Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 9 de julio de 2021
Hora de inicio: 9:03 a.m.
Hora de finalización: 2:51 p.m.
En esta sesión del Concejo Distrital se presentaron los informes de gestión de la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo Distrital (OAGRD), además, se dieron las audiencias públicas a los Proyectos de Acuerdo 085 (FONSET), 086 (Traslado presupuestal), y 087 (Saneamiento Fiscal).
Iniciado el orden del día, la jefe jurídica del Distrito, Myrna Martínez, presentó su informe de gestión y algunos de los aspectos mencionados fueron los siguientes:
- El Distrito tiene 2.023 procesos judiciales activos por valor de $1.302 millones, de los cuales 727 son por nulidad y restablecimiento de derecho, 412 acciones populares, 349 reparaciones directas, etc. Las reparaciones directas son las de mayor cuantía por $665 mil millones.
- Entre 2020 y 2021 se han radicado embargos por $136 mil millones, pero solo se han aplicado embargos por $45.279.544.525. En procesos judiciales el 52% de fallos en primera instancia son a favor del Distrito y en fallos de segunda instancia el 54%.
- Algunos procesos de especial interés: 1) En el caso del edificio Aquarela se han interpuesto contra el Distrito procesos de acción popular, nulidad y reparación directa, de las cuales los dos primeros están a espera de audiencia y en la reparación directa se está aplicando una reforma a la demanda. 2) En el caso Quiroz se han presentado múltiples reparaciones directas entre las que se encuentran pensiones de invalides y se solicitó vincular a Wilfran Quiroz al proceso. 3) En el caso del barrio San Francisco, se está a la espera de incluir a 200 personas en el grupo de beneficiados por el fallo de acción popular en el que MinVivienda reconocerá el pago de $172.847.313.357.
- Respecto a las acciones de tutela, hasta mayo 15 habían recibido 1.100 tutelas, de las cuales el 55% han sido falladas a favor del Distrito. En cuanto a deudas por sentencias y conciliaciones, existen 88 procesos con un total de deuda por $60.040.041.867.
Los concejales Fernando Niño (Conservador) y Carolina Lozano (ASI) solicitaron información sobre el valor de las condenas contra el Distrito, conciliaciones y pagos de arrendamiento de inmuebles.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) manifestó su preocupación por el alto número de tutelas e hizo saber que una preocupación del Concejo es evitar que en el caso Quiroz se repita lo de San Francisco, debido al alto número de solicitudes de reparaciones directas.
Por su parte, el concejal Lewis Montero (La U) pidió conocer la posición de la Administración frente a los edificios Quiroz en los que aún hay personas habitando, teniendo en cuenta los riesgos por desplome.
La funcionaria se comprometió a dar respuesta por escrito a los concejales. En cuanto a tutelas, expresó que se está realizando un plan de contingencia junto a otras dependencias para atender las peticiones. Para pago de los subsidios de arriendo a los afectados por construcciones Quiroz, explicó que uno de los requisitos es que se hayan desalojado los edificios que se encuentran en riesgo.
Posteriormente, el director de la OAGRD presentó su informe de gestión; algunos aspectos destacados fueron:
- De los $8.144 millones con lo que cuenta la OAGRD se ejecutaron $2.445 millones hasta 15 de mayo en los programas sobre manejo de desastres, conocimiento y reducción del riesgo.
- Para 2021 la meta es inventariar 5 asentamientos en zona de alto riesgo, sin embargo, se espera inventariar 10 zonas entre las que se encuentra Nuevo Israel, Marlinda, Villa Corelca, etc.
- Para la OAGRD preocupan las embarcaciones abandonadas en la Bahía que representan un riesgo por contaminación, afectaciones a la fauna y a las actividades pesqueras, entre otras.
- Para mitigación de desastres se trabaja junto a Secretaría de Infraestructura en procesos sobre puente Las Palmas, puente de Crespo, muro de contención en el barrio La María.
- Durante el 2021 se han creado 27 nuevos comités barriales de emergencias y hay 7 en formación, lo que ha facilitado la gestión de riesgo desde las comunidades.
- Sobre los subsidios de arriendo que se entregan a damnificados por olas invernales y otros eventos, se informó que ya se dio el primer pago trimestral a 1372 familias por $760 millones y el segundo pago fue a 1432 familias por $793 millones.
El concejal César Pión (La U) se mostró insatisfecho con el informe, por considerar que no hubo cuantificaciones integrales del cumplimiento en el Plan de Desarrollo. Además, advirtió la relevancia de efectuar un estudio de capacidad de carga al puente Román considerando el incremento vehicular tras el cierre del puente Las Palmas.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) llamó la atención porque en la meta para inventariar zonas de riesgo, se habló de un proceso para 10 inventarios que aún no se han dado, por lo tanto, la ejecución real es 0%; también se señalan visitas técnicas a 57 canales, pero la ciudad cuenta con 87. Así mismo, resaltó que el plan de acción tras el paso de IOTA no se ha cumplido.
Ante una intervención del concejal Carlos Barrios (Cambio Radical), el director estuvo de acuerdo con asistir al foro ambiental convocado por el Concejo, especialmente para abordar lo referente a las embarcaciones abandonadas. De igual forma, se comprometió a dar respuesta por escrito a las inquietudes mencionadas.
Continuando con el orden del día, se dieron las siguientes proposiciones:
- Proposición concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) donde adiciona preguntas al cuestionario del DATT, por lo que pide copia de los decretos de delegación contractual, informar si Secretaría de Hacienda ha subsidiado la nómina a agentes de tránsito, etc. Barrios señaló que no apoyaría un saneamiento fiscal del DATT, toda vez que no ha cumplido la política fiscal distrital relativa a gastar lo recaudado y se están dando contrataciones que dejarán un déficit. La proposición fue aprobada.
- Proposición del concejal David Caballero (Conservador) donde cita al IPCC para informar sobre la organización de Fiestas de Independencia, explicar si habrá eventos presenciales, concepto del DADIS al respecto, y solicitó analizar la posibilidad de reorientar los recursos para atención en salud. La proposición fue aprobada.
- Proposición del concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) y adicionada por la concejal Carolina Lozano (ASI) en la que cita al IPCC, Alcalde Local 1, Secretario de Planeación, entes de control, Curador Urbano 1 y otros, para estudiar el caso de presuntas construcciones de Viviendas de Interés Social por fuera de la norma en el barrio Torices. La proposición fue aprobada.
- Proposición de la concejal Claudia Arboleda (MIRA) donde propone que el Concejo se una a la conmemoración del día de libertad religiosa. Sin embargo, a petición de la concejal Gloria Estrada (Liberal) la votación de la proposición se aplazó para realizar un análisis jurídico.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) anunció una proposición sobre el Decreto 639, pues causa extrañeza que se propone un traslado presupuestal desde el Fondo de Pensiones para remuneración de servicios técnicos, mantenimiento, y otros gastos generales por $2.528 millones provenientes de desahorro de Fonpet, lo cual podría configurar un peculado por aplicación oficial diferente. Frente a esto, sugiere que se oficie al Ministerio de Hacienda para aclarar si es posible destinar dichos recursos a gastos generales.
Más adelante, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) como autor del Proyecto 076 sobre arborización, se refirió a las objeciones hechas por la Alcaldía por ausencia de impacto fiscal, pese a que Secretaría de Hacienda sí dio viabilidad indicando que no se alteraban las finanzas distritales, pero ahora la Oficina Jurídica contradice ese concepto.
Julio lamentó que no se sancione el proyecto, pues lo que busca es brindar herramientas para el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo y se contó con la participación de Hacienda y EPA; además, cuestionó que la no sanción podría deberse a razones políticas relacionadas con el control político que Julio ha ejercido.
A continuación, el presidente del Concejo, Wilson Toncel, informó que la Secretaría General de la Corporación recibió una llamada de la Alcaldía informando que hoy se vence el plazo para sancionar el Proyecto 082 sobre seguridad social de concejales, pero la iniciativa será objetada debido a que la Corporación agregó el siguiente artículo: “los recursos acreditados son parte del rubro de honorarios de concejales y no afectan el rubro de funcionamiento del Concejo Distrital”.
Toncel anunció que no aprobará estas objeciones, pues lo considera “un capricho”. También expresó que la Alcaldía estaría incumpliendo la ley y el fallo de tutela que obligó a presentar este proyecto.
Por lo anterior, la concejal Carolina Lozano (ASI) pidió a la mesa directiva coadyuvar al concejal Óscar Marín (Conservador) para que como accionante de la tutela presente un desacato. Marín solicitó que, una vez se reciba el documento oficial, se le envíe para realizar la solicitud por incidente de desacato, toda vez que la Administración tenía 30 días para solucionar la situación de la seguridad social de concejales, y ya han transcurrido 50 días de incumplimiento al fallo judicial.
El concejal Sergio Mendoza (Alianza Verde) estuvo de acuerdo con apoyar el desacato; además, expresó que con esto se busca amedrantar el ejercicio de control político y afectar el normal funcionamiento del Concejo.
El concejal Lewis Montero (La U) manifestó que no es necesario “rogarle a ningún Secretario que ayude al Concejo en este tema” y expresó que el alcalde no debe meterse en las decisiones del Concejo, por lo que se adelantarán las acciones jurídicas que sean necesarias.
Para el concejal Toncel, este tipo de acciones reafirman que la Secretaria de Hacienda no gusta de los concejales, como se evidenció en un Consejo de Gobierno donde la funcionaria usó términos desobligantes para referirse al Concejo. El presidente indicó que todo lo construido con la Administración mediante diálogo ha sido levantado por la Secretaria.
Al respecto, el Secretario del Interior, David Múnera, propuso una reunión a las 3:00 p.m. para solventar este impase, considerando que aún no se ha enviado el documento oficial. Para esto la mesa directiva delegó a la bancada de Alianza Verde y al concejal Javier Julio(Coalición Alternativa).
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 10 de julio de 2021; a las 9:00 a.m.
AUDIENCIAS PÚBLICAS:
- Proyecto de Acuerdo 085 “por medio del cual se crea el fondo territorial de seguridad y convivencia ciudadana en el Distrito de Cartagena, y se dictan otras disposiciones».
La audiencia contó con la participación de los ciudadanos Edgardo Díaz y Diomedes Ortega, quienes hicieron parte de la demanda que resultó en el fallo judicial que anuló el Acuerdo de 2015 por el cual se creó el FONSET, y resaltaron que la ley determina que ningún acto anulado podrá ser reproducido si se conservan las mismas disposiciones anuladas.
La concejal Carolina Lozano (ASI) llamó la atención porque el proyecto no tiene impacto fiscal, pese a que el Tribunal Administrativo anuló el Acuerdo de 2015 por ausencia de dicho documento. En ese sentido, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) manifestó que el impacto fiscal se radicó a las 12:01 p.m. del día de hoy, luego de hacer la observación a la jefe jurídica distrital.
Toncel indicó que esto pudo evitarse si la Administración cumpliera con el compromiso de socializar previamente los Proyectos que se envían al Concejo, pero parecería que se busca hacer que los cabildantes incurran en error al no enviar el impacto fiscal.
Para la concejal Gloria Estrada (Liberal) es preocupante la situación que se atraviesa con la Secretaria de Hacienda, pues los concejales están cansados de que los funcionarios los tilden de corruptos, aunque no es la Corporación la que ejecuta recursos, y eso se evidencia en las condiciones de la sede, pues no cuentan con micrófonos, televisores, ni personal de apoyo porque no gozan de buenas relaciones con la Alcaldía.
Estrada señaló que el Concejo sigue dispuesto a trabajar por Cartagena, pero en el marco del respeto, e hizo un llamado para que se den las socializaciones y que los funcionarios asistan a las mesas de trabajo.
El Secretario del Interior, David Múnera, explicó que esta iniciativa obedece a un fallo judicial que anuló el Acuerdo 001 de 2015, debido a la ausencia de un documento que analizara el impacto fiscal que se causaba a Distriseguridad, teniendo en cuenta que los dineros del Fonset financiaban a esta entidad.
Además, dejó claro que el Proyecto 085 sí tiene impacto fiscal y desconoce el motivo por el que no fue enviado a tiempo, pero aclaró que la falla fue de Secretaría del Interior y no de Hacienda.
- Proyecto de Acuerdo 086 “por medio del cual se realiza un traslado entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital y recursos de fondos especiales; las apropiaciones de funcionamiento y de servicio de la deuda, así como el plan de inversiones con enfoque de género para la vigencia fiscal del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2021, en Cartagena y se dictan otras disposiciones”.
La concejal Carolina Lozano (ASI) solicitó un certificado del Ministerio de Cultura que aclare si la casa Galeras de La Marina, donde se ubica la sede del Concejo, corresponde o no a un Bien de Interés Cultural (BIC), con el fin de determinar la competencia del IPCC sobre el proceso.
Al respecto, la directora del IPCC, Saia Vergara, dio a conocer que, luego de revisar el catálogo de MinCultura, se determinó que la casa Galeras no corresponde a un BIC. El concejal David Caballero (Conservador) lamentó que el catálogo no contemple la edificación, pues a simple vista se evidencia su valor histórico y considera que debería ser restaurado por el IPCC.
La Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, dio a conocer que el proyecto busca trasladar $2 mil millones desde el IPCC a Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento del edificio, toda vez que no se trata de un BIC.
El Secretario de Infraestructura, Luis Villadiego, expresó que es evidente el deterioro de la edificación, razón por la que se proponen intervenciones como mantenimiento, adecuaciones, impermeabilizaciones, dotación de equipos, etc. La obra civil tendría un costo de $930 millones y deberá determinarse qué opciones se tomarán para dotación de equipos, pues los valores van desde $765 millones hasta $1300 millones.
- Proyecto de Acuerdo 087 “por medio del cual se establece el plan de saneamiento fiscal parcial de Cartagena en lo correspondiente a cuentas por pagar del nivel central y fondos del nivel descentralizado, déficit parcial del IDER, sentencias y conciliaciones de la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena, y se establecen otras disposiciones»:
La concejal Carolina Lozano (ASI) pidió certificar las cuentas por pagar de la Alcaldía Mayor, criterio de selección de cuentas y organismos deportivos que serán beneficiados, soportes de conciliación, obligaciones pendientes del IDER, analizar la medida de excluir procesos que tienen medidas cautelares vigentes, etc.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) indicó que el Concejo en 2 ocasiones invitó a Secretaría de Hacienda a mesas de trabajo para construir el proyecto, pero fueron rechazadas, con lo cual se violó el principio de buenas relaciones entre Administración y Concejo.
Barrios indicó que el Proyecto 087 incluye un rubro de recursos no transferidos al nivel descentralizado (Corvivienda, Cardique, IDER, y Distriseguridad), sin embargo, el Acuerdo 018 de 2019 que establece el plan de saneamiento no contempla recursos para entes descentralizados, por lo que es necesario retirar estos apartes de la iniciativa.
Sobre las inquietudes, la Secretaria de Hacienda, Diana Villalba, manifestó que la Secretaría hará las revisiones para adoptar los cambios requeridos y darán respuesta por escrito a las peticiones. Por su lado, la jefe jurídica, Myrna Martínez, explicó que se incluyeron las conciliaciones ya aprobadas por jueces y se excluyeron los procesos con embargos porque continúan activos.
Ante una pregunta de la concejal Gloria Estrada (Liberal), la directora del IDER, Viviana Londoño, explicó que ya se ejecutó el 98% del saneamiento del 2020, y actualmente hay cuentas por pagar por $6 mil millones y cuentas por reserva que alcanzan los $1.300 millones, para un déficit de $7.800 millones en el IDER. También aclaró que los criterios para inclusión de cuentas en el Proyecto 087 son compromisos con ligas deportivas, prioridad por antigüedad y riesgo de litigios.
La concejal Estrada felicitó a la directora del IDER por venir preparada para atender las preguntas del Concejo, a diferencia de la Secretaria de Hacienda, y pidió copia de las cuentas por reserva radicadas en Hacienda.
Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
Ver anexo: INFORME GESTIÓN – OFICINA JURÍDICA DISTRITAL 2021 – 1
Ver anexo: INFORME DE GESTIÓN – OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2021 – 1
Ver anexo: PROYECTO DE ACUERDO No. 085 – 2021 – FONSET
Ver anexo: PROYECTO DE ACUERDO No. 086 – 2021 – TRASLADO PRESUPUESTAL [EDIFICIO GALERAS]
Ver anexo: PROYECTO DE ACUERDO No. 087 – 2021 – SANEAMIENTO FISCAL PARCIAL
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