Hora de inicio: 8:58 a.m. Hora de finalización: 2:03 p.m.
- Debate de control político al equipo económico de la Administración por el déficit de 64 mil millones de pesos en Tesorería.
La sesión se inicia con la intervención del Presidente de la Corporación, Rafael Meza (Conservador) quien resalta la presencia de los citados, saludando al Secretario de Hacienda, Jefe de Presupuesto, Jefe de Inversión, Tesorero Distrital, Jefe de la Oficina Jurídica, Personería y Contraloría. La Secretaria de Planeación, Secretario General y Jefe de Contabilidad no se hicieron presentes. Seguidamente, William Pérez (la U) señala que existen unos rumores que involucran el funcionamiento de la Secretaría de Hacienda. Sostiene que de ser ciertos será el primero en pedir la renuncia de los funcionarios, pero de ser falsos los seguirá apoyando.
Ante esto David Dáger (Liberal) señala que el debate no puede caer en distracciones de quien apoya o no al Gobierno. Recuerda que presuntamente han ocurrido cosas como convenios hechos de manera sigilosa o la perdida de los documentos de cobros coactivos para posteriormente declarar la prescripción de estos, señalando que el debate no es contra un funcionario, sino por un mejor manejo de las finanzas. Américo Mendoza (ASI) manifiesta que no son rumores lo que motivó el debate, sino el hecho que existe un déficit de Tesorería de 64 mil millones de pesos, “siendo casi el triple de lo que generó el escándalo de DRAGACOL en 1999”
Luego interviene el Secretario de Hacienda quien reitera que no es un déficit de Tesorería, sino en los ICLD- Ingresos Corrientes de Libre Destinación- que se ve reflejado en Tesorería, generado por deudas de la Administración pasada.
Entre algunas de las respuestas al cuestionario el Jefe de Impuestos hace referencia a los ingresos recibidos por las contraprestaciones portuarias, a lo que el concejal David Múnera (POLO) señala que es preocupante que de los 54 puertos que existen en la ciudad no estén pagando 33.
Más adelante, participa el Tesorero Distrital quien señala que el déficit se origina por los siguientes saldos bancarios a 31 de diciembre de 2011 en: de ICLD 19 mil millones, en cuentas por pagar 38 mil millones y en la constitución de reservas 12 mil millones, lo que arroja un saldo neto negativo en Tesorería de 31 mil millones, otras fuentes arrojan un saldo neto negativo de 13 mil millones y el déficit de la Secretaría de Educación en lo que respecta al SGP- Sistema General de Participación- asciende a 19 mil millones, la suma total de estos tres saldos netos negativos es lo que da64 mil millones de pesos. Señalando que de éstos, 10 mil millones son de gastos de funcionamiento y 54 mil millones de inversión.
Antonio Quinto Guerra (Conservador) con base en una respuesta dada por el Tesoro distrital, concluye que son falsas las declaraciones del Alcalde en el sentido que se habían desembargado 10 mil millones de pesos. Recuerda el concejal que a diciembre de 2007 hubo un déficit de 127 mil millones, por lo que sostiene que este déficit de 64 mil millones “es manejable” pero se necesitan las gestiones y el compromiso de la Alcaldía para liberar 24 mil millones que están pignorados, y con esto cubrir un porcentaje del déficit, sin tener que recurrir a los recursos de ICLD que son para inversión.
Américo Mendoza (ASI) sostiene que se dice el monto pero no se ha explicado claramente el origen del déficit, sus causas, sus fuentes, además tampoco está claro cómo puede haber un superávit en la misma fuente donde existe el déficit, como afirma el equipo económico de la Administración.
Alfredo Díaz (PIN) manifiesta que se debe desistir de la idea de cubrir el déficit a través de créditos porque el Gobierno Central no presta para pagar déficit en gastos de funcionamiento, “los bancos prestan para invertir, no para pagar deudas”. Le argumenta al Jefe de Presupuesto que no concibe como pueden planear el presupuesto para un año sin tener en cuenta las deudas por pagar, puesto que esto va haciendo “infinitos” los déficits. Señalando que “a este gobierno hay que estremecerlo, el que este maduro que se caiga, pero hay que hacer algo por que vamos mal”. A lo que el Jefe de Presupuesto contesta que no se puede confundir presupuesto con contabilidad, puesto que las deudas se registran es en esta última y no en el presupuesto que se proyecta anual.
Duvinia Torres (la U) señala que de los 140 mil millones que se tenían de ICLD este año ya la Administración utilizó 40 mil millones para pagar deudas, de ahí surge el déficit. Recomienda que la Oficina de Tesorería y la de Presupuesto trabajen de la mano, porque esta situación evidencia que se hicieron disponibilidades de rubros que no tenían recursos.
César Pion (la U) manifiesta que sí la Administración sabía que había una debilidad en los ILCD como consecuencia del déficit, “no se debió haber contratado tantas OPS”. Reitera que es necesario un mayor recaudo en el impuesto predial y en Industria y Comercio, indicando que la Contraloría tendría que prestar más atención en temas como los puertos que no están pagando y las prescripciones a empresas como SACSA, que este año ascienden a 58 mil millones. David Dáger (Liberal) dice que de acuerdo a lo expresado por los funcionarios una de las posibles causas del déficit es que en el 2011 se utilizaron recursos para pagar deudas del 2010, señalando que sí este año se está haciendo lo mismo, “no podemos hacer las apropiaciones presupuestales para el próximo año con base en estos montos”.
Américo Mendoza (ASI) reitera que no está claro de donde salió el déficit, tampoco cuando se liberarán los recursos sobrepignorados, así tampoco que está pasando con la custodia de la información en las dependencias. Afirma que al momento de detectar el déficit la Administración debió haber hecho otra cosa, como por ejemplo haber llegado a un acuerdo con los acreedores, pero no utilizar de inmediato los recursos de ICLD para pagar estas deudas
Lewis Montero (PIN) pregunta cuales fueron los fundamentos para pagarle a los acreedores en la conciliación, “deudas que ninguna Administración pasada había decidió pagar”. Vicente Blel (Cambio Radical) recomienda a la Administración no hablar públicamente tan pronto de la posibilidad de presentar un Proyecto sobre incentivos, porque esto puede desmotivar a los deudores que estaban pensando en cancelar ahora, además en lo que respecta los problemas de archivo de la información en las dependencias, solicita al Contralor verificar si se está aplicando la Ley General de Archivo.
David Múnera (POLO) afirma que lo único claro es que existe un déficit en tesorería y que ninguno de los funcionarios sabe que produjo exactamente el déficit de 64 mil millones, señalando que “será necesario traer a Roberto Useche para que nos explique”. Manifiesta que se debe aclarar cuántos y cuáles fueron los traslados presupuestales que el Alcalde hizo de los ICLD para cubrir el déficit en estos 6 meses, señalando de qué Secretarías y cuáles programas quedaron desfinanciados, además de explicar quiénes fueron los acreedores a los que le pagaron.
William Pérez (la U) sostiene que se va satisfecho y no tan preocupado por las respuestas y la argumentación legal y técnica dada por el Secretario de Hacienda explicado el origen del déficit. Por su lado Saray Aguas (Partido Verde) deja una constancia en la que solicita mayor compromiso a la Secretaría de Hacienda en lo que se refiere al cobro del predial a los 100 mayores deudores del Distrito, puesto que de prescribir la suma ascendería a más de 200 mil millones de pesos.
Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) manifiesta al concejal Pérez que él no está tranquilo sino “preocupado e insatisfecho por las respuestas”, puesto que pese a estar convencido que no se ha cometido nada ilegal, sí considera que lo hecho fue “inconveniente”. Recuerda que ninguna de las tres administraciones pasadas consideró prioritario cancelar estas deudas, y esta Administración en menos de tres meses con recursos del ICLD las canceló “a empresas y personas prestantes de la ciudad”. Reitera que la Secretaría de Hacienda de manera inconveniente pagó estas deudas con dineros que debieron ser invertidos mejor en el “déficit social de la ciudad”
El Personero Distrital solicita copia del acta de la sesión para iniciar las investigaciones disciplinarias, de la misma forma como lo hizo el Contralor quien afirma que de comprobarse algo, la sanción será “ejemplarizante”. Antonio Quinto Guerra (Conservador) propuso que el debate no concluya y se reprograme una nueva fecha de citación a todos los funcionarios, para que respondan las nuevas inquietudes presentadas por los concejales, como por ejemplo la petición que le hizo a la Oficina Jurídica de los laudos arbitrales. Alfredo Díaz (PIN) propone enviar cuáles fueron los criterios utilizados para pagar las deudas del 2011 con recursos del 2012. Duvinia Torres (la U) pide se envié un inventario de las conciliaciones y de las solicitudes que se han hecho, puesto que esto entra a sumar en el déficit. La proposición se aprobó con las adiciones.
En otro tema Andrés Betancourt (Conservador) solicita citar a todos los funcionarios que tienen una relación directa en los proyectos de acuerdo a los cuales se les dará audiencia pública mañana (hoy) después de 10:30 a.m., los cuales son: Proyecto de Acuerdo por medio del cual se reglamenta la contratación pública; Proyecto de Acuerdo por medio del cual se armoniza el Plan de Desarrollo y el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se establece la Orden Civil al merito Angélica Gutiérrez.
Finaliza la sesión y se convoca para el miércoles 11 de julio a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Armando Mercado. Asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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