El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 27 de octubre del 2026
Hora de inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 1:01 p.m.
Iniciada la sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena y aprobado el orden del día, el cual incluyó una modificación a solicitud de la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) para incorporar la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 127 de 2026, se procedió con la sustentación del informe de ejecución presupuestal de la vigencia 2026 y la proyección de 2027 por parte de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en cumplimiento de la Proposición 029 de 2026.
En primer lugar, el director de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Robinson Casarrubia, expuso que la entidad contó en 2026 con una apropiación definitiva de $3.500 millones en inversión financiada con ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), reportando una ejecución acumulada al 15 de septiembre del 63,3% ($2.215 millones), además de ejecutar el 100% de $182,4 millones asignados para funcionamiento a través de la unidad ejecutora del Despacho del Alcalde. El funcionario desglosó avances en los proyectos de formación a servidores públicos ($156,9 millones ejecutados), participación ciudadana ($198,8 millones), formación con enfoque diferencial e inclusivo ($103,3 millones), sentido de pertenencia y cartageneidad ($194,8 millones), implementación del Plan Decenal de Cultura Ciudadana desde el enfoque de derecho a la ciudad ($949 millones), enfoque de autocuidado ($358,8 millones) y gobernanza territorial ($254,5 millones).
Como metas destacadas, reportó la capacitación de 333 servidores distritales con un convenio suscrito con la Universidad Rafael Núñez para formar a 120 más, la vinculación de 1.506 ciudadanos en procesos formativos comunitarios y un impacto directo sobre más de 105.000 personas en estrategias como Transcaribe para todos, Me pongo la 10 por Cartagena y cultura tributaria. Para la vigencia fiscal 2027, Casarrubia sustentó una solicitud presupuestal de $2.500 millones (ICLD), orientando $215 millones a servidores públicos, $200 millones a participación comunitaria, $130 millones a enfoque diferencial, $180 millones a pertenencia e identidad, $1.065 millones al Plan Decenal de Cultura Ciudadana, $300 millones a autocuidado y $410 millones a gobernanza territorial.
A lo anterior, el concejal Johan Correa (Nuevo Liberalismo) consultó por la reducción en los recursos asignados al Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad para 2027, señalando que la proyección presentada se ubica cerca de un 50% por debajo de los techos fijados por decreto distrital. La concejal Luz Marina Paria (ASI) respaldó la inquietud de Correa y enfatizó que los procesos pedagógicos no pueden equipararse a capacitaciones simples ni recortarse a $1.065 millones, pues transforman de manera estructural las conductas y prácticas ciudadanas frente al espacio público y las normas cívicas, haciendo un llamado a Planeación y Hacienda a mantener los recursos de ley.
El director Robinson Casarrubia acogió las observaciones manifestando su disposición para revisar con las secretarías de Planeación y Hacienda los ajustes pertinentes que permitan nivelar las partidas del Plan Decenal. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) propuso formalizar una mesa de trabajo técnica entre los ponentes y coordinadores del presupuesto con las carteras de Hacienda y Planeación, con el fin de efectuar traslados desde otras unidades ejecutoras y garantizar el presupuesto estipulado en el Decreto 0581 de 2024.
Posteriormente, la secretaría dio lectura a la delegación de la Secretaría de Hacienda, asignada a la asesora Melissa Marín Tous y la profesional de presupuesto Jacqueline Lara Fortis, dando apertura inmediata a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 127 de 2026 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo 006 de 2003, se reorganiza la división político-administrativa del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias en cinco localidades y se dictan otras disposiciones”.
Durante el espacio de participación ciudadana intervinieron de manera individual los siguientes ciudadanos, ediles y directivos cívicos:
- Julio Romero (representante de Asocentro Histórico y líder cívico de Manga) radicó un documento solicitando que el Centro Histórico, San Diego y Getsemaní sean constituidos formalmente como una localidad especial dentro de la reforma. Argumentó que los residentes tradicionales requieren un régimen de protección autónomo frente a las presiones del comercio y el turismo masivo, amparado en las directrices del PEMP y la Ley 1617 de 2013.
- Wilfer Martínez Collazos (delegado de la JAC de Los Corales) expuso inconsistencias técnicas en la iniciativa: un desfase censal de 111.000 habitantes (el proyecto suma 899.000 habitantes frente a proyecciones del DANE que superan el millón para 2026); ausencia del estudio de impacto fiscal exigido por la Ley 819; desproporción representativa de ediles (la Localidad 2 albergaría a 400.000 habitantes y la rural a 50.000, ambas con nueve ediles, representando un edil a 28.000 o 6.000 personas respectivamente); rechazo a segregar a Pasacaballos de la zona industrial de Mamonal para no fracturar su representatividad laboral y de responsabilidad social; y la urgencia de incorporar un régimen transitorio para salvaguardar el periodo de las Asojac electas.
- William González (habitante del barrio Cielo Mar) solicitó revisar la configuración de la Localidad 1 para que Cielo Mar sea reconocido jurídicamente como barrio y deje de categorizarse como sector del corregimiento de La Boquilla, sustentando que cuenta con 14 edificios mixtos, tres hoteles con 1.162 habitaciones, desarrollos comerciales consolidados y una dinámica socioeconómica independiente contigua al Gran Malecón del Mar.
- El edil Luis Antonio González respaldó la reestructuración territorial argumentando que la división de tres localidades data del Acuerdo 30 de 1998, cuando la ciudad albergaba a 600.000 habitantes, resultando inoperante frente a la población actual de más de un millón. Destacó que las dos nuevas localidades (Insular y Rural Norte) descentralizarán la inversión hacia zonas históricamente desatendidas, aclarando que los límites de los barrios y las Unidades Comuneras de Gobierno (UCG) se mantienen intactos.
- Daniel Vélez se declaró en contra del articulado señalando que confunde descentralización con desconcentración administrativa al no transferir facultades resolutivas reales a los alcaldes locales ni a los Fondos de Desarrollo Local (FDL). Cuestionó la ausencia de un marco fiscal objetivo basado en Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la falta de claridad en la designación transitoria de alcaldes en las localidades cuatro y cinco sin ediles electos, y la ruptura de los principios de homogeneidad relativa y equidad territorial del Decreto 0977 de 2001 al integrar barrios residenciales de estrato medio con sectores de alta vulnerabilidad.
- Reinaldo Manjarrez calificó el proyecto de inviable y desconectado de las bases comunitarias, argumentando que se trata de una imposición administrativa. Propuso crear de manera inmediata únicamente las dos localidades que cuentan con consenso histórico (la Insular y la Rural Norte), dejando intactas las tres localidades urbanas actuales hasta que se apruebe el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y se reglamenten los FDL con recursos reales, reprochando que la administración central limite a $10.000 millones los presupuestos locales.
- Mario Batista manifestó que, si bien apoya la creación de nuevas localidades, el rediseño planteado sobrecarga a dos localidades urbanas con cerca del 71% de la población distrital, alterando umbrales electorales y marginando la participación de las asociaciones comunales y consejos comunitarios. Reclamó que no se pueden modificar las localidades sin reestructurar las comunas ni sin asegurar un aumento financiero en los fondos locales.
- Felipe Martínez (exconsejero de juventudes) alertó sobre la omisión de los Consejos Municipales de Juventud en las disposiciones transitorias del proyecto, vulnerando las Leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil). Reclamó garantías para su representación hasta el 2029, cuestionó la capacidad institucional de las alcaldías locales que operan con personal deficiente y advirtió la falta de consulta previa en comunidades étnicas como La Boquilla y Barú.
- Bernardo Romero rememoró los antecedentes de descentralización de Cartagena desde 1987 con las 33 comunas originales, las alcaldías menores de 1992 y las gerencias comuneras. Planteó ampliar la propuesta de cinco a siete localidades, creando la Localidad Centro (UCG 8, 9 y 10) y la Localidad de El Pozón y Expansión Urbana (integrando Bicentenario y Barrios Unidos con más de 120.000 habitantes), al tiempo que pidió prohibir el gasto de los FDL en capacitaciones para orientarlo a convenios de obra con las JAC.
- Milton Villadiego (presidente de la JAC de Ciudad del Bicentenario) instó a abordar el debate con pragmatismo, aclarando que las JAC de los barrios conservan su periodo constitucional independientemente de la localidad a la que pertenezcan. Exigió que el Distrito solucione problemas estructurales previos en la zona de expansión, tales como la cesión formal de áreas verdes e institucionales en macroproyectos, el saneamiento de deudas de servicios públicos y predial para familias vulnerables y reasentadas, y la concertación de audiencias públicas directas en los territorios.
- José Hernández sustentó la propuesta ciudadana de dividir a Cartagena en siete localidades fundamentándose en el crecimiento desbordado hacia el norte y sur, la lejanía institucional y la concentración del 80% del gasto en la actual Localidad 1. Detalló su modelo territorial: 1. Histórica y Turística; 2. Ciénaga de la Virgen; 3. Central; 4. Suroccidental e Industrial; 5. Barrios Unidos y Expansión; 6. Zona Norte Rural; y 7. Insular y del Dique, invocando la sentencia C-538 de 2005 para ratificar las facultades constitucionales del Concejo para reorganizar el territorio.
- Edilberto Licona (vocero de las UCG 8, 9 y 10) presentó la propuesta integral de creación de la «Localidad Central de Desarrollo Económico y Reserva Verde», argumentando que agrupa a más de 184.000 habitantes y 70 JAC. Rechazó la fragmentación propuesta por el Distrito —que traslada las UCG 8 y 9 a la Localidad 2 y la UCG 10 a la Localidad 3— y sustentó la unidad espacial de la zona centro en torno a equipamientos de salud, universidades, la Loma del Marión y su vocación residencial y comercial.
- Efrén Herrera (representante de la UCG 10) protestó contra el traslado de su comunidad hacia localidades saturadas que no han resuelto sus propias deficiencias presupuestales, señalando que los censos oficiales omiten desarrollos de propiedad horizontal y proyectos VIS, totalizando más de 250.000 personas en las tres UCG céntricas. Exigió la adopción de la Localidad Central y advirtió que la ciudadanía recurrirá a mecanismos de movilización si son marginados.
- John Barrios (líder cívico de las UCG 8, 9 y 10) ratificó la defensa de la Localidad Central destacando que sus comunidades comparten corredores verdes y equipamientos recreativos comunes como los complejos de Los Calamares y El Country. Rechazó ser absorbidos por la Localidad 2 al no compartir identidades territoriales ni problemáticas afines, advirtiendo que la mezcla generará fragmentación social y disputa por los recursos de inversión.
- El edil Juan Carlos Molina denunció la falta de garantías democráticas por el cruce simultáneo de audiencias y mesas de trabajo sobre los Fondos de Desarrollo Local (P.A. 121) y nuevas localidades (P.A. 127). Exigió mecanismos amplios como cabildos abiertos y consultas populares, conminando al alcalde a retirar el proyecto para dotarlo de sustento técnico y a resolver previamente la descentralización fiscal girando los recursos de ley a los fondos locales en lugar de aplicar parágrafos que recortan el presupuesto, cuestionando además la incertidumbre sobre las competencias de los ediles electos.
- Greyson Martínez subrayó la dependencia directa entre la creación de localidades y la operatividad de los Fondos de Desarrollo Local, señalando que multiplicar las dependencias administrativas en el mapa sin garantizar previamente los recursos en caja agravará el abandono institucional en los barrios vulnerables.
- Fidian García (exedil) señaló que las reformas de descentralización en Cartagena han surgido históricamente desde las bases sociales y deben sustentarse en autonomía fiscal con personería jurídica para los FDL. Advirtió además sobre la conexidad del proyecto con la discusión del POT y la transformación del sector Bazurto y Martínez Martelo (UCG 9), demandando que los cambios de densidad y uso del suelo no excluyan a los pobladores tradicionales.
- Rafael Camacho (representante de Asocentro Histórico) reiteró la urgencia de otorgar un tratamiento normativo, tributario y de servicios públicos diferenciado al Centro Histórico como localidad especial. Aportó cifras sobre despoblamiento y gentrificación, señalando que Getsemaní descendió de 5.378 habitantes en 2005 a 448 en 2025, el Centro y San Diego albergan solo 85 residentes censados en 2026, y el 80% de las obras arquitectónicas inspeccionadas registran irregularidades.
- Francisco Vega (Fundación Mujeres Energía que Transforma) rechazó que barrios consolidados como España, Prado, Bruselas y Amberes sean trasladados a la Localidad 2 para competir presupuestalmente con sectores que presentan un rezago mucho mayor en necesidades básicas insatisfechas. Solicitó que la delimitación cumpla el criterio de homogeneidad relativa del artículo 34 de la Ley 1617 y formalice la Localidad Central.
- Manuel Batista (accionante de la acción popular de la Ciénaga de la Virgen) denunció que la iniciativa fragmenta la cuenca hidrográfica de la Ciénaga en tres localidades diferentes (Turística, Ciénaga de la Virgen y Rural Costera), “desvertebrando” su manejo ecosistémico y dejando por fuera la boca norte. Advirtió que esta división desconoce la sentencia del Consejo de Estado del 2 de mayo de 2025 y el macroproyecto del Decreto 063 de 2006 (que abarca 3.300 hectáreas), exigiendo aplazar el trámite hasta contar con el POT y el estudio fiscal, consultar a las comunidades negras de La Boquilla y blindar la Ciénaga como una unidad de gestión distrital indivisible.
Al término de estas intervenciones y constatando la inscripción de más de diez ciudadanos pendientes por intervenir, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) solicitó la palabra para proponer formalmente la suspensión de la audiencia pública. Córdoba sustentó que la reforma político-administrativa es una de las determinaciones más trascendentales para la ciudad y no debe despacharse en una sola jornada, planteando fijar una sesión de continuación para escuchar a los ciudadanos en lista y a quienes deseen inscribirse nuevamente.
La plenaria sometió a consideración la proposición de Córdoba, siendo aprobada por unanimidad por la corporación.
Seguidamente, al verificarse que no se encontraban documentos sobre la mesa ni proposiciones en el orden del día, la presidencia levantó la sesión y convocó para el miércoles 28 de octubre a las 9:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Fotografía portada: FUNCICAR
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