Bitácora Concejo de Cartagena 18 de octubre de 2012

Hora de inicio: 9:05 a.m. Hora de finalización: 1:52 p.m.

  • Concejo sugiere al Alcalde encargado no firmar Proyecto Playa Modelo
  • Viernes 19 de octubre Audiencia Pública en Canapote

La sesión se inicia con la intervención del Presidente del Concejo Rafael Meza (Conservador) quien resalta la presencia de los citados, saludando al Secretario del Interior- Naucicrate Pérez, Secretario de Planeación- Luis Cano, Directora de Valorización- Clara Calderón, Representante de la Corporación de Turismo, Representante de la DIMAR y Representante de la Procuraduría Ambiental. Luego de la introducción hecha al debate por los concejales David Múnera (POLO), Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) y César Pión (la U) intervinieron los funcionarios.

El Secretario del Interior señaló que el Proyecto Playa Modelo está enmarcado en el Plan de Desarrollo, dentro de las obras que se tienen concebidas para el Macro Proyecto del Bulevar Bicentenario. Así mismo el representante de la Corporación de Turismo recalcó que lo que se busca es que la ciudad cuente con playas competitivas, indicando que los vendedores informales y demás personas que laboran en estas no son un problema, sino que tiene que concebirse como parte de la solución.

Seguido la Directora de Valorización hizo una descripción general del Proyecto Bulevar Bicentenario y como el Proyecto Playa Modelo está inmerso en este, aclarando que la Nación pondrá 7.500 millones y el Distrito 1.500 millones. Señaló que de los 7.200 metros del Proyecto Bulevar este proyecto se realizará en 650 metros en las playas de Marbella, tanto del lado de la playa como de la vía. Indicó que no es por valorización y que además falta la certificación de la DIMAR, aclarando que el Proyecto tiene el certificado del Ministerio de Medio Ambiente en el que sostiene que no era necesario hacer consulta previa porque en dicha zona no hay asentamientos afros ni indígenas.

Por parte de la comunidad intervinieron Carlos Carrascal, de la Unión de Trabajadores Democráticos de Bolívar, y Gustavo Medrano, quienes insistieron en que se oponen a la privatización de las playas y su concesión al sector hotelero. También lo hizo Luis Vergara quien explicó como la Corporación de Turismo se gastó 500 millones de pesos capacitando a los vendedores, pero cuando se presentan estos proyectos no se les incluye para trabajar en ellos. Mónica Mass, representante de Cotelco señaló que si bien este tipo de proyectos son importantes, tienen que ser incluyentes con las personas que laboran en las playas. Por último José Almeida, representante de los vendedores de Marbella aclaró que el Proyecto de la playa piloto no había sido socializado con ellos.

Por su parte la DIMAR señaló que se tenía que pensar en darles un buen servicio a los turistas cuando estos vayan a las playas, por lo que insistió al Concejo que se debe reglamentar el uso de las playas. Señaló que por lo que han entendido el Proyectó si tendrá en cuenta a los trabajadores que devengan su sustento de estas playas, aclarando que todavía no han emitido el concepto técnico sobre el mismo.

Lewis Montero (PIN) presentó un video del “deplorable” estado en el que se encontraban algunos de los kioscos del sector de Bocagrande. Preguntó por qué si las playas de Bocagrande estaban en este estado no hacían el Proyecto de playa pilotó allá, a lo que se respondió diciendo que es precisamente porque en las playas de Marbella se baña el pueblo, argumentando que “poco a poco le están quitando las playas a los cartageneros más pobres”.

Américo Mendoza (ASI) le señaló al representante de la DIMAR que “pareciera que le estuviese diciendo al Concejo lo que tiene que hacer”, además por sus argumentos estaba defendiendo el Proyecto más que la propia Administración. Recordó que sí este era un Proyecto de concesión, según la Ley 1508 “Alianzas público-privadas” debía pasar por la aprobación del Concejo y tener su visto bueno. Además puntualizó que no se ha dejado claro si el Proyecto está inscrito en el DNP. Esta intervención fue respaldada por su compañero de bancada Germán Zapata.

Por su parte la Procuradora delegada señaló que este tipo de proyectos son importantes pero teniendo en cuenta a las comunidades. Señaló que la comunidad debe estar tranquila porque su dependencia velará porque se cumpla todo lo establecido en la normatividad, pero señaló que por algún punto hay que iniciar este tipo de proyectos.

César Pión (la U) sostuvo que primero cada dependencia debía limitarse a sus competencias, señalándole a la Procuraduría que velará por vigilar que se cumplan los procesos y a la DIMAR que no tratara al Concejo como sí no conocieran de turismo. Reiteró que no están en contra del proyecto, pero si están en contra que no haya sido socializado, manifestando que esto debe hacerse antes que se firme el convenio y no después, porque de lo contrario “le hacen conejo al Concejo y a la ciudadanía”

David Múnera (POLO) afirmó que el Alcalde encargado le está haciendo “un mandado a alguien” con este Proyecto. Le señaló al representante de la DIMAR que al dar su opinión del Proyecto “prejuzgó”, por lo que al momento que tenga que emitir el concepto técnico formalmente debería declararse impedido. Ante una pregunta del concejal Betancourt en el sentido de por qué decía que el Proyecto era “privatizador” respondió afirmando “porque nadie de la Administración ha dicho lo contrario”, al tiempo preguntó por qué no habían traído una copia del convenio al Concejo para que se conociera. Por último recordó que este convenio podría “no ser legal” puesto que la reglamentación del uso de las playas corresponde al Concejo.

Por su parte Andrés Betancourt (Conservador) manifestó que independientemente de las posiciones, todos estaban de acuerdo en que el Proyecto era conveniente. Le replicó al concejal Múnera que su concepción ideológica del desarrollo socioeconómico giraba en torno al territorio, mientras que la suya giraba en torno al conocimiento como motor del desarrollo, señalando que si la ciudad sigue enfrentándose por el territorio nunca llegará a acuerdos. Señala que por lo que ha entendido la Administración dejó claro que no se privatizará, reiterando que independientemente el Proyecto tiene que ser socializado con las comunidades. Aclara que sí no se firma el convenio se corre el riesgo que el Distrito pierda los recursos que el Ministerio está dispuesto a invertir.

Jaime de Ávila (Liberal) reiteró que no se oponía a la iniciativa pero si a la exclusión de los pescadores, carperos y vendedores ambulantes, recordando que nunca dijeron que las playas de las Américas y del Hilton serían privatizadas y eso fue lo que termino ocurriendo, manifestando que en este nuevo Proyecto buscaron la forma de evadir el mecanismo de consulta previa. Le señaló a la Corporación de Turismo que si de verdad quería impulsar el turismo debía recuperar el balneario de Bocachica.

Pastor Jaramillo (Cambio Radical) recordó que la Sentencia T-348 de 2012 de la Corte Constitucional es clara cuando señala que en todo proyecto que afecte a los pescadores, sea porque estén asentados en la comunidad o utilicen la playa como medio de sustento, se está en la obligación de no sólo socializar sino concertar con los pescadores, sin obligarles a cambiar su modo de subsistencia. Señaló que la dicotomía territorio/conocimiento ya está superada por la teoría constitucional, que pone por encima la teoría de los derechos, reiterando que si este convenio se firma puede ser demandable.

Por su parte Duvinia Torres (la U) manifestó que el debate permitió enriquecer el contenido del convenio antes que sea firmado, señalando que la Sentencia de la Corte es el insumo más importante que se debe incluir. Dijo que se tienen que aprovechar las capacidades articuladoras del Alcalde encargado para, con un equipo que lo respalde, gestionar proyectos. Sugirió que en el Proyecto de la playa piloto se construya un muelle para de esta forma incluir productivamente a los pescadores en la iniciativa. Alfredo Díaz (PIN) sostuvo que estaba de acuerdo con el convenio siempre y cuando se dejara claro que es el Distrito ejecutará la obra, que será concertado con las comunidades y que se defina a quien se le dará la operación.

Por último Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) lee una proposición firmada por 10 concejales en la que le sugieren al Alcalde no firmar el convenio con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para realizar el Proyecto playa polito, porque no se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Sentencia T-348, además porque la reglamentación de las playas es una facultad del Concejo. La proposición fue aprobada.

Finalizó la sesión y se convoca para el viernes 19 de octubre a las 8:30 a.m. en las instalaciones del restaurante La Rebelión, en la bajada del Puente de Canapote.

Escrito por Armando Mercado. Asistente de investigación del Observatorio a Corporaciones Públicas de Funcicar.

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