El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 21 de julio del 2026
Hora de Inicio: 9:49 a.m.
Hora de finalización: 12:23 a.m.
En esta sesión plenaria de la Asamblea Departamental de Bolívar estaban programadas dos socializaciones de proyectos de ordenanza y la rendición de dos informes de gestión. En el punto de comunicaciones, se leyó un oficio mediante el cual se solicitó el aplazamiento de la citación a rendir informe de gestión y ejecución de la Secretaría de Planeación debido a inconvenientes técnicos en la plataforma que generaron una exportación errónea de datos, los cuales se encuentran en proceso de corrección.
Iniciado el orden del día, se dio paso a la socialización de las modificaciones al Proyecto de Ordenanza «Por medio de la cual se autoriza al gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales, destinadas a financiar proyectos de inversión del Plan de Desarrollo “Bolívar Me Enamora”, 2024-2027 y se dictan otras disposiciones». La modificación obedece a la adición de un cuarto proyecto de inversión correspondiente a la optimización del circuito hidráulico en el sector Gloria del municipio de San Jacinto y la optimización del Acueducto Regional San Juan – San Jacinto por valor de $9.500 millones (100% asignado a la vigencia futura 2027) financiado con SGP APSB 2026 e ICLD en 2027. Con esta adición, la iniciativa contempla cuatro proyectos de inversión por un valor total de $25.847.851.746, distribuidos en $1.339.140.698 para la vigencia 2026 y $24.508.711.048 como vigencia futura para 2027.
Los tres proyectos previamente contemplados corresponden a la interventoría del Comando de Policía de Bolívar (DEBOL – Fase I) a un plazo de 17 meses por $3.347.851.746 ($1.339.140.698 en 2026 y $2.008.711.048 en 2027 con recursos de la Nación – Ministerio del Interior mediante el Convenio 1892 de 2022); el mejoramiento de la variante al corregimiento de San Andrés del Río en el municipio de Córdoba a un plazo de 12 meses por $8.500 millones (100% asignado a la vigencia futura 2027 con recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación); y el mejoramiento de la variante Santa Rosa y del acceso al puente Catalino Parra para la integración vial de Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao de Kostka a un plazo de 12 meses por $4.500 millones (100% asignado a la vigencia futura 2027 con ICLD).
Frente a la iniciativa, el diputado Jorge Rodríguez (La U) mencionó que la capacidad de endeudamiento está muy limitada actualmente, por lo que solicitó a la Comisión de Hacienda estudiar rigurosamente estas vigencias y requirió a la Secretaría de Hacienda remitir la relación con las vigencias próximas para racionalizar el gasto de cara a la definición del próximo presupuesto. Seguido, la presidenta de la Corporación, Sofía Ricardo, fijó el segundo debate de este proyecto para el martes 28 de julio.
Terminada la primera socialización, se continuó con la presentación del Proyecto de Ordenanza «Por medio de la cual se reorientan rentas de destinación específica no constitucional, con el objetivo de financiar los gastos necesarios para atender la emergencia y calamidad decretada en el departamento de Bolívar, conforme con lo establecido en el decreto nacional 243 de 2026». Durante la sustentación, el director de la OGRD Bolívar, Daniel Franco, explicó que esta inversión obedece a situaciones extraordinarias hidrometeorológicas intensificadas por el frente frío que azotó a varios municipios del departamento, generando graves inundaciones y afectaciones a la agricultura, infraestructura hospitalaria, educativa, de saneamiento básico, viviendas y población general.
Por su parte, la jefa de presupuesto de la Gobernación de Bolívar, María Pérez, explicó que se busca reorientar de manera excepcional, temporal y transitoria las rentas de destinación específica de origen legal departamental aprobadas en el presupuesto 2026 por un monto de $6.000 millones, procedentes de recursos excedentes pro electrificación rural y de contribución especial.
Continuando con el orden del día, procedió la presentación del informe de gestión y ejecución correspondiente al periodo enero a junio de 2026 por parte de la Secretaría de Hacienda. En primer lugar, el jefe de ingresos de la Gobernación de Bolívar, Gerardo Rodríguez, expuso que durante el primer semestre se alcanzó un recaudo acumulado de $413 mil millones, registrando un crecimiento del 16,3% y un cumplimiento de la meta presupuestal del 108% frente al presupuesto estimado de $384 mil millones. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), que aumentaron un 8,5%, y por los Ingresos Corrientes de Destinación Específica (ICDE), que crecieron un 44%, compensando la reducción del 5% ($211 millones) en otros ingresos.
Los mayores incrementos provinieron del impuesto al consumo de cerveza ($15 mil millones), impuesto sobre vehículos automotores ($7 mil millones) e impuesto de registro ($2 mil millones); en contraste, disminuyeron los ingresos por participación en licores nacionales en un 9%, licores extranjeros en un 18% y vinos nacionales en un 20%. En los ICDE, el recaudo aumentó de $79.461 millones a $114.530 millones, sobresaliendo las estampillas con un crecimiento del 45%, la contribución especial de obra pública con un incremento del 148% y la tasa prodeporte y recreación con un 91%.
Frente a las cifras expuestas, el diputado Zaith Adechine (Movimiento Salvación Nacional) mencionó que los valores presentados corresponden a términos nominales y no consideran la inflación, por lo que los resultados reales son más bajos, al tiempo que enfatizó la necesidad de fortalecer los incentivos para que los bolivarenses matriculen sus vehículos en el departamento. Paralelamente, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) comentó que, aunque las cifras muestran una mejoría en las rentas, el presupuesto proyectado no corresponde al recaudo del primer semestre, dejando un déficit de $34 mil millones.
En respuesta, Gerardo Rodríguez aclaró que el cálculo realizado por el diputado es erróneo dado que las cifras corresponden a la evolución acumulada del semestre, imposibilitando un déficit cuando la meta registra un cumplimiento del 108%. Tras una interpelación de Mendoza sustentando la existencia del déficit, la secretaria de hacienda departamental, Lanny Quintero, aclaró que dicha afirmación es apresurada considerando que los valores traídos a la presentación no abarcan la totalidad del presupuesto anual aprobado por la Corporación, al existir ingresos por fuera de la secretaría que integran el presupuesto general de la Gobernación.
Seguido, Pérez presentó que el presupuesto departamental tuvo una apropiación definitiva de $3 billones, con una ejecución de ingresos al 30 de junio de $1,187 billones (38%) y una ejecución de gastos de $1,360 billones (43%). Respecto al servicio a la deuda, se contó con una apropiación definitiva de $150 mil millones y una ejecución de $35 mil millones (23%). Asimismo, en cuanto al cumplimiento de la Ley 617 de 2000, la relación entre ICLD y gastos de funcionamiento se situó en 48,8%, margen inferior al límite legal del 55% que representa un cumplimiento favorable con una holgura de 6,2 puntos porcentuales. Finalmente, reportó que las transferencias para la Asamblea de Bolívar ascendieron a $10 mil millones y para la Contraloría a $9 mil millones, cumpliendo los límites normativos.
Ante estas precisiones, Adechine comentó que el informe aclaró las dudas expresadas y destacó que la modificación al reglamento interno permitirá a la comisión accidental validar los datos de los informes de gestión para evitar confusiones. Igualmente, Jorge Rodríguez mencionó que estos resultados reflejan la buena gestión del gobierno, aunque expuso su preocupación por las deficiencias en el sector productivo y la necesidad de brindar mayores garantías de bienestar para mejorar la productividad del territorio. En respuesta, Quintero sostuvo que impulsar las áreas productivas como la agricultura es un reto conjunto, aclarando que las cifras obedecen a los compromisos a la fecha de corte y que existen inversiones en contratación para ser financiadas.
Posteriormente, Quintero expuso la última parte del informe destacando el cumplimiento de los indicadores de responsabilidad fiscal: respecto a la Ley 358 de 1997, se alcanzó un indicador de solvencia del 6,44% y de sostenibilidad del 51,8%; mientras que en cumplimiento de la Ley 819 de 2003, se generó un superávit primario de $173 mil millones, cubriendo 5,9 veces los intereses de la deuda ($29 mil millones), superando el mínimo requerido de mayor o igual a 1. En materia presupuestal interna de la Secretaría, la apropiación definitiva fue de $235 mil millones en funcionamiento (48% de ejecución) y $150 mil millones en inversión (44% de ejecución).
Concluida la presentación, Adechine consultó sobre el estado del último crédito público aprobado de $200 mil millones y su fase de contratación, ante lo cual Quintero explicó que de dicho cupo no se ha contratado a la fecha pero se adelantan los procesos contractuales. En el punto de proposiciones y varios, Jorge Rodríguez presentó una proposición, la cual fue aprobada, para que la Secretaría de Hacienda remita un informe detallado con la relación entre vigencias futuras anteriores y próximas, con el fin de analizar la capacidad de endeudamiento del departamento antes del segundo debate del proyecto de ordenanza socializado.
Foto: El Universal
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