Hora de inicio: 9:06 a.m.
Hora de finalización: 10:21 a.m.
Iniciado el orden del día se le dio lectura a una invitación enviada a los concejales, para que participen en el Foro sobre peajes urbanos y movilidad, que se realizará el día viernes 7 de abril.
Según el cronograma de la Corporación para hoy se tenía programado un debate de control político encaminado a revisar la situación del Cerro de La Popa, sin embargo no fue incluido en el orden del día, y posteriormente el concejal proponente William Pérez (La U) indicó que por solicitud de los funcionarios citados, el debate ha sido aplazado dado que no se les posibilitó asistir a la citación.
El cabildante reiteró la importancia de reprogramar lo más pronto posible este debate, debido al inminente riesgo que presenta La Popa.
En el mismo sentido se pronunció el concejal Erich Piña (Liberal) quien aseguró que detrás de esta problemática están algunas personas malintencionadas que pese a haber sido beneficiadas con programas de viviendas impulsados por anteriores administraciones, siguen viviendo en zonas de alto riesgo.
Por otro lado, Piña presentó una proposición aditiva en el sentido de preguntarle a la coordinadora de la Oficina de Gestión del Riesgo, si la ciudad cuenta con el Plan Distrital de Gestión del Riesgo actualizado, tal como lo establece el artículo 37 de la Ley 1523 de 2012.
Según el cabildante, de encontrarse el cerro de La Popa dentro de este Plan de Gestión de Riesgo, el Distrito podría gestionar recursos ante la nación para las intervenciones que requiera el mismo.
De la misma manera, en la proposición el concejal cita a la Secretaría del Interior, a fin de que informe sobre las medidas de regulación de las invasiones en la ciudad.
Para el concejal Rafael Meza (Conservador) el tema amerita ser estudiado de manera urgente. El cabildante se refiere al editorial del diario La Verdad, en donde se alerta sobre el inminente desplome del cerro de La Popa, y solicita que sea leído en la plenaria. Asimismo, llamó la atención frente a la temporada invernal que se avecina y dijo que las autoridades deben prepararse para atenderla.
Para su colega Cesar Pión (La U) este debate no debe abordarse de manera aislada, porque esta situación involucra no solo a la oficina de gestión del riesgo, sino también a la secretaría de infraestructura, planeación, jurídica, hacienda, EPA, entre otras.
Pión recordó que el Concejo aprobó un proyecto que hoy es el Acuerdo 014 de 2015, el cual en su artículo tercero establece la creación de una Comisión de seguimiento al Cerro de la Popa, que debía entregar un informe bimensual a la plenaria del Concejo, con diagnóstico detallado del estado de los cerros con respecto a asentamientos, estudios técnicos, acciones del gobierno para hacer cumplir el uso del suelo, e ir informando avances en las políticas de reubicación que han ordenado los tribunales.
El cabildante indica que esta es una norma que debe hacerse cumplir. Por otro lado, señala que teniendo en cuenta que el programa de gobierno del alcalde le apunta a la inversión en el ordenamiento territorial para garantizar la sostenibilidad, se le debe preguntar a la Administración, durante el año 2016, qué estudios se produjeron y qué tiempo se ganó en el nuevo Plan de Ordenamiento, toda vez que los aspectos de mayor relevancia es la ausencia de estructuración del riesgo para el Distrito turístico, que están regulados bajo la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 1807 del 2014.
Para el vocero de La U, otro de los elementos importantes en este análisis son la cartografía y las determinantes ambientales entregadas por Cardique. Concluyó instando a sus colegas a prepararse bien para el debate, y llevar propuestas concretas para resolver la situación.
Por su lado, el concejal Américo Mendoza (ASI) agregó que los riesgos latentes en la ciudad por cuenta del estado del Cerro de la Popa no solo tendrían repercusiones en las vidas humanas sino que también afectas las finanzas públicas. El cabildante recuerda que actualmente existen fallos en contra del Distrito por más de 100 mil millones de pesos por la emergencia ocurrida en San Francisco, y asegura que desde el punto de vista institucional la situación es grave porque se tiene una secretaría de infraestructura con pocos recursos, no hay un alcalde local en propiedad, y no se cuenta con un plan especial de manejo del Cerro de La Popa, dada su connotación histórica y ambiental.
Finalizó su intervención asegurando que hay ausencia de gobernabilidad frente a esta situación, y mostrando un video en el cual el ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, cuenta cómo a través de un sistema de compuertas se pudieron evitar las inundaciones, mediante la regulación del paso del agua al cause natural del río Bulubulu. Para el cabildante esta medida debería implementarse en el sistema de drenajes de la ciudad, iniciando desde los yacimientos del municipio de Turbaco.
Más adelante el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) indicó que de acuerdo a una nota publicada en El Espectador, un grupo de investigación de la Universidad Nacional viene utilizando un radar para monitorear zonas de derrumbes en la ladera de Copacabana. Dentro de dicho grupo habría un cartagenero al cual el cabildante contactó para que en el debate haga presencia e ilustren sobre el software que están utilizando, a fin de mirar la posibilidad de que sea utilizado en la ciudad.
Posteriormente, el concejal Jorge Useche (Conservador) adicionó a la proposición de citación del debate, la invitación al Comandante de la Policía, argumentando que con el nuevo código del policía se otorgarían facultades a la fuerza pública para que controle el uso del espacio público.Useche considera que debido al incremento del censo de familias invasoras, y a la tendencia irregular de invadir con el propósito de ser reubicados por el Distrito, la Administración y Policía deben proceder a desalojar a estas familias y que las mismas busquen por su propia cuenta dónde ubicarse.
Según el cabildante, en la margen derecha del anillo vial están asentadas de manera ilegal algunas familias que tienen sus casas en La Boquilla, y que han invadido para ser beneficiadas con viviendas del Estado, que luego proceden a vender. Detrás de estas familias habría mafias encargadas de incitar dichas invasiones para apropiarse de los terrenos.
El concejal y presidente de la Corporación, Lewis Montero (Opción Ciudadana) opinó que el problema de invasiones en zonas de alto riesgo está íntimamente relacionado con la pobreza en la ciudad y en el país. Según Montero, la ineficiencia del Estado para prestar los servicios sociales que la sociedad necesita ha generado las problemáticas hoy existentes.
Para su colega David Dáger (Liberal), la situación en Cartagena obedece a dos factores. Por un lado el déficit de vivienda, que hace algunos años ascendía a 50 mil viviendas, y que en los últimos 10 años se podría estimar la construcción de cerca de 10 mil. Y por otra parte, la existencia de “carteles” que usan a personas de escasos recursos para que invadan terrenos que después entran a apropiar, y en los que terminan construyendo edificios multifamiliares.
El concejal Javier Curi, de la misma bancada, manifestó que no estaba de acuerdo con que no existan los recursos necesarios para las intervenciones en las zonas de alto riesgo. Según el cabildante, el gobierno debe priorizar las inversiones y de requerirse algún traslado presupuestal para este fin, deben proceder a hacerlo. De la misma forma recuerda que existe un Fondo para la Gestión del Riesgo, desde donde también se deben financiar dichas actuaciones.
La sesión culminó con una constancia dejada por el concejal William Pérez (La U) a través de la cual llamaba la atención sobre las recurrentes quejas de hoteleros y visitantes del Centro Histórico por cuenta del ruido que generan las terrazas ubicadas en este sector. Pérez sentó su voz de rechazo a las “políticas excluyentes” que intentan controlar los excesos de ruido en otros sectores como la “Zona U” y no lo hacen en el centro de la ciudad.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el jueves 6 de abril, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
Dejar una Respuesta