El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 19 de agosto del 2026
Hora de inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 11:03 a.m.
Antes de iniciar la sesión plenaria del Concejo de Cartagena, se aprobó una proposición del concejal Lewis Montero (La U) para incluir en el orden del día la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 118 de 2026 «Por medio del cual se crea la Empresa Gran Malecón del Mar, y se dictan otras disposiciones», iniciativa orientada a constituir una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) para la administración de dicho macroproyecto.
Iniciada la sesión, se dio paso a la audiencia pública. Por parte de la ciudadanía, Juan Carlos Trespalacios, aunque reconoció no haber leído el proyecto, señaló estar de acuerdo con todo lo relacionado al proyecto del Gran Malecón del Mar, quien destacó que traerá beneficios económicos para la ciudad y para las personas que han trabajado históricamente en el sector a intervenir, por lo cual, pidió a los concejales velar por los derechos laborales de este sector. Haroldo Rodríguez director de la fundación Verde Que te quiero Verde, quien presentó ponencia de forma virtual, se mostró de acuerdo con el proyecto, aún así, pidió que el proyecto del malecón del mar tenga revisiones en cuanto al cumplimiento de normas fitosanitarias, además de qué tipo de árboles frutales se pueden sembrar, granjas orgánicas, energías limpias, entre otros.
Por parte de la Administración Distrital, la secretaria de turismo, Teresa Londoño, indicó que la construcción del malecón registra más del 50% de ejecución con una inversión de $197.000 millones para impactar 100.000 m2 de espacio público, proyectando su inauguración para agosto de 2027 y una primera apertura parcial en octubre de 2026 para conectar La Boquilla con el parque lineal de Crespo, sector que se integrará tras la entrega de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Londoño detalló que el proyecto generará 600 empleos directos y 3.400 m2 de locales comerciales para emprendedores locales. Asimismo, expuso que una consultoría determinó la necesidad de una operación continua 24/7 en servicios de limpieza, jardinería, seguridad, mantenimiento y eventos, concluyendo que la alternativa más viable es la creación de una EICE con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y capital 100% público, la cual operará bajo el derecho privado en sus actos y contratos pero sujeta a los principios de la función administrativa.
Seguido, el asesor de la Oficina Asesora Jurídica expuso los fundamentos legales sustentados en la Ley 489 de 1998, indicando que la entidad descentralizada estará vinculada a la Secretaría de Turismo con el objeto social de administrar, aprovechar, explotar y mantener la infraestructura del Gran Malecón del Mar. Explicó que la estructura administrativa estará integrada por una junta directiva, un gerente general, un gerente de proyectos y las subdirecciones de Mantenimiento, Administrativa y Financiera, y Comercial y de Operaciones.
Precisó que el patrimonio inicial será de $2.000 millones aportados por el Distrito y se propone destinar el 1% del Impuesto Predial Unificado (IPU) para su financiación, lo cual implica modificar el Acuerdo 0181 del 10 de julio de 2025 para reducir la asignación de Corvivienda del 14% al 13%. Asimismo, la empresa asumirá el cobro por aprovechamiento económico del espacio público conforme al Decreto 1504 de 1998, proyectando la sostenibilidad operativa a partir de 2031 con ingresos de $18.000 millones y estimando para 2027 gastos de $4.000 millones en personal, $1.500 millones en mantenimiento, $1.000 millones en servicios públicos y $700 millones en operación, bajo el régimen contractual privado de la Ley 1150 de 2007 y el régimen laboral de trabajadores oficiales.
Por su parte, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) sostuvo que, al financiarse mediante crédito público, el Gran Malecón del Mar debe concebirse como un bien turístico, público y popular que beneficie de manera directa a barrios periféricos como 7 de agosto, Paseo Bolívar, Daniel Lemaitre, Crespito y Santa María, solicitando priorizar a emprendedores locales para evitar la segregación social. Córdoba solicitó claridades antes del primer debate sobre la reducción del 1% del IPU a Corvivienda en medio del déficit habitacional, la brecha financiera proyectada entre ingresos por $3.120 millones y costos por $7.934 millones, la delimitación de competencias entre la empresa, el Distrito, la Policía, autoridades ambientales y la DIMAR, y la garantía del libre tránsito y acceso público. Asimismo, requirió el envío del modelo financiero desagregado a 2035, el concepto de impacto fiscal, el avalúo del punto del IPU y la copia de la Resolución 0377 de 2025.
Continuando con las intervenciones, el exconcejal Javier Curi argumentó la inconveniencia de constituir una EICE, señalando que la figura genera un compartimento aislado que omite la gobernanza compartida con autoridades ambientales y nacionales sobre el borde costero, subordinando un activo ecológico a criterios de rentabilidad que podrían derivar en una privatización de facto del espacio público.
Curi cuestionó la asignación del 1% del IPU por tratarse de un esquema de suma cero que desvía recursos sociales de la vivienda digna para financiar la burocracia de un activo comercial, advirtiendo que, de fallar las proyecciones de 25.000 visitantes diarios, el Distrito asumirá el déficit fiscal y se generarán riesgos de gobernanza y captura política al operar bajo contratación privada. En su lugar, propuso adoptar los estándares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) basados en los modelos de Gobernanza Metropolitana Multinivel y la Gestión Integrada de Zonas Costeras y Fluviales (GIZC), solicitando suspender el debate de la estructura comercial, pedir asistencia técnica al BID y anexar su concepto a la ponencia de primer debate.
A su turno, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical), en calidad de coordinador ponente, justificó la creación de la EICE señalando que asumir la operación desde la Secretaría de Turismo afectaría los límites de gasto de funcionamiento del Distrito fijados por la Ley 617 de 2000. Frente a la fuente de financiación, Barrios aclaró que el recaudo del IPU ha crecido un 70% tras la actualización catastral, permitiendo a Corvivienda contar con $51.000 millones para mejoramientos habitacionales, por lo que la cesión del 1% no desfinanciará la política social y será una medida temporal de cuatro a cinco años hasta que la empresa alcance el punto de equilibrio.
Barrios expuso los beneficios de la propuesta, resaltando la creación de 600 empleos estables como trabajadores oficiales, el mantenimiento garantizado de la inversión pública de $200.000 millones, la inclusión de vendedores informales, la generación de empleo mediante nuevas playas, el control del espacio público conforme a fallos de la Corte Constitucional y la preservación del patrimonio distrital, proponiendo realizar una visita técnica a las obras y conformar una mesa de trabajo para el informe de ponencia.
Posteriormente, por proposición de Córdoba, la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Moisés Contreras, residente de la urbanización Buenos Aires, quien expuso que 49 familias víctimas del conflicto armado, campesinos, indígenas y adultos mayores enfrentan incertidumbre tras adquirir predios en 2021. Contreras señaló que el 15 de diciembre de 2025 el funcionario distrital, Eduardo Zayas del Toro, los notificó como invasores, negándoles el acceso a la audiencia en Bayunca y manteniendo un silencio institucional que derivó en una orden de desacato, por lo que solicitó al Concejo adelantar control político y promover una mesa de diálogo para garantizar el derecho a la vivienda digna y el debido proceso.
Ante esto, el presidente Hernando Piña dispuso remitir las actuaciones y denuncias ante los entes de control correspondientes y convocó para la siguiente sesión.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y convocó para el jueves 20 de agosto de 2026 a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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