Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 21 de noviembre de 2022
Hora de Inicio: 9:02 a.m.
Hora de finalización: 1:04 p.m.
En esta sesión del concejo Distrital de Cartagena se realizó el debate de control político a EPA. Edurbe, Oficina Jurídica, Gestión del Riesgo, Secretarías de Planeación, Infraestructura y se invita a Capitanía de Puerto, Cardique, Curadores urbanos 1 y 2, Alcaldes Locales, entre otros, para tratar el tema de permisos para proyectos urbanísticos sobre el corredor de Marbella, a su vez, indicadores de avance del Ecobloque y afectaciones por la ola invernal y cuerpos de agua.
Iniciado el orden del día, el concejal citante César Pión (La U) agregó que este es un debate de Control Político que se ha solicitado desde hace tiempo, por lo anterior pidió que se revisen actos administrativos desde hace más de 10 años, lo anterior justificado en la importancia de lo ambiental en la calidad de vida. Agregó que en la ciudad se habla de corrupción de la clase política, sin embargo, se menciona en los corrillos políticos que hay funcionarios solicitando dineros para permitir las construcciones, especialmente en el EPA con sus trámites de desarrollo urbano.
Agregó que, en Cartagena, la entrega de permisos para construcción ha sido “culebrera”, tomando por ejemplo la Sociedad Eléctrica S.A.S. a la cual no se le ha otorgado un permiso por el EPA, mientras que a otros proyectos sí, lo cual genera inseguridad jurídica en el gremio de la construcción. Detalló que Edurbe vende lotes con especificaciones y una vez vendidos resulta que tienen limitaciones por Cardique para realizar obras. Seguido, por proposición del Concejal Pión se declaró sesión informal donde dieron las siguientes intervenciones:
- El representante del proyecto “Vento Cabrero”, Juan Camilo Correa, hizo saber que hace mas de 2 años, de manera sistemática, el EPA les ha bloqueado el proceso de construcción con requerimientos que pasan por encima de las normas y leyes. Lo anterior a pesar que la constructora tiene todos los permisos, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental, el cual fue otorgado por la misma entidad.
- María Alexandra Morales, representante de Camacol dijo estar de acuerdo con la intervención anterior y que este sector se está viendo afectado. Del proyecto, informó que la DIMAR hizo saber que esta zona donde se construye no es terreno de bajamar, sin embargo, el EPA no levanta la medida de suspensión de construcción.
- Eugenio Salcedo, dueño de la Sociedad Eléctrica S.A.S, mencionó que por unas deudas que tenía Edurbe con su empresa desde el año 2009, esta empresa mediante dación en pago le otorgó un lote en el barrio El Cabrero. El lote en cuestión es donde se pretende desarrollar el proyecto de vivienda «Vento Cabrero». Agregó que la curaduría y Edurbe otorgaron los permisos para construir, mientras que el EPA no, por lo que manifestó no entender la posición del Distrito.
Por su parte, la Directora (e) del EPA, Denise Moreno, resaltó que las licencias de construcción para estructuras colindantes a cuerpos de agua deben ser otorgadas por el EPA, la cual responde por un compromiso con lo ambiental, por otro lado, se hizo un análisis técnico y jurídico, explicando que la certificación leída por el ciudadano Salcedo, no fue expedida por una autoridad ambiental. Agregó que los permisos del EPA son en perímetro urbano, en otros aspectos como cuerpos de agua y fuera del perímetro urbano es Cardique.
Agregó que en una visita a la obra se detectó una posible afectación al manejo del mangle alrededor de la franja paralela y que, por esa razón, se decidió suspender la obra. Añadió que la medida no se ha levantado porque han continuado las condiciones en el mangle, pero que lo anterior no revoca el permiso de manejo ambiental.
Ante una pregunta del concejal Pión, el funcionario Roberto Parra de Edurbe hizo saber que esta empresa no expidió un certificado ambiental sino sobre el mantenimiento de la ronda hídrica, lo cual se encuentra establecido dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Ante la declaración de afectaciones al mangle, el representante del Proyecto Correa detalló que esta fue provocada por pescadores de la zona que nada tiene que ver con constructora.
También argumentó que hay una persecución por parte del EPA y que quien profirió la suspensión fue un técnico enviado por la oficina jurídica de dicho establecimiento público, quien no tendría facultades para realizar tal acción, además, al momento de la suspensión, manifestó que “tenía que hacerlo” ya que era una orden, lo anterior conociendo que la obra contaba con todos los requerimientos.
Por su parte, la directora Moreno aclaró que el técnico sí es servidor publico por tener contrato de prestación de servicios, el cual sirve de apoyo ante la falta de cargos en la dependencia y que las actas de visita que ellos elaboran sirven como soporte para los conceptos técnicos del EPA que sí son suscrito por servidores públicos.
El concejal César Pión (La U) informó que existen audios y videos donde funcionarios mencionan al constructor que “así no le guste, si usted me evade este punto de la norma, yo tengo de donde agarrarlo por otro punto”, los cuales deberían ser enviados a los entes de control y que se sepa la verdad sobre esta obra. Por otro lado, mostró su inconformismo toda vez que el EPA no ha enviado la documentación para el debate en medio físico.
El concejal Lewis Montero (La U) cuestionó que la Administración esté dando como dación en pago lotes en los que no se puedan realizar construcciones, a su vez, aprovechó para recordar que en una próxima vigencia se hará debate sobre La Bocana y del Emisario Submarino. La concejal Carolina Lozano (ASI) expresó su preocupación por los procesos que lleva el EPA y que funcionarios con ordenes de prestaciones de servicio tengan autoridad ambiental que sí debe tener un funcionario de planta.
Seguido, el Subdirector de planeación de Cardique, Cristian Cañón, realizó aclaraciones sobre las áreas de protección y cómo son definidas. Para el caso de las existentes en Cartagena, están cobijadas para la Resolución 0622 de 2021, sin embargo, esta se encuentra suspendida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Detalló que las fajas paralelas de los cuerpos de agua pueden ir desde 0 a 30 metros y está definida en la guía técnica para acotamiento de las rondas hídricas de la Resolución 957 de 2008.
Roberto Parra de Edurbe, señaló que la competencia que se tiene con los cuerpos de agua se da bajo el Acuerdo 02 de 2003 expedido por el Concejo Distrital en el que se dictan normas relativas a la recuperación sanitaria del sistema de caños y lagunas internos de la ciudad. Sobre el predio, detalló que es una zona de tratamiento especial y que fue enajenado en buena forma, además cuenta con certificado de la DIMAR de que no está en zona de bajamar.
Por parte de la Personería, Limido Mendívil, recordó que dentro de las funciones misionales tiene la de la defensa jurídica y para desarrollar investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos que desatienden el ordenamiento jurídico, agregó que las autoridades ambientales tienen la potestad de tomar decisiones técnicas y que dicha autoridad es el EPA. A ello, expresó preocupación por las eventuales afectaciones que tendrían los involucrados en el proyecto.
La funcionaria Sandy Lian de la Personería, mencionó que las investigaciones en la personería no están concluidas y detalló que las construcciones en esta zona no se rigen por el POT sino por el Acuerdo 046 de 1994, y que este edificio cumple con los requerimientos allí establecidos.
El concejal César Pión (La U) manifestó sentirse inconforme con la intervención de Mendívil, pues asume que la Personería ya ha tomado posición al respecto dándole la razón al EPA.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el martes 22 de noviembre de 2022; a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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