El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 24 de julio del 2026
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 11:36 a.m.
Receso: 9:50 a.m. – 10:15 a.m. / 11:06 a.m. 11:34 a.m.
Antes de iniciar esta sesión plenaria, se aprobó una proposición del concejal Emmanuel Vergara (Conservador) para incluir en el orden del día la audiencia pública del proyecto de acuerdo 116 que autoriza la creación de la empresa oficial de servicios públicos de Cartagena.
Iniciada la sesión, se dio paso a la audiencia pública del proyecto de acuerdo “Por el cual se autoriza la creación de la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Cartagena S.A.S. E.S.P., y se dictan otras disposiciones”.
La jornada inició con la intervención del procurador regional de Bolívar, Raúl Guerrero, quien precisó que la Procuraduría General de la Nación adelanta una acción preventiva sin respaldar ni cuestionar las decisiones autonómicas de la administración distrital, orientándose a garantizar el apego irrestricto a la Constitución y la protección del patrimonio público. Guerrero enfatizó que los servicios de agua potable y saneamiento básico no admiten improvisación. Sugirió que para una eventual aprobación deben cumplirse 4 aspectos clave: sustento objetivo mediante estudios técnicos, jurídicos, financieros, de gestión de riesgo y de conveniencia; garantía de no afectación en la continuidad, cobertura y calidad del servicio; existencia de un plan detallado de transición con cronogramas y matriz de riesgos; y la protección efectiva de los usuarios y del patrimonio público ante posibles contingencias fiscales o indemnizatorias. Asimismo, Guerrero indicó que solicitó información detallada al operador actual sobre el estado de la infraestructura e inversiones, reiterando que las decisiones públicas de gran trascendencia deben cimentarse sobre evidencia verificable.
Seguidamente María Claudia Peñas, Gerente de la ANDI Seccional Bolívar expuso una postura analítica valorando en primer lugar que la modificación al proyecto no autorice que la nueva empresa asuma de inmediato el contrato vigente, manteniéndolo a cargo del Distrito. Frente a la creación de la nueva entidad, indicó que no se oponen a su constitución, pero exigió un gobierno corporativo estricto e inversiones superiores a $500.000 millones para la seguridad hídrica, expresando preocupación por la centralización en el nombramiento de la gerencia por la administración de turno bajo el modelo de sociedad por acciones simplificada (SAS). Además, advirtió sobre la falta de un cierre financiero con ingresos permanentes para sostener el objeto de cuatro servicios (acueducto, alcantarillado, aseo y alumbrado público) con un capital inicial de $10.000 millones, sugiriendo evaluar una naturaleza mixta y lamentando la exclusión explícita de los drenajes pluviales y el control de mareas.
El director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, Juan Camilo Oliveros, sostuvo que el debate sobre el agua en Cartagena debe enfocarse en la seguridad hídrica, la continuidad del servicio, la capacidad de inversión y el buen gobierno corporativo, desligándose del dilema entre lo público y lo privado. Frente al proyecto de acuerdo para la creación de la nueva empresa de servicios públicos, Oliveros advirtió que la discusión institucional no puede paralizar las inversiones inmediatas que requiere la producción de agua en la ciudad, al tiempo que valoró la supresión del punto que cedía la posición contractual del Distrito, lo cual permite al alcalde planificar una transición técnica sin improvisaciones durante los siete años restantes del contrato vigente. Asimismo, recomendó incorporar en los estatutos una junta directiva técnica e independiente basada en el modelo de EPM para evitar la injerencia política, exigió claridad sobre la sostenibilidad financiera de la entidad para no generar cargas al presupuesto distrital y propuso consolidar un pacto vinculante por el agua que blinde al patrimonio de pleitos legales y trascienda la actual administración, invitando al Concejo a incluir estos ajustes en el articulado y ratificando el respaldo del sector gremial para liderar este acuerdo.
Continuando con el orden del día, el representante legal de la Corporación Comunal Cívica y Popular del Caribe, Antonio Aponte Torres, recordó decisiones erradas del pasado como las prórrogas contractuales y afirmó que el P.A. 116 no detalla la estructura administrativa ni la forma de operación de la entidad. Aponte criticó que el cambio al esquema de libre competencia privó al Distrito de interventoría y capacidad sancionatoria, haciendo un llamado a los cabildantes a decidir sin amiguismos para proteger a los usuarios.
Frente a esto, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) aclaró que la extensión del contrato de Aguas de Cartagena mediante el otrosí #3 no fue una facultad otorgada por el Concejo Distrital, sino un acto firmado por el exalcalde Dionisio Vélez Trujillo amparado en un acuerdo de 1994, lo cual constituye una de las presuntas irregularidades denunciadas formalmente, dado que la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551 de 2012 exigen autorización explícita de la corporación.
Por su parte, el vocero de la Veeduría Ciudadana Funcicaribe, Abelardo Meza Herazo denunció falta de transparencia por parte del operador Aguas de Cartagena al tramitar su contratación en una plataforma privada en lugar de utilizar el SECOP II, así como la ausencia de una póliza de garantía de cumplimiento vigente a favor del Distrito. Durante la intervención, debió realizar un receso debido a fallas técnicas en la transmisión de la sesión en internet.
Al retornar del receso, Meza sostuvo que en el otrosí #3 se priorizaron obras por $42.000 millones para la zona insular que no se han ejecutado, obligando a acciones populares e intervenciones judiciales. Adicionalmente, Meza afirmó que los informes de ejecución presentados por la empresa están maquillados, al contabilizar como aportes propios $15.000 millones aportados por el Distrito dentro del convenio con la cooperación española en sectores como Villa Hermosa y El Bosque, señalando además que el operador arrastra un endeudamiento con la banca por $450.000 millones.
Posteriormente, el ciudadano Jordán Jiménez Barrios argumentó que, aunque reconoce la necesidad de fortalecer la gestión pública ante las deficiencias de los operadores privados, el P.A. 116 incumple el artículo 69 de la Ley 489 de 1998 por carecer de estudios demostrativos técnicos, jurídicos y fiscales compatibles con el marco fiscal. Jiménez cuestionó la contradicción de crear una empresa pública que contempla seguir subcontratando la operación con terceros, al tiempo que criticó la concesión de facultades extraordinarias por un año al Alcalde Mayor para reorganizar activos y celebrar contratos.
A su turno, el representante del Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos de Bolívar, Álvaro Cortés Lobo, solicitó suspender la discusión del proyecto hasta que la Alcaldía concierte con los usuarios y sindicatos, exigiendo incorporar garantías de estabilidad laboral y libertad de asociación. Cortés rechazó la entrada de capital privado o la operación por terceros que encarezca el servicio, solicitando corregir desproporciones en la facturación donde el alcantarillado cobra valores superiores al agua potable y pidiendo reconocer el recurso hídrico extraído del Canal del Dique en beneficio directo de los usuarios.
El representante de veeduría ciudadana, Rafael Castro Otero, solicitó un minuto de silencio en memoria del periodista Fernando Marimón Perea, concedido por la mesa directiva. Al reanudar su intervención, Castro manifestó su respaldo a la creación de la nueva empresa pública y al retiro del operador actual, instando al equipo jurídico de la Alcaldía a expedir una resolución formal de incumplimiento motivada en al menos tres causales comprobadas para declarar la caducidad del contrato vigente y dar solidez jurídica al proceso de transición.
Finalizada la intervención, la mesa directiva declaró un receso para solucionar una nueva falla técnica en la transmisión, la cual tras 28 minutos no pudo ser resuelta. Por lo anterior, el presidente estableció como fecha para continuar el debate el martes 28 de julio.
El presidente levantó la sesión y convocó para el jueves 25 de julio de 2026 a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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