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Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 19 de noviembre del 2025
Hora de Inicio: 9:01 a.m.
Hora de finalización: 1:08 p.m.
Receso: 9:40 a.m. – 9:51 a.m.
En esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena se realizó el debate de control político a Aguas de Cartagena sobre el manejo de sus finanzas y la prestación del servicio. Para ello estuvieron citados la interventoría y la auditoría de Aguas de Cartagena, la Secretaría General y dependencias adscritas, la asesora de servicios públicos, Yina Vélez; la contralora distrital, Ángela Cubides; la personera distrital, Eliana Simancas; la procuradora regional de Bolívar, Ana Joaquina Petro; el gerente de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya; el interventor del contrato GISAA, Mayron Vergel; el representante legal del Consorcio Acuacar 2010; un funcionario de la Superintendencia de Servicios Públicos; CARDIQUE; EPA; la Defensoría del Pueblo; el auditor externo Saens Auditores S.A.S.; y se invitó a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Iniciada la sesión y el debate, el concejal citante Johan Correa (Nuevo Liberalismo en Marcha) detalló distintos problemas que acarrea Aguas de Cartagena, en lo financiero relacionado con endeudamientos para pagar dividendos a accionistas, problemas técnicos con la recolección y aprovechamiento del agua, problemas ambientales por vertimiento de aguas en canales y vertimientos periódicos a través del emisario submarino cuando estos deberían ser temporales.
Seguido, el concejal Javier Julio (Pacto Histórico) cuestionó si el servicio que presta Aguas de Cartagena es realmente sostenible o si la ciudad enfrenta un “desastre inminente”. Explicó que su análisis se basó en tres fuentes: un documento técnico de la interventoría del Consorcio Acuacar 2010 sobre la situación financiera de la empresa; la Resolución 1898 del 6 de octubre de 2025 de Cardique; y la respuesta oficial de Acuacar. Indicó que al estudiar esta información se evidencia un balance incoherente, pues mientras la empresa reporta deudas millonarias continúa repartiendo dividendos. Señaló que la empresa constituye una “bomba de tiempo” para la ciudad, por lo que la Administración debe tomar decisiones urgentes.
De los aspectos ambientales, Julio señaló que según la Resolución 1898, de las 21 estaciones de bombeo de aguas residuales, 19 realizan descargas de emergencia sin tratamiento previo ni autorización a canales pluviales y cuerpos de agua. Cardique señala que estas descargas se hacen por falta de capacidad operativa. Julio afirmó que Acuacar está vertiendo materia fecal en cuerpos de agua como los canales Ricaurte, Tabú y Juan Angola, la Ciénaga de la Virgen y la Bahía de Cartagena. Advirtió también riesgo de contaminación en la zona norte, donde los niveles de coliformes fecales superan los límites permitidos, y señaló que la empresa ha generado una zona anóxica (o “zona muerta”) en la Ciénaga de la Virgen, afectando la pesca y el ecosistema.
En cuanto a aspectos financieros, Julio mencionó quela interventoría reporta que Acuacar acumula una deuda cercana a $420.000 millones, de los cuales $270.000 millones son préstamos bancarios que, según la empresa, se destinan a inversión y mejora del servicio. No obstante, el concejal no respaldó esta justificación debido al deterioro visible de la red y los vertimientos ilegales. La interventoría advierte una “falsa solidez económica”, pues la operación no es sostenible y la empresa depende del endeudamiento para cubrir sus gastos: pidió un crédito por $31.500 millones y destinó $22.500 millones al pago de dividendos. Julio llamó la atención al hecho de que una empresa con dificultades financieras use créditos para pagar a sus socios y advirtió que, de persistir este comportamiento, al finalizar el contrato en 2027 la deuda podría superar los $420.000 millones, lo que podría trasladarse al Distrito si no se toman correctivos.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) afirmó que esta sesión era histórica porque, por primera vez desde 2016, la interventoría de Aguas de Cartagena remitió información completa para un debate. Señaló que el informe recibido tendría implicaciones jurídicas si se tratara de un contrato de obra y cuestionó la legalidad del “Otrosí No. 3”, con el cual se eliminó la cláusula arbitral y se ajustó el contrato GISA 1995 a $520.000 millones de pesos, extendiéndolo 13 años antes de tiempo. Recordó denuncias previas sobre presuntas irregularidades y traslado de recursos al exterior, y advirtió sobre el elevado costo de gerenciamiento que, según la auditoría forense, supera los $100 mil millones.
Barrios pidió que la Contraloría Distrital asuma este caso y que se oficie a la auditoría interna y forense para que asistan al control político, pues fueron contratadas con recursos públicos. Concluyó preguntándose qué acciones tomará la Secretaría General y la Oficina de Servicios Públicos frente a este informe. La concejal Gloria Estrada (Liberal) indicó que Aguas de Cartagena ha sido sancionada en 4 procesos y tiene en curso 7. pidió conocer con qué recursos las pagaron. Además, pidió claridad frente a los créditos concedidos a Acuacar y si para que se dieran tuvieron que dar como amparo algunos bienes del Distrito.
Seguido, el interventor del contrato GISAA, Mayron Vergel, señaló que jurídicamente no es posible amparar créditos con bienes del Distrito y que las sanciones deben ser pagadas con recursos del recaudo. El concejal Correa preguntó por el fondo de inversiones de Acuacar. El interventor Vergel explicó que este no existe, ya que la empresa no cuenta con los recursos suficientes para invertir, y detalló que presenta problemas en el recaudo. Añadió que Acuacar debería concentrarse en pagar sus deudas, lo que la dejaría sin capacidad para realizar nuevas inversiones. Precisó que, si la empresa quisiera invertir nuevamente, tendría que retomar un modelo similar al utilizado para el emisario submarino, es decir, comprometer a futuro los recursos del impuesto predial y complementarios para financiar las obras. Insistió en que, con el endeudamiento actual.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) expresó que, aunque el contrato establece que las ampliaciones están a cargo del Distrito, Aguas de Cartagena presentó un plan maestro que desde 2013 la interventoría consideró inviable, al igual que las inversiones por $250 mil millones. Señaló que hoy la interventoría ratifica esas advertencias y advirtió que la caducidad representaría un riesgo operativo, pero insistió en que lo verdaderamente inexplicable es que la empresa no renuncie al costoso gerenciamiento que le ha significado a la ciudad más de $150 mil millones. A su juicio, esos recursos habrían permitido financiar inversiones pendientes y evitar el alto nivel de endeudamiento. También señaló que, desde la llegada del socio operador Veolia, se generó un “monopolio” interno: la empresa que recauda, invierte, cobra cartera, mejora el servicio y realiza reconexiones es la misma, lo cual coincidió —según sus datos— con la caída del recaudo frente a periodos anteriores.
Enfatizó que Aguas de Cartagena afirma no tener recursos para cumplir obligaciones contractuales como el numeral 3, que incluye inversiones en Tierra Bomba, pero sí dispone de dinero para pagar el costo de gerenciamiento y para repartir utilidades, mientras el Distrito, como socio mayoritario, termina destinando sus dividendos a obras como Bayunca o Villa Rosa. Preguntó cuánto de los $250 mil millones prometidos se ha invertido realmente, considerando que el “Otro Sí No. 3” extendió el contrato por 13 años adicionales, siete años antes del vencimiento, y además eliminó la cláusula arbitral, trasladando cualquier disputa a la justicia ordinaria, más lenta y compleja. Barrios reiteró que, si la empresa no cumple y mantiene prácticas desfavorables para la ciudad, el Distrito podría verse obligado a asumir la operación del acueducto y alcantarillado, lo cual representaría un riesgo fiscal a costa de inversiones esenciales en educación, infraestructura y bienestar.
En respuesta, el interventor Mayron Vergel indicó que como interventores utilizan un medidor para medir el recaudo: 1. Recaudo efectivo que son personas que pagan puntual. 2. Recuperación de cartera que son suscriptores que pagan con 2 o más meses de deuda. Detalló que, para ambos casos, han disminuido el pago, lo que hace complejo el recaudo y de continuar así, no habrá dinero para inversiones.
Posteriormente, John Montoya, gerente de Aguas de Cartagena S.A. presentó un informe sobre la sostenibilidad financiera y operativa de Acuacar. La empresa inició operaciones en junio de 1995 mediante el Contrato GISAA, el cual fue prorrogado por 13 años en marzo de 2015. La prórroga se motivó por la necesidad de ejecutar obras prioritarias debido a la limitación del sistema en 2014, implicando un compromiso de inversión de $250.000 millones. La estructura accionaria es 50% del Distrito (Sector Público) y 45,9% de Veolia.
Montoya comentó la gestión de Acuacar ha mejorado sustancialmente los indicadores operacionales: la cobertura de alcantarillado pasó de 60,8% a 91,5%; la micromedición alcanzó el 99,9%; y la población servida por acueducto se incrementó a 1.132.828 habitantes. Actualmente, la empresa opera con 4 plantas de tratamiento y una capacidad de 322.000 m3/día. El crecimiento de usuarios se concentra en los estratos 1 y 2, que ahora representan el 62% de la base total (anteriormente 34%).
En términos financieros, las inversiones acumuladas desde 2015 suman $382.149 Millones, y la empresa cerró 2024 con una utilidad neta de $31.219 millones. La principal preocupación es la cartera morosa, cercana a los $200.000 Millones a más de 30 días, con el 76% concentrado en los estratos bajos (1, 2 y 3).
El concejal Javier Julio Bejarano (Pacto Histórico) comentó que no se le estaban dando respuesta a las preguntas realizadas por los concejales con la proposición inicial, mencionando que esto no es un informe de gestión, si no un debate de control político. Agregó que las respuestas del gerente son contrarias al informe de interventoría, por lo que le preguntó si con el nivel de endeudamiento que presenta la entidad, esta se encuentra bien en la actualidad.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) cuestionó la veracidad de las calificadoras de riesgo utilizadas por Acuacar, y luego resalto que esta empresa de servicios públicos, en comparación a otras entidades de acueducto, es una de las que más presenta capacidad de endeudamiento a nivel nacional y sobre el financiamiento de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (ANDESCO). El concejal David Caballero (Conservador) comentó que no se están respondiendo las preguntas y que se retomara el debate de forma oportuna.
El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) señaló que los indicadores financieros presentados por Aguas de Cartagena generan dudas, especialmente porque los Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA) reportados no coincide con la utilidad neta registrada por la empresa en 2024, que fue significativamente menor. Indicó que, con una relación deuda/EBITDA de 2,2 veces, la empresa necesitaría alrededor de dos años de resultados operativos para cubrir su endeudamiento, lo que pone en cuestión la solidez real mostrada en la presentación. Además, resaltó que existen versiones contradictorias entre lo expuesto por el interventor y la empresa, por lo que pidió claridad sobre la postura de la Contraloría ante estas inconsistencias.
El concejal Barrios señaló inconsistencias entre los informes de la gerencia, la interventoría y la auditoría forense de Aguas de Cartagena, advirtiendo que la empresa no cuenta con recursos para realizar las inversiones necesarias y que la ciudad deberá enfrentar continuas suspensiones del servicio debido a una infraestructura deteriorada. Detalló que la cifra de cobertura del 99,9% no sería correcta pues varias comunidades siguen sin acceso al agua, y resaltó que los recursos priorizan el pago de capital, gerenciamiento y dividendos sobre la inversión. Además, mencionó el endeudamiento de la entidad, y solicitó acciones de los entes de control ante el riesgo fiscal que esto representa para el Distrito como socio de la empresa.
La contralora distrital, Angela Cubides señaló que, a partir del fortalecimiento de las auditorías, se han generado observaciones por más de $250.000 millones a Aguas de Cartagena y que el informe final de la auditoría 2023 será divulgado en los próximos días, con comparación técnica entre lo reportado por la interventoría y por la empresa. Recordó que hay hallazgos penales, disciplinarios y fiscales por $239.000 millones, al no haberse tramitado la adición de recursos ante el Concejo y por el incumplimiento del plan de inversiones. Indicó que varios proyectos no muestran ejecución y dejó planteadas preguntas clave sobre tuberías con asbesto, pérdidas de agua, inversiones reales en Tierra Bomba y la autorización del Distrito a las modificaciones del plan de inversión.
Montoya solicito a la Contraloría que formalizara sus preguntas de auditoría, en el marco de la evaluación de la empresa, para dar una respuesta precisa. Argumentó que improvisar una cifra o respuesta en ese momento podría resultar impreciso o desacertado. Por lo que Cubides aclaró que sus preguntas no forman parte del proceso auditor formal, sino que están relacionadas con la información ya suministrada por el interventor y las preguntas de los concejales.
El gerente Montoya explicó que, del compromiso de inversión de $250.000 millones pactado en 2015, Aguas de Cartagena ha ejecutado cerca de $185.000 millones (75%), principalmente en la ampliación de la planta de tratamiento de Pasacaballos, hoy con capacidad de 52.000 m³ diarios y con impacto en la zona industrial, Pasacaballos, Barú y el suroccidente. Señaló que no existe inversión en Tierrabomba mientras se revisan los diseños y se obtiene aprobación nacional.
Indicó que la empresa cuenta con 1.750 km de redes y prioriza la reposición de tuberías de asbesto – cemento donde el Distrito adelanta pavimentaciones. Sobre las pérdidas de agua (43%), precisó que el 57% corresponde a pérdidas comerciales por fraudes, equivalentes a unos 22 millones de m³ y más de $50.000 millones en facturación no percibida. Concluyó que las modificaciones al plan de inversiones han sido autorizadas por el Distrito y revisadas por la Junta Directiva en el año 2025.
El concejal Barrios recordó que el compromiso de inversión de $250.000 millones de Acuacar se basó en el Plan Maestro original de 2014-2015, donde las inversiones estaban claramente definidas, incluyendo la obra de Tierrabomba. Cuestionó que la ejecución actual del plan no coincida con el avance reportado ni con la propuesta original. Señaló que modificar el plan sin autorización expresa y escrita del Distrito configura un incumplimiento contractual, y solicitó el documento formal que apruebe cualquier alteración. La concejala Gloria Estrada (Liberal) hizo enfasis en las sanciones ambientales de Acuacar por vertimientos, señalando un posible detrimento patrimonial y la inacción de la Oficina de Servicios Públicos. Además, solicitó al gerente certificar las garantías específicas utilizadas para el endeudamiento de la empresa.
La secretaria general del Distrito, María Patricia Porras, explicó que el Distrito y Acuacar revisaron las inversiones del Otrosí 3, identificando obras pendientes, incluyendo cerca de $62.000 millones destinados al acueducto de Tierrabomba. Los estudios de esta obra fueron radicados ante el Ministerio de Vivienda en junio de 2024. A pesar de los ajustes en priorización, la obra de Tierrabomba no ha sido descartada, cuenta con aportes confirmados y su segunda fase se radicará entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
La Contralora Cubides, manifestó preocupación ante la disparidad de respuestas de Aguas de Cartagena a sus oficios sobre las modificaciones al plan de obras. Cuestionó la validez de «revisar» el plan de inversiones diez años sin un trámite formal de modificación, lo que, según su criterio, constituye un hecho cumplido con connotaciones legales. Específicamente, señaló que no se entiende cómo se pudo alterar la ejecución de obras prioritarias como Tierrabomba sin que exista una modificación contractual explícita.
El concejal Correa solicitó claridad sobre la legalización y actualización de las inversiones, preguntando cómo fue posible realizar este proceso de regularización en 2025 para obras que debieron haberse ejecutado y legalizado según el contrato original de 2021. Además, solicitó al Gerente saber si el acueducto de Villarrosita está incluido en las inversiones de Acuacar, dado que la documentación sugiere que esta obra fue financiada con dineros de cooperación internacional.
La Contralora Cubides se refirió a la obra de Tierrabomba, la cual hace 10 años costaba aproximadamente $62.000 millones según informes, a lo que solicitó saber cuánto costará la obra en 2026 y qué tipo de inversión realizará Acuacar para financiarla, pues la obra fue esencial en la firma del contrato GISSA del 2015 y fue posteriormente omitida de la ejecución.
El Representante de la Personería, Saulo Ospino, solicitó formalmente a Aguas de Cartagena información detallada sobre sanciones impuestas a la empresa en los últimos cinco años, el histórico y medición de pérdidas de agua (técnicas y no técnicas), y los planes de inversión ejecutados para su reducción. Aclaró que la solicitud se realiza en el marco de las funciones de vigilancia y protección de derechos colectivos y no de control fiscal, buscando emitir alertas y activar mecanismos institucionales en defensa de las comunidades.
El concejal Barrios reiteró la falta de evidencia documental que autorice la modificación del plan de inversiones del contrato GISAA. Cuestionó el incumplimiento contractual por la omisión de la obra prioritaria de Tierrabomba ($42.000 millones) y la inversión no prevista de $1.191 millones en Villahermosa. Posteriormente, advirtió que Acuacar prioriza el pago de gerenciamiento y dividendos sobre las inversiones pactadas, lo cual ha generado un endeudamiento de más de $780.000 millones. Señaló que no existe autorización del Distrito para modificar las inversiones del contrato GISAA especialmente la de Tierrabomba. Se mostró inconforme con que, diez años después, aún falten los estudios para la obra principal y concluyó que Acuacar no tiene capacidad financiera para cumplir con las inversiones contractuales, configurando un incumplimiento.
A su vez, la Contralora Cubides cuestionó la inclusión de la obra de Villahermosa en la información de Acuacar, dado que se financió con cooperación española y no con recursos propios del Distrito o la empresa. Argumentó que, al no ser parte del plan de inversión, su inclusión contractual es irregular.
Montoya aclaró que las sanciones impuestas a Aguas de Cartagena han sido pagadas directamente por la empresa y que, en cada caso, se han adoptado medidas para evitar la repetición de las fallas, especialmente en descargas y eventos asociados a la autoridad ambiental. Señaló que se puede ajustar las obras priorizadas cuando surjan alternativas más eficientes, y afirmó que las modificaciones realizadas en las inversiones se han hecho en diálogo permanente con la administración distrital y la junta directiva, conforme a los informes periódicos remitidos al Distrito sobre la ejecución del plan maestro de acueducto.
La concejal Gloria Estrada (Liberal) dejó constancia de su preocupación por las sanciones pagadas por Aguas de Cartagena, señalando que, si dichas sanciones fueron consecuencia de fallas atribuibles a la empresa, deben ser investigadas y solicitó a la Contraloría entregar un informe detallado sobre estos casos. Posteriormente, el concejal Correa pidió reanudar el debate cuando la Contraloría presente su informe definitivo, solicitó que la sesión sea transcrita y remitida a los entes de control, y que se garantice un espacio adecuado para la participación ciudadana en la continuación del debate.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el jueves 20 de noviembre las 9:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Fotografía: Funcicar
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