HORA DE INICIO: 6:33 p.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 8:30 p.m.
- Informe de las investigaciones adelantadas por parte de la Personería Distrital con relación a la construcción que se está llevando a cabo frente al Castillo de San Felipe.
- Concejales proponen una Audiencia Pública para este lunes 29 de julio a las 05:00 p.m. con la presencia del Señor Alcalde Mayor de Cartagena, funcionarios de Mando CBI Reficar y trabajadores.
- Se resalta la presencia del personero, William Matson Ospina.
Al iniciar la sesión el personero explica que su intención es ilustrar sobre la construcción de San de Lázaro Distrito Artes. Dice que el problema de la construcción radica en el aspecto jurídico. Hace una amplia explicación haciendo mención de leyes, artículos, resoluciones y demás, donde entre otros menciona que el artículo 72 de la Constitución dice que el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado, el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Señala que el reducto de San Lorenzo o Castillo de San Felipe es un bien de interés cultural de la Nación, y los habitantes del territorio nacional por lo que las autoridades del orden nacional y/o Distrital tienen que defender. Asegura que entre los fundamentos legales se debe tener en cuenta el decreto 1911 de 1995, porque es mediante el cual el Ministerio de la Cultura considera o declara al reducto de San Lorenzo o San Lázaro como bien cultural de la nación; agrega que también se tiene en cuenta el artículo 102 de la Ley 388 de 1997 ya que dice que la interpretación de las normas urbanísticas en el orden territorial corresponden a las Secretarías u oficinas de Planeación, señalando que los curadores verificarán la concordancia de los proyectos, sometidos al trámite de licencia con las normas urbanísticas vigentes.
Hace referencia al POT señalando que es el que da lugar a que la Secretaría de Planeación diga que existe un vacío desde el punto de vista del POT con relación a las construcciones que tienen una actividad comercial, relacionado con la altura, siendo este aspecto lo que afecta la obra en mención. En los fundamentos legales señala que se mencionan los pisos pero no la altura. Por otra parte el personero señala que hubo una extralimitación en el ejercicio de sus funciones, porque no es lo mismo interpretar el POT que modificarlo. Señala que este proyecto fue presentado al Ministerio como Espinal Plaza con una altura diferente, lo cual se aprobó y que al ser modificado debía ir al Ministerio de Cultura para su aprobación.
El concejal David Dáger (Liberal) dice que el problema es que el Ministerio da un visto bueno a un proyecto con nombre diferente al que ya está en ejecución. El concejal Américo Mendoza (ASI) señala que los avales del Ministerio datan desde del 2008, por lo que solicita aclarar responsabilidad de este proceso, argumentando que no debe quedar toda la culpa bajo Campo Elías porque se murió, ya que hubo varias administraciones de por medio. El concejal David Múnera (POLO) dice que la resolución es clara, habiendo un agravante y es que violentaron una normatividad; señala que el Ministerio dice que cualquier modificación al proyecto debe ser aprobado por ellos, y el mismo fue totalmente modificado. La propuesta que aparece en la resolución 1258, y lo que se termina construyendo, son dos proyectos diferentes. Considera “muy grave” que el comité técnico otorgue la autorización en las tres veces que se estudia el proyecto y que la curaduría dé aprobaciones sin exigirle que pasara por el Ministerio de la Cultura.
El concejal David Dáger, explica que la curaduría continúa los procesos a partir del primer concepto, con concepto previo del Comité de patrimonio; no se van a los conceptos del Ministerio sino se acogen a los conceptos del Comité técnico de patrimonio. Señala que se tiene una modificación en el acta 15 del 29 de septiembre de 2011 la cual emite concepto favorable del Comité técnico a una modificación presentada por los arquitectos, diciendo que fueron “escalando para llegar a donde están hoy” y que la curaduría no debió dar licencia sino enviar directamente al Ministerio. El presidente del Concejo Antonio Quinto Guerra (Conservador) pregunta al personero si la Personería ha pensado instaurar alguna acción de nulidad contra las resoluciones que expiden la licencia.
El personero indica que se viola el debido proceso en la expedición la licencia de construcción; que las irregularidades estuvieron en la Secretaría de Planeación Distrital, ya que tenía facultades para interpretar y en la circular no hay una interpretación sino una modificación del POT. También señala que se debe estudiar el concepto de intervención, explicando que cuando la Ley define interpretación como todo acto que cause cambio en el bien de interés cultural o que afecte el estado del mismo, afectar implicaría en el caso actual, afectar el estado visual que ha tenido por mucho tiempo dicho bien; se dice que el concepto previo lo otorgó el IPCC a través del Comité técnico de patrimonio en el orden territorial; el personero señala que el Comité no podía hacerlo porque no tenía facultades.
El concejal Antonio Salim Guerra (cambio Radical) pregunta en qué fecha el Comité técnico de patrimonio del IPCC dio el primer concepto favorable y quiénes hacían parte como miembros del mismo y la representación de cada uno. El personero indica que la fecha del último concepto es del 5 de marzo de 2013; presenta también un acta del 29 de septiembre de 2011, nombra como miembro a Carlos Crismatt, Hernando Bolaño, Ricardo Zabaleta, León Trujillo y Dora Gray. En el 2007 se emitió el primer concepto y nombra a Fernando Tinoco, representante del Alcalde Mayor encargado de Cartagena; Alberto Herrera, representante Sociedad Colombiana de Arquitectos; Maria Pia Mogollón, representante de los museos del Centro histórico; Juan Antonio Piñeres, facultades de Arquitectura de Cartagena; Rodolfo Ulloa Vergara, representante Ministerio de Cultura; León Trujillo, representante Academia de Historia de Cartagena; Isabel Polo, secretaria Técnica.
El concejal César Pión (La U) expresa que le da temor que esto sea un “carrusel”, señalando que tocará denunciar ante la Fiscalía General “este carrusel” ya que esto se “viene cocinando” hace varios años. El concejal David Dáger pide se explicar que el Comité que mencionó el personero fue de 2007, pero la resolución de 2008 es la del Ministerio, cuestionando si el Comité de patrimonio de la ciudad se reunió primero que el Ministerio. El concejal David Múnera deja claro que el acta de 2007 es un acta del Comité técnico de patrimonio donde se aprueba con el voto negativo de León Trujillo, dejando constancia que no está de acuerdo con el proyecto, y que luego en las dos actas posteriores vota el proyecto; hace referencia que en la resolución del Ministerio 1208 del 2008, el Ministerio se basa en lo dispuesto por el Comité técnico del 2007. El concejal Andrés Betancourt, pregunta, por qué si es decisión del Ministerio en últimas por ser bienes patrimoniales del orden nacional, tienen en cuenta los conceptos técnicos del Comité técnico del IPCC.
El personero explica que el concepto previo para la obtención de la licencia debió darlo el Ministerio de la Cultura y no el Comité ya que la resolución 1268 por la que se aprobó el proyecto en el Ministerio, señala que toda modificación que se le hiciera al proyecto debía ir al Ministerio de la Cultura y nunca sucedió así; la Curaduría Urbana no debió expedir la licencia de construcción porque se ve violado el debido proceso.
En cuanto las acciones a realizar menciona: La acción popular como medio para garantizar la defensa y protección de los intereses colectivos relacionados con el patrimonio; Ley 472 de 1998, Artículo 4º Derechos e Intereses Colectivos;Acción Penal Artículo 413 Prevaricato por acción, dado que la circular 002 de 2004 fue expedida en septiembre 21, habría que compulsar copia del acta de la sesión a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la conducta presuntamente ilícita. Sin embargo, por el corto tiempo que queda para la prescripción lo más probable es que prescriba. Explica las acciones y leyes relacionadas en materia disciplinaria y por acción contenciosa administrativa, es deciracción de simple nulidad por violación de norma superior, dado que la presunta y errónea integración normativa, fue realizada desconociendo la existencia del artículo 223 del POT relacionado con una situación igual, pero que lo único que la diferenciaba era el carácter residencial de la misma.
El concejal Pastor Jaramillo, expresa que a partir de la promulgación de la Ley 1617 ordena modificar la forma que se venía operando este tipo de Comité, por lo que se debe expedir la normativa nueva. El concejal David Dáger señala que ese debate continúa y están reunidos para escuchar al personero, no es el debate definitivo sino informativo, le gustaría que se invite a los representantes legales de la firma, notificándoles para el día lunes y que ojalá se pueda lograr que el Ministerio de Cultura haga presencia. El concejal Américo Mendoza (ASI) invita al personero que si ya adelantó una parte de la tarea, la concluya, siendo ésta mirar la posibilidad que la instancia que tenga que decretar la demolición de la obra, lo haga, ya que estos debates son para concluir y sentar precedente.
En otro tema el concejal César Pión (La U) en nombre su nombre y el concejal David Múnera (POLO) preocupados con el conflicto laboral que vive la Empresa CBI Reficar y sus trabajadores, al conocer denuncias a través de los medios de comunicación sobre retaliaciones por despidos de más de 2.300 trabajadores que mostraron inconformidad con la empresa, muertes por falta de asistencia médica calificada, discriminación de la mano de obra local, entre otros, entendiendo que a pesar de que la solución a las peticiones laborales dependen del orden nacional, proponen dirigir una Audiencia Pública para este lunes 29 de julio a las 5:00 PM con la presencia del Alcalde Mayor de Cartagena, Dionisio Vélez, funcionarios de mando CBI Reficar y trabajadores, dado que la continuidad de esta supuestas anomalías impactan la economía, lo social y ambiental de la ciudad.
Se levanta la sesión y se convoca para mañana 25 de julio de 2013 a las 9:00 a.m. en las instalaciones del Concejo.
Escrito por Lizeth Maria Polo Amador, asistente de Investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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