Hora de inicio: 8:35 a.m. Hora de finalización: 1:00 p.m.
• Debate de control político a Transcaribe y a la firma constructora Consorcio Cartagena 2010 por los retrasos en el Tramo 5-A localizado en Bazurto
La sesión se inicia con la intervención de la Vicepresidenta Saray Aguas (Partido Verde) quien resalta la presencia de los citados al debate, saludando al Gerente de Transcaribe Enrique Chartuni, Director de Espacio Público Adelfo Doria, Jefe de la Oficina Jurídica Guillermo Sánchez, asesor del Alcalde Andrés Roca, Representante Legal del Consorcio Cartagena 2010 Oscar Torres y al delegado de la Contraloría.
Luego interviene el Gerente de Transcaribe quien indica que la construcción del tramo 5-A tiene un valor de 29 mil millones de pesos y estaba presupuestada su realización en 14 meses, 2 de los cuales era etapa precontratual y 12 de ejecución de obra. Recordó que esta debió concluir el 15 de diciembre de 2011 pero tan solo el contratista entregó un 30%. Señaló que es un tramo de 1,4 kilómetros en los que se tiene proyectados construir 5 carriles. Indicó además que el contratista interpuso un reclamo en contra de Transcaribe por concepto de 12 mil millones, pero hasta ahora no ha sido notificado formalmente.
Por otro lado expresó que en la construcción de la obra se han encontrado obstáculos como las horas de cargue y descargue en el mercado, el despeje de los vendedores ambulantes y los paraderos de servicios de transporte informal, la falta de acompañamiento de la Policía para poder trabajar jornada continua, el hecho que las concretaras no trabajen los fines de semana ni festivos, entre otros. Por último manifestó que luego de hacer análisis de las conveniencias de seguir o no con el contratista, se tomó la decisión de continuar con el convenio. Explicó que no continuar con el mismo, implica hacer una licitación pública que se puede demorar 3 meses, una vez escogido el constructor se puede demorar un mes más el proceso de legalización del contrato y luego un mes más la etapa precontractual, lo que implicaría que la obra iniciaría en 6 meses. Posición que fue respalda también por el interventor del contrato Manuel Alfaro y el asesor del Alcalde Andrés Roca.
Luego intervino Adelfo Doria, Director de Espacio Público, dijo que desde el inicio de las obras se censaron 969 personas a lo largo del Tramo 5-A, de las cuales han recibido capacitación 691 y de estos se ha formalizado 476, indicando además que 192 han optado por la reubicación. Puntualizó que sí la Administración les suministra los recursos necesarios, en 3 meses están desocupados los espacios necesarios para continuar la obra. Finalizó respondiendo una pregunta del concejal Antonio Quinto Guerra (Conservador) señalándole que el presupuesto de la entidad disminuyó para este año, pero que los 1.336 millones de pesos que necesitan sí están disponibles en el Presupuesto general del Distrito.
Por su parte el Representante legal del Consorcio Cartagena 2012 sostuvo que Transcaribe le aseguró que al iniciar el contrato en diciembre de 2010 el problema de la ocupación del espacio público estaría resuelto en Bazurto para poder realizar las obras, pero “no cumplió”. Dijo que el Distrito y Transcaribe no implementaron un adecuado Plan de Tráfico, además tampoco entregaron a tiempo los predios necesarios para la construcción de la obra. Finalizó indicando que por todo esto sus costos han aumentado y que por tal motivo decidieron demandar.
Seguidamente intervino el concejal César Pión (la U) quien citando a Luis Jorge Garay sostuvo que la “fuga de dineros públicos no se produce tanto por corrupción sino por falencias especificas en los contratos”. Afirmó que Transcaribe y el Consorcio hablan de haber llegado a un acuerdo de renovación del convenio, sin informar al Concejo con anterioridad y enviar copia del nuevo convenio. Señaló que al parecer la “mejor solución” es renovar el convenio, sin tener en cuenta que estos mismos contratistas “que no cumplieron” son los que tienen demandado al Distrito. Dice, se hará seguimiento al convenio acompañados de la Procuraduría.
David Múnera (POLO) expresó que este fue un proyecto “mal planeado y mal ejecutado” que le fue impuesto a la ciudad en su momento desde el Gobierno central, endeudándose el Distrito con el Banco Mundial. Señaló que es algo “totalmente desfasado” que el Consorcio demande al Distrito por 12 mil millones porque supuestamente este no ha cumplido con el contrato, pero que Transcaribe imponga multas al Consorcio de sólo 60 millones de pesos por concepto de retrasos en las obras. Recordó además que a la firma constructora se giró el 50% de los recursos y que sólo ejecutó un 30%.
Germán Zapata (ASI) solicitó a Transcaribe prestar atención a las pólizas de estabilidad de los contratos, señalando que no es cierto que la prórroga no implique ningún costo para la ciudad. Sostuvo además que pese a la demora en la finalización del proyecto, no se han realizado las campañas de socialización acerca de la utilización de este sistema de transporte masivo en los colegios ni universidades. Por su parte Saray Aguas (Partido Verde) manifestó su extrañeza al Gerente de Transcaribe e interventor, quienes “hace un mes su posición era de no renovar el convenio por los incumplimientos”, mientras que ahora sostienen que “es la mejor solución”. Pidió que una copia del Otrosi (convenio) sea enviado al Concejo y le preguntó al Gerente de Transcaribe por las sanciones que en materia ambiental tiene el Consorcio.
Andrés Betancourt (Conservador) dijo que “era lamentable que el gobierno haya terminado contra las cuerdas”. Sostuvo que ya las partes tomaron la decisión de renovar el convenio, pero les recordó que el plazo que tienen para entregar la obra es el 15 de diciembre, advirtiéndole al Consorcio que la Contraloría puede investigar y actuar también en casos de contratistas privados, señalándoles el antecedente de los chipriotas y el caso del emisario submarino, contra los que pesa una orden de embargo internacional.
Por su parte Pastor Jaramillo (Cambio Radical) preguntó a los citados cuál era el rendimiento de obra por día, en qué fecha se entregó el ultimo predio y cuál fue el fundamento factico de las multas impuestas a los contratistas. Por su parte Duvinia Torres (la U) señaló que en el informe enviado por el Gerente de Transcaribe “parecería que se le estuviese dando la razón al Consorcio”, por lo que sugirió que en la redacción del convenio se deje claro cuáles fueron las responsabilidades del Consorcio, para que luego este mismo documento no vaya a ser usado por los contratistas en el pleito de los 12 mil millones contra el Distrito. Mientras el concejal Lewis Montero (PIN) sostuvo que hubiese sido pertinente citar al DATT.
Por su parte el concejal Antonio Quinto Guerra (Conservador) aseguró que la decisión tomada por Transcaribe de renovar el contrato con el Consorcio fue “la mejor desde el punto de vista legal”. En este mismo sentido se refirió Alfredo Díaz (PIN) quien aseguró que el debate no debería ser “lugar de retaliaciones” sino “el momento para definir soluciones”. Manifestó que el Distrito necesita de un Plan Maestro de ciudad y que los actores involucrados cumplan con su rol, indicando que el Alcalde debe ponerse al frente de las obras y el Gerente de Transcaribe no puede dejar vencer las pólizas. Por lo que propuso que mensualmente cada uno de los involucrados presente un informe al Concejo para hacerle seguimiento a la obra y exigirle cuentas a los responsables.
Finalizó la sesión y se convoca para el martes 29 de febrero a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Armando Mercado Asistente de Investigación de Observatorio al Concejo y la Asamblea.
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