El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio a la Asamblea de Bolívar, 18 de febrero de 2025.
Hora de inicio: 9:51 a.m.
Hora de finalización: 11:53 a.m.
En esta sesión, la secretaria general de Bolívar, Juliana Solano, socializó el proyecto de ordenanza “Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Bolívar para comprometer vigencias futuras ordinarias destinadas a financiar gastos esenciales recurrentes del sector central y se dictan otras disposiciones”.
Destacó como ventajas de este proyecto, garantizar la continuidad de la administración central, mayor seguridad jurídica y transparencia en los procesos de contratación y aumento de la eficiencia en la administración pública. Indicó que serían cinco contratos, una contratación directa para arrendamiento de inmuebles para el desarrollo de funciones misionales de distintas dependencias ($7.896 millones), y cuatro licitaciones públicas para: servicio de limpieza, cafetería y jardinería ($9.125 millones); servicio de transporte especial para desplazamiento de funcionarios y arriendo de vehículos ($12.076 millones); prestación de servicio de seguridad privada y vigilancia ($9.300 millones); y servicios de mensajería expresa ($2.800 millones).
El diputado Zaith Adechine (Movimiento de Salvación Nacional) felicitó a la secretaria por la presentación completa y clara. Sugirió ampliar la justificación del uso de vigencias futuras para gastos de funcionamiento. Resaltó que se debería estudiar la posibilidad jurídica de anexar a los contratistas dentro de las vigencias futuras y preguntó cómo se están garantizando los servicios hoy, cómo se contratan y quiénes lo hacen.
El diputado Víctor Mendoza (Cambio Radical) cuestionó la necesidad de dar vigencias futuras para la movilidad de funcionarios, teniendo en cuenta que hay otros contratos importantes como el PAE para instituciones educativas. Adechine reafirmó la importancia de identificar los beneficios de este proyecto para comparar. Juan Mejía (Conservador) se mostró a favor del proyecto debido a que facilita los procesos propios de la administración y evita que haya excusas de los funcionarios para llegar a los territorios.
Jorge Rodríguez (La U) resaltó que podría existir un impedimento porque no hay una reglamentación donde se sustente el uso de vigencias futuras para estos casos, por lo cual solicitó que la Secretaría Jurídica haga presencia en el primer debate para evitar conflictos legales. Se comprometió en hacer un estudio al respecto. El presidente Alonso Del Río se sumó a la sugerencia de la presencia del secretario jurídico en el próximo debate.
El diputado Mendoza sugirió que es necesario hacerle seguimiento al uso de los vehículos para garantizar que sean usados para los fines misionales de las secretarías y no usos personales. Por su parte, el diputado Luis Ballestas (Conservador) resaltó que los vehículos contratados tendrán un gran desgaste y que sería mejor que sean modelos nuevos. Mejía resaltó que la gobernación no compra vehículos, sino que los contrata.
A esto, la secretaria Solano respondió que sí existen antecedentes en otras corporaciones donde han usado vigencias futuras para gastos de funcionamiento. Mencionó que no tienen soporte jurídico para contratación por OPS a través de vigencias futuras. Por último, agregó que se tiene mayor consideración con los contratistas que ofrezcan vehículos de menor antigüedad, y que los contratos incluyen combustible y conductor.La diputada Viviana Villalobos (Cambio Radical) preguntó cuántos vehículos se contemplan. Solano respondió que son 21 vehículos y que estos no están asignados a los secretarios sino a las secretarías para transportar pasajeros e insumos. Aclaró que hay dos tipos de contrato: uno por 24 horas (despacho del gobernador) y otro con horarios establecidos, la mayoría corresponden al segundo. Posteriormente, la secretaria de hacienda, Lanny Quintero, compartió los certificados de disponibilidad presupuestal de las vigencias futuras solicitadas.
De acuerdo con Quintero, ninguno de los indicadores de solvencia y sostenibilidad sobrepasa los límites legales, por lo cual, existe viabilidad para el proyecto. Terminada la presentación, se dio traslado a la comisión de hacienda y se designó al diputado Javid Benavides para rendir informe. El diputado Mendoza solicitó que se haga una mesa de trabajo abierta para todos los diputados con el gobierno departamental para aclarar las inquietudes antes del próximo debate.
Continuando con el orden del día, se socializó el proyecto de ordenanza “Por medio del cual se crea la Mesa Departamental de Orgullo Bolivarense” por parte de Javier Posada, director de la Escuela de Gobernanza. Inició con la presentación de un video de la década de los 80 por medio del cual se fortaleció la identidad de Medellín y recuperó su tejido social y político. Con este ejemplo, expuso que se pretende hacer algo similar en Bolívar, a través de la colaboración del sector público y privado.
Mencionó que la mesa busca fortalecer la cultura ciudadana y la identidad bolivarense mediante la participación activa; creando espacios de diálogo entre la sociedad y gobierno, implementando estrategias de educación y sensibilización cultural y articulando esfuerzos entre distintos sectores. La mesa se reuniría ordinariamente tres veces al año, y extraordinariamente cada vez que sea necesario.
El diputado Oscar De León (Alianza Verde) se mostró a favor del proyecto, resaltando que es necesario para impulsar iniciativas propias del departamento y que debe tener una identidad cultural y musical para ser ampliamente conocido. Mencionó que es una oportunidad para potenciar la creación de la “FestiFeria, Bolívar Soy”, un proyecto en el que ha trabajado antes.
El diputado Jorge Rodríguez (La U) planteó que habría preferido que la iniciativa fuese una política pública, resaltando que la cultura del agua debería ser tenida en cuenta. En el mismo sentido, la diputada Villalobos preguntó por qué la mesa no se planteó como política pública si está alineada con los objetivos del plan de desarrollo. Por su parte, manifestó apoyo al proyecto y resaltó que a través de la creación de la conciencia ciudadana se podrá fortalecer el turismo a gran escala.
El diputado Adechine señaló que, si la idea es que sea abierta y participativa, debería haber más espacio para la ciudadanía, ya que, 11 de los 14 puestos dentro de la mesa son de funcionarios de la gobernación. El diputado Juan Mejía (La U) expresó que sería importante vincular a los alcaldes, añadiendo motivaciones que impulsen el trabajo con distintos actores.
Por su parte, la diputada Sofía Ricardo (ASI) resaltó que convertir este proyecto en política pública sería el primer paso para que exista mayor identificación cultural en los ciudadanos del territorio. Además, solicitó que se aclarara por qué en el Artículo 7 se otorgan facultades al gobernador, ya que no encuentra relación con el proyecto.
En respuesta, Posada explicó que si bien, lo ideal es la construcción de una política pública, el proyecto de ordenanza se ha asumido de manera transicional, para comenzar a trabajar en busca de estos objetivos. Además, ya existen dos políticas públicas en la Secretaría del Interior que no se han desarrollado, por lo que resultaba inconveniente agregar otra. Se asignaron como ponentes a los diputados Juan Mejía y Viviana Villalobos.
Posteriormente, la diputada Villalobos presentó una proposición para hacer una citación de control político a la secretaría general y dirección logística para conocer los resultados en cuanto a la enajenación de bienes muebles del departamento. La proposición fue aprobada con 13 votos a favor y 1 diputada ausente (Cure). La mesa directiva será la encargada de definir la fecha.
Agotado el orden del día, se citó para el jueves 27 de febrero a las 9:00 a.m.
Escrito por Helem Sofía Bernal Romero, asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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Foto de portada: Caracol Radio
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