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Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 28 de octubre del 2026
Hora de inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 10:29 a.m.
Iniciada la sesión plenaria del Concejo Distrital de Cartagena, se dio paso a la sustentación de la ejecución presupuestal de 2026 y la proyección para 2027 por parte de Transcaribe y la Gerencia de Espacio Público y Movilidad (GEPM).
En primer lugar, la gerente de Transcaribe, Ercilia Barrios presentó el informe financiero y operativo del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Para la vigencia 2026, la entidad reportó un presupuesto definitivo de $236.974 millones, alcanzando al 15 de septiembre una ejecución del 71% ($168.902 millones), distribuida en gastos de operación con $75.595 millones (86%), inversión y Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) con $61.013 millones (65%), funcionamiento con $19.468 millones (52%) y servicio de la deuda con $12.826 millones (71%). En materia de fuentes, se detallaron aportes del 4% de la tarifa ($4.442 millones), el 10% de la sobretasa a la gasolina trasladada al FET ($3.315 millones) y subvenciones distritales por $15.748 millones dirigidas a seguridad en estaciones ($6.500 millones), control operativo en vía ($1.480 millones) y acuerdos conciliatorios ($7.768 millones).
Respecto a la adquisición de flota, se certificó el pago de $23.919 millones comprometidos para 2026 de un total de $46.081 millones acordados desde 2025. En indicadores de metas, reportó un cumplimiento del 100% en seguridad ciudadana, modernización tecnológica del recaudo y seis estrategias de cultura cívica; sin embargo, en movilización de pasajeros registró un avance de 14 millones de usuarios frente a la meta anual de 34,8 millones (42%), mientras que la renovación de las 18 estaciones y de 482 paraderos quedó en 0% por falta de asignación de ingresos corrientes de libre destinación (ICLD).
Para la vigencia fiscal 2027, Transcaribe proyectó un presupuesto total de $165.023 millones ($95.032 millones para operación entre rol operador y recaudador, $33.984 millones de inversión del FET vía sobretasa, $18.500 millones en servicio de la deuda y $17.507 millones en funcionamiento), proyectando movilizar a 35,8 millones de pasajeros y culminar los estudios de transporte por cable aéreo, dejando en un peso los rubros para la renovación del carril solobús y paraderos al no contar con recursos asignados.
Seguidamente, la gerente de espacio público y movilidad, Tannis Puello, expuso el balance de su dependencia, precisando que la entidad no cuenta con gastos de funcionamiento y opera con un 100% de gasto de inversión. Para 2026, reportó un presupuesto inicial de $12.067 millones que ascendió a un definitivo de $20.959 millones tras incorporaciones presupuestales, alcanzando una ejecución del 79% ($16.470 millones) a corte del 15 de septiembre.
Entre los proyectos ejecutados destacó el diseño y generación de espacios públicos ($7.704 millones al 98%), recuperación y transformación del espacio público ($2.155 millones al 66%), sostenibilidad del Centro Histórico ($1.758 millones al 86%), estrategia Yo me formalizo ($1.226 millones al 38%), conexión del Castillo de San Felipe ($947 millones al 81%) y adecuación al cambio climático ($571 millones al 72%). En metas físicas, reportó la recuperación de 185.000 m² de espacio público (114% de la meta anual), limpieza en plazas del Centro Histórico (152%) y el diseño de seis megaproyectos de parques. Durante la exposición, el concejal Carlos Guerra (ASI) solicitó explicaciones por el bajo avance en la formalización de vendedores informales, señalando que la meta del Plan de Desarrollo contempla 600 beneficiarios y a septiembre solo se registraban 47 formalizados (16%) pese a contar con recursos. Al respecto, Puello aclaró que el programa inició formalmente este año focalizado en comerciantes de playas y ventas de comida en el Centro Histórico, esperando alcanzar al menos el 20% de la meta al cierre de 2026 tras una adición de $1.200 millones en mayo.
En cuanto a la vigencia fiscal 2027, Puello expuso que la administración distrital proyecta asignar a la entidad $8.081 millones de pesos, lo que representa una reducción del 94,35% frente al anteproyecto radicado por la gerencia, el cual ascendía a $143.000 millones debidamente sustentados técnicamente. Frente a este panorama, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) intervino para advertir que el presupuesto proyectado desfinancia de manera drástica a la entidad y pone en riesgo la democratización y sostenibilidad del espacio público en la ciudad. Córdoba calificó los $8.081 millones como un «saludo a la bandera» y solicitó formalmente a la mesa directiva oficiar a la Secretaría de Planeación y a la Secretaría General para que expliquen técnicamente las razones de este recorte presupuestal frente a las metas del Plan de Desarrollo, solicitud que fue respaldada por la presidencia de la corporación.
Por su parte, la funcionaria indicó que la distribución de los $8.081 millones se limitará a partidas mínimas como $2.257 millones para recuperación de áreas públicas, $1.316 millones para el Centro Histórico, $1.128 millones para el entorno del Castillo de San Felipe y $125 millones para formalización de comerciantes.
En el punto de documentos para dar cuenta, la secretaría dio lectura al título de un nuevo proyecto de acuerdo radicado por la administración distrital: «Por medio del cual se modifica el Acuerdo Distrital número 139 de 2024, el Acuerdo Distrital número 180 de 2025 y el Acuerdo Distrital número 210 de 2026 y se dictan otras disposiciones».
Finalmente, en el espacio de proposiciones y varios, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) se pronunció sobre la solicitud de reunión urgente que los socios privados de Aguas de Cartagena (Acuacar) hicieron llegar al alcalde mayor. Barrios cuestionó las intenciones de los accionistas, señalando que mientras exigen prórrogas contractuales de entre 20 y 30 años como condición para ejecutar obras de ampliación, mantienen sin culminar las inversiones por $250.000 millones contempladas en el Otrosí No. 3. Asimismo, denunció la rotura recurrente de tuberías matrices en sectores como San Fernando que dejan sin servicio de agua potable a miles de usuarios, cuestionando si la prioridad de los socios privados son los dividendos financieros o la calidad operativa del servicio, reiterando su postura de no prolongar la concesión con el socio operador.
Agotado el orden del día, la presidencia convocó a los concejales a una mesa de trabajo en la sala de juntas, levantó la sesión y citó para el jueves 29 de octubre a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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