El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 20 de mayo de 2024
Hora de Inicio: 9:42 a.m.
Hora de finalización: 11:17 a.m.
Iniciado el orden del día se dio lectura de dos documentos:
- Excusa de Manuel Berrio, Secretario de Seguridad, para no asistir a la citación de la Asamblea el día 20 de mayo debido a compromisos previos.
- Invitación de la Secretaria de Planeación, Susana Puerta, a foro pedagógico de ordenamiento territorial el 30 de mayo a partir de las 8 a.m. en el Palacio de la Proclamación.
- Invitación de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, a participar en la estrategia de fortalecimiento de las instancias de ordenamiento territorial para gobernaciones y asambleas departamentales.
- Documento de la Agencia de Renovacion del Territorio en el cual transfieren oficio mediante el cual se solicitó a la Gobernación de Bolívar que incluya en el Plan de Desarrollo un articulo que establezca la prioridad de inversiones en proyectos que materialicen iniciativas del programa de desarrollo con enfoque territorial
Seguido, se aprobó una proposición de la diputada Sofía Ricardo para reprogramar la socialización de la Secretaría de Seguridad para el día 22 de mayo.
Continuando con el orden del día, se llevó a cabo la citación de los siguientes funcionarios de la Gobernación para la presentación y discusión del Plan de Desarrollo 2024-2027: Rafael Montes, Secretario Jurídico; Iván Sanes, Secretario de Víctimas y Reconciliación; Manuel Berrio, Secretario de Seguridad; y Susana Puerta, Secretaria de Planeación.
- Secretaría Jurídica
El Secretario Montes aclaró que la Secretaría Jurídica no tiene indicadores de productos y metas en el Plan de Desarrollo, pues su labor es funcional y no misional. Informó que se tuvieron en cuenta siete criterios jurídicos y técnicos en la elaboración del Plan de Desarrollo «Bolívar me enamora». Además, mencionó que actualmente hay 3716 procesos judiciales en la administración departamental.
Finalizada la socialización, la diputada Karen Cure (Cambio Radical) manifestó preocupación por el alto porcentaje de procesos judiciales dentro de la administración y preguntó qué acciones se tienen pensadas para agilizarlos. La diputada Sofía Ricardo (ASI) preguntó cuántos de los procesos son favorables para el departamento y cuánto costarían los que tienen un alto riesgo.
Además, el diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) preguntó si se pueden añadir los procesos como un indicador en el Plan de Desarrollo. El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) sugirió aplazar la presentación de la Secretaría Jurídica, ya que falta información como la mencionada por los demás diputados.
Para dar respuesta, el Secretario indicó que se está realizando la migración de información de un sistema obsoleto de procesos judiciales a la plataforma eKOGUI, la cual maneja la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, con el objetivo de obtener una matriz real de los riesgos judiciales. Informó que más de 2100 procesos son por temas de sanción moratoria en sectores educativos. Mencionó que el riesgo de no favorabilidad para el departamento no sobrepasa el 20% de los procesos actuales y señaló que la información detallada será suministrada una vez finalice la migración.
El diputado Zaith Adechine señaló que no considera necesario hacer una nueva presentación. Por su parte, el diputado Víctor Mendoza indicó que, aunque solo sea el 20%, esto equivale a aproximadamente $100 mil millones de pesos. En respuesta, el funcionario aclaró que los procesos con riesgo muy alto no sobrepasan los $34.600 millones de pesos.
- Secretaría de Paz, Víctimas y Reconciliación
El Secretario Sanes informó que sus metas se encuentran en la línea estratégica “Bolívar me enamora con justicia social”, específicamente en el capítulo de atención a víctimas. Este capítulo contempla 60 acciones distribuidas en 6 componentes. Detalló metas como la realización de 60 jornadas de atención y asistencia itinerante, la construcción del Centro Regional de Atención de Víctimas, otorgar 400 becas para el ingreso a la educación superior, apoyar 200 proyectos productivos para población víctima, lograr la colocación laboral de 3000 víctimas, construir y actualizar el Plan de Contingencia para la Atención Inmediata a Víctimas del Conflicto Armado y realizar el seguimiento al cumplimiento de 100 sentencias de restitución de tierras, entre otras.
Por último, informó que la inversión en el cuatrienio para estas 60 acciones será de $14.433 millones, de los cuales $10.933 millones serán financiados con recursos ingresos corrientes de libre destinación y $3.500 millones provendrán de otras fuentes.
Finalizada la socialización, la diputada Sofía Ricardo (ASI) manifestó su preocupación de que las acciones no sean suficientes en el marco de la justicia transicional y sugirió estudiar la posibilidad de implementar un programa de justicia transicional. La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) solicitó información sobre la formulación de proyectos ante el Gobierno Nacional para fortalecer las metas de la Secretaría.
Para dar respuesta, el funcionario informó que se está radicando un proyecto ante la Unidad de Víctimas y presentando otro ante el Ministerio de Cultura. También mencionó que se revisará el tema de justicia transicional. La diputada Karen Cure (Cambio Radical) resaltó el trabajo del funcionario y solicitó información sobre la nueva ley de confinamiento. El funcionario explicó que en el Congreso hay un proyecto de ley que busca que el confinamiento se convierta en un hecho victimizante.
Finalmente, se aprobó una solicitud de la Secretaría de Planeación para que la presentación de los proyectos estratégicos se aplazara para el día 21 de mayo, ya que se están haciendo los ajustes propuestos por los diputados.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 21 de mayo de 2024; a las 9:00 a.m.
Escrito por Gabriela Carolina Bustillo Lora, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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