Bitácora del Concejo Distrital, 2 de marzo de 2018.
Hora de inicio: 9:08 a.m.
Hora de finalización: 11:57 a.m.
Iniciado el orden del día, el Secretario General dio lectura a los siguientes documentos:
- Proyecto de Acuerdo enviado por la Administración Distrital “Por medio del cual se efectúa una incorporación en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales, apropiaciones de funcionamiento y de servicio de la deuda del distrito de Cartagena para la vigencia fiscal 2018, y se dictan otras disposiciones”.
- Oficio enviado por el SUDEB en el cual solicita al alcalde declarar emergencia educativa en el Distrito, teniendo en cuenta factores como la ausencia de presupuesto adecuado para el PAE, el “limbo” jurídico en el que se encuentra la vigilancia de las instituciones educativas, el delicado estado de la infraestructura física de varias instituciones, la disminución de la matrícula oficial.
- Comunicación enviada por el SUDEB en donde expresa la importancia de que el Concejo realice sesiones especiales de control político para abordar la grave crisis de la educación de la ciudad.
Sobre la solicitud realizada por el SUDEB, el concejal César Pión (La U) considera que la situación amerita una reunión con los asesores jurídicos de la Administración para abordar la petición de declaratorias de emergencia.
Posteriormente, se dio lectura a una proposición presentada por la bancada de La U y la Comisión del Plan mediante la cual citan a los titulares de la Secretaría de Planeación, de Espacio Público, Control Urbano, Edurbe, entre otros, para que se socialice todo lo relacionado con el POT y el PEMP, entre ello cronogramas, interventores y estado de avance.
Por otra parte, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) informó que en días pasados algunos miembros de la comisión del Plan se reunieron con Corpoturismo, representantes de la DIMAR, la Base Naval y Asonáutica; en esta reunión, Corpoturismo informó sobre una solicitud que presentaron a la DIMAR con el fin de realizar una concesión que permitiera ampliar el muelle de La Bodeguita, sin embargo los nativos de Tierra Bomba y otras islas cercanas se oponen al proyecto, así como la Base Naval y el Centro de Convenciones.
El concejal también manifestó que actualmente Corpoturismo no cuenta con licencia para prestar servicio de muelle o embarcadero, además fue multada por aproximadamente $200 millones, y no cuenta con un Plan de Movilidad, factores que dificultan la ejecución de la ampliación solicitada.
Sin embargo, Guerra considera importante que el Concejo apoye a Corpoturismo, pues existe la necesidad de mejorar en la prestación del servicio, no obstante, resaltó que el muelle de la Bodeguita no es el lugar apropiado para una ampliación, por lo que sugiere analizar alternativas en la Ciénega de La Virgen, la Laguna de San Lázaro, u otros cuerpos de agua.
Al respecto, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) manifestó su preocupación por la inexistencia de muelles públicos en la ciudad. Para el cabildante la Administración ha sido inoperante en este sentido, pues es necesario que las autoridades analicen la opción de construir un muelle que no sea de uso turístico y al cual la comunidad pueda tener acceso de forma gratuita y organizada.
En ese sentido, el concejal Javier Curi (Liberal) recordó que hace algunos años se formuló el Plan Sectorial de Turismo, y sin embargo no se han ejecutado ninguno de los 28 proyectos planteados en dicho documento. Teniendo en cuenta que el turismo es un motor de desarrollo para la ciudad, Curi insistió en la relevancia de que el turismo y las ganancias que genera no se concentren únicamente en privados o en unas pocas manos, pues es una actividad que cuenta con la capacidad de aportar bienestar para todos los cartageneros.
Para el concejal César Pión (La U) la ciudad requiere la creación de una Secretaría de Turismo y la ejecución del Plan Sectorial de Turismo, pues son alternativas que podrían optimizar el servicio, igualmente, mencionó que el turismo ha pasado en gran medida a monopolios y grandes empresas, dejando de lado los prestadores de servicio locales como las chivas. Por lo anterior, el cabildante sugirió realizar un debate en el cual se aborde el turismo de manera integral.
Por otra parte, el concejal Américo Mendoza (ASI) presentó una proposición mediante la cual cita al Secretario de Educación Jaime Hernández, para que informe acerca de la asignación presupuestal del sector educativo para 2018; las cifras consolidadas de la población matriculada en instituciones pública, la contratada y el plan becario que se realiza con las instituciones privadas; el estado actual de la infraestructura educativa; entre otros temas. Esta proposición fue aprobada por la Corporación.
Seguidamente, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) solicitó a la plenaria declararse en sesión informal para permitir la intervención de dos representantes del Sindicato Único de Educadores de Bolívar (SUDEB). De la misma forma, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) solicitó sesión informal para escuchar al ciudadano José Iglesias.
Antes de iniciar la sesión informal, el concejal David Dáger (Liberal) hizo referencia a la importancia de agendar un debate de control político donde se aborde la situación del edificio Aquarela pues son cerca de 700 familias las damnificadas, y además las arcas del Distrito podrían verse gravemente afectadas en caso de una demanda, pues la obra contaba con las licencias necesarias las cuales fueron expedidas por la curaduría urbana.
A continuación, tomó la palabra Pedro Herrera, representante del SUDEB, quien manifestó su preocupación por la grave crisis educativa que atraviesa la ciudad. Herrera señaló que hasta la fecha no hay una posibilidad concreta de que cientos de niños accedan al Programa de Alimentación Escolar pues aun no es clara la disponibilidad de recursos.
El ciudadano también se refirió a la deficiente infraestructura educativa que presentan muchos planteles educativos, circunstancia que dificulta un proceso educativo integral; así mismo manifestó que los inconvenientes que han surgido en torno a la vigilancia han causado un sentimiento de inseguridad latente en las instituciones. Como representante del SUDEB, Herrera informó que, pese a las múltiples solicitudes presentadas al actual alcalde, este ha hecho caso omiso a las situaciones planteadas por lo que hasta el momento no ha sido posible concretar soluciones profundas.
Frente a esta intervención, el concejal David Dáger (Liberal) reiteró la urgencia de abordar el tema de la educación en un debate de control político, además expuso sus inquietudes sobre el PAE, la vigilancia e infraestructura educativa, resaltando los siguientes puntos:
- La Administración debe informar cuáles son los motivos por los cuales la Procuraduría General solicitó modificaciones al pliego de la licitación correspondiente a la vigilancia de las instituciones educativas.
- Debe aclararse bajo qué forma están actualmente los vigilantes prestando sus servicios, teniendo en cuenta que no hay un contrato, motivo por el cual debe conocerse quién y cómo se hará cargo del pago de sueldos por el mes de servicio prestado. Además, resaltó que si a estos vigilantes se les está garantizando la vinculación en la nueva empresa se podría estar incurriendo en manipulación del nuevo operador.
- Sobre infraestructura educativa, el concejal recordó que mediante Acuerdo Distrital se estableció que los recursos de educación solo podrían ser manejados por la Secretaría de Educación, por este motivo, el cabildante solicita explicaciones sobre el convenio firmado por aproximadamente 5 mil millones con EDURBE para la adecuación de escuelas públicas.
- En cuanto al PAE, Dáger lamentó la situación de este programa y expresó que de ganar la licitación un mayorista con cocinas industrializadas, serán muchas las mujeres que perderán sus empleos como manipuladoras de alimentos, razón por la cual hace un llamado para dar valor no solo al costo económico sino al costo social.
En el mismo sentido, el concejal Erich Piña (Liberal) manifestó que durante esta Administración la clase trabajadora de la ciudad se ha visto perjudicada; con la situación de la vigilancia actualmente hay 1200 cartageneros sin empleo, y si se le adiciona las manipuladoras de alimentos mencionadas por el concejal Dáger, son cerca de 2 mil los ciudadanos que perderían su empleo.
A su turno, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) señaló que en la prensa local se reportó que en el acuerdo al que se llegó con los vigilantes para que continuarán prestando el servicio, se les aseguró que habría una bonificación de $500 mil pesos, y teniendo en cuenta que son 1200 vigilantes, se necesitarían miles de millones de pesos para cubrir dichas bonificaciones. Frente a esto, el concejal considera que la Administración debe informar de donde saldrán esos recursos.
Posteriormente, se le dio la palabra a Denys Puertas, representante del SUDEB, quien se refirió a la vigilancia de las instituciones educativas y manifestó que anteriormente existía una planta de cargos pagada por el Estado que abarcaba vigilantes, aseadores y secretarías, lo cual aseguraba el servicio durante los 12 meses del año, evitando la actual problemática. También indicó que el Distrito no cuenta con las condiciones necesarias para aplicar la jornada única, por lo que considera que esta medida debe ser revisada. Por último, reiteró que el sindicato está a la espera de una declaratoria de emergencia del sector educativo.
Por otra parte, intervino el ciudadano José Iglesias, quien denunció algunas irregularidades que se presentan en el DATT, teniendo en cuenta que luego de que su vehículo fuera inmovilizado conoció que el pago por el servicio de parqueadero lo continúa facturando el consorcio Circulemos, muy a pesar de que el contrato con esta empresa se venció en diciembre de 2017; por este motivo, Iglesias hace un llamado de atención a las autoridades competentes para esclarecer la situación.
El concejal Rodrigo Reyes (Conservador) anunció que en los próximos días presentará una proposición para que la Administración de cuentas del motivo por el cual Circulemos continúa operando a pesar de la finalización del contrato.
En la sesión informal también participó Hernán González, representante del Sindicato de Vigilantes, quien manifestó que en un acto de buena fe 1200 vigilantes continúan prestando el servicio sin un contrato oficial, pues realizaron un pacto verbal con el Secretario de Educación; por esto, el sindicato solicita que estas 1200 personas sean contratadas en la empresa que gane la licitación que al parecer iniciará el día 5 de marzo.
Ante esto, el concejal Édgar Mendoza (Conservador) solicitó que se traslade la denuncia realizada por Hernán González a la Fiscalía y a la Procuraduría, pues prestar un servicio público sin la existencia de un contrato estatal es una manifestación grave que atenta contra la norma disciplinaria y el estatuto de la contratación pública. Debido a esta solicitud, el presidente de la Corporación solicitó a la Secretaría General enviar el acta del día de hoy a los entes de control.
Así mismo, el concejal Javier Curi (Liberal) expresó estar dispuesto a apoyar a los vigilantes a conformar una cooperativa en la que puedan formalizarse y competir por ganar las licitaciones sin necesidad de un tercero, teniendo en cuenta que este modelo de formalización logró estimular la fuerza laboral local en otros sectores.
Finalmente la concejal Judith Díaz (Cartagena Confirma), como integrante de la mesa directiva, anunció el cronograma de debates de control político; las fechas y temas serán los siguientes:
- Lunes 12 de marzo: Educación.
- Martes 13 de marzo: Tránsito y transporte.
- Miércoles 14 de marzo: Protección costera.
- Jueves 15 de marzo: Damnificados San Francisco.
- Viernes 16 de marzo: POT y PEMP.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el día sábado 4 de marzo a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Ver sesión aquí: https://www.youtube.com/watch?v=EIUQQ5A2yyY
Escrito por Diana Infante Del Rio, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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