El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 10 de marzo del 2025
Hora de Inicio: 8:30 a.m.
Hora de finalización: 11:01 a.m.
Para esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena estaba programada la presentación del informe de gestión 2024 y primeros meses del 2025 de la Dirección de Control Urbano, por lo que iniciada la presentación tomó la palabra su director Emilio Molina, quien indicó que uno de los principales programas ejecutados fue el Plan de Normalización Urbanística, cuyo objetivo es educar y asesorar a la comunidad sobre normativas urbanísticas y fomentar la participación en la creación de planes de manejo territorial. Con esto, se capacitó a 626 Defensores Urbanos Barriales mediante 18 charlas en las tres localidades, además de la formación de 130 Defensores Urbanos en un diplomado.
En materia de inspección y vigilancia, se realizó control a 231 proyectos de construcción, de los cuales 18 obtuvieron registros, 14 radicaron nuevos proyectos, y 20 enfrentaron procesos sancionatorios. También se realizaron monitoreos a edificaciones con riesgo estructural, incluyendo la toma de posesión de negocios y bienes de las promotoras responsables de Aquarela y Lagos del Cabrero.
Respecto a la publicidad exterior visual, se llevaron a cabo 57 recorridos en los que se inspeccionaron 814 comercios, se expidieron 74 registros y se desmontaron vallas ilegales en sectores como Bocagrande y Marbella. Adicionalmente, se radicó ante la Oficina Jurídica el Proyecto de Acuerdo de Publicidad Exterior Visual para su revisión y eventual presentación ante el Concejo.
En la gestión de áreas de cesión, se tomaron posesión de las áreas de Villa Zuldany y Parque Residencial El Country, además de la formalización de la recepción de áreas en proyectos como Ciudadela de La Paz y Parque Heredia. Sobre patrimonio, se realizaron 20 sesiones del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, en las que se estudiaron 45 proyectos y se emitieron 49 conceptos técnicos. También se llevó a cabo la identificación de 79 inmuebles en deterioro en el Centro Histórico y se abrió una actuación para la intervención de obras de primeros auxilios en estos inmuebles. Se gestionaron reuniones con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda para la coordinación de acciones en materia de conservación patrimonial.
La Dirección de Control Urbano también avanzó en la regulación de la propiedad horizontal, con la emisión de 40 certificados de representación legal y la inscripción de nuevos representantes. Finalmente, expuso los cinco proyectos estratégicos para 2025:
- Formulación de la primera Política Pública de Legalización Urbanística en el país.
- Curaduría pública, que permitirá emitir actos de reconocimiento de infraestructura en asentamientos
- Creación de nuevas Curadurías Urbanas
- El programa «Control Urbano cuida tu inversión»
- Capacitación de 684 nuevos Defensores Urbanos.
Se reiteró el compromiso con la ejecución eficiente del Plan de Desarrollo, con un avance del 25,83% en la formulación de documentos normativos y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección, vigilancia y control territorial.
Sobre ejecución presupuestal, señaló que el presupuesto definitivo, tras adiciones del 2024 fue por $2.279 millones, siendo todos recursos de inversión y ejecutados en un 82% ejecutados en el proyecto de «fortalecimiento del plan de normalización urbanística». Para el año 2025, el presupuesto corresponde a $2.749 millones el cual se ha ejecutado en un 14% en el mismo proyecto.
Sobre la gestión contractual del 2024, hubo un total contratado de $344 millones que abarcaron 1 contratación directa. 1 mínima cuantía y 1 por tienda virtual. A su vez, hubo 92 contratos de prestación de servicios que incluye apoyo a la gestión y profesionales para un total de $1.525 millones. Para el 2025, se tiene 8 contratos, siendo 2 de apoyo a la gestión y 6 de profesionales para un total de $247 millones.
En cuanto a la ejecución del Plan de Desarrollo, en el 2024 mencionó un avance significativo en la formulación de documentos normativos, alcanzando un total de 620 elaborados, lo que representa un 25,83% de la meta cuatrienal, pero tuvo un 0% la de inspecciones de policía especializadas en temas urbanísticos. Para el 2025, la meta es consolidar 600 nuevos documentos que regulen y fortalezcan la planificación territorial del Distrito, asegurando la continuidad de las estrategias de normalización y control urbano.
La concejal Luz Marina Paria (ASI) solicitó claridad sobre la meta de inspecciones especializadas. La concejal Laura Díaz (Alianza Verde) destacó la importancia de una política pública sobre legalización urbanística. El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) consideró insuficiente la presentación y pidió trabajar en la articulación con entidades como Espacio Público, EPA y otras que orientan a la ciudadanía, con el objetivo de mejorar la disposición de basuras y escombros en las calles y proyectar una imagen más limpia de Cartagena. El concejal Johan Correa preguntó cómo es el proceso de selección de agentes interventores y cómo se manejan las construcciones en deterioro en el centro.
En respuesta, el Director Molina informó que la meta es especializar seis inspecciones de policía y adscribir siete más a la Inspección de Control Urbano. Sobre la política pública de legalización urbanística, se indicó que se busca establecer un diagnóstico de asentamientos irregulares, la inversión requerida y la programación de la ciudad para su ejecución. Este proceso será elevado a nivel de acuerdo.
Agregó que para 2025, la meta es contar con 682 defensores urbanos nuevos, quienes apoyarán las labores de inspección en los barrios. Se enfatizó que la solución a los problemas de la ciudad no recae en una sola dependencia. Respecto a los escombros, se advirtió que el problema no es solo de conciencia ciudadana, sino que involucra mafias que los utilizan para rellenos ilegales.
Sobre los inmuebles en deterioro, se informó que hay 31 con autorización judicial para definir las obras necesarias, establecer presupuestos y contratar la intervención. En cuanto a los agentes interventores, se mencionó que la administración anterior dejó una lista de elegibles, la cual fue adaptada para los procesos actuales.
Seguido por proposición de la concejal Laura Díaz (Alianza Verde), se realizó una sesión informal para escuchar a los habitantes del barrio Crespo. Inicialmente, Nixon Torres Cárcamo denunció que desde 2001 existe una sentencia de acción comunal que ordena a Aeronáutica Civil construir infraestructura para la reducción de ruidos y mitigar la contaminación del Caño Juan Angola y la Ciénaga de la Virgen, pero estas medidas no han sido implementadas. También criticó que la declaratoria de utilidad pública para la ampliación del aeropuerto no fue socializada con la comunidad. Solicitó un cabildo abierto para debatir el tema.
Álvaro Méndez, presidente de la JAC de Crespo, señaló que las ampliaciones del aeropuerto han eliminado calles y carreras del barrio. Ahora, se planea construir una pista paralela que afectará directamente la Ciénaga de la Virgen. Denunció que la responsabilidad social empresarial de la concesionaria del aeropuerto ha sido inexistente.
Oscar Gaviria reconoció que las obras de modernización son positivas, pero rechazó la ampliación, ya que afectará a 60 predios y desplazará a numerosas familias. Explicó que la obra durará tres años y operará por cuatro más, lo que, según él, no justifica la inversión. Propuso la construcción de un nuevo aeropuerto en Bayunca, ya aprobado por el Gobierno Nacional. También advirtió que los nuevos socios buscan desplazar a trabajadores como maleteros, taxistas y emboladores para quedarse con el control total de la operación del aeropuerto.
Edilsa Bonilla, en representación de los dueños de predios afectados, expresó su preocupación por el impacto social de la ampliación, ya que destruirá un barrio tradicional y lo privará de su carácter residencial.
Alberto Enrique Sampayo anunció que el viernes se realizará una gran movilización en protesta contra la ampliación del aeropuerto. Acusó a la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC) de promover un desplazamiento interno en la ciudad y afectar a trabajadores como taxistas y maleteros.
Oscar Gutiérrez, en representación de los pescadores artesanales, recordó que la Ciénaga de la Virgen solía ser abundante en pesca, pero que la construcción del aeropuerto ha dañado su ecosistema. Denunció que ACUACAR está contribuyendo al deterioro al verter sedimentos en la ciénaga, afectando la reproducción de especies. Instó al Concejo a legislar para proteger la biodiversidad.
Carlos Gil denunció que un ciudadano se apropió ilegalmente de un campo y, a pesar de interponer tutelas, no ha sido posible recuperar el espacio. Luis Antonio González, edil de la Localidad 1, criticó que los beneficios de la ampliación del aeropuerto solo favorecen a la empresa y no a la comunidad. Expresó dudas sobre la viabilidad del nuevo aeropuerto en Bayunca debido a los constantes retrasos en su construcción.
Álvaro Anaya denunció que la nueva empresa explotará el aeropuerto por al menos 30 años, y no por los nueve años establecidos por la ANI. Afirmó que OINAC intentó iniciar obras sin hacer ofertas formales a los dueños de los predios declarados de utilidad pública. También señaló que la licencia ambiental será otorgada por la ANLA en representación del Gobierno Nacional, pero que no se ha hecho público el estudio. Además, denunció el vertimiento de aguas residuales tratadas del aeropuerto en la ciénaga, en lugar de conectarlas al alcantarillado, basándose en la Resolución 0408 del 1 de junio de 2021 del EPA.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) destacó que se pretende invertir 1.4 billones de pesos en la remodelación del aeropuerto Rafael Núñez, lo que consideró redundante ante la construcción del nuevo aeropuerto en Bayunca. Propuso invitar, mediante proposición, al concesionario de la remodelación para que explique el proyecto.
El concejal William Pérez (Centro Democrático) afirmó que la comunidad siente impotencia ante la expansión del aeropuerto y apoyó la realización de una sesión informal con la participación de congresistas, órganos de control y demás actores involucrados.
Seguido, la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) se refirió a las conclusiones del foro de mujeres realizado el 7 de marzo.
Agotado el orden del día, se citó la proxima sesión para el martes 11 de marzo a las 8:30 a.m. en la sede del concejo distrital.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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