Ejecución 2025 de Transcaribe y Corvivienda es analizado por concejales en estudio de presupuesto

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 28 de octubre del 2025

Hora de inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización:
10:52 a.m.

La sesión se llevó a cabo para la socialización del presupuesto proyectado para la vigencia 2026 por parte de Transcaribe S.A. y Corvivienda.

Iniciadas las socializaciones, la gerente de Transcaribe S.A., Ercilia Barrios Flórez, presentó la ejecución presupuestal 2025 y la proyección para 2026. En 2025, el presupuesto total fue de $108.648 millones, distribuidos en funcionamiento ($30.350 millones; 27,9%), servicio de la deuda ($7.304 millones; 6,7%), inversión–FET ($33.141 millones; 30,5%) y operación ($37.853 millones; 34,8%). La ejecución de inversión alcanzó el 81,5%, con $38.195 millones ejecutados de una apropiación definitiva de $46.823 millones.

Los principales proyectos fueron el Fortalecimiento del servicio del SITM ($138.960 millones; 43,4% ejecutado), De ahí surgen líneas como: sostenibilidad del sistema ($46.823 millones; 82%), movilización de pasajeros ($16.137 millones; 100%), control operativo en vía ($2.000 millones; 100%) y seguridad ciudadana ($4.000 millones; 100%). No hubo ejecución en adquisición de flota ni mejoramiento de infraestructura.

Para 2026, Transcaribe proyecta un presupuesto total de $147.986 millones, compuesto por funcionamiento ($37.526 millones; 25,3%), servicio de la deuda ($17.828 millones; 12,0%), inversión–FET ($33.155 millones; 22,4%) y operación ($59.477 millones; 40,2%), de los cuales $50.185 millones corresponden al rol del operador y $9.292 millones al rol recaudador. La inversión se estima en $55.376 millones, financiada con subvenciones del Distrito–FET (ICLD $22.221 millones) y sobretasa a la gasolina ($33.155 millones), destinados a proyectos como el fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y al mejoramiento general de su infraestructura.

A esto, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) solicitó saber si existen estudios para asegurar el acceso de la población vulnerable, considerando el impacto de la tarifa, cuál es la situación de las flotas de Sotramac S.A. y cuántos vehículos están operativos, además de qué estrategias se implementan para superar el 38% de usuarios respecto a la demanda total y extender la cobertura?

El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) consideró como mala la prestación del servicio, refiriéndose a la reciente demanda del Distrito contra Sotramac por incumplimientos y señalando que este operador tiene más del 50% de sus buses inoperativos. Lamentó los largos tiempos de espera y la falta de planeación evidenciada en buses circulando vacíos. Preguntó sobre acciones para reducir déficit operativo, justificación de reducción de recursos de inversión y aumento de recursos para acuerdos conciliatorios, avance en estudios de flota eléctrica y acuática, y garantía de cobertura en las periferias de la ciudad.

El concejal Laureano Curi (ASI) mostró su preocupación por la planeación operativa, contrastando el estreno de 5 rutas nuevas con la frecuencia de buses varados alrededor del Distrito. Inquirió sobre la gestión de la planeación y preguntó si la flota para las nuevas rutas consiste en vehículos nuevos o en la redistribución de la flota existente. La gerente Ercilia Barrios informó que se realizaron los estudios técnicos, legales y financieros para implementar tarifas diferenciales, que requieren $20.000 millones para estudiantes y $5.000 millones para adultos mayores, se solicitaron los recursos al Gobierno Nacional.

Indicó que la flota de Sotramac oscila entre 35 y 48 buses diarios, con un cumplimiento del 93% en la meta de demanda 2024 y aumento de cobertura del 56% al 70% gracias a nuevas rutas con la misma flota de 332 vehículos. Señaló que no habrá ampliación hasta la llegada de 55 nuevos buses ya adjudicados y explicó que la operación diaria requiere ajustes constantes y sustitución de vehículos por otros concesionarios para mantener el servicio, y que el aporte funcional a los concesionarios asciende a $40.000 millones, con plazo de pago hasta el 30 de junio.

Finalmente, indicó que los recursos para recuperación de carriles y paraderos serán ejecutados por el Distrito dentro del proyecto de modernización y que la planeación de rutas será remitida por escrito al Consejo.

El concejal Curi manifestó insatisfacción y anunció que presentaría una proposición para que la gerente asista nuevamente y solicitó saber por qué los privados no adquiere nuevas flotas de buses. El concejal William Pérez (Centro Democrático) criticó la «pasividad» ante datos como los 14 buses diarios que dejan de operar y solicitó respuesta a un derecho de petición no contestado, calificando de “engorroso» tener que recurrir a la justicia para su respuesta.

La gerente Barrios se comprometió a consultar con la dependencia responsable la falta de respuesta al derecho de petición del concejal. Con relación a la flota, explicó que, según los acuerdos pactados con los concesionarios privados, una de las cláusulas establece que no están obligados a adquirir o reponer vehículos dentro de la operación del sistema. Por lo tanto, no se les puede exigir que compren flota nueva.

Posteriormente, la gerente de Corvivienda, Gisella Román Ceballos, socializó el presupuesto para 2025 de la entidad, el cual ascendió a un total de $38.947 millones. Este monto se distribuyó principalmente en gastos de funcionamiento, que representaron 52,96% del total con un valor de $20.625 millones, y gastos de Inversión, que constituyeron el 47,04% del presupuesto, con $18.321 millones.

En cuanto a los gastos de Inversión de 2025 (por fuente de financiación), la apropiación definitiva total de Corvivienda fue de $45.791.838.277. Las principales fuentes y sus apropiaciones definitivas fueron: JCLD ($5.000.000.000) y RF CORVIVIENDA ($18.900.000). En cuanto a la ejecución interna de Corvivienda su ejecución definitiva será de $53.791 millones.

La entidad proyecta para 2026 un presupuesto total de $36.843 millones. Este se distribuye en gastos de funcionamiento por $21.772 millones y gastos de inversión por $15.070 millones. Dentro de la inversión se ejecutará proyectos como: Subsidio familiar de vivienda de interés social del Programa Unidos Por Una Vivienda Para Ti del Distrito de Cartagena de Indias, entre otros.

El concejal Pedro Aponte (Cambio Radical) cuestionó la baja ejecución presupuestal (42%) y la reducción en inversión para 2026 frente al aumento en funcionamiento, lo que a su juicio contraviene el principio de eficiencia. El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) hizo un llamado sobre la problemática de las viviendas étnicas y la situación en la Ciénaga de la Virgen, destacando la responsabilidad del Distrito y la necesidad de desarrollar el macroproyecto del parque.

El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) defendió la gestión de Corvivienda, aclarando que durante 2020–2023 no hubo nuevas legalizaciones (salvo una sesión en 2020) y destacando la reubicación de familias de Chambacú, la entrega de subsidios y la inversión de más de $15.000 millones en mejoramientos de vivienda. Explicó que la falta de proyectos de vivienda nueva obedece a la no actualización del POT y a la ausencia de lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, se resaltó que Corvivienda ha ejecutado obras complementarias en Ciudad de La Paz, como la construcción de vías, escenarios deportivos y espacios recreativos, además de avanzar en la entrega de más de 2.500 viviendas.

El concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) manifestó preocupación por los rezagos en inversión y la disminución de recursos para comunidades étnicas, recomendando mayor articulación con la Secretaría de Planeación. El concejal Emmanuel Vergara (Conservador) expresó inquietud por el bajo cumplimiento y la reducción presupuestal para 2026, haciendo un llamado a gestionar recursos adicionales. Señaló que, pese a las limitaciones, la entidad debe continuar con su misión de promover el acceso a vivienda digna, el mejoramiento habitacional y la legalización de barrios. Advirtió que los proyectos aprobados el año anterior no pueden quedarse solo en la etapa de legalización, sino avanzar hacia la titulación y adecuación de viviendas.

La gerente Roman explicó que el aumento en los gastos de funcionamiento no corresponde a burocracia, sino al mantenimiento y control de los proyectos de vivienda vigentes, como Ciudadela La Paz y Torre Flor de la Esperanza, además del cerramiento de predios institucionales. Aclaró que el 100% de los subsidios de mejoramiento de vivienda ya fue asignado y construido en mesas de trabajo con las comunidades, aunque no se refleja aún en la ejecución presupuestal debido a que los recursos, junto con el proyecto del Círculo del Cuidado en Ciudadela La Paz en trámite de aprobación por vigencias futuras, lo que explica el bajo porcentaje de ejecución actual.

El concejal Córdoba preguntó si existen mapas de focalización de los subsidios, donde muestren en que zona se entregan y donde están mayor mente concentrados. Además, el concejal David Caballero (Conservador) señaló como misión de Corvivienda el mejoramiento y construcción de viviendas, pero destacó que el actual Plan de Desarrollo Nacional limitó la posibilidad de acceder a recursos para este fin. Agregó que el déficit habitacional sigue siendo alto y que será necesario que el próximo gobierno nacional formule un nuevo plan que permita a las entidades territoriales, gestionar financiación efectiva para proyectos de vivienda en Cartagena y en el resto del país.

La concejal Laura Díaz (Alianza Verde) planteó la corresponsabilidad del Gobierno Nacional en la solución de problemáticas locales a través de transferencias. El concejal Córdoba  preguntó si existen proyecciones en materia de vivienda para población étnica más allá de los corregimientos, considerando la fuerte presencia de estas comunidades en barrios y localidades urbanas.

La gerente Roman respondió que actualmente se desarrollan intervenciones en La Boquilla, Zapatero, Punta Canoa, Arroyo de las Canoas, Arroyo Grande y Barú, así como en barrios como San Francisco, El Pozón, Barrios Unidos, La Hielera y Fredonia. Y para 2026, se proyectan acciones en sectores como Mandela, La María y La Esperanza, además de la zona de Isla Grande. Explicó que se está elaborando un diagnóstico sobre los asentamientos ubicados alrededor de la Ciénaga de la Virgen y sus canales pluviales, con el fin de definir una intervención gradual, dada la magnitud del problema y las limitaciones presupuestales. Añadió que, pese a las gestiones ante el Gobierno Nacional y el Ministerio de Vivienda, no se ha logrado obtener recursos, debido a los recortes presupuestales en esa cartera.

Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el miércoles 29 de octubre las 8:30 a.m.

Escrito por Yesid David Jiménez Puello, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.



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