Hora de inicio: 9:03 a.m.
Hora de finalización: 12:28 p.m.
A esta sesión corresponde el debate de control político especificado por la proposición 091 referente a aspectos generales del Consorcio COLCARD encargado del recaudo de Transcaribe.
Introduce el debate el concejal César Pión (La U), quien hace referencia a las noticias publicadas en prensa alrededor de los conflictos entre las empresas miembros del consorcio COLCARD y la posibilidad de un eventual cese de operaciones del recaudo. De ahí que se haya generado la necesidad de realizar un debate de control político a esta problemática de manera que se puedan prevenir afectaciones sobre el sistema de transporte masivo de la Ciudad.
Se les otorga la palabra a los contratistas citados, y comienza interviniendo el Representante de SMARTMATIC, Alfredo Vega, quien indica que la desavenencia entre los miembros del consorcio, se reduce al rechazo de DATAPRON de la decisión del Comité Administrativo de revocar al Representante Suplente.
En este punto el concejal Javier Curi (Liberal) interviene para señalar que en la noticia de la emisora Caracol se afirma que la compañía SMARTMATIC pretende apropiarse irregularmente del recaudo de Transcaribe. Esto lo trae a colación para que se tenga en cuenta la clarificación de estas acusaciones durante el debate.
Prosigue Alfredo Vega, indicando que la empresa DATAPRON es de origen brasilero, y que la empresa SMARTMATIC tiene su sede principal en Holanda, y ambas entidades se unieron para conformar el consorcio COLCARD, a quien se le adjudicaría el contrato de recaudo del servicio de Transcaribe. Manifiesta además que pese a la crisis de relaciones entre las partes del consorcio, SMARTMATIC se encuentra comprometido con la prestación del servicio de recaudo a los cartageneros, y que por lo tanto las disputas internas no tendrán repercusiones sobre las operaciones de recaudo.
Frente a lo dicho por Vega, el concejal Américo Mendoza (ASI), solicita que se profundice en explicar el origen de las desavenencias entre las partes del consorcio, toda vez que la simple revocatoria de Representante Suplente no es la causa de fondo de la crisis de relaciones internas.
En respuesta a esto Alfredo Vega manifiesta que la revocatoria de Nixon Navarro en esta suplencia obedece a una extralimitación de sus funciones legales. De manera concreta la suscripción de un acuerdo transaccional que hizo con Gerardo Rumier, en virtud del cual existe un embargo contra el consorcio y sus miembros, fue considerado por el Comité Administrativo como una extralimitación de funciones que concluyó en la revocatoria del cargo. Agrega también que DATAPRON tiene dos roles; por una parte es proveedor de tecnología de software para la administración del recaudo, y por la otra es consorciado dentro del modelo de negocio para la operación del sistema de recaudo.
Continúa con la palabra Alberto Castro, Gerente del consorcio COLCARD, para explicar que en efecto el software para la administración del recaudo el proveído por DATAPRON, y que actualmente se encuentra en fase de operación y desarrollo, teniendo en cuenta que aún se trabaja sobre mejoras de funcionalidad, y que una vez terminadas será entregado plenamente al consorcio.
Interviene en este punto el concejal Jorge Useche (Conservador) para preguntar la razón por la cual en el documento de Cámara de Comercio aún aparece Nixon Navarro como parte de la suplencia del Representante Legal del consocio, cuando recién se afirmó que el Consejo Administrativo lo había revocado de ese rol.
Frente a esta pregunta Alfredo Vega explica que en el documento de Cámara de Comercio, no se consigna una representación legal del consorcio COLCARD, sino las partes de la sociedad para la configuración de un establecimiento de comercio que se establece para una finalidad económica específica. Y esto es así por la misma forma en que la normatividad al respecto lo plantea. La Cámara de Comercio se negó a registrar el acta que contiene la decisión de revocar a Nixon Navarro, y por ello se elevó la petición a la Superintendencia de Industria y Comercio, que aún no ha proferido un fallo. De otro lado al referirse al presunto lucro cesante que existe por la tardía entrada en operación del sistema de transporte masivo, aclara que actualmente no se encuentra ningún proceso jurídico en curso, aunque acepta que se estuvieron dando unas conversaciones con Transcaribe al respecto, pero que fueron suspendidas para enfatizar todo el esfuerzo del consorcio en desarrollar eficazmente el sistema de recaudo, y que por ello es posible que más adelante se puedan retomar dichas conversaciones. También aclara que no hay riesgo de embargo a los recursos del sistema de transporte puesto que no pasan por COLCARD. Para su captura se consignan a unas cuentas que maneja la fiduciaria Alianza y que luego se transfieren directamente a las empresas encargadas de la gestión y operación del sistema de transporte.
Seguidamente interviene Nixon Navarro, Representante de DATAPRON Colombia, indica que la empresa SMARTMATIC es de origen y capital venezolano, y que ha mudado su domicilio alrededor de varios paraísos fiscales. Aparentemente en la actualidad su cede principal se encuentra en Londres. Señala además que su razón social es exclusivamente las operaciones electrónicas alrededor de eventos electorales automatizados, en donde ha tenido experiencia en Venezuela, Filipinas y otros países en donde se le han hecho fuertes cuestionamientos desde el punto de vista de la transparencia institucional como por ejemplo en México y EUA. En contraste la razón social de DATAPRON sí corresponde a la automatización del servicio de transporte masivo. Tiene su origen en Brasil y su capital es brasilero. La participación de SMARTMATIC dentro del consorcio es en calidad de socio capitalista, puesto que la experiencia para el servicio de recaudo es enteramente de DATAPRON, de este modo en la sociedad de hecho que se configuró para la constitución del consorcio, no existe la figura de mayorista o minorista dentro de los asociados lo que implica que para la toma de decisiones se debe llegar al común acuerdo, a pesar de las diferencias en la participación con capital que para el caso de SMARTMATIC sí le permite tener mayor dominio sobre ganancias y pérdidas en relación a sus aportes mayoritarios. De otro lado asegura que legalmente las atribuciones del Suplente son las mismas que las del Representante Legal Titular, y por este motivo no hubo una extralimitación de funciones en los casos que se adujeron para revocarlo dentro del rol de Suplente. Aclara además que el manejo de la tecnología de recaudo y control de flota es en exclusivo de DATAPRON, puesto que es quien cuenta con la experiencia para hacerlo, y que por lo tanto nadie de la empresa SMARTMATIC ha tenido incidencia en el manejo de la tecnología. Para Navarro el problema de fondo en las relaciones de las empresas del consorcio tiene su origen en el año 2015, cuando DATAPRON exigió a SMARTMATIC que rindiera cuentas respecto de lo que invertiría en el montaje del sistema de recaudo. Este proceso orientado a la transparencia financiera de las inversiones no fue realizado por SMARTMATIC en ninguno de los años anteriores a 2015. A final de ese año empieza a mostrar unas cuentas que según Navarro no correspondían con la realidad, pero que muestran gastos por más de 5 millones de dólares. Los estados financieros de soporte no fueron firmados ni aceptados por DATAPRON y de allí que SMARTMATIC haya intentado excluir del poder y de la toma de decisiones a Navarro y a la empresa que representa. Advierte que con estos estados financieros SMARTMATIC pretende emprender una demanda por lucro cesante en contra del Distrito, y es precisamente lo que se viene denunciando en medios. Por parte de DATAPRON se plantea el compromiso de no demandar en ningún momento al Distrito ni coadyuvar demanda alguna en el marco del consorcio COLCARD. Agrega que resulta una información falsa la que SMARTMATIC difundió a través de la revista SEMANA, referente a que la tecnología de recaudo y gestión de flota para el sistema de transporte masivo de Cartagena es londinense, cuando todo el recurso tecnológico ha sido suministrado y operado por DATAPRON que, como se ha dicho, es de origen brasilero. Finaliza diciendo que el único objetivo de SMARTMATIC es penetrar el mercado del voto electrónico en Colombia, que de conseguirlo, según Navarro, sería catastrófico para la democracia.
No obstante los pronunciamientos de los representantes de DATAPRON y SMARTMATIC que aseguran que la operación del servicio de recaudo no se vería afectada por la disputa interna entre los miembros del consorcio, el concejal César Pión (La U), manifiesta que esto no es así, y que de conformidad con algunas evidencias que a continuación expondría, sí existe el riesgo de que haya un cese de operaciones:
– En primer lugar indica que si bien la participación en términos de capital en la sociedad es del 70% para SMARTMATIC y 30% para DATAPRON, desde el punto de vista legal la toma de decisiones requiere de la decisión de las dos partes, y por lo tanto le asalta la duda de que en efecto se haya podido excluir al representante de DATAPRON de su rol de Representante Suplente.
– En segundo lugar la afirmación de que SMARTMATIC es de origen venezolano y que solo cuenta con experiencia en temas electorales electrónicos es cierta de conformidad con la información publicada en la página web de la empresa, y por lo tanto es cuestionable su escogencia para la operación de este servicio asociado al área de transportes, muy a pesar de que DATAPRON si cuenta con esa experiencia.
– En tercer lugar expone un audio en el que se entrevista a Mario Ramírez (Consultor en Comunicaciones Externas de SMARTMATIC), quien señala la misma información referida por Alfredo Vega, y Bob Cook (Vicepresidente de la Administración Global de Operaciones de Ventas), quien asegura que SMARTMATIC en los años de tardanza de la entrada en operaciones de Transcaribe se generaron inversiones por 8 millones de dólares, y además indica que en el primer año de operaciones se movilizaron más de 22 millones de pasajeros y hubo un recaudo de 48 mil millones de pesos. Sin embargo a la pregunta de si el sistema fue rentable en su primer año, Bob Cook afirma que aún faltan algunos años para que alcance los puntos de equilibrio financiero.
– En cuarto lugar evidencia que los funcionarios que se encargan de la contabilidad de SMARTMATIC fueron revisores fiscales de Interbolsa.
– En quinto lugar expone un audio en el que se entrevista a Jacqueline Felisbino (Dueña de la empresa DATAPRON), quien califica de grave la situación conflictiva con SMARTMATIC, a quienes señala como incumplir sus funciones administrativas dentro del consorcio bajo los modelos estándares. Por ello DATAPRON ha sentado la posición de que no desea seguir con la sociedad. Para ello las alternativas que tiene SMARTMATIC es comprar, vender o caducar el consorcio. Y que en este último caso existe el riesgo del cese de operaciones del recaudo y por lo tanto del funcionamiento del sistema. Afirma que haber sacado de la función de Suplente del Representante Legal a Nixon Navarro es haber sacado a DATAPRON del consorcio.
El concejal Pión concluye diciendo que la Corporación está poniendo en evidencia una serie de hechos para que el gerente de Transcaribe tome medidas que prevengan perjuicios para el Distrito.
En el mismo sentido el concejal Américo Mendoza (ASI), indica que la situación expuesta no es promisoria para la Ciudad. Las pretensiones de SMARTMATIC le representa al sistema el recaudo de 12 millones de pasajeros, más de la mitad de lo que se movió en el primer año de operaciones. Además, según el concejal Américo Mendoza, posiblemente en el proceso licitatorio se haya incurrido en una celebración indebida de contratos cuando se toma por mejor alternativa para la solución de la necesidad de operar el recaudo de Transcaribe a una empresa cuya razón social y estatus moral no tiene nada que ver con esto.
Por su parte el concejal David Dáger (Liberal), solicita la intervención del Gerente de Transcaribe para dilucidar la posición de la Administración Distrital alrededor de estos problemas. Frente a la posibilidad de que una de las partes del consorcio pueda vendar, comprar o caducar la sociedad, tampoco hay certeza de que legalmente sean medidas factibles, por lo que sus implicaciones no se pueden tomar a la ligera. Los hechos que se han referido en debate dejan muchas incertidumbres respecto de la transparencia en todo lo concerniente al proceso contractual y administrativo del consorcio COLCARD y que no permitirían generar conclusiones en el debate hasta tanto no se aclaren.
El Gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, asegura que ha tratado de mediar en el conflicto, con el fin de asegurar que la operación del sistema de recaudo no se vaya a ver afectada, y que ese compromiso ha sido aceptado por los socios del consorcio COLCARD. Hasta la fecha no se ha recibido en Transcaribe ningún tipo de reclamo alrededor de lucro cesante por alguna de las partes de COLCARD, pero eso no quiere decir que en el futuro no puedan hacerlo, y en caso de que ocurra lo primero que hará Transcaribe será solicitar las pruebas que soporten las reclamaciones para investigar su legalidad. Así mismo en los procesos de multa a COLCARD se ha remitido a la aseguradora, ya que el consorcio tiene unas obligaciones contractuales que están amparadas por una póliza de cumplimiento.
Vuelven a tomar la palabra los concejales, y en esta ocasión Javier Curi (Liberal) plantea que frente al hecho de que la asignación de un contrato a un consorcio se realiza bajo el precepto de que sea la oferta más competitiva, se pueden plantear varias inquietudes:
– ¿Por qué asignar un contrato a un consorcio cuando el sistema no estaba listo para entrar en operación y de esta manera exponerse a un caso de lucro cesante?
– Hubo otras empresas licitantes con experiencia específica en el área de transporte, algunas de ellas de china, korea, e incluso colombianas, entonces ¿Por qué no hacer una selección objetiva y en vez de eso contratar una empresa sin experiencia en el área requerida?
– Así mismo se debe dar claridad de que el Distrito está subsidiando el sistema desde que tiene comprometidos recursos de la sobretasa de gasolina en el largo plazo.
Por su parte el concejal Édgar Mendoza (Conservador), manifiesta que el Gerente de Transcaribe, de conformidad con el Estatuto Anticorrupción, debe velar por la transparencia en los procesos contractuales que le conciernen, y tiene el deber de hacer las denuncias respectivas si encuentra irregularidades. Esto lo plantea ante la probabilidad de que varios de los documentos que se presentaron para la licitación sean falsos. Analizando la situación de conflictividad al interior del consorcio, el concejal Édgar Mendoza considera que la muerte jurídica del consorcio sería una alternativa favorable a toda la problemática.
Por último se da lectura a varias excusas remitidas por los concejales:
– Carlos Barrios, Concejal del partido Cambio Radical presenta incapacidad por 15 días a partir del 4 de abril de 2017.
– Antonio Salim Guerra, Concejal del Partido Cambio Radical, presenta excusas por inasistencia los días 5, 6, 7 y 8 de abril de 2017.
Finaliza la sesión y se convoca para el miércoles 5 de abril de 2017, a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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