El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 5 de noviembre del 2026
Hora de inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 11:07 a.m.
Iniciada la sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena, la plenaria aprobó una proposición presentada por el concejal David Caballro (Conservador) para incorporar la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 125 de 2026, correspondiente a la autorización para la constitución de una Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P.
Acto seguido, la mesa directiva dio paso a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 125 de 2026 “Por el cual se autoriza la constitución de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P., y se dictan otras disposiciones”.
Durante el espacio de participación ciudadana intervinieron representantes gremiales, directivos de empresas de servicios públicos, líderes sindicales y voceros comunitarios:
- Mónica Fadul (representante del Consejo Gremial de Bolívar, en vocería de 20 organizaciones) afirmó que Cartagena requiere una empresa pública para asumir tareas hoy desatendidas (drenajes pluviales, control de mareas, zonas verdes y saneamiento rural e insular), pero presentó seis observaciones de fondo:
- Prioridad en producción hídrica: Crear una nueva entidad no genera un solo metro cúbico adicional de agua potable; lo urgente es ampliar la Planta El Cerro ($105.000 millones para el segundo módulo y la aducción Piedrecitas), cuestionando que el proyecto comprometa $40.000 millones de capital distrital en 2027-2028 sin tener asegurada la financiación de dicha planta.
- Información técnica y fiscal: Exigió radicar el estudio demostrativo previsto en la Ley 489 de 1998 y los cierres financieros de cada servicio pretendido (acueducto, alcantarillado, aseo, energía y alumbrado público), detallando de qué rubros saldrán los $40.000 millones.
- Defensa del modelo mixto: Recordó que el Distrito es dueño del 50% de Aguas de Cartagena (Acuacar) y tiene poder de decisión y veto en su junta; propuso corregir desde adentro en lugar de empezar de cero, destacando que el propio Distrito garantizó el crédito reciente con dividendos de Acuacar (~$14.800 millones en 2027).
- Situación jurídica contractual: Señaló que el contrato GISA vence en enero de 2034, momento en que el Distrito asumirá la totalidad de Acuacar. Pidió excluir expresamente del proyecto la cesión de la posición contractual, el aporte de acciones y el traslado de infraestructura afecta al servicio mientras el contrato esté vigente.
- Gobierno corporativo blindado: Solicitó que el acuerdo fije juntas directivas con periodos escalonados, requisitos técnicos de idoneidad, miembros independientes, elección meritocrática del gerente y auditoría externa para evitar el colapso político que sufrieron las antiguas Empresas Públicas Municipales.
- Relacionamiento financiero: Planteó topar la transferencia de utilidades al nivel central para asegurar que la mayor parte de los excedentes se reinviertan en la prestación de los servicios.
- John Montoya (gerente general de Aguas de Cartagena – Acuacar) expuso el balance operativo de 31 años de la empresa mixta. Detalló que la capacidad de tratamiento se duplicó a 322.000 m³/día, extendiendo 1.750 km de redes de acueducto y 1.150 km de alcantarillado para atender a más de 350.000 usuarios, logrando 100% de tratamiento de aguas residuales y reduciendo las pérdidas del 70% al 43%, a pesar de que más de 20.000 familias habitan en zonas de riesgo de forma irregular. Indicó que se han invertido más de $600.000 millones en infraestructura, apalancando créditos multilaterales y repartiendo $361.000 millones en dividendos ($180.000 millones al Distrito). Sostuvo que Acuacar cuenta con calificación AAA de Fitch Ratings y 700 trabajadores directos y 2.000 indirectos. Formuló tres reflexiones: el Distrito ya posee el 50% del capital, preside la asamblea y tiene derecho de veto; la infraestructura siempre ha sido patrimonio 100% distrital bajo usufructo (la cláusula 20 del contrato GISA asigna al Distrito la obligación de financiar las expansiones mayores); y las demoras en macroconducciones obedecen a límites de planificación y presupuesto del ente territorial, por lo que una nueva figura societaria no resuelve por sí sola las restricciones fiscales.
- Daniel Vélez denunció deficiencias en el servicio de Acuacar, señalando que barrios como Martínez Martelo, Prado, Amberes, España, Bruselas y Nuevo Bosque padecen suspensiones diarias del servicio entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m. Expresó su respaldo a una nueva empresa pero con condiciones técnicas y financieras claras: precisar el origen de los recursos del capital inicial, blindar la autonomía técnica para evitar que el alcalde de turno controle dos terceras partes de la junta a su discreción, y evaluar si operará de forma directa o mediante subcontratación.
- Orlando Arrieta (representante sindical de Sintraendes en Acuacar) manifestó la preocupación de los más de 700 empleados directos y 2.000 indirectos de la compañía ante la falta de garantías sobre su futuro laboral en el proyecto de acuerdo. Invocó la protección del artículo 25 de la Constitución y demandó que, si avanza la transformación institucional, se asegure la sustitución patronal y la continuidad laboral con los beneficios convencionales adquiridos, advirtiendo que la organización sindical —con más de 14.000 afiliados en el país— se declarará en movilización permanente si son excluidos.
- Marcos Tous (Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Bolívar) advirtió que la empresa oficial no debe quedarse en un cambio de nombres para repartir cuotas políticas. Denunció que durante las lluvias las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Acuacar colapsan y vierten aguas negras en caños como el Juan Angola, exigiendo que la nueva estructura garantice un servicio ambientalmente sostenible y proteja la estabilidad laboral de los operarios locales.
- Jorge Pérez Ortiz denunció la crisis de salubridad pública ocasionada por el rebosamiento continuo de aguas residuales en la calle Simón Bossa y la transversal 54 (Crisanto Luque), asegurando que el problema lleva más de 15 días sin solución técnica de Acuacar. Criticó las altas tarifas y los sobrecostos que pagan sectores periféricos como La Paz y La María por agua en carrotanques ($8.000 a $10.000 por tanque), solicitando al Concejo y al alcalde no prorrogar la concesión y exigir reparaciones e investigaciones de auditoría forense a los operadores.
En el espacio de respuesta de la administración distrital La secretaria general, María Patricia Porras, manifestó que el gobierno distrital tomó atenta nota de las ponencias ciudadanas y gremiales para analizar los ajustes requeridos en el marco del estudio del proyecto. El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) solicitó formalmente a la administración aclarar qué ocurrirá con el servicio de alumbrado público dentro de las facultades del proyecto, señalando que en el borrador inicial figuraba explícitamente y que se trata de un componente sensible para la seguridad ciudadana.
En respuesta, la oficina asesora jurídica del Distrito precisó que el alumbrado público sí forma parte del objeto de la nueva empresa, indicando que actualmente se atiende a través de contratos de corta duración con el Grupo EPM y que, una vez constituida la entidad oficial, esta podrá evaluar si asume la operación de manera directa o mediante terceros, acordando profundizar los detalles del modelo de negocio en una mesa técnica de trabajo.
Finalizada la intervención de la administración, la concejal Mónica Villalobos (Cartagena Mejor) lamentó la inasistencia de la empresa de aseo Veolia en el recinto, anunciando una citación a debate de control político y quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Calificó la iniciativa como una urgencia histórica para poner fin a tres décadas de crisis en las que los cartageneros padecen cortes de luz, desabastecimiento de agua y acumulación de basuras. Cuestionó severamente a Afinia por cortes deliberados, cobros de pérdidas y resoluciones de la CREG que penalizan el consumo eléctrico durante el fenómeno de El Niño.
Frente a Acuacar, denunció que la empresa pierde más del 41% del agua captada, acumula más de $700.000 millones en deudas financieras y mantiene un rezago en las inversiones del Otrosí No. 3 de 2015 (con obras inconclusas y la ausencia del acueducto de Tierrabomba tras 10 años), respaldando la demanda judicial interpuesta por el Distrito contra el contrato GISA. Respecto a Veolia y Pacaribe, denunció la conformación de un «monopolio de hecho» que se repartió territorialmente la ciudad sin competir, cobrando las tarifas máximas de la CRA e incrementando el costo en 11,4% y 19%, lo que drena $161.000 millones en subsidios cubiertos con impuestos distritales. Sostuvo que la empresa 100% oficial permitirá romper estos monopolios, ofrecer tarifas justas de aseo vía libre competencia y llevar agua a la zona insular, comprometiéndose a blindar los derechos de los trabajadores.
El concejal David Caballero (Conservador) reconoció que la ciudad presenta una cobertura de alcantarillado de 83,7% y un 41% de agua no contabilizada que exigen soluciones estructurales. Constató la entrega del estudio demostrativo, el acta de Confiscar y el análisis de impacto fiscal, pero enfatizó que la empresa debe estructurarse con rigor técnico para justificar los $40.000 millones de capital inicial previstos para 2027-2028. Preguntó a la administración qué transformaciones y mejoras concretas percibirán las comunidades en los primeros años de operación y exigió un gobierno corporativo despolitizado que preserve el patrimonio público.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) defendió la creación de la empresa oficial señalando que el objetivo de fondo es que el 100% de la entidad sea pública y los recursos no se distribuyan entre Veolia (45,9%) y los socios privados clase B (4,1%). Cuestionó a los accionistas clase B por solicitar reuniones urgentes tras años de percibir dividendos apalancados en créditos mientras la ciudad enfrenta racionamientos y más de 135.000 solicitudes de factibilidad de vivienda represadas.
Denunció que el Distrito ha pagado más de $150.000 millones por costos de gerenciamiento técnico a los operadores españoles sin lograr capacidad instalada propia. Indicó que la nueva empresa nacerá fondeada con más de $100.000 millones anuales provenientes de la administración del alumbrado público ($84.693 millones en AOM), subsidios y contribuciones, teniendo la facultad de operar en zonas desatendidas por Acuacar (como Serena del Mar o corregimientos) y garantizando la sustitución patronal de los trabajadores. Anunció que los ponentes se reunirán el lunes siguiente para unificar la ponencia de primer debate.
En el punto de documentos para dar cuenta, la secretaría dio lectura al título de un nuevo proyecto radicado por el gobierno distrital: «Por el cual se otorga al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias y contratación de bienes, obras y servicios en vigencia posterior y se dictan otras disposiciones».
Agotado el orden del día y sin registrarse proposiciones adicionales, la presidencia levantó la sesión y convocó para el viernes 6 de noviembre de 2026 a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Dejar una Respuesta