El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 20 de octubre de 2023
Hora de Inicio: 9:32 a.m.
Hora de finalización: 11:06 a.m.
Para esta sesión estaba programada la votación en segundo debate del proyecto de Acuerdo 204 “por medio del cual se realiza un traslado entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés 2023, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.” Este traslado es por $25.766 millones.
Iniciado el orden del día, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) presentó proposición para no leer la ponencia del proyecto, ya que era de conocimiento de los concejales. Seguido, por solicitud del concejal César Pión (La U), el Secretario General del Concejo dio lectura a un oficio remitido por la Secretaría de Hacienda dando respuesta a unas preguntas relacionadas con el proyecto.
En el oficio, se señala que no hay una falta de planeación en el presupuesto, sino que es un ajuste normal que se hace en el presupuesto y que en otras ocasiones ya ha sido aprobado por el Concejo y que este actuar no trasgrede el código penal disciplinario, puesto que hasta el momento el Distrito ha cumplido con los pagos correspondientes a los empleados. De una posible trasgresión de un presupuesto que superaría la anualidad, añade que esto no sucede en el proyecto y que no es el Concejo quien se vería vinculado en una falla.
Sobre el plan de saneamiento fiscal y financiero, expresa que solo se están solicitando los recursos que permiten fortalecer el rubro y que posteriormente sí se presentará un proyecto que indique a qué dependencias van los recursos del saneamiento. Sobre la Ley de Garantías, hace saber que el proyecto no solicita la creación de nuevos cargos y que lo que busca es tener la disponibilidad de recursos para la creación de estos nuevos cargos y cumplir con la Ley 2126 de 2021, estos cargos pueden formalizarse hasta después de la Ley de Garantías.
Al respecto, el concejal Pión indicó que cada concejal tiene responsabilidad sobre su voto. También volvió a expresar sus preocupaciones, explicando que el proyecto no menciona para donde van los recursos que fortalecen el saneamiento fiscal. También destaca una falta de planeación en el presupuesto, porque anteriormente la Alcaldía solicitó unos recursos para un proyecto que ahora está redestinando a otro. Añadió que no se deja claridad sobre cuándo se van a ejecutar los recursos que se aprueben y que no votará el proyecto por las dudas.
Seguido, por solicitud del concejal David Múnera (Dignidad) se dio lectura al concepto de la oficina jurídica del Concejo sobre el Proyecto de Acuerdo. En este indica que el principio de legalidad del gasto se cumple, ya que la Administración puede realizar modificaciones al presupuesto. De una trasgresión al principio de anualidad presupuestal, explica que no hay alguna adición en tiempo de la contratación más allá de la vigencia del 2023. Del Plan de saneamiento fiscal, expone que no se da un saneamiento, sino que se alimenta el rubro para el mismo. Sobre la Ley de Garantías, indicó que los procesos preparatorios para nombramientos de cargos se pueden ir realizando en el tiempo de la Ley de Garantías y ejecutarse finalizada la misma.
El concejal Múnera se mostró de acuerdo con el concepto de la oficina jurídica y que por tanto no se transgreden los principios expuestos por el concejal Pión. El concejal David Caballero (Conservador) indicó que se abstendrá de votar el proyecto si no otorga un día más para estudiar las declaraciones de los concejales. El presidente Lewis Montero expresó su molestia con los concejales pues el proyecto lleva mucho tiempo en estudio, por lo que no lo postergará.
Aprobada la proposición del concejal Toncel se procedió a votar la ponencia del proyecto de acuerdo, siendo aprobado por 11 concejales (Arboleda, Barrios, Cassiani, Estrada, Lozano, Meza, Montero, Múnera, Reyes, Suárez, Toncel), la ausencia de 6 concejales (Ariza, Caballero, Curi, Sergio Mendoza, Kattya Mendoza, Piña) y 2 abstenciones (Marín, Pión). El articulado, titulo y preámbulo fueron aprobados por 12 concejales (Arboleda, Barrios, Cassiani, Estrada, Lozano, Meza, Montero, Múnera, Reyes, Suárez, Sergio Mendoza, Toncel), la ausencia de 5 concejales (Ariza, Caballero, Curi, Kattya Mendoza, Piña) y 2 abstenciones (Marín, Pión).
Por lo anterior, el proyecto que realiza un traslado por $25 mil millones entre dependencias de la Administración, fue aprobado por el Concejo Distrital. A esto, los concejales Luis Cassiani (Cambio Radical) y Rodrigo Reyes (Conservador) expresaron que esta es una herramienta más para que la Administración cumpla a la ciudad.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el sábado 21 de octubre a las 9:00 am.
AUDIENCIA PÚBLICA
En esta sesión de la Comisión Tercera se llevó a cabo la audiencia pública de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
- Proyecto de Acuerdo 205: “por el cual se institucionaliza la Media Maratón del Mar como un evento recreativo, deportivo, turístico y cultural en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”.
La audiencia pública comenzó con la lectura de un concepto por parte de la directora distrital del IDER, Viviana Londoño, en la cual expresó su respaldo a actividades como la Media Maratón del Mar debido a su contribución a la promoción de la ciudad como un destino deportivo destacado. No obstante, Londoño planteó ciertas reservas en relación con la naturaleza privada de los propietarios tanto de la marca como del evento.
En primer lugar, señaló que el evento tiene un origen privado, aunque no se ha confirmado si se encuentra registrado como una marca de propiedad particular. En segundo lugar, Londoño destacó que, en la parte resolutiva del Concejo, se establece una fecha de realización, a pesar de que la organización del evento sigue siendo responsabilidad de una empresa privada. Esto último podría, en teoría, exceder las competencias del Concejo, ya que estaría imponiendo una orden o restricción a una entidad privada.
- Proyecto de Acuerdo 206 “mediante el cual se adopta el estudio de la Biblia dentro del plan lector contemplado en las instituciones educativas públicas y privadas del distrito de Cartagena de Indias de conformidad a la circular No. 21 de fecha 14 de junio del 2023 expedida por el Viceministerio de Educación, Preescolar, Primaria y Media”.
La audiencia pública comenzó con la intervención del ciudadano quien se identificó como pastor de una iglesia, este expresó su apoyo al estudio de la Biblia en las instituciones educativas, argumentando que este libro ha tenido un papel importante en la formación de la ciudadanía. Hizo referencia a la Ley 115 de 1992, que establece la importancia de la educación para el desarrollo integral de los estudiantes y la formación de valores éticos, morales, ciudadanos y religiosos, señalando que la Biblia puede contribuir a estos aspectos. Además, destacó que la Biblia no solo tiene un valor religioso, sino que también es una obra literaria.
Luego, el concejal Oscar Marín (Conservador), presentó cinco videos para respaldar la importancia del proyecto y argumentó que el estudio de la Biblia en las instituciones es esencial para formar una nueva generación con principios y valores. También, expresó que la eliminación de la Biblia de las escuelas ha implicado la pérdida de valores fundamentales y subrayó la importancia de que los niños reciban educación espiritual de acuerdo con las creencias de sus padres.
El concejal César Pión (La U) compartió su apoyo al proyecto, argumentando que la Biblia encarna un estilo de vida y sus enseñanzas pueden contribuir a la reflexión sobre la importancia de no juzgar a otros para llevar una vida tranquila.
A continuación, se leyó un oficio de la Secretaria de Educación la cual expresó su disposición a fortalecer los planes lectores de las instituciones educativas, pero subrayó la importancia de la pluralidad y aclaró que el Decreto del Ministerio de Educación Nacional no hace mención a la Biblia ni a ningún texto religioso en particular, sino que enfatiza la libertad de conciencia y culto, la pluralidad religiosa y el derecho a elegir.
Por último, el concejal Marín (Conservador) afirmó que, con esta iniciativa, los padres de familia tienen la opción de decidir si desean que sus hijos estudien la Biblia u otro texto religioso como parte de su plan de lectura, y que en tal caso, los rectores de las instituciones deben respetar esa decisión.
- Proyecto de Acuerdo 207 «por el cual se implementa y se institucionaliza el bus turístico de la ciudad de Cartagena denominado «chiva rumbera”, para fomentar el turismo e impulsar la reactividad económica y cultural del distrito de Cartagena.»
La audiencia pública se inició con la intervención de Jesús Puello, presidente de la Junta de Acción Comunal de Castillogrande, quien argumentó que el Proyecto de Acuerdo era innecesario. Afirmó que las «chivas rumberas» han estado operando durante muchos años y que su institucionalización no es esencial. Puello expresó preocupaciones sobre el abuso y la falta de regulación de chivas, que operan ilegalmente, generando ruido y molestias en la comunidad.
La ciudadana Patricia Racero, señaló que los residentes de Bocagrande, Castillogrande y Laguito (BOCALA) se ven afectados por esta actividad debido a su falta de regulación. Mencionó que estas chivas comienzan a recoger pasajeros temprano en la mañana y atraen a vendedores ambulantes. Racero advirtió que, si no se controla a tiempo, el problema podría crecer de manera similar al mototaxismo.
El concejal Cesar Pión (La U) hizo hincapié en que las administraciones anteriores no habían gestionado adecuadamente esta situación. Destacó que Cartagena tiene una alta tasa de trabajo informal y argumentó que la solución no es prohibir las chivas rumberas, sino regularlas. Andrés Rico, presidente de la Junta de Acción Comunal de Bocagrande, se opuso al Proyecto de Acuerdo y enfatizó que no estaban en contra del patrimonio turístico, pero exigían un mayor control. También solicitó una audiencia pública en BOCALA para abordar los problemas que afectaban a esos barrios.
El ciudadano Jorge Galeano argumentó que el turismo debía ser organizado adecuadamente y sugirió desarrollar un proyecto para institucionalizar el turismo como una fuente de ingresos estable para la ciudad. Además, señaló que el decreto 1101 de 2019, que regulaba las chivas, no era conocido por los conductores de los nuevos vehículos. El ciudadano Ramón Morales propuso establecer criterios claros para determinar qué vehículos podían funcionar como chivas turísticas y sugirió citar al director del DATT para obtener información sobre el proyecto de peatonalización de vías en el parque Centenario y la vía Medialuna.
Finalmente, se leyó un comunicado en el cual el director del IPCC, Oscar Uriza, designó a Claudia Guzmán como su representante en la audiencia pública. Guzmán presentó un concepto del IPCC en el cual se advirtieron las posibles consecuencias negativas de actividades sin una regulación adecuada, como en el caso de las chivas rumberas. La circulación de estas había provocado efectos adversos, como el ruido en algunos casos. Por lo tanto, sugirieron considerar regulaciones a la actividad a través de mesas inclusivas y transversales y consensos colectivos.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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