Bancada de La U propone debate para favorecer al gremio de taxistas y mejorar la prestación de este servicio, 2 marzo del 2017

Hora de inicio: 9:02 a.m.

Hora de finalización: 9:54 a.m.

Iniciado el orden del día el Secretario General dio lectura a las proposiciones radicadas en su despacho, comenzando con la presentada por el concejal Cesar Pión (La U) y su bancada, a través de la cual  se cita al gerente de Acuacar, a la Contralora y Personero distrital, Jefe jurídico del Distrito e interventor del contrato y/o concesión Aguas de Cartagena-Distrito, para que informen todo lo concerniente a la ampliación del contrato y/o concesión que tiene el distrito con Acuacar el cual fue firmado faltando seis años para su vencimiento.

En consideración a esta proposición el concejal Edgar Mendoza (Conservador) hace algunas anotaciones al cuestionario presentado por la bancada de La U, en lo referente al informe donde conste el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones plasmadas en el contrato inicial en lo que tiene que ver con las transferencias tecnológicas, recuperación de pérdidas no contabilizadas y la no tercerización de la mano de obra local.

El concejal Javier Curi (Liberal) interviene para respaldar la proposición y adicionalmente solicitar el informe de subsidios y contribuciones, herramienta necesaria para un mejor estudio de la situación.

Luego de aprobada esta proposición, se da lectura a una segunda iniciativa de la misma bancada, a través de la cual se solicita un debate encaminado a revisar el estado de la movilidad urbana, teniendo en cuenta que este es uno de los principales problemas que aquejan a la ciudadanía.

Para la bancada de La U, el gobierno debe  implementar políticas concertadas y definidas donde participen, no solo representantes del DATT y Secretaria del Interior, sino también el Concejo de Cartagena para promover mejoras integrales en la prestación del servicio.

Al respecto,  el concejal Pión para ambientar y ampliar la proposición, expresó que las dificultades de movilidad de la ciudad no solo se deben a la infraestructura, por lo que debe tenerse en cuenta factores como la competitividad entre los servicios de Uber y Easy Taxi, que ponen en desventaja  a los taxistas convencionales.

“La climatología, el comportamiento y tendencia de picúas por algunos reguladores de tránsito, el atraco del cual son víctimas, la salud mental disminuida  por el  estrés y acoso, la competencia sin regulación, y la no aplicación del Decreto 1047 de 2014”, son algunos de los aspectos que para el concejal Pión, convocan al Concejo Distrital a hacer un debate que busque el favorecimiento de este sector y de la prestación del servicio.

En este mismo sentido, el concejal Américo Mendoza (ASI) menciona unos elementos adicionales para profundizar en el debate, considerando que es pertinente que además de conductores y propietarios también se invite y se escuche a los usuarios de este servicio, para conocer las opiniones, quejas o sugerencias de estas personas, quienes son las principales afectadas por el deterioro en la prestación del servicio.

De la misma manera, Mendoza solicita que se incluya un punto para instituir un código de ética para los taxistas, a fin de lograr un aumento en la calidad general del servicio.

Para responder a las solicitudes de su colega, el concejal Pión manifiesta que el debate debe hacerse en diferentes segmentos, de tal forma que la primera fase del debate se dirige a los conductores, la siguiente fase involucrará a usuarios y la tercera a la Administración.

Siguiendo con el orden del día, se da lectura a la tercera y última proposición del día mediante la cual se solicita la relación de las proposiciones de citación y solicitudes de información que no fueron convocadas y respondidas, como también los acuerdos que no fueron aprobados para revisar su vigencia y así ganar tiempo en la gestión y el control político. Esta proposición también fue presentada por el concejal Cesar Pión y su bancada, y fue aprobada por la plenaria.

Posteriormente se le dio el uso de la palabra al concejal Rafael Meza (Conservador) para realizar una adición a la proposición presentada el día de ayer por su colega Américo Mendoza con relación al traslado del Mercado Bazurto y  la situación del Mercado de Santa Rita.

El cabildante expresó su preocupación por el estado de este último, puesto que lleva dos años que fue aparentemente entregado pero no ha entrado en operación. Por lo anterior, se permite citar al abogado de los comerciantes Pedro Martínez, a la comerciante Mary Giraldo, al Secretario de Infraestructura, y al interventor de la obra para que informe cuando será la verdadera entrega a la comunidad.

Posteriormente el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) en relación con los índices de pobreza en la ciudad y la política pública de empleo que se ha tratado en la Corporación, considera que es necesario generar estrategias que disminuyan dichos índices, refiriéndose específicamente a las personas jubiladas que se encuentran contratadas por el Distrito, Gobernación y otras entidades, lo cual según el concejal,  impide dar oportunidades de trabajo a los desempleados de la ciudad.

Para finalizar el cabildante sugiere a su colega Javier Curi, quien ha sido responsable de promover la creación de una política pública del empleo, que sean tomadas en cuenta estas sugerencias.

Sobre este tema también opinó  el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) para recordar que en el día de ayer se sugirió una reunión urgente con la Administración para que se informe sobre los avances realizados en materia de pobreza.

Así mismo, en un intento de enriquecer la discusión, el concejal César Pión manifestó que era necesario trabajar en el desarrollo de un modelo económico que ataque la situación de pobreza que se vive en la ciudad, pero considera que para no duplicar esfuerzos es necesario, en primera instancia, llevar a cabo la reunión con el gobierno local.

Seguidamente interviene el concejal Carlos Barrios (Conservador) quien teniendo en cuenta la relevancia turística de Cartagena, pone en conocimiento de la plenaria la inauguración de una nueva ruta aérea entre Ámsterdam, Bogotá y Cartagena, y frente a esto manifiesta su creciente preocupación sobre la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, en tanto que se está manejado desde Bogotá.

El cabildante considera que la concesión manejada por SACSA no logrará cumplir con la demanda de la ciudad ni con la proyección del año 2025 lo cual estará en contravía del desarrollo turístico de Cartagena. Por tal motivo considera que la Corporación en conjunto con el Alcalde Mayor, deben conocer de primera mano el estado real de las APP presentadas en la capital de país para saber si se construirá un nuevo aeropuerto o si la concesión seguirá con SACSA.

En relación a este mismo tema se pronunció el concejal David Caballero (Conservador) quien acompañó  la inquietud de su colega, y manifestó que para él es claro que la concesión continuará a cargo de SACSA, decisión que pasará por encima de los habitantes de los barrios Crespo y San Francisco ya que el aeropuerto ha impactado negativamente en el entorno de estas comunidades.

Para Caballero, es necesario una reunión con el gobierno en la que se explique, no solo que sucederá con esas APP, sino también con el aeropuerto Rafael Núñez.

El concejal William Pérez (La U) se comprometió con la formulación y presentación de una proposición en torno a esta situación para el día de mañana. Para el concejal, es necesario tener en la Corporación a SACSA, ya sea como invitado o citado, e incluso a la Vicepresidencia para que den cuenta de lo que está ocurriendo con el aeropuerto y el plan de construir un aeropuerto en el corregimiento de Bayunca, así como de otros temas.

Como última intervención del día, se le otorga la palabra al concejal Javier Curi(Liberal) quien  hace referencia al traslado de la Base Naval y asegura que esta decisión  se está presentando como el gran epicentro del desarrollo turístico de la ciudad de Cartagena y que el mismo sería el proyecto más importante en materia turística.

Igualmente, el liberal expresa su desacuerdo frente a este tipo de desarrollo al considerar que no es incluyente, ya que aún no se ha planteado cuál es la situación de los habitantes de la isla de Tierra Bomba y Bocachica, ni si este tipo de desarrollo apalancará a estas comunidades.

“(…) en cuanto a los macroproyectos es necesario tener conocimiento sobre el verdadero impacto que tendrán sobre las comunidades que viven a lo largo de los cuerpos de agua de la ciudad y particularmente en la zona sur-oriental”, indicó Curi.

El cabildante menciona también que ya existen leyes y se ha hablado con anterioridad de la necesidad de que el gobierno nacional se vinculara a la ciudad para el financiamiento y recuperación de los cuerpos de agua, puesto que será muy difícil que Cartagena, por sus características particulares, logre hacer dichas intervenciones sin el apoyo financiero de la Nación.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el viernes 03 de marzo, a las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.

Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.

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