Hora de inicio: 9:10 a.m.
Hora de finalización: 11:26 a.m.
Iniciado el orden del día se dio lectura a la excusa enviada por el concejal Cesar Pión (La U) para no asistir a la plenaria en el día de hoy, por tener que atender asuntos personales.
Posteriormente, en el punto de proposiciones y varios se leyó una proposición aditiva presentada por el concejal Edgar Mendoza (Conservador) en el sentido de solicitar información asociada al proyecto para instalar un peaje en la vía a Barú.
Mendoza considera que teniendo en cuenta el impacto que este generaría en los ingresos de la comunidad de la Isla de Barú, se hace pertinente conocer el memorando AMC-MEM-000847-2016 en donde el Subdirector Técnico del Departamento Administrativo de Valorización informa sobre el deterioro de la vía; documentos en los que conste el conteo de vehículos que ingresaron en la Zona Insular de Barú en las anualidades 2014-2015; documentos en los que conste los acuerdos de consulta previa con las comunidades étnicas pertenecientes a los corregimientos de Barú, Pasacaballos, Ararca y Santa Ana, así como copia del proceso de convocatoria y demás tramites adelantados para la misma; certificado de vigencia de los acuerdos de consulta previa con las comunidades étnicas pertenecientes a los corregimientos mencionados, de conformidad con las normas que la regulan, teniendo en cuenta que ha pasado más de 4 años desde que se efectuaron; estudios y/o informes que soportan la viabilidad económica, social y financiera del proyecto, así como el tiempo estimado de funcionamiento del peaje y/o el tiempo estimado para el retorno de la inversión al contratista; documentos que soportan técnicamente los costos del proyecto; mecanismos con los que contará la alcaldía Mayor de Cartagena para verificar los ingresos del particular con relación de la tasa de peajes y el tiempo estimado para el retorno de la inversión, entre otros soportes.
Luego, sobre otra línea de discusión, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) tomó el uso de la palabra para referirse a la construcción de un complejo de 30 pisos para viviendas de interés social que se viene adelantando en el Paseo Bolívar a pocos metros del Castillo San Felipe. Al respecto, Montero indicó que este es un tema al que se le debe hacer control político en las próximas sesiones ordinarias toda vez que se estaría afectando la visual de este importante monumento. El cabildante asegura que es necesario conocer las razones por las cuales se autorizó tal construcción, el concepto del curador de esta zona y la postura del gobierno local.
Al respecto, su colega Jorge Useche (Conservador) agregó que son tres torres de treinta pisos las que se proyecta construir. Useche expresó su preocupación frente a este tema y aseguró que va en contravía de lo expuesto en el día de ayer por el director del Departamento Nacional de Planeación, Simón Gaviria, quien hizo una presentación en la alcaldía sobre los POT modernos.
El concejal Rafael Meza (Conservador) también se sumó a esta preocupación y dijo que de desarrollarse esta construcción las afectaciones a la movilidad en este sector serán más graves de lo que ya lo son.
Para el concejal David Caballero (Conservador) es importante que en este debate que se piensa realizar también se revise el caso del antiguo circo teatro La Serrezuela, el cual bajo la excusa de ser restaurado está siendo objeto de una nueva construcción.
Retomando el tema de la construcción de las viviendas de interés social, Dáger manifestó que no se debe responsabilizar a los curadores urbanos porque estos se acogen a lo estipulado en las normas de uso del suelo, y que si en esa zona no hay prohibiciones ellos deben otorgar dichas licencias. Para el vocero de la bancada Liberal, el problema de estas construcciones es que el gobierno ha dilatado la promulgación del PEMP y la actualización del POT, que son la norma para proteger al centro histórico y a sus áreas de influencia.
Sobre el particular, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) advirtió que es poco lo que se puede hacer ante este tema, dado que a partir de una resolución expedida por la secretaría de planeación en el año 2014, las viviendas de interés social están eximidas de la regulación de alturas, por lo que se debe hacer un llamado a la nueva secretaria de planeación a fin de que intente redefinir esta situación a través de otro acto administrativo. Según el concejal, esta decisión se tomó a petición de varios sectores como Camacol, y fue bien recibida en su momento porque no se previó que se fueran a realizar este tipo de proyectos cerca al Centro Histórico.
Por último, el concejal Ronald Fortich (Cartagena Confirma) se refirió al hacinamiento que viven los reclusos en los centros penitenciarios de la ciudad y aseguró que diariamente se reportan capturas pero no entiende dónde son recluidos porque las cárceles ya no tienen capacidad para recibirlos. En ese sentido cuestiona que dentro del POT moderno que se proyecta formular para la ciudad no se esté contemplado una infraestructura carcelaria que esté por fuera del perímetro urbano.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 18 de febrero, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
AUDIENCIA PÚBLICA
Inmediatamente se le dio inicio a la audiencia pública programada para estudiar el Proyecto de Acuerdo 048, por medio del cual se establece en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la condición especial de pago de tributos distritales contemplada en el Artículo 356 de la Ley 1819 de 2016.
En representación del gobierno distrital asistió el Secretario de Hacienda, Napoleón de la Rosa, quien aseguró que la amnistía que se proyecta dar hace parte de la estrategia de saneamiento fiscal y fortalecimiento de las finanzas distritales de la actual Administración.
De la Rosa explicó que este proyecto de acuerdo busca otorgar unos beneficios de descuentos a las sanciones e intereses de los contribuyentes morosos, en los periodos 2014 y anteriores, dando aplicabilidad al artículo 356 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria).
Las condiciones de pago estipuladas en la ley son las siguientes:
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%).
2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%).
Cuando se trate de una resolución o acto administrativo mediante el cual se imponga sanción dineraria de carácter tributario, la presente condición especial de pago aplicará respecto de las obligaciones o sanciones exigibles desde el año 2014 o anteriores, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
– Si se produce el pago de la sanción hasta el 31 de mayo de 2017, la sanción actualizada se reducirá en el cuarenta por ciento (40%), debiendo pagar el sesenta por ciento (60%) restante de la sanción actualizada.
– Si se produce el pago de la sanción después del 31 de mayo de 2017 y hasta la vigencia de la condición especial de pago, la sanción actualizada se reducirá en el veinte por ciento (20%), debiendo pagar el ochenta por ciento (80%) de la misma.
El funcionario aseguró que actualmente la cartera del impuesto predial del 2014 y anteriores está sobre el monto de $1.7 billones de pesos, y la del Impuesto de Industria y Comercio está en $266 mil millones de pesos, por lo que se espera que con los descuentos se logre un recaudo aproximado de $35.272 millones de pesos, y una condonación de intereses y sanciones de $25.038 millones de pesos.
Ante lo expuesto por De la Rosa, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) presentó una sugerencia en el sentido de que se amplíe el plazo para el otorgamiento de los beneficios de pronto pago que se dieron hasta el día de ayer. Blel asegura que estos beneficios que eran del 20% de descuento para el predial residencial y del 10% para los predios de uso comercial, anteriormente eran aprovechados por los contribuyentes, especialmente por los comerciantes, quienes a través de sus tarjetas de crédito se acogían a esta medida; no obstante, ante el ostensible aumento de la tasa de interés en los créditos bancarios, esta opción no es viable porque la tasa supera al beneficio otorgado por el Distrito.
El cabildante insta a la Administración a revisar si es jurídicamente posible extender el plazo hasta fin de mes para que se dé un mayor estimulo al pronto pago, ante lo cual el secretario de hacienda se comprometió a evaluar esta sugerencia.
Otra de las inquietudes de los cabildantes fue expresada por el concejal David Dáger (Liberal), quien luego de escuchar al secretario de hacienda afirmar que se ha incrementado la base catastral y que ahora sí se está ejerciendo una adecuada facturación sobre predios que anteriormente eran un lote y hoy tienen viviendas, preguntó a partir de qué fecha se facturan los impuestos de estos bienes.
Según Dáger, de no aplicarse cobro retroactivo a estas propiedades podría estarse incurriendo en detrimento patrimonial, por lo que se debe buscar una eficiente articulación entre la secretaría de hacienda y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
Al respecto, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) expresó que como abogado considera que si el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es el responsable de expedir la resolución del desenglobe de la referencia catastral, lo hace dos o tres meses antes del inicio de la vigencia jurídica del impuesto predial (1 de enero de cada año), la secretaría de hacienda debería poder cobrar esos dos o tres meses que se dejaron de facturar.
El estudio de este proyecto también contó con la participación de ciudadanos y representantes gremiales, quienes realizaron los siguientes aportes:
– El ciudadano Iván Caraballo, intervino para señalar que en el análisis de esta iniciativa se debe tener en cuenta que la conservación catastral no va al ritmo de las construcciones que se vienen dando en la ciudad, y que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi actúa como una rueda suelta.
Para Caraballo el problema en cuanto a los tributos distritales no radica en que se cobren más o menos impuestos, sino en la mala calidad de la información que se produce como base para cobrarlos. Finalmente, cuestionó la eliminación del impuesto predial a los nativos del Centro Histórico, e instó al gobierno a estimular el pago de los impuestos a través de inversiones públicas y no de descuentos.
– Mónica Fadul, directora de Fenalco- Bolívar, por su parte, expresó que esta medida busca efectuar una amnistía sobre otra amnistía realizada en años anteriores, lo cual deja ver que el Distrito no ha podido mejorar la cultura de pago de los cartageneros.
Por otro lado realizó algunas sugerencias conminando a que la Secretaría de Hacienda cuente con su propia oficina de catastro para que esta función deje de ser ejercida mediante convenio con el Instituto Agustín Codazzi; que se generen mayores incentivos tributarios para los predios no residenciales; y que se incluyan los impuestos de automotores en esta iniciativa.
Ante esto, el secretario de hacienda respondió que se debe evaluar el costo de contar con una oficina de catastro, porque en Barranquilla este es de 40 mil millones de pesos anuales. Agregó que han venido fortaleciendo las capacidades de su recurso humano en la formación sobre catastro, y en la modalidad de contratación del personal, dado que anteriormente quienes se encargaban de la fiscalización eran contratados por prestación de servicio y cuando finalizaban sus contratos y no eran renovados, se perdía la continuidad de los procesos.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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