damnificados, Luis Alfonso Correa, y el Procurador delegado.
Luego de la introducción realizada por el Concejal citante, la Gerente de Corvivienda indicó que, según el censo realizado en el año 2013, los damnificados por el derrumbe en el barrio San Francisco ascienden a las 2.469 familias afectadas, de las cuales solo 1.642 presentaron toda la documentación ante la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía para hacer el cierre del censo.
Aseguró que en el año 2013, Corvivienda realizó un convenio con la Alcaldía para destinar del componente acuático de Transcaribe, la suma de 9.558 millones de pesos para la atención, en primera instancia, de los propietarios de viviendas afectadas. De esos recursos, a la fecha se ha entregado vivienda a 21 familias, que son las que han entregado la documentación correspondiente.
Vélez explicó que para el año 2014 se amplió el tope de presupuesto asignado para la compra de las viviendas, pasando de 40 millones a 87 millones de pesos por vivienda. En lo que corresponde a los poseedores, dijo que se están atendiendo a través de subsidios de arriendo, teniendo un total de 317 familias subsidiadas.
Finalmente, anunció que el 11 de agosto de este año se llevará a cabo una reunión en Bogotá con el Ministerio de Vivienda, la Unidad de Gestión del Riesgo y el Fondo de Adaptación. El propósito del encuentro será revisar los compromisos que asumirá cada una de las partes para darle una solución integral a los afectados de cara a la acción de grupo que interpusieron. La funcionaria aseguró que una vez se lleve a cabo dicha reunión, el distrito dará a conocer su posición definitiva frente a las pretensiones de la acción de grupo, con base en compromisos equiparados entre todas las partes responsables tanto del orden nacional como del local.
Por su parte, el jefe de la Oficina Jurídica del Distrito, Jaime Ricardo Ramírez, explicó los alcances de una acción de grupo como herramienta jurídica. Aseguró además que las pretensiones económicas que interpuso la señora Marlene Rodríguez en representación de los afectados de San Francisco han ido aumentando, pasando de 11.500 millones a 310 mil millones de pesos.
Por otro lado, Ramírez aseguró que el Distrito se está defendiendo jurídicamente y que se encuentran a la espera de la fase probatoria del proceso. El funcionario reiteró que la responsabilidad de reparación integral de los damnificados no solo está en manos del gobierno distrital sino también del nacional.
Según el secretario de Hacienda, Carlos Granadillo, de llegarse a fallar en contra del Distrito, se llegaría a un nivel de endeudamiento del 94%, toda vez que el no se cuenta con la capacidad de responder a una demanda por valor de 310 mil millones de pesos, y de llevarse a más del 80% en su nivel de endeudamiento se estaría violentando lo establecido por la ley. Granadillo aseguró que de acuerdo a la destinación de los recursos del presupuesto de la actual vigencia, la Hacienda distrital no tiene cómo asumir lo que están demandando los afectados.
La coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza, se refirió a los subsidios de arrendamiento que se les han entregado a los afectados incluidos en el censo. Mendoza aseguró que estos recursos provienen en un 70% del Fondo de Adaptación y el 30% restante es aportado por el Distrito. Anunció que se está realizando un nuevo censo y hasta finales del mes de agosto se cerrará, por lo que invita a todos los damnificados a presentar la documentación requerida para ser incluidos dentro de esta nueva medición.
Dentro de los principales avances de la Administración destacados por la funcionaria, frente la atención a la problemática de San Francisco, se encuentra la verificación del censo y la gestión para la asignación del Registro Único de Damnificados, que facilita la participación en los procesos de entrega de vivienda.
Tres habitantes del sector también participaron en la sesión, rechazando el abandono del Distrito y del gobierno nacional frente a la problemática que los embarga y que los ha afectado no solo a nivel material, sino también a nivel de salud. Manifestaron que muchas personas han fallecido por problemas de salud que iniciaron con fuertes crisis de estrés, a causa de no recibir soluciones por parte del Estado.
Posteriormente intervino el abogado apoderado de los damnificados, realizando una amplia sustentación de todos los componentes que hacen parte de la acción de grupo.
Aseguró que la falla del Distrito inició con el incumplimiento al Decreto 0282 de 1999, el cual declaró como Zona de Alto Riesgo el sector Las Lomas del barrio San Francisco. Pese a este acto administrativo se realizó inversión pública en esta zona, en obras como andenes y parques. Esto, bajo el principio de confianza legitima, indujo a los habitantes del sector a creer que estaban sobre tierra firme y, por ende, a continuar construyendo sus viviendas en esa zona.
No obstante, el abogado aseguró que la no publicación de Acto Administrativo NO es el problema jurídico, sino que las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio antes y después de que ocurriera la tragedia por falla geológica en el Barrio San Francisco. Por lo tanto, las pretensiones de la acción de grupo tienen vocación de prosperidad.
La suma planteada inicialmente en la demanda es de 310 mil millones de pesos. No obstante, el abogado presentó una propuesta para suscribir una transacción por un valor de $269. 919.589.000.
Tanto el Personero como el Contralor Distrital en sus intervenciones aseguraron que existen altas posibilidades de que el Distrito sea condenado por esta acción de grupo, por lo que instaron a la Administración a iniciar un proceso de concertación con los afectados, a fin de lograr un acuerdo menos costoso y que garantice una reparación integral.
Finalmente los concejales Américo Mendoza (ASI), William Pérez (La U), Duvinia Torres (La U), Cesar Pión (La U), Luis Gutiérrez (Conservador) y Rafael Meza (Conservador), manifestaron su respaldo a los afectados de San Francisco e invitaron al gobierno distrital a gestionar lo más rápido posible los 115 mil millones de pesos que hace algún tiempo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, prometió para atender esta situación.
Los concejales coincidieron en asegurar que el Distrito no puede desatender sus obligaciones sociales con esta comunidad y evadir su responsabilidad dadas las omisiones en las que incurrió.
En ese sentido, el Presidente de la Corporación, David Dáger (Liberal), fue enfático en manifestar el respaldo absoluto del Concejo de Cartagena en coadyuvar la consecución de los recursos para responder a los requerimientos de los afectados, ya sea mediante un crédito público o cualquier otra vía legal.
El debate concluyó con una proposición de todas las bancadas, que fue leída por el concejal Vicente Blel (Cambio Radical), en el sentido de solicitar que se cree una mesa de concertación con la participación del gobierno distrital, la comunidad y el Ministerio de Vivienda, a fin de encontrar una solución a la problemática. Asimismo, solicitaron al gobierno distrital presentar un informe a la plenaria con las conclusiones de la reunión del 11 de agosto con los representantes del Ministerio de Vivienda. El tercer punto de la proposición delega a la mesa directiva para redactar un oficio al Presidente de la República, con copia al Ministerio de Vivienda, para que honre su compromiso de concurrir financieramente con la problemática de los damnificados de San Francisco.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 29 de julio, a partir de las 10:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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