concejo cuestiona conveniencia de crédito publico por $120 mil millones en época electoral

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 23 de noviembre del 2021
Hora de inicio: 10:01 a.m.
Receso: 11:43 – 11:59 a.m. 
Hora de finalización: 2:09 p.m.

Iniciado el orden del día, se dio segundo debate del Proyecto de Acuerdo 089 “Por el cual se establece la realización de la Feria Popular del Libro en las tres localidades de Cartagena”. La ponencia indicó que este proyecto establece la Feria Popular del Libro en las 3 localidades de la ciudad durante la última semana del mes de enero de cada año con apoyo del IPCC y las Alcaldías Locales.

El objetivo es vincular a los libreros del Parque Centenario para que expongan y vendan sus libros, también se incluirá a las librerías, casas editoriales y distribuidoras de textos escolares que se comprometen a ofrecer sus productos a bajo costo para la ciudadanía. En 2022 la feria contará con un presupuesto de $15 millones.

Al someterlo a votación, la ponencia y articulado fueron aprobados por unanimidad con 19 votos a favor; el título se aprobó con 18 votos a favor y 1 ausente (Kattya Mendoza); y el preámbulo se aprobó con 18 votos a favor y 1 ausente (Carolina Lozano). Por lo tanto, el Proyecto quedó a la espera de la sanción del alcalde para convertirse en Acuerdo Distrital.

El concejal David Caballero (Conservador), autor del proyecto, agradeció por la aprobación y pidió que se designe una comisión que se traslade al Parque Centenario para informar a los libreros sobre este Proyecto. Caballero resaltó que con el IPCC y Secretaría de Hacienda se logró conseguir $15 millones para la feria, pero espera que el presupuesto sea mayor en los próximos años.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a un Proyecto de Acuerdo envido por la Administración “por el cual se establecen los factores de subsidio para los estratos 1 y 2, y los factores de aporte solidario para los estratos 5, 6, industrial y comercial en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para el Distrito de Cartagena”.

Antes de dar lectura a un pronunciamiento de la mesa directiva sobre una recusación en su contra, los concejales Rodrigo Reyes(Conservador), Gloria Estrada (Liberal), Luis Cassiani (Cambio Radical), y Carolina Lozano (ASI) se retiraron de la plenaria por estar impedidos o recusados para temas de Contraloría.

En el documento los integrantes de la mesa directiva (concejales Wilson Toncel, Liliana Suárez y Hernando Piña) rechazan la recusación en su contra presentada por el ciudadano Pedro Orozco, quien consideró que se encontraban en conflicto de intereses por la presunta existencia de un proceso fiscal sobre la convocatoria de elección de contralor.

El oficio señala que Orozco no especificó cuál es el proceso del que debe apartarse la mesa directiva y se aclara que existe conflicto de intereses en tanto haya un conflicto o litigio, pero no existe proceso de este tipo entre la mesa y la Contraloría. 

Además, se menciona que la mesa directiva debe iniciar el trámite contractual para escoger la institución pública que apoyará en el proceso de elección de contralor, pero este trámite es administrativo y no político. El oficio destaca que la mesa directiva no cuenta con un superior jerárquico, por lo tanto, quien debe pronunciarse sobre esta recusación es la Procuraduría Regional de Bolívar y no la plenaria.

En referencia al oficio leído, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) expresó que algunos concejales tienen dudas sobre el superior jerárquico de la mesa directiva y dio lectura a un concepto de Función Pública del que se desprende que los Concejos no tienen superior jerárquico, sino que sus actuaciones deben basarse en el reglamento interno, y allí se establece que para las recusaciones es la plenaria quien debe tomar decisiones. Ante la disparidad de conceptos, Julio pidió a la mesa directiva no tomar decisiones hasta que se obtenga el concepto de Función Pública al respecto.

Seguidamente, se dio lectura a lo siguiente:

  • Documento donde los concejales Lewis Montero (La U) y Luis Cassiani (Cambio Radical) rechazan la recusación en su contra presentada por el ciudadano Pedro Orozco, quien consideró que por la existencia de un proceso penal los concejales estarían en conflicto de intereses, sin embargo, Cassiani y Montero expresan que no se encuentran inmersos en una causal de conflicto de intereses para participar en el proceso de elección de contralor.
  • Pronunciamiento del contralor (e) Rafael Castillo sobre la solicitud de revocatoria directa a la Resolución 205 de 2021. Castillo presentó un recurso de reposición, en subsidio de apelación a la decisión de dar trámite a la revocatoria, pidió aclarar la norma que regula dicho trámite y los términos para dar respuesta. En ese sentido, requirió 45 días para dar estudio a la solicitud de revocatoria. 

Para determinar cuál sería el trámite para el oficio enviado por Castillo, se declaró un receso que duró 16 minutos. Al retomar la sesión, la asesora jurídica del Concejo, Tatiana Romero, explicó que las actuaciones relacionadas con la revocatoria directa se encuentran suspendidas hasta resolverse la recusación contra la mesa directiva en lo referido a la convocatoria. En ese sentido, lo procedente sería que Secretaría General informe al contralor (e) sobre la suspensión.

Finalmente, fueron leídos los siguientes documentos:

  • Oficio donde el EPA invita al Concejo a la socialización de los avances del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático.
  • Resolución 207 del 2021 por la cual se modifica el Art. 23 de la Resolución 128 del 2021 donde se estipula el cronograma para la elección de Secretario General del año 2022. El nuevo cronograma establece que las entrevistas y publicación de lista de elegibles serán el 25 de noviembre y la elección se dará el 30 de noviembre. 

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 24 de noviembre de 2021; a las 9:30 a.m.

AUDIENCIA PÚBLICA

  • Proyecto de Acuerdo 112 “por el cual se autoriza al alcalde mayor de Cartagena de Indias para realizar una operación de crédito público, como fuente de financiación al programa de inversiones del Plan de Desarrollo 2020-2023, salvemos juntos a Cartagena ¡por una Cartagena libre y resiliente!”.

Esta audiencia no contó con participación ciudadana. La Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, explicó que el objetivo del crédito es financiar algunos proyectos de inversión contenidos en el Plan de Desarrollo, toda vez que se requieren recursos frescos de manera inmediata para adelantar los procesos contractuales respectivos. La funcionaria indicó que la distribución de recursos sería la siguiente:

De acuerdo con la información mostrada, el crédito por $120.145.012.763 tendría un plazo de 10 años y un periodo de gracia de 2 años. Villalba manifestó que el Distrito cuenta con capacidad para asumir este endeudamiento, cumplen los indicadores de solvencia y sostenibilidad, y la calificación de riesgo es de AA-.

A continuación, se dieron las intervenciones de los siguientes funcionarios:

  • La directora del PES, Cielo Blanco, dio a conocer que piden autorización de $20 mil millones para ejecutar el programa “habitabilidad para la superación de la pobreza”, en lo referente a construcción de 2.450 mejoramientos de viviendas (baños) con un estimado de $8.141.103 por intervención. 
  • El Secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, indicó que el objetivo es pavimentar vías y cumplir con acciones populares pendientes, por lo tanto, se intervendrán 17,6 kilómetros carril. En la localidad 1 se invertirían $21 mil millones, en la localidad 2 serían $5 mil millones, y en la localidad 3 serán $12 mil millones. Algunos de los barrios priorizados son: San Bernardo, Pozón, Villa Estrella, Ternera, El Educador, etc.
  • La gerente de Transcaribe, María Claudia Peñas, explicó que para cumplir con la chatarrización de buses y aumentar la demanda de Transcaribe se cuenta con el Fondo Unificado de Desintegración y Operación, el cual es alimentado por aportes de los operadores Sotramac, Transambiental y Transcaribe operador. Por lo tanto, la solicitud por $20 mil millones será para cumplir con el tercer aporte de Transcaribe operador, que está pendiente desde 2018. Con los recursos mencionados se chatarrizarían 100 buses.
  • La Secretaria de Educación, Olga Acosta, informó que de 206 sedes educativas públicas, solo 47 cumplen la norma de calidad en infraestructura educativa; además, existe un déficit de 25 colegios, y solo 67% de las instituciones pudo regresar a la presencialidad, debido a las condiciones físicas de los planteles. Frente a esto, se pide autorización por $40 mil millones para intervenir 43.052 men 19 sedes educativas como IE Antonia Santos, Fernández Baena, Tierra Bomba, Santa María, etc.

Los concejales Rodrigo Reyes (Conservador), Javier Julio (Coalición Alternativa), Óscar Marín (Conservador), Luder Ariza (Alianza Verde) y Sergio Mendoza (Alianza Verde) cuestionaron la conveniencia del Proyecto debido al momento electoral actual, la Ley de Garantías y la cercanía de las próximas elecciones, teniendo en cuenta que el hijo del alcalde Dau y personas afines a la Administración se inscribieron formalmente para las elecciones de Cámara de Representantes con el movimiento  político “Fuera los malandrines”. 

Para los cabildantes preocupa la presunta participación en política del alcalde y que los recursos puedan ser usados para financiar la campaña del movimiento mencionado. Como alternativa, los concejales solicitaron conocer cómo va la ejecución presupuestal de este año y cuántos recursos están disponibles, lo anterior considerando que en la vigencia 2020 quedaron $216 mil millones sin ejecutar y si este año la cifra es similar, superaría la petición del Proyecto 112. 

Los concejales coincidieron en que la ciudad sí necesita las obras propuestas en el Proyecto, e indicaron que la iniciativa podría volver a presentarse luego de la época electoral. 

El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) también expresó que varias de las personas inscritas por la lista del movimiento “Fuera los malandrines” han estado contractualmente vinculados a la Alcaldía de Dau, y considera que al aprobar el préstamo podría estarse beneficiando a esta lista.

Igualmente, el concejal Óscar Marín (Conservador) manifestó que, si no existiera este movimiento político relacionado con el alcalde, el Proyecto de Acuerdo saldría adelante.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar. 

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