Hora de inicio: 8:32 a.m. Hora de finalización: 10:25 a.m.
- Proposición en la que Concejo manifiesta su inconformidad al Ministerio de la Cultura, Presidencia de la República, Contraloría y Procuraduría por renovación del convenio con la Sociedad de Mejoras Públicas.
- Aprobada Audiencia Pública en el Pozón el viernes 2 de marzo para tratar tema de ola invernal.
La sesión se inicia con la intervención del concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) dice que lo dicho por el concejal Lewis Montero (PIN) en la sesión pasada se confirmó, con relación a que ya existe un borrador del convenio suscrito por el Ministerio de Cultura y la Sociedad de Mejoras Públicas. Por tal motivo lee una proposición en la que el Concejo manifiesta su desacuerdo ante este hecho, recordándole al Ministerio que entre otras cosas, la Sociedad de Mejoras Públicas es una entidad que está siendo investigada por la venta de los terrenos en los que se está construyendo el edificio CAFAM-Comfenalco.
La proposición señala además el marco normativo que establece el manejo, administración y conservación de los bienes como Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación compete a los entes distritales, de acuerdo a la Ley 768 de 2002, en su artículo 37; además señala que el Concejo ya normatizó al respecto mediante el Acuerdo 001 de 2003, artículos 30 y 31 donde se le dan las facultades al IPCC para que maneje el tema. Finaliza la proposición sugiriendo que en plazo máximo de 3 meses estas funciones sean asumidas nuevamente por el IPCC y que además copia de este escrito llegue al Alcalde y al Ministerio de Cultura. Así mismo el concejal Andrés Betancourt (Conservador) propuso se le enviase también copia al Presidente de la República, la Contraloría y los procuradores delegados para el tema del patrimonio histórico.
Por su parte David Múnera (POLO) señaló que el Alcalde debió pronunciarse públicamente al respecto y tomar una posición, puesto que “su silencio” también da pie al Ministerio para tomar la decisión de renovar el convenio. Mientras que Américo Mendoza (ASI) manifestó que la Sociedad de Mejora Públicas no puede justificar el convenio con base en la Ley 32 de 1924 que permitió entregarle esta concesión, puesto que con las medidas de descentralización político-administrativas empezadas en 1988 y con la Ley 768 del 2002 la nueva legislación deroga toda aquella disposición que le fuese contraria.
En este mismo sentido se pronunció Pastor Jaramillo (Cambio Radical) quien sugiere incluir en la redacción de la proposición el artículo 313 de la Constitución numeral 9, que hace referencia al régimen municipal y sus competencias, señalando que entre sus funciones están la de dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Alfredo Díaz (PIN) sugirió que la Procuraduría investigue de qué manera la Sociedad de Mejoras Públicas estaba administrando el patrimonio de la ciudad, si el convenio se le había vencido el 24 de marzo, además señaló que debe aclarar cómo el Ministerio renueva un convenio que ya estaba vencido, cuando esto se debe hacer antes de finalizar el contrato y no después. Reitera que si bien la Secretaria General el día del debate planteó la posición de la administración, es necesario que el Alcalde se pronuncie públicamente.
Así mismo David Dáger (Liberal) expresó que la prensa local tampoco se ha pronunciado al respecto y ninguno de sus columnistas ha asumido una posición frente al tema, afirmando que incluso ha escuchado comentarios favorables sobre la Sociedad de Mejoras Públicas y en contra del Concejo. Señaló además que está claro que la competencia es del Distrito pero se tiene debe estudiar si el IPCC está en condiciones de manejar este patrimonio, planteando la posibilidad de abrir licitación pública en la que a través de una selección objetiva se pueda escoger quien realice esta función.
Antonio Quinto Guerra (Conservador) sugirió realizar nuevamente un debate de control político a este tema, pero preguntándole además a los funcionarios, sí el convenio con la Sociedad de Mejores Públicas venció el 24 de enero, con qué facultades esta entidad siguió administrando el patrimonio de la ciudad todos estos días. También propone invitar a algunos delegados del Ministerio de Cultura. La proposición del concejal Salim, planteada inicialmente con todas las adiciones fue aprobada, con la constancia que el concejal Boris Anaya (Liberal) se abstuvo de votar para evitar un posible conflicto de intereses.
En otro tema la concejal Saray Aguas (Partido Verde) propuso que se realizara una Audiencia Pública en el barrio El Pozón, en respuesta a una solicitud que esta comunidad había pedido a la Corporación en días pasados, para tratar el tema de las inundaciones que se pueden presentar una vez inicie la temporada invernal. En este mismo sentido se refirió Alfredo Díaz (PIN) quien sugirió para darle dinamismo a la Audiencia citar al Secretario de Infraestructura, EPA y CARDIQUE, para preguntarles qué programas y con qué recursos se cuenta para el mantenimiento de los canales en el barrio y así evitar la inundación.
Por su parte Duvinia Torres (la U) consideró pertinente citar a los órganos de control y tener presente que los habitantes de la Loma del Marion también habían solicitado una Audiencia , sugiere invitar a la Directora de Planeación, puesto que es quien posee los planos del PMDP-Plan Maestro de Drenaje Pluvial. Mientras que el concejal Américo Mendoza (ASI) recordó que temas como el debate a Reficar y la realización de la Cumbre para la generación de empleo y lucha contra la pobreza deben tenerse en cuenta en los días de prorrogas ordinarias. Luego de las intervenciones la proposición se aprobó y la Mesa Directiva fijo para el viernes 2 de marzo la Audiencia.
En este sentido César Pión (la U) afirmó que el Concejo tiene que “mostrar los dientes”, lo cual se hace informando a la ciudadanía sobre los controles políticos que realizan y además llevando las denuncias respectivas a los órganos de control. Por lo que sostuvo que el día de mañana hará una presentación mostrando casos de otras ciudades donde la procuraduría ha iniciado pliego de investigaciones contra servidores públicos por no haber invertido adecuadamente recursos para enfrentar la ola invernal.
Andrés Betancourt (Conservador) recordó la grave situación que viven aproximadamente 1000 familias ubicadas en el Cerro de Albornoz, indicando que se debe prevenir que ocurra otra tragedia como la de San Francisco, por lo que propuso a nombre de su bancada solicitar al Secretario del Interior enviar un informe por escrito a la Corporación sobre la situación social y geológica en la que vive esta comunidad. Así mismo propuso solicitarle al Secretario de Infraestructura el contrato de reparcheo de la Calle del Arsenal y el informe del interventor del contrato. Ambas proposiciones fueron aprobadas.
Por último Jaime de Ávila (Liberal) se refirió a una noticia en El Universal diciendo que la Hyundai tiene una propuesta para el traslado de la Base Naval a la Isla de Tierra Bomba. Manifestó el concejal que en la nota se hace referencia a la opinión del Presidente, del Alcalde y de la Naval, “pero en ningún momento le han preguntado a la comunidad”, recordando que según la Ley 70 del 1993 se le tiene que consultar al respectivo Consejo Comunitario por ser esta una población afro descendiente . Invitó a la Personería a realizar un acompañamiento al proceso y evitar que la Armada siga cometiendo “arbitrariedades” con la comunidad.
Finalizó la sesión y se convoca para el martes 28 de febrero a las 8:30 a.m. en las instalaciones del Concejo Distrital.
Escrito por Armando Mercado Asistente de Investigación de Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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