Hora de inicio: 9:38 a.m.
Hora de finalización: 10:56 a.m.
Iniciado el orden del día se le dio lectura a una proposición presentada por el concejal Cesar Pión (La U), por medio de la cual solicita una documentación, en el marco del estudio del proyecto que busca establecer la política del empleo y generación de ingresos en la ciudad de Cartagena. La petición busca conocer el oficio mediante el cual la Coordinadora del Caribe le solicita a la Administración la presentación de esta iniciativa normativa, las actas de reuniones sostenidas con los peticionarios y funcionarios, copia del fallo de tutela que ordena el cumplimiento de la presentación del proyecto en mención por parte del alcalde y copia del oficio donde la Coordinadora solicita el retiro del proyecto.
En la discusión de esta proposición varios concejales intervinieron en el siguiente sentido:
La concejal Duvinia Torres (La U) expresó que en torno a este proyecto se ha generado un ambiente de desinformación por cuenta de los miembros de la Coordinadora del Caribe que han insinuado que algunos cabildantes tienen la intención de hacer un negociado con la iniciativa. Según Torres, en cumplimiento de una de sus promesas de campaña ha estado al frente de la problemática de la mano de obra local, y en ese sentido formuló un proyecto que puso a disposición del alcalde para que tomara los elementos que considerara pertinente para la estructuración del proyecto de acuerdo que pretendía presentar ante el Concejo.
Agregó que no se debe generar polémica por la forma como fue titulado el proyecto porque la Administración está contemplando la formulación de una política pública de empleo que es más integral que una iniciativa que solo busque la protección de la mano de obra local. Esta última, según la concejala, estaría incluida como una línea de acción de la política pública.
Concluyó exigiendo respeto a las organizaciones de trabajadores y conminándolos a no buscar protagonismos porque lo que se pretende es darle herramientas a toda la ciudadanía para un mejor desarrollo de la ciudad.
Para su colega y proponente Cesar Pión (La U), el propósito de esta solicitud es conocer los argumentos en torno al proyecto, dado que existe un fallo de tutela que obligó al alcalde a presentarla ante la Corporación. Según Pión se podría estar frente a una extralimitación de funciones del juez, puesto que no se puede obligar a un alcalde a presentar una iniciativa normativa.
El cabildante indicó que la información solicitada en la proposición obedece en parte, a las declaraciones de algunos representantes de la Coordinadora del Caribe señalando que el proyecto no recoge las inquietudes de los trabajadores y asegurando que se debía retirar. Por tal motivo, Pión considera que se deben conocer las razones de este requerimiento y sentarse nuevamente a dialogar con los actores involucrados para analizar con calma qué es lo que se quiere. Además instó a los concejales ponentes de este proyecto a reunirse con los miembros de la Coordinadora del Caribe, a fin de conocer el detalle de la situación.
Por su parte, el concejal Javier Curi (Liberal) ve pertinente la proposición, toda vez que entre más información se tenga sobre el tema más acertada será la decisión de la Corporación. Curi insiste en que se le apueste a hacer un debate público amplio que convoque a todos los sectores, para hacer una adecuada identificación del problema y lograr la armonización de las soluciones posibles.
El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical), coordinador de ponentes del proyecto de acuerdo, instó a sus colegas a sentarse con los representantes de la Coordinadora del Caribe para llegar a unos acuerdos, dado que estos aseguran que no se sienten identificados con el proyecto que fue presentado. Cassiani advierte que “no es momento de empezar a crear cortinas de humo y que el Concejo está para garantizarle los derechos a la gente”.
Para el vocero de la bancada Liberal, concejal David Dáger, el proyecto podría tener más conveniencia que legalidad. Dáger asegura que la conveniencia de esta iniciativa es indiscutible, pero que habría que entrar a revisar detalladamente el marco jurídico que la soporta para no extralimitar las facultades del Distrito. Agregó que es muy complejo hablar de mano de obra local porque no existe claridad jurídica frente a los criterios que determinan cuándo un trabajador es local.
Por otro parte, el cabildante realizó una reflexión sobre la necesidad de que el Distrito sea coherente con este tipo de iniciativas, puesto que le resta autoridad exigirle a las empresas que contraten mano de obra local cuando en los proyectos y estudios de la Administración se traen a expertos foráneos.
El concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) también se pronunció sobre el tema, asegurando que luego de reunirse con la persona que estructuró este proyecto, para aclarar algunas dudas sobre su legalidad, esta le indicó que la política pública se adoptaría a través del Plan de Desarrollo, buscando un pacto con los gremios para actuar de manera articulada con los programas del Plan.
Fortich considera que no es posible obligar a ninguna empresa a que contrate mano de obra local porque esto va en contravía a lo dispuesto por la Constitución Política, por lo que se debe buscar es un consenso entre los actores. Así mismo, asegura que es pertinente hacerles un acompañamiento integral a los trabajadores para mirar si efectivamente el empleo les está ayudando a mejorar la calidad de vida.
Otro concejal que realizó aportes a la discusión fue Carlos Barrios (Cambio Radical), quien señaló que sería importante poder contar con el apoyo técnico de la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Bolívar, toda vez que esta cartera emitió una resolución para promover la protección a la mano de obra local pero en unos sectores productivos determinados.
Por otro lado, Barrios expresó su preocupación frente a la legalidad de la iniciativa porque en la Constitución Política desde el artículo 52 al 62 se habla del derecho al trabajo y a la libertad de empresa, de tal manera que la Corporación debe cuidar de no tomar una decisión que atente contra lo establecido en la carta magna, pero que tampoco vaya a convertirse en “un saludo a la bandera”.
Un aspecto que también abordó el cabildante es que se debe precisar que la política pública que se implemente debe beneficiar a todos los cartageneros y no solo a los que habitan en las Unidades Comuneras de Gobierno 11 y 12, quienes consideran que se les debe dar prioridad por vivir en el área de influencia de la zona industrial de mamonal.
Barrios cerró su intervención indicando que el argumento de la insuficiencia de la mano de obra calificada en el Distrito ya no es válido porque los cartageneros se han cualificado en sus profesiones y oficios; que se debe dignificar el trabajo en la ciudad porque los salarios que perciben los profesionales son muy bajos y no están acorde a lo invertido en sus estudios; y que se debe acudir a la ley y a un acuerdo distrital vigentes que promueven la implementación del primer empleo, y a toda la normatividad pertinente.
El concejal Américo Mendoza (ASI) también presentó unas observaciones al respecto, señalando que un acuerdo debe contar con un estudio técnico, un análisis de legalidad y uno político o de conveniencia, y que con base en estos se debe revisar el proyecto presentado.
Mendoza se refirió a lo poco pertinente de los perfiles ocupacionales de algunos establecimientos educativos e indicó que se deben evaluar, incluyendo los del SENA.
De igual forma explicó que las discusiones alrededor de la defensa de la mano de obra local tiene su origen con base en un acuerdo aprobado en el año 2008 en Barrancabermeja, en donde se reglamentó la protección del recursos humano pero solo para el sector de la exploración y explotación de hidrocarburos, por lo que no se podría aplicar este acuerdo como antecedente en la ciudad de Cartagena. En ese sentido el cabildante asegura que el único criterio al que se puede acudir es al de la concertación con los gremios.
El concejal plantea unas acciones adicionales que trasciendan la simple reglamentación, y que permitan que nuestra economía tenga una mayor capacidad de absorción de mano de obra local, lo cual es posible a través del fomento de la pequeña y mediana empresa, y el retorno a la manufactura, a partir del redireccionamiento del talento humano local.
Concluyó destacando la oportunidad que existe con el estudio de este proyecto de revisar a profundidad cómo está la ciudad en materia de empleo, puesto que no se cuenta con un plan de generación de empleo, ni se conocen los perfiles ocupacionales de cara a lo que está demandando la empresa. Considera entonces que para este análisis es imprescindible hacer un cruce ocupacional de la oferta y la demanda.
Otros de los intervinientes fueron los concejales conservadores Edgar Mendoza y Jorge Useche. Mendoza afirmó que el proyecto vulnera el derecho a la igualdad de los trabajadores y que podría convertirse en una política pública excluyente, y Useche sugirió la articulación entre la oferta educativa y la demanda de mano de obra que tienen las empresas de la ciudad.
Antes de levantarse la sesión el presidente de la Corporación le llamó la atención a los concejales frente a su retiro del salón de plenaria durante las discusiones de las proposiciones, y les recordó que deben solicitar permiso a la mesa directiva para retirarse en el transcurso de la sesión.
Finalmente la proposición fue aprobada, y se levantó la sesión, convocándose para el lunes 20 de febrero de 2017, a partir de las 8:30 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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