Hora de inicio: 8:58 a.m. Hora de finalización: 12:52 p.m.
- Concejo homenajea a la familia del fallecido cantante de champeta John Jairo Díaz Saya “El Sayayin”
- Debate de control político a Distriseguridad por irregularidades en el manejo de recursos
La sesión se inicia con la intervención del Presidente Rafael Meza (Conservador) quien resalta la presencia de los citados saludando al director de Distriseguridad, Gabriel Arango Bacci, representantes de la Contraloría y la Personería.
Germán Zapata (ASI) felicitó públicamente a la familia de John Jairo Díaz Saya “El Sayayín” quien asistió a la plenaria para recibir el homenaje. Luego de presentar un video en el que se enumeran algunos de los grandes éxitos del fallecido cantante, procedió a entregar en nota de estilo la distinción a los hijos del artista. Además, los empleados de la Corporación y el concejal César Pión (la U) dedicaron unos poemas en su memoria.
Por otra parte Alfredo Díaz (PIN) pidió que se hicieran las gestiones con la Administración para brindar soluciones de empleo y vivienda a la viuda del cantante, para que el homenaje “no quede sólo en palabras”, posición que fue respaldada por William Pérez (la U) quien además insistió en que el IPCC promueva y apoye el talento local, para evitar que emigre de la ciudad. Ante esto el Presidente Rafael Meza designó una Comisión accidental integrada por Alfredo Díaz, William Pérez y Germán Zapata para que realicen las gestiones correspondientes ante la Administración en los temas antes mencionados. Por último Leonardo Fabio Díaz- hermano del fallecido cantante- dio las gracias a la Corporación por el homenaje a su hermano.
Seguido inicia el debate de control político con la intervención del director de Distriseguridad, quien expone un informe administrativo, financiero y jurídico de la entidad. Señala que el presupuesto para la vigencia 2012 es de $11.499 millones, de los cuales 1.226 son para gastos de funcionamiento y 11.499 son gastos de inversión. Manifiesta que de los $7.068 millones destinados a fortalecimiento de equipo y seguridad, 1.400 se tienen que “congelar” puesto que están destinados para la estación de Policía del Pozón, señalando que para la gasolina de los vehículos de policías están destinados $1000 millones.
Indica que de enero a abril se contrataron 104 OPS por $1.133 millones, mientras que de mayo a junio se han contratado 17 OPS por concepto de 257 millones. Informó que la licitación para el suministro de combustible a la Policía se declaró desierta y luego de dos meses a través de una selección abreviada se le adjudicó a Districom por concepto de $529 millones. Señaló además que la dependencia invierte al año $283 millones en arriendos. Saray Aguas (Partido Verde) pregunta qué contrato tenía Distriseguridad con la Escuela Taller, así como por qué motivo se estaba pagando el arriendo de algunos Tribunales. Ante esto el funcionario responde que le Escuela Taller tenía un convenio para la construcción de unas vallas, carteles, avisos y garitas. Con respecto a la segunda pregunta recordó que ya se le avisó al Consejo Superior de la Judicatura que sólo hasta este año se le pagará el alquiler a estos tribunales.
Luego toma la palabra Antonio Quinto Guerra (Conservador) quien sostiene que le parece “desproporcionado, inadmisible e irrespetuoso” que se tengan contratados nueve abogados por un valor de $320 millones con tan sólo cinco procesos jurídicos, señalando que “es muy sospechoso” que sus contratos estén hasta el 31 de diciembre. Por tal motivo solicita al funcionario revisar la posibilidad de terminar de común acuerdo esos contratos.
También hizo referencia a un contrato suscrito con un camión modelo 79 por concepto de 30 millones de pesos, manifestando el concejal que “no es posible” que se contrate un servicio con un vehículo particular de más de 30 años de antigüedad, preguntado qué compañía aseguradora puede expedir una póliza de responsabilidad extracontractual por eventuales daños a un vehículo “tan viejo”. Solicitándole al funcionario dar por terminando también este tipo de contratos.
Por su parte David Múnera (POLO) reiteró que el anterior director de Distriseguridad -Augusto Vidales- trabajó hasta el 26 de abril, y en esos 115 días suscribió 126 contratos “más de un contrato por día”. Aseguró el concejal que el último día firmó 14 contratos por valor de 170 millones de pesos, señalando que “eso explica porque se han gastado el 90% del presupuesto de la entidad”. Recordó que el Alcalde aseguraba que el Concejo le había “atado las manos en las facultades para contratar” por lo ocurrido con el Plan de Desarrollo, pero lo que demuestran Distriseguridad y las demás dependencias es que el Alcalde “sí firmó OPS en junio y julio”.
César Pión (la U) afirma que no iba a intervenir porque consideraba que la situación no era tan grave, pero sí es “muy preocupante”. Sostiene que no es posible que se hiciera un contrato con un vehículo que esta para “chatarrización”. Pidió a los órganos de control hacer seguimiento a estos hechos y recordó al funcionario que “ningún delito ha sido evitado con las cámaras instaladas en la ciudad”. En este mismo sentido Américo Mendoza (ASI) señala que de 138 cámaras sólo sirven 76, argumentando que sí la ciudad tiene más de 400 barrios, sólo existe 1 cámara por cada 6 barrios. Sostiene que las funciones de Distriseguridad y la Secretaría del Interior deben estar claramente diferenciadas, para evitar incurrir en “duplicidad de funciones”.
Alfredo Díaz (PIN) sostiene que en cada dependencia citada se están encontrando los mismos casos, recordando que el debate nacional en estos momentos es “la corrupción” y como la ciudadanía se está manifestando en su contra. Dijo que el debate demostró que los recursos no estaban siendo bien utilizados y sugiere en 15 días citar nuevamente a Distriseguridad para que evidencie las medidas tomadas. Por su parte Boris Anaya (Liberal) preguntó al funcionario qué promedio de OPS necesita la dependencia para trabajar.
El director de Distriseguridad aseguró que no hay doble contratación en la entidad y reiteró que su dependencia también cumple funciones de apoyo logístico por tal motivo se contrataron los camiones, señalando que sí se hubiese contratado un modelo más reciente hubiese cobrado más. Ante esto Antonio Quinto Guerra (Conservador) sostiene que la Administración tiene una propia oficina de apoyo logístico y que no tiene presentación la respuesta dada, “si es así alquilen un camión modelo 50 para que les cobre más barato”.
Así mismo Duvinia Torres (la U) expresó que Distriseguridad no puede seguir siendo “la caja menor” de la Secretaría del Interior. Mientras que Jaime de Ávila (Liberal) señala que se debe reducir la burocracia y redireccionar más recursos para la Policía, y de ser el caso en el presupuesto del otro año aumentar el presupuesto de la dependencia. Tanto la Personería como la Contraloría intervinieron afirmando que han tomado atenta nota de las denuncias planteadas, las cuales serán investigadas.
Germán Zapata (ASI) presenta una proposición relacionada con la delimitación entre Cartagena y Turbana, en la que invita al representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en Bolívar, Secretaría de Planeación departamental, Consejo Territorial de Planeación –Bolívar- y al Presidente de la Asamblea de Bolívar; y cita a la Oficina Jurídica del Distrito, Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda y Consejo Territorial de Planeación –Cartagena. Duvinia Torres (la U) pide se adicione citar a la Personería, Contraloría, Aguas de Cartagena y Electricaribe. La proposición fue aprobada.
Por otra parte Américo Mendoza (ASI) propone citar a la Escuela de Gobierno para que rinda un informe del estado actual de la dependencia. César Pión (la U) y David Múnera (POLO) solicita preguntar por los convenios y contratos firmados por la entidad. La proposición fue aprobada.
En otro tema Alfredo Díaz (PIN) hace referencia a la manera como “al parecer” el Ministro del Vivienda está tratando de “forzar” al Alcalde a firmar un contrato para favorecer a una consultoría privada con relación al tema de Plan Maestro de Acueducto, manifestando su rechazo ante esta situación y pidió estar atentos. David Múnera (POLO) dejo una constancia en la que pide al Alcalde de ser ciertas las informaciones abstenerse de firmar ese contrato.
Finalizó la sesión y se convoca para el 1 de agosto a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital
Escrito por Armando Mercado. Asistente de investigación del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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