Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 30 de octubre de 2020
Hora de inicio: 9:09 a.m.
Receso: 11:53 a.m. – 12:16 p.m.
Hora de finalización: 1:53 p.m.
En esta sesión del Concejo de Cartagena se inició un debate de control político sobre la movilidad en la ciudad, el estado del DATT y Transcaribe. También se dio segundo debate al Proyecto de Acuerdo 026 sobre centros de salud. La introducción al debate sobre movilidad estuvo a cargo de uno de los concejales citantes, César Pión (La U), quien explicó que el objetivo es mejorar las condiciones de movilidad en el Distrito, por lo que realizó un análisis al respecto.
Inicialmente Pión recordó que desde su convocatoria licitatoria Transcaribe no tuvo garantías de participación, y no debió convertirse en operador y administrador; además mencionó que Transcaribe y DATT podrían estar usurpando funciones de la Gerencia de Espacio Público, que es la autoridad en movilidad. También destacó que el Concejo ha negado el préstamo de $20 mil millones para chatarrización de buses, por considerar que el ente encargado no ha dado explicaciones claras, y se han dado presuntos fraudes en chatarrización.
También denunció que hay un congelamiento del parque automotor sin estudio pertinente y presuntamente hay buses que circulan sin una tarjeta de operación. Según Pión, Transcaribe pretende ser el único prestador de servicio de transporte lo cual sería ilegal y debe tenerse en cuenta que Transcaribe opera en vías que no son aptas para estos vehículos.
Pión indicó que desde hace varios años el sistema está desfinanciado y en 2019 trabajó a pérdida de $400 millones semanales, por la diferencia de la tarifa técnica y la del usuario. Algunas de sus propuestas para mejorar el sistema de transporte masivo fueron aplicar nuevos instrumentos de financiación, energía renovable, gestión de demanda, entre otros.
La gerente de Transcaribe, Sindry Camargo, expresó que Transcaribe presenta deficiencias financieras en torno al operador 2, teniendo en cuenta que este año los ingresos se han visto disminuidos por la pandemia. Camargo dio a conocer que en gastos de funcionamiento hay un déficit que ha generado deficiencias operativas, sin embargo se han hecho esfuerzos para contratar personal que regule el número de pasajeros, pues solo puede usarse el 50% del espacio.
El concejal Lewis Montero (La U) pidió claridad a la funcionaria sobre en qué estado encontró a Transcaribe y qué acciones concretas tomará para mejorarlo. Montero mencionó que es falso que los buses estén funcionando en un 50% de su capacidad, puesto que tiene registros de lo contrario.
El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) señaló que hay un estudio donde se afirma que Transcaribe trabajó a pérdida de $23.000 millones entre 2017 y 2019, y no puede culparse de este déficit al bajo flujo de pasajeros de este año, pues se debe a problemas estructurales relacionados con los términos de los contratos de concesión que benefician al contratista y no al ciudadano. Para el cabildante aumentar la tarifa a $4.900 no puede ser la opción para salvar a Transcaribe.
Siguiendo con su intervención, la gerente de Transcaribe aclaró que los sistemas de transporte masivo en el mundo fueron concebidos con debilidades estructurales, pues solo son autosostenibles por cierto periodo de tiempo, pero posteriormente necesitan de fuentes de financiación para salir adelante. Camargo aclaró que la pandemia agravó el déficit financiero que ya existía en Transcaribe.
Sobre la chatarrización, manifestó que estos procesos se dan por ciclos y Transcaribe debe aportar al fondo de chatarrización para desvincular la flota de transporte público y que así Transcaribe operare al 100%. Además, expresó su desacuerdo con que el usuario pague $4.900 por tarifa, por lo que deben buscarse otras alternativas.
Durante la intervención de la gerente, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) expresó que la funcionaria intentará presentar una solicitud de crédito, y se mostró en desacuerdo con esto, pues en 5 ocasiones se ha hecho esta propuesta al Concejo y se ha rechazado; además, destacó que la propuesta ha sido por $20 mil millones, pero en la prensa se menciona que esta vez se pretende una solicitud de $40 mil millones.
Barrios indicó que el crédito se ha negado en múltiples ocasiones teniendo en cuenta que a Transcaribe ya se le han dado créditos, recursos de COMPES, y de otras fuentes. También sugirió revisar el contrato de Cartagena Social y Complementaria, pues lo considera leonino. Por lo anterior, solicitó que el debate sea suspendido para que la funcionaria se prepare mejor, plantee su estrategia para que el sistema sea autosostenible, y presente nuevas alternativas.
Sobre esta solicitud se dieron las siguientes intervenciones:
- La concejal Liliana Suárez (ASI) adicionó que también sean excluidas las demás dependencias citadas.
- El concejal Óscar Marín (Conservador) pidió que para la próxima citación se presente una propuesta de solución distinta a un crédito, puesto que incrementar la tarifa disminuirá los usuarios, pero aumentará el transporte informal.
- El concejal Fernando Niño (Conservador) resaltó la importancia de conocer cuál será la nueva tarifa para el usuario y cuánto será asumido por el Distrito.
- La concejal Claudia Arboleda (MIRA) expresó que la implementación de Transcaribe no ha alcanzado una cobertura suficiente para la ciudad, lo que ha propiciado el uso del transporte informal. Por lo anterior, recomendó que se generen distintas alternativas de transporte que hagan parte de un mismo sistema y de acceso a todos los ciudadanos.
De esta manera, la proposición del concejal Barrios fue aprobada, motivo por el cual el debate fue aplazado.
A petición del concejal Fernando Niño (Conservador), la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Edwin Marrugo del Sindicato de agentes de tránsito, quien expresó que no cuentan con los insumos logísticos para cumplir con sus funciones, pues en ocasiones deben dejar pasar vehículos con anomalías técnico-mecánicas por falta de implementos para retenerlos.
Además, resaltó que la actual gerente de Transcaribe, durante su tiempo en el DATT acabó con varios temas de corrupción y son necesarias más acciones de este tipo. También informó que se les adeudan 2 meses de pago.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) recordó que hace 2 años se aprobó un proyecto que beneficiaba la escala salarial del DATT, y destacó que cuando la empresa Data Tools tuvo concesión el DATT era autosuficiente en sus recursos, pero llama la atención que ahora, cuando Data Tools funciona por contrato de prestación de servicios, el recaudo dejó de ser eficiente. En ese sentido, resaltó que se requiere una reestructuración financiera, jurídica y administrativa del DATT.
Continuando con el orden del día, se dio un receso que duró 23 minutos y al retomar la sesión, se procedió con el segundo debate del Proyecto de Acuerdo 026 “Por medio del cual se realiza una incorporación en el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales; las apropiaciones de funcionamiento y de servicio de la deuda, así como el plan de inversiones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020 en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones”.
Antes de dar lectura a la ponencia, se dieron las siguientes intervenciones:
- Los concejales Rodrigo Reyes (Conservador) y Javier Julio (Coalición Alternativa) recordaron que en días pasados aceptaron la solicitud de la Alcaldía cuyo objetivo era retirar el proyecto, por el que no participarán del segundo debate que busca aprobar el proyecto que consideran debió ser retirado.
- El concejal Luder Ariza (Alianza Verde) indicó que en días previos explicó que los recursos a incorporar no serían suficientes para cumplir con el compromiso contractual, por lo que se retiraría del recinto.
- La concejal Kattya Mendoza (Liberal) señaló que también aceptó el retiro del proyecto y anunció que dejó una constancia sobre su posición, por lo que se aparta de las decisiones al respecto.
- El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) indicó que se apartaría de la votación ante las dudas y observaciones del proyecto, por lo que se retiraría del recinto.
Posteriormente, se dio lectura a la ponencia de segundo debate del proyecto cuyo objetivo es incorporar $21.958.593.104 al presupuesto para finalizar en su totalidad las obras del CAP Bayunca, CAP Barú, Hospital Pozón y Hospital de Canapote. Los recursos provienen de vigencias expiradas de recursos correspondientes al crédito público de 2014.
El documento señala que estas obras fueron adjudicadas a la firma COINSES en 2014 mediante el contrato 002-2014, pero en 2019 la firma solicitó que el contrato fuera cedido al consorcio Salud Caribe 2020, petición que fue aprobada en 2020. La información de dicho contrato es la siguiente:
Así mismo, se menciona que las obras inicialmente contratadas contemplaban la intervención de 15 edificaciones de salud, pero en Acta de Julio 18 de 2015 se priorizaron solo 10 y mediante Modificatorio No. 3 del 2016 se redujo la intervención a 4 edificaciones de salud. De esta manera, los concejales César Pión (La U) y Hernando Piña (Liberal), 2 de los 3 ponentes del proyecto, dan ponencia positiva.
Seguidamente, se dio lectura a la constancia presentada por la concejal Kattya Mendoza (Liberal), como ponente del proyecto, quien considera que su derecho a presentar un informe de minoría fue coartado durante el primer debate del proyecto; además, señaló que la iniciativa no se ajusta al derecho, ni a las condiciones reales de los contratos. Así mismo, se indica que continuar el trámite luego de la solicitud de retiro enviada por el alcalde podría conllevar implicaciones disciplinarias y viciaría el proyecto.
En cuanto a la solicitud de retiro, manifiesta que la Corporación no puede determinar un límite de tiempo para la presentación de solicitudes de retiro de proyectos, y resaltó que en 2019 se dieron avances para liquidar el contrato. Al respecto, se dieron las siguientes intervenciones:
- El concejal Fernando Niño (Conservador) indicó que esta constancia debe entenderse como un informe de minoría, de acuerdo con lo establecido en los Art. 154 y 133 del Reglamento del Concejo.
- A petición del concejal César Pión (La U), la jefe jurídica del Concejo, Tatiana Romero, expresó que el documento de la concejal Mendoza señala que se aparta de la decisión adoptada por la mayoría de los ponentes y debe dársele trámite como un informe de minorías, por lo que la ponencia debe ser sometida a votación junto al informe para que la plenaria determine a qué opción se acogerá.
- El concejal Pión dio lectura a un documento en el que explica que la voluntad de retirar el proyecto fue manifestada luego de surtir primer debate, por lo que requería aceptación de la plenaria y si el retiro fue negado, el alcalde tiene la posibilidad de objetar el proyecto por su inconveniencia. Además, se destaca que la Corporación no puede intervenir en los procesos de contratación, haciendo referencia al contrato 002-2014.
A continuación, el presidente de la Comisión Segunda, concejal Fernando Niño (Conservador) presentó una enmienda al proyecto para agregar dos parágrafos en el Art. 2 señalando que es competencia del alcalde determinar la forma como se ejecutarán los recursos, que haya una correcta inversión y que se determine la pertinencia de continuar con el contrato suscrito, o si se avoca a la terminación y/o liquidación.
Luego, se dio lectura a una constancia de los concejales Kattya Mendoza (Liberal), Javier Julio (Coalición Alternativa), Sergio Mendoza (Alianza Verde), Luder Ariza (Alianza Verde), Óscar Marín (Conservador), Rodrigo Reyes (Conservador), Carolina Lozano (ASI) y Claudia Arboleda (MIRA) en la que informan que se abstienen de votar la ponencia del Proyecto 026 teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: presentaron sus inquietudes a la Administración para aclarar dudas, pero no obtuvieron una respuesta; el alcalde Dau solicitó el retiro del proyecto y continuar con el trámite podría viciarlo; no debe establecerse un límite temporal para la presentación de solicitudes de retiro; y votaron para aceptar la solicitud de retiro.
El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) expresó que, aunque respeta la decisión de sus compañeros, no lo comparte, pues no puede dejarse de lado la situación del COVID-19, la relevancia de estas obras para los estratos más bajos, las falencias del sistema de salud, y los compromisos adquiridos con la Contraloría a través de Compromiso Colombia para la culminación de las obras.
Cassiani le pidió al alcalde reflexionar sobre este tema, pues no se trata de un interés particular del Concejo, sino de la ciudadanía que solicita la pronta finalización de los centros de salud.
La personera distrital, Carmen de Caro, agradeció al Concejo por su actuación, pues es preocupante que luego de 10 meses la Administración aún solicite tiempo para planificar estas obras, por lo que pidió al alcalde ejecutar los recursos.
Al someterse a votación la ponencia, la enmienda, el articulado, el título y preámbulo fueron aprobados con 11 votos a favor (Barrios, Caballero, Cassiani, Curi, Estrada, Montero, Niño, Suárez, Piña, Pión, Toncel), 7 ausentes que dejaron constancia de su abstención (Ariza, Julio, Lozano, Marín, Kattya Mendoza, Sergio Mendoza, Reyes), y 1 concejal en plenaria que se abstiene (Arboleda).
De esta manera, el Proyecto de Acuerdo 026 que incorpora $21 mil millones al presupuesto para la culminación de 4 centros de salud quedó a la espera de la sanción del alcalde para convertirse en Acuerdo Distrital.
Finalmente, se dio lectura al oficio por el cual se convoca el 31 de octubre a las 11:00 a.m. a la Comisión Segunda para realizar el primer debate del Proyecto de Acuerdo 031 que crea la tasa prodeporte y recreación.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 31 de octubre de 2020; a las 9:00 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
Ver anexo: Ponencia 2do debate al Proyecto 026 sin enmiendas
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