Procesos jurídicos contra la Gobernación de Bolívar ascienden a más de $5.8 billones

Bitácora de la Asamblea Departamental de Bolívar, 27 de octubre de 2020

SESIÓN VIRTUAL

Hora de inicio: 9:07 a.m.

Hora de finalización: 12:50 p.m.

En esta sesión de la Asamblea Departamental, se llevaron a cabo las socializaciones del proyecto de presupuesto por parte de Secretaría Privada, Secretaría General y Secretaría Jurídica. También se dio un debate de control político sobre la política pública LGBTIQ.

Una vez iniciado el orden del día, se aprobó el Acta 007 del 21 de octubre. Seguido, el diputado Hernando Padauí (Cambio Radical) presentó excusas por no asistir a la última sesión debido a motivos personales. Posteriormente, se procedió con las citaciones para socializar el Proyecto de Ordenanza de presupuesto para el año 2021, así como el avance del cumplimiento del Plan de Desarrollo por parte de la Secretaría Privada, la Secretaría General y la Secretaría Jurídica.

El Secretario Privado, Álvaro Redondo, indicó que de las 8 metas del Plan de Desarrollo que le corresponden a esta dependencia, 2 se asignaron al 2020 y se han cumplido en un 50%, lo que es equivalente a una ejecución del 12,5% de las metas del cuatrienio. 

El funcionario indicó que este año se han entregado $200 millones como apoyo para la realización del Hay Festival, $464.284.622 para la feria ANATO 2020, y $1.949 millones se destinaron al fortalecimiento interno de la gestión; a su vez, se dieron créditos a otras dependencias por un total de $6.330.830.756. En cuanto a la proyección para el 2021 indicó que se prevén 4 iniciativas con recursos de regalías y 1 proyecto con recursos PDET por un valor total de $19.415.270.779.

Redondo agregó que hay en curso 3 proyectos agrícolas con recursos PDET destinados a modelos ganaderos productivos sostenibles, fortalecimiento productivo y tecnológico de los sistemas agroforestales de cacao, y un sistema de agricultura familiar, campesina y comunitaria. El valor total de estos 3 proyectos es de $37.054.644.703.

Por último, indicó que la Secretaría Privada apoyó acciones de gestión para el COVID-19 en la que se entregaron 4.131 mercados entre corregimientos, fundaciones, líderes de Juntas de Acción Comunal y hogares de protección animal. También indicó que se apoyó la entrega de 412 kits de aseo.

A su turno, la Secretaria General, Diana Ariza, presentó los avances de las 21 metas que le corresponden en el Plan de Desarrollo, de las que 16 corresponden al 2020 y se han cumplido en 73%, lo cual es equivalente a una ejecución del 74% de las metas del cuatrienio. 

Algunos de los avances en las metas fueron: 53 nuevos servicios de atención al ciudadano en la Gobernación para personas con discapacidad, 63% de inventario físico y normalización de bienes inmuebles de la Gobernación actualizados, y fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de la Gobernación en un 90%.

El presupuesto de esta dependencia para este año fue de $133.830.290.557 de los cuales $128.681.684.349 son para funcionamiento y $5.148.606.208 para inversión. Agregó que a septiembre 30 se han ejecutado $52.816.590.424. Sobre el presupuesto para el año 2021, Ariza señaló que hay una proyección de $82.352.414.880.

Sobre la socialización, el diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) solicitó que se le expliqué por qué si se ha hecho poca inversión hay un gran avance en los resultados de las metas. También, solicitó que se amplíe la información de la destinación de los créditos mencionados. Además, mostró su preocupación por la reducción del presupuesto para los gastos de inversión. 

Para dar respuesta a las inquietudes, la Secretaria General manifestó que hay metas que no requieren de inversión sino de gestión, y por eso los grandes avances. En cuanto a la reducción de presupuesto indicó que la directriz de esta Secretaría va dirigida a la austeridad. Sobre los créditos, hizo saber que van dirigidos a las líneas de talento humano, logística e inversión.

A su turno, el Secretario Jurídico, Juan Mauricio González, destacó la modificación y actualización del reglamento del comité de conciliación, la elaboración de indicadores para el comité de conciliación, la creación de un correo electrónico exclusivo para acciones de tutela, reorganización del archivo del comité de conciliación, entre otros.

González indicó que actualmente hay 958 procesos jurídicos en curso, en los cuales las pretensiones de los demandantes suman de $5.829.018.542.510; a su vez aclaró que hay 42 procesos con alto riesgo de ser perdidos. También hizo saber que ha habido 123 fallos a favor del departamento, con lo que se han ahorrado $8.717.286.304, mientras que 10 fallos han sido en contra por un valor de $1.098.756.958. 

De acuerdo al funcionario, para la atención de estos fallos se tienen recursos de ICLD, rentas de ACPM y de estampilla Pro-Desarrollo. 

El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) solicitó ampliar información sobre las acciones concretas que mejoran la defensa jurídica departamental y sobre las fechas para el pago de conciliaciones; así mismo, preguntó cada cuánto se actualiza el cuadro de contingencias judiciales. 

Por otro lado, el diputado Miguel Cueter (Conservador) solicitó que se ampliara información sobre la deuda que se tiene con la Clínica Madre Laura.

Para dar respuesta, González indicó que se ha fortalecido la defensa jurídica del departamento a través de una articulación que posibilita la consolidación de información, facilitando así los procesos, además del fortalecimiento del equipo técnico. En cuanto a fechas de pago, hizo saber que aun es muy apresurado debido a que los procesos están detenidos por la situación de pandemia. Sobre el cuadro de contingencias, indicó que este se actualiza cada 3 meses. 

Sobre la deuda con la Clínica Madre Laura, explicó que este es un proceso que viene desde el año 2013 y en 2019 se llegó a una conciliación en la que se aprobó que se debían pagar $19.000 millones. Además, aclaró que un decreto nacional obligó a suspender el pago de sentencias judiciales durante el 2020, y los dineros que estaban destinados para estos pagos se destinaron para la atención de la pandemia. 

Continuando con el orden del día, se dio paso al debate de control político sobre la política pública de la comunidad LGBTIQ, por lo que se contó con la presencia del Secretario de Interior, Carlos Feliz Monsalve; la Secretaria de Educación, Verónica Monterrosa; y el Secretario de Salud, Álvaro González.

El diputado citante Juan Puente (La U) indicó que este debate surge de la Ordenanza 135 la cual indica que se debe presentar un informe cada 6 meses sobre los avances en la ejecución de esta política pública. Agregó que desde que se aprobó la Ordenanza solo en 2019 se le hicieron inversiones. Posteriormente se dieron las siguientes presentaciones: 

  • El Secretario de Interior, Carlos Feliz Monsalve, hizo saber que esta Secretaría es la encargada de la ejecución de esta política pública, trabajando transversalmente con el resto de las dependencias de la Gobernación, por lo que se realizó una reunión para registrar las acciones aplicadas. Agregó que a través de la Mesa Poblacional para la Diversidad Sexual e Identidad de Género se han conocido las necesidades de la población para trabajar a partir de estas.
  • La Secretaria de Víctimas y Reconciliación, Rosario Ricardo, indicó que entre los años 2018 y 2019 se realizaron 2 eventos departamentales con víctimas de la comunidad LGBTIQ con inversión de $80 millones. Agregó que hay 375 víctimas LGBTIQ registradas en Bolívar. A su vez, hizo saber que de los hechos victimizantes, el más recurrente en la comunidad LGBTIQ es el desplazamiento. Finalmente, mencionó que el Plan de Acción Territorial contempla 4 proyectos para esta población entre las que se encuentra el desarrollo de eventos deportivos, priorización psicosocial, salud integral, y asistencia técnica a municipios para la creación de una ruta de atención integral en salud con enfoque diferencial.
  • La Secretaria de Educación, Verónica Monterrosa, expresó que se ha hecho un proceso formativo a docentes y directivos sobre el respeto y derechos de las personas LGBTIQ en 180 Instituciones Educativas. También se ha garantizado un 5% de cupos a la comunidad LGBTIQ en el programa de alfabetización en convenio con la Fundación Universitaria Los Libertadores. Además, en el Plan de Desarrollo se trabajó en la articulación con políticas que garanticen sus derechos y la no discriminación.
  • El Secretario de Salud, Álvaro González, explicó que esta comunidad LGBTIQ es atendida desde las líneas de acción que promocionan la asesoría psicológica, rutas de atención de salud con enfoque diferencial, campañas de prevención y atención del VIH/SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Agregó que entre las acciones realizadas se encuentra la entrega de condones masculinos y femeninos, información a la comunidad sobre enfermedades de transmisión sexual, socialización de derechos sexuales y reproductivos, formas de acceder al sistema de salud, entre otras actividades.

Posteriormente, la diputada Sofía Ricardo (ASI) sugirió al Secretario del Interior que no se abandone esta política, la cual es muy necesaria, e hizo saber que la población LGBTIQ del norte y sur del departamento son muy distintas. Además, preguntó a la Secretaria de Educación sobre el acceso de esta población a educación superior y propuso al Secretario de Salud tener en cuenta la salud psicológica de esta población.

Para dar respuesta, Jenifer Gamarra, funcionaria de la Secretaría de Interior, indicó que se tendrá en cuenta las observaciones realizadas por la diputada Ricardo. La secretaria de Educación, Verónica Monterrosa precisó que en el Plan de Desarrollo están contemplados 10 centros de formación SENA para educación técnica, pero que en educación superior no se tienen cupos garantizados para esta comunidad debido a que el SIMAC no los clasifica como un grupo poblacional exclusivo. 

Por último, el Secretario de Salud aclaró que sí se está trabajando el tema de salud mental, autorreconocimiento, estigma y discriminación.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 28 de octubre de 2020; a las 9:00 a.m. a través de videoconferencia.

Escrito por Jesús Correa Turizo, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

Ver sesión aquí 

Funcicar
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