El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 26 de marzo del 2026
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 11:34 a.m.
Para esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena estaba programada la presentación de los informes de gestión de Distriseguridad y Corvivienda. Iniciada la sesión, se procedió con el desarrollo de los informes:
- El director de Distriseguridad, Jaime Amín, explicó que durante la vigencia 2025 se alcanzaron importantes metas en el fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana, soportadas en una robusta ejecución de recursos de inversión. Señaló que se garantizó una disponibilidad operativa de 459 cámaras, acompañada de 1.687 mantenimientos preventivos y 724 correctivos al sistema de videovigilancia, con una inversión de $8.623 millones. Asimismo, destacó la expansión del sistema CCTV en el Centro Histórico y Getsemaní con 38 nuevas cámaras y una inversión de $4.996 millones, junto con la integración de 260 cámaras de terceros al sistema con recursos por $3.096 millones. Indicó además el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Metropolitana mediante la entrega de vehículos con una inversión de $14.698 millones y equipos de comunicación por $400 millones.
En materia de convivencia, resaltó la ejecución de 1.722 intervenciones comunitarias que impactaron a más de 15.300 personas, así como acciones en entornos educativos que beneficiaron a 9.265 estudiantes, además de la capacitación de 2.400 ciudadanos en herramientas tecnológicas. A esto se suman iniciativas como el fortalecimiento de la línea 123 con una inversión de $1.199 millones y la implementación de infraestructura en playas —incluyendo señalización y condiciones de accesibilidad— con una inversión de $2.901 millones, evidenciando un cumplimiento integral de metas orientadas a la prevención, control y cultura ciudadana.
Durante su presentación, realizó una demostración de cómo funcionan las cámaras de seguridad inteligentes que incluyen inteligencia artificial. A esto, el concejal David Caballero (Conservador) se mostró inconforme ya que este tipo de información debe ser de reserva para la inteligencia de la policía.
Continuando, el director indicó que para el año 2026 se proyecta consolidar estas capacidades mediante una fuerte inversión en modernización tecnológica e infraestructura para la seguridad. Mencionó que se adelanta el mantenimiento del sistema SIES Cartagena con una inversión de $2.991 millones, incluyendo reposición de equipos y red de fibra óptica y la instalación de 50 alarmas comunitarias inteligentes por $2.471 millones. Destacó la implementación de sistemas avanzados como el reconocimiento de placas (LPR) y facial con una inversión de $2.249 millones, y la ampliación del sistema de videovigilancia en sectores como El Pozón y el Centro con $3.095 millones, incluyendo por primera vez una sala de monitoreo alterna. Añadió el mantenimiento de alarmas existentes por $498 millones, con lo cual se recuperarán más de 100 puntos instalados.
Asimismo, resaltó la ejecución de la fase IV del proyecto de playas con una inversión de $5.876 millones, que incluye la construcción de garitas, módulos de servicios, señalización marítima, zonas deportivas, paisajismo y adecuación de espacios, fortaleciendo la seguridad y el orden en zonas turísticas. Finalmente, mencionó convenios estratégicos como el suscrito con la Fiscalía General de la Nación por $2.400 millones aportados por Distriseguridad, orientados a mejorar la infraestructura institucional, así como nuevas entregas de vehículos a la Policía, evidenciando un avance sostenido en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo para una Cartagena más segura, tecnológica y organizada.
Tras el informe, las intervenciones de los cabildantes fueron críticas. El concejal Pedro Aponte (Cambio Radical) cuestionó el proceder público del director, citando videos donde funcionarios increpan ciudadanos y uno en el que Amín realiza lo que denominó un «procedimiento de captura» ilegal contra un menor de edad, exponiéndolo mediáticamente. Aponte señaló que la Fiscalía ya compulsó copias contra el director por presunta extralimitación de funciones y abuso de autoridad, instándolo a renunciar. Por su parte, el concejal Laureano Curi (ASI) reclamó la falta de datos sobre ejecución presupuestal y calificó como un «montaje» un video de operativo en Bazurto el día de ayer donde el infractor sería un contratista de la entidad. La concejal Luz Marina Paria (ASI) expresó su preocupación por la falta de claridad en quién maneja las cifras de criminalidad, señalando que la inversión no se traduce en seguridad real.
En la misma línea, el concejal Javier Julio (Pacto Histórico) reconoció avances en otras áreas del Distrito, pero calificó la seguridad como el «lunar negro» de la administración. Citó que Cartagena escaló al puesto 34 en el ranking mundial de ciudades más peligrosas y la percepción de inseguridad ciudadana pasó del 40% en 2024 al 53% en 2025 según Cartagena Cómo Vamos. Denunció una discrepancia en las cifras de homicidios, pues mientras la Secretaría del Interior reportó 340 casos en 2025, Medicina Legal registró 410; además, la tasa de homicidios se sitúa en 36,8 por cada 100 mil habitantes, superando la meta del Plan de Desarrollo de 28 por cada 100 mil.
Julio calificó como un fracaso el «Plan Titán 24», señalando que pese a inversiones de $80.943 millones en 2024 y $3.700 millones adicionales en 2025, la violencia y los homicidios han aumentado, al punto que 9 de cada 10 cartageneros manifiestan problemas de seguridad en sus barrios. Recordó que en 2022 lideró una moción de censura cuando la ciudad ocupaba el puesto 42 del ranking de peligrosidad, sugiriendo que con la posición actual (puesto 34), los responsables del área deberían dejar sus cargos. Apodó a la entidad como «Distripelícula», cuestionando la producción de videos en tiempo real en Bazurto donde se encubre la identidad de los supuestos delincuentes, y señaló que Distriseguridad se extralimita en sus funciones misionales al realizar tareas de tránsito o guardacostas que no le corresponden.
Finalmente, denunció presuntos sobrecostos en las garitas de las playas, cuyo contrato por $5.100 millones arroja un valor aproximado de $225 millones por unidad, frente a los $38 millones que costaban en la administración anterior; resaltó que algunas de estas estructuras en Marbella y Punta Canoa fueron arrastradas por el mar. Finalmente, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) pidió que la seguridad no sea una estrategia para generar «likes» en redes y denunció retrasos en la instalación de alarmas comunitarias. Ante esto, Amín indicó que respondería todas las observaciones por escrito.
Posteriormente, se aprobó una proposición del concejal Julio para citar a debate de control político a la Secretaría del Interior, Distriseguridad e invitar a la Policía Nacional y Medicina Legal para analizar el estado real de la seguridad y los recursos del Plan Titán.
- La gerente de Corvivienda, Gisella Román, informó que para la vigencia 2026 la entidad cuenta con un presupuesto final de $45.027 millones, el cual incluye $8.184 millones en reservas. Detalló que, a corte de febrero, se han ejecutado $541 millones en gastos de funcionamiento y comprometido $3.286 millones en inversión, además de reportar $28.618 millones en recursos pignorados incorporados a diciembre de 2025. Respecto a las metas del cuatrienio, reportó el cumplimiento de 853 subsidios para adquisición de vivienda de los 10.000 proyectados, 3.641 mejoramientos de vivienda urbana de una meta de 12.750 y la titulación de 1.545 predios de 5.000 propuestos. En materia técnica, resaltó un avance del 19% en la elaboración de documentos para la legalización de 100 hectáreas de asentamientos y un 50% en la actualización de los sistemas de información de vivienda.
Asimismo, Román destacó el componente diferencial de la gestión, informando el beneficio de 315 hogares de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, además de 86 hogares indígenas en programas de mejoramiento de vivienda. Para lo corrido de 2026, precisó la asignación de 14 subsidios para adquisición de vivienda VIP destinados a familias reubicadas del sector La Pesebrera, junto con la expedición de 27 actos administrativos para la transferencia de dominio en este mismo sector. Finalmente, anunció la habilitación de la plataforma digital para el programa “Mi Casa Va”, diseñada para facilitar el acceso ciudadano a los subsidios distritales, y aclaró que el avance reportado corresponde únicamente al primer bimestre del año.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) se refirió a la necesidad de soluciones de vivienda, reconociendo que es un proceso que requiere tiempo, pero sobre el cual se deben sentar bases sólidas de manera inmediata. Señaló que el deber de los cabildantes es realizar el control político necesario para que la ciudadanía conozca las propuestas distritales, y manifestó que en la actual administración existen más aspectos por cuestionar que aciertos por reconocer. Expresó su aspiración de que su colectividad sea gobierno en el futuro para implementar un modelo de ciudad distinto. Respecto al informe de 2026, indicó la inexistencia de avances en la entrega real de viviendas y un 0% de ejecución en el programa “Unidos por una vivienda para ti”, además de la suspensión, desde diciembre de 2025, de convenios interadministrativos como el de subsidios en especie para vivienda de interés prioritario en Chambacú.
La gerente indicó que daría respuesta por escrito, pero aclaró que el poco avance de las metas en 2026 se debe a que el avance mostrado corresponde a corte febrero del presente año.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el jueves 26 de marzo las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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