Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 9 de junio de 2020.
Hora de inicio: 9:05 a.m.
Hora de finalización: 12:22 a.m.
En esta sesión del Concejo de Cartagena se dio la presentación de informe de gestión de la Secretaria General, Diana Martínez, quien estuvo acompañada de los encargados de Apoyo Logístico, Servicios Públicos y Archivo General.
Iniciado el orden del día, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) solicitó apoyo a la Secretaria General para entregar ayudas y atención a las 6 familias del barrio Fredonia que perdieron sus viviendas como resultado de un incendio. Al respecto, Martínez aseguró que el día de hoy se atenderá la situación.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) puso en conocimiento de la funcionaria un caso de maltrato animal en el barrio La Esperanza y pidió que se identifique y capture a los culpables.
Para iniciar con el informe de gestión, la Secretaria General hizo referencia a los servicios de atención al ciudadano a través de la Ventanilla Única de Atención al Ciudadano, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, proceso de construcción de un modelo de calidad óptimo, acompañamiento en implementación de la Ventanilla Única Empresarial y Ventanilla Única de la Construcción.
En lo referente a la Oficina Asesora de Mercados, especialmente el mercado de Bazurto, la funcionaria informó que se han realizado 7 jornadas de limpieza y desinfección, además, fue necesario decretar el cierre del mercado para vendedores minoristas debido a las aglomeraciones en la zona.
Dicho Decreto fue socializado en dos mesas de trabajo con los minoristas, sin embargo, ante la necesidad de los vendedores de continuar sus actividades, se plantea un plan piloto para reabrir paulatinamente las ventas.
En cuanto a servicios públicos, la asesora Verena Guerrero dio a conocer que no recibieron ningún tipo de información de la Administración anterior, motivo por el que se hizo necesario realizar reuniones con los prestadores de servicios públicos para levantar una base de datos. En ese sentido, informó que, por concepto de subsidios de 2019, el Distrito debe $20 mil millones.
Guerrero se refirió a una sentencia en la que la Corte Constitucional ordenó al Distrito resolver a corto y largo plazo las necesidades de acueducto y saneamiento básico del corregimiento de Bocachica. Para atender las necesidades de corto plazo el Distrito deberá financiar un plan de abastecimiento que tiene un costo de $300 millones mensuales; sin embargo, explicó que el proceso para una solución definitiva tardaría 2 años, por lo que el Distrito tendría que cancelar $300 millones mensuales durante 24 meses.
Debido a la onerosidad de esta alternativa, la Administración está en conversaciones con el Ministerio de Vivienda para analizar otras estrategias.
La asesora también manifestó que en el cuatrienio 2016-2019 el presupuesto asignado para el PGIRS fue de 10.636.924.193, sin embargo, solo se encontró el registro presupuestal y no los productos del mismo, por lo que se infiere que el PGIRS no se ha implementado.
De acuerdo a la ley, durante el primer año de gobierno, la Administración debe realizar una revisión del documento PGIRS, proceso que se está surtiendo en los términos legales.
Ante una inquietud del concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) la asesora aclaró que los servicios antes considerados especiales como lavado de áreas públicas y limpieza de playas, ahora hacen parte de la tarifa de aseo; además, para la recolección de residuos no ordinarios se solicita una cotización previa a la ejecución del servicio.
Por una pregunta de la concejal Gloria Estrada (Liberal) sobre el futuro del servicio de alumbrado público, teniendo en cuenta la próxima finalización del otrosí, Guerrero manifestó que con apoyo de Findeter se han analizado varias alternativas y se prevé que habría una contratación directa mediante convenio interadministrativo con el operador que sustituya a Electricaribe para la compra de energía.
Posteriormente, la Secretaria General presentó los contratos y convenios realizados hasta la fecha; algunos son:
- Convenio de asociación con Hogares San Pedro Claver para brindar asistencia a adultos mayores en estado de vulnerabilidad. El aporte del Distrito fue de $269.100.000 y la ESAL aportó $128.035.803.
- Convenio de asociación con Fundación Hijos de Bolívar para brindar atención integral en la modalidad de hogar de paso a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El aporte del Distrito fue de $284.094.533 y la ESAL aportó $121.754.800.
- Contrato por urgencia manifiesta con Editora del Mar S.A. por $50.067.768 para prestación de servicios publicitarios de transmisión y difusión de las medidas de prevención y contención del COVID-19.
- Orden de compra mediante acuerdo marco de precios para servicio de aseo en sedes educativas distritales, suscrito con Brillaseo S.A.S. por $4.230.583.732.
- En Secretaría General se han realizado 225 contratos entre perfiles profesionales y de apoyo a gestión.
Por parte de Archivo General, Norma Román, indicó que de enero a mayo se ha elaborado el inventario de 231 metros lineales de documentos, para un avance acumulado del 82%. Además, se avanza en la digitalización de documentos y resaltó que este proceso ya se surtió con todos los actos administrativos desde 1985 hasta 2012. También mencionó que se adelantan capacitaciones del proceso archivístico con todas las secretarías.
El director de Apoyo Logístico, Didier Torres, expresó que tras una revisión de los contratos de arriendo y papelería se logró un ahorro de $100 millones mensuales, lo que equivale a $1300 millones mensuales. En cuanto a arriendos se identificó que en algunos casos el Distrito estaba pagando arriendo pese a que las oficinas estaban desocupadas.
A petición del concejal Rodrigo Reyes (Conservador), Torres señaló que uno de los casos era la sede alterna de Familias en Acción en el barrio España que no estaba siendo utilizada; otro caso fue una bodega del DADIS que se encontró desocupada. Sin embargo, la principal acción fue la renegociación de cánones de arrendamiento con lo que se logró un ahorro del 45%.
Por otro lado, en los contratos de papelería se alcanzó un ahorro del 30%, es decir, $61 millones, pese a que se compraron los mismos insumos. En compra de tóner se ahorró el 59%, lo que equivale a $105 millones en las mismas cantidades y referencias que el año pasado.
Otras gestiones informadas por el funcionario fueron la formulación de una reglamentación para el Parque Centenario; verificaciones de puntos de agua, gas y energía que venían siendo mal utilizados por la comunidad; proyección de inversión de $90 millones en obras de mejora, aseo y recuperación de cementerios públicos.
Además, dio a conocer que se proyecta un convenio con IGAC para acompañamiento en la finalización del inventario de patrimonio inmobiliario, teniendo en cuenta que hay cerca de 3500 predios del Distrito no identificados.
Luego, los concejales Rodrigo Reyes (Conservador), César Pión (La U), y Óscar Marín (Conservador) presentaron inquietudes sobre la denuncia realizada por el alcalde relacionada con funcionarios de la Administración anterior que no entregaron computadores y celulares.
Torres manifestó que todos los elementos comprados deben pasar por almacén para su entrega formal, sin embargo, hay artículos que no están registrados, motivo por el que no se cuenta con un listado de las personas que presuntamente no hicieron devoluciones.
Reyes, Pión, y Marín señalaron que este será un tema de debate pues debe contarse con un informe puntual, ya que hay protocolos estrictos y es necesario poner en conocimiento a los entes de control para las investigaciones del caso.
Más adelante, se dieron las siguientes intervenciones:
- El concejal César Pión (La U) expresó no estar satisfecho con la información brindada sobre el mercado de Bazurto, pues solo se hizo referencia al COVID y es necesario que se realice un trabajo profundo al respecto. Así mismo, pidió tener en cuenta las solicitudes de Cardique y Procuraduría en el PGIRS y que se brinde mayor información sobre gestión documental y los excedentes de alumbrado público. Además, solicitó a Apoyo Logístico aclarar si la denuncia publicada por el alcalde Dau se basa en información de esta dependencia.
- El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó que se informe si los contratos de aseo y vigilancia son hasta el mes de diciembre, para determinar el ahorro real en comparación a años anteriores. Además, expresó su preocupación por el convenio para alumbrado público, pues deberían solicitarse facultades al Concejo para tal fin. El concejal recordó que hay una orden perentoria del Archivo Nacional y debe informarse cómo se cumplirá; así mismo, señaló que IGAC podría no ser idónea para el inventario del patrimonio por la desactualización de sus datos.
- El concejal Fernando Niño (Conservador) señaló la importancia de buscar alternativas para otorgar alivios a la ciudadanía en el pago de servicios públicos, teniendo en cuenta las constantes quejas. De igual forma, instó a la Alcaldía a continuar los diálogos con vendedores del mercado y solicitó información sobre la recolección de residuos sólidos en la zona insular.
Finalmente, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Proposición del concejal César Pión (La U) para que, de acuerdo al Acuerdo 014, se califiquen las presentaciones de informe de gestión del día de hoy. Esta proposición fue aprobada con 18 votos a favor y 1 ausente (Lozano).
- Proyecto de Acuerdo presentado por la bancada de La U “mediante el cual se faculta al alcalde para decidir sobre los ajustes de ICA a las empresas que contraten madres cabeza de hogar post-coronavirus como política de reactivación de la economía a un sector vulnerable de la ciudad”.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 10 de junio de 2020; a las 8:30 a.m. a través de videoconferencia.
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
Ver anexo: PRESENTACIÓN SECRETARÍA GENERAL
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