Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 10 de julio de 2019.
Hora de inicio: 9:06 a.m.
Hora de finalización: 10:18 a.m.
Para esta sesión del Concejo de Cartagena estaba programado un debate de control político sobre protección animal, sin embargo, no fue incluido en el orden del día. Iniciada la sesión, se dio lectura a un oficio enviado por la Contraloría en el que se remite copia de las auditorías efectuadas al Fondo de Pensiones, IPCC, DADIS, y Escuela de Gobierno durante las vigencias 2017 y 2018.
A continuación, se aprobó una proposición presentada por el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) para que el 23 de julio la Secretaría de Infraestructura, EPA, Oficina de Servicios Públicos, alcaldes locales y Promoambiental informen sobre la ejecución, cronograma y plan de trabajo para darle cumplimiento a las Resoluciones 4440 y 4793 de 2019 por las cuales se establece la actividad de limpieza y disposición final de los residuos sólidos existentes en los canales de aguas lluvias.
Barrios indicó que la comunidad debe conocer cómo se desarrollarán estas obras y convertirse en los principales veedores, además, deben verificarse los controles ambientales y el cumplimiento contractual.
Al respecto, el concejal Javier Curi (Liberal) señaló que uno de los artículos de las resoluciones contempla la posibilidad de incluir otros caños que no están en el documento, sin embargo, considera debe informarse si hay recursos suficientes e insistió en la importancia de tener en cuenta los canales Ricaurte y de la Bomba del Tigre.
Posteriormente, el concejal Óscar Marín (Conservador) se refirió al censo 2018 que arrojó una población en Cartagena de 887 mil habitantes y dio a conocer que, según la entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) en el Distrito hay 534 mil afiliados al régimen contributivo y 617 mil en el régimen subsidiado, lo que suma 1.151.0000 afiliados.
Para Marín solo con este ejercicio se sobrepasan los resultados del DANE, por lo que es necesario solicitar una revisión del censo.
El concejal Javier Curi (Liberal) mencionó que en la ciudad hay 700 mil personas con capacidad de votar en las próximas elecciones y considera que este es otro factor a analizar pues el censo efectuado tuvo fallas presupuestales y técnicas que arrojaron cifras que no se ajustan a la realidad.
El primer vicepresidente, César Pión, informó que la mesa directiva solicitará un análisis jurídico para determinar si es posible controvertir los resultados o iniciar acciones populares.
Para la concejal Duvinia Torres (La U) hay muchos intereses en juego y se está evitando una correcta descentralización nacional, teniendo en cuenta que un millón de habitantes permitirían a Cartagena contar con mayores transferencias de recursos y manejo de la sobretasa medioambiental.
La cabildante expresó que el Distrito necesita estrategias propias para verificar la población, como anexar a toda la ciudadanía en el SISBEN y habilitar un punto para que quienes no fueron censados puedan dar su testimonio, ya que muchas zonas no fueron censadas. Torres hizo un llamado al Gobierno Nacional a tener mayor compromiso por Cartagena.
La concejal Angélica Hodeg manifestó su inconformidad con las cifras presentadas por el DANE, sin embargo, señaló que esta entidad solicitó tiempo para ubicar a 4 millones de colombianos que no fueron censados y es posible que con esto se incrementen los resultados de Cartagena.
Por otro lado, Hodeg se refirió a un vídeo grabado en Puerto Mamonal donde se evidencia la contaminación causada a la Bahía por arrojar restos de carbón; la concejal señaló que Puerto Mamonal debe ser sancionado y aunque esto corresponde a la ANLA solicitó al EPA realizar el seguimiento respectivo.
En ese sentido, el concejal David Caballero (Conservador) indicó que esta es una práctica común en los puertos y se mostró de acuerdo con lo expresado por Hodeg.
En cuanto a los resultados del DANE, Caballero señaló que son datos incorrectos y que se contradicen con las predicciones efectuadas por el mismo Departamento; además, dio a conocer que el alcalde envió una carta solicitando la revisión de los resultados, por lo que propuso que la Corporación también eleve formalmente su posición al respecto.
El concejal Ronald Fortich (Cartagena con Firmas) expresó que esta es una estrategia del Gobierno y es un tema de la destinación de recursos que se ha delimitado para cada región y considera que es un debate profundo que vincula una grave problemática de descentralización y amerita la participación de los congresistas.
A continuación, se aprobó una proposición del concejal César Pión (La U) en la que solicita al DANE, Corvivienda y DADIS la certificación de información que permitirá iniciar acciones concretas contra los resultados del censo.
Para el concejal Óscar Marín (Conservador) es posible que a través de una tutela se pida una revisión del censo ya que se desconoce la existencia de un grupo de habitantes y se vulneran sus derechos al no reconocer los recursos necesarios para atender a esta población a través de programas sociales.
Finalmente, los concejales César Pión (La U) y Duvinia Torres (La U) hicieron un llamado a sus colegas ante las ausencias durante las sesiones y propusieron llamar a lista al final de la sesión y no cancelar honorarios a quienes se retiren del recinto, o establecer pagos acordes con el tiempo de permanencia en las sesiones.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el jueves 11 de julio de 2019; a las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Institución Educativa Rafael Núñez.
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.
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