Hora de inicio: 8:30 a.m.
Hora de finalización: 10:06 a.m.
Iniciado el orden del día, se dio lectura a una constancia presentada por el concejal Cesar Pión(La U), a través de la cual solicita la destitución o separación del cargo de los funcionarios responsables de la tragedia ocurrida con el desplome del edificio en Blas de Lezo, a fin de que atiendan sin interferencias las investigaciones abiertas.
El presidente de la Corporación, concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) respaldó la solicitud, y dijo que la Alcaldesa local, Patricia Zapata, debe renunciar de su cargo, y de no hacerlo, el Alcalde Mayor debe proceder destituirla, porque la funcionaria “además, es una ineficiente e incapaz”. Según el dignatario “lo que sucedió no debió haber pasado, y ocurrió porque estamos rodeados de funcionarios mediocres y el Concejo no puede callar en este aspecto”.
Sobre el particular, el concejal Vicente Blel (Cambio Radical) anotó que no compartía con su colega Pión que la responsabilidad deba recaer sobre la Curaduría porque estos solo tienen la responsabilidad de emitir las licencias, y esta construcción contaba con una licencia falsa. ParaBlel, el control urbano es responsabilidad de la Secretaría de Planeación.
Por su parte, el concejal Antonio Salim Guerra (Cambio Radical) se refiere a las implicaciones de tipo penal que tiene el hecho de que exista una licencia urbana falsa, y señala que debe haber unos responsables porque aquí se podría estar frente a un caso de “homicidio culposo”. ParaGuerra se debe hacer una citación urgente, para analizar todos los elementos que haya sobre la investigación.
Para el concejal David Caballero (Conservador) la responsabilidad debe ser asumida por la Secretaría de planeación, porque es la que controla las normas urbanísticas en la ciudad, por lo que debe ser esta funcionaria quien renuncie.
Su colega de bancada, Rodrigo Reyes manifestó que esta situación no es la única a la que está expuesta la ciudad, y que actualmente está latente el riesgo del Cerro La Popa y de otras zonas. Por esto, el cabildante considera que el gobierno debe gestionar de manera inmediata los recursos necesarios para reubicar a las personas que habitan en las zonas de riesgo.
Reyes aseguró en cuanto a la responsabilidad de la alcaldía local, que desde su experiencia como ex alcalde puede dar cuenta de la falta de herramientas de estas instancias para actuar frente a estos casos, y la continua alternancia de funciones en cuanto al control urbano a través de decretos. Indicó que los alcaldes locales actualmente no tienen estas funciones, y que es delicado señalar como responsable a la alcaldesa porque los familiares de los afectados podrían tomar represalias.
Posteriormente, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) recordó que hace algunas semanas su bancada presentó una proposición expresando la preocupación por la falta de control en cuanto a la enajenación y las construcciones de vivienda en la ciudad, que tuvo su génesis en la proliferación de construcciones en diferentes barrios como Blas de Lezo y El Socorro.
Para Mendoza las responsabilidades están determinadas en la ley y en más de cinco decretos, que señalan a las Oficinas de Control Urbano y a los alcaldes locales; y a partir del nuevo Código del Policía los inspectores también tendrían facultades, pero para el caso en cuestión no aplicaría porque aún no estaba en vigencia este código. Lo anterior significa que el proceso administrativo sancionatorio estaba en cabeza de la alcaldesa local Patricia Zapata Negrete.
El cabildante asegura que vendrán demandas de reparación directa en contra del Distrito de Cartagena, y que con toda seguridad se van a perder, por lo que el Alcalde mayor debe exigir que los funcionarios que no cumplieron con su función asuman la responsabilidad y vayan ahorrando de su pecunio para el pago de las indemnizaciones que se vienen.
Por su lado, el concejal Rafael Meza (Conservador) dijo que no endilgará responsabilidades en ningún miembro del gabinete distrital pero que los órganos de control sí deberán encontrarlas.Meza aseguró que la firma constructora Quiroz, tiene varios edificios en la ciudad, y no se encuentra registrada en la Sociedad de Ingenios y Arquitectos de Bolívar (SIAB). Por otra parte, explicó que de acuerdo a conceptos dados por algunos ingenieros y arquitectos, el terreno donde se venía construyendo el edificio es de arcilla expansible, es decir, que con la lluvia se amplía, lo que indica que las construcciones que se vayan a hacer deben tener unos cimientos firmes.
Respecto a la presunción de licencia falsa con que contaba la construcción, cuestionó que ningún ingeniero o abogado de la alcaldía local verificará la legalidad de la misma, situación que incrementa la responsabilidad de la alcaldesa.
Concluyó planteando que se debe conformar una brigada integrada por miembros de la SIAB, para que se investigue qué edificios están en esta situación, porque son muchos los que están en construcción y no cuentan con licencia.
El concejal Erich Piña (Liberal) se refirió a la falta de un sistema de prevención en el Distrito, y la baja capacidad para atender emergencias. Aseguró que hay más de doce edificios construidos por la firma involucrada. Al decir esto, el concejal Rafael Meza a través de una interpelación solicitó que al final de la sesión se presentara una proposición en la que se le pida a la Secretaría de planeación que certifique el número de edificaciones de esta empresa constructora.
Continuando con su intervención, Piña señaló que según declaraciones que se han dado a conocer a la opinión pública, existían quejas por la falta de medidas de seguridad e incumplimiento de las normas urbanísticas de esta obra.
Posteriormente tomó la palabra el concejal David Dáger (Liberal) quien expresó que los hechos ocurridos el día de ayer demuestran que es necesaria realizar una reestructuración administrativa en el Distrito. Dáger asegura que no tiene la autoridad para señalar como responsable a ningún funcionario porque desde el Concejo habría sido posible evitar esta tragedia. El concejal también mencionó que enviará una invitación y citación al Gobierno Distrital para que presente un balance de la situación.
Por su parte, el concejal César Pión (La U) expresó que no se hace responsable por la tragedia ocurrida puesto que a través de la Corporación ha realizado citaciones para hacerle control político a las construcciones irregulares, y una de las conclusiones de estos debates ha sido que se requiere la reestructuración administrativa. No obstante asegura que al Concejo Distrital no se le presta la atención necesaria para evitar tragedias y situaciones como la vivida el día de ayer.
La concejala Duvinia Torres (La U) señaló que Cartagena se encuentra de luto por lo sucedido y que es necesario que la ley determine quiénes fueron los responsables para tomar los correctivos necesarios. Además, expresó que la ciudad debe fortalecer su sistema de emergencia e igualmente a las alcaldías menores para de esta manera robustecer la descentralización administrativa del Distrito.
La concejala Torres concluyó realizando un llamado a la ciudadanía para que esté atenta y revise los documentos y permisos de construcción de las obras a la hora de adquirir un inmueble.
Seguidamente, el concejal Américo Mendoza (ASI) manifestó que es necesario centrarse en el debate de control político que debe realizar el Concejo y solicitar a las curadurías una relación de las licencias que han presentado pues es importante identificar cuántas construcciones no cumplen con todos los requisitos.
Más adelante, el concejal Javier Curi (Liberal) expresó que lo ocurrido es una muestra de debilidad institucional, puesto que existe una baja capacidad de respuesta por parte de la administración local para responder a todas demandas sociales y necesidades de la población cartagenera; así mismo, el concejal expresó que hay un deficiente manejo del control urbano y que por estos motivos la bancada liberal propone la realización de un debate de control político.
El concejal David Dáger (Liberal) presentó formalmente una proposición mediante la cual se cite a un debate de control político al Gobierno Distrital el próximo miércoles para que se presente un balance de lo sucedido.
En otra línea de discusión el concejal William Pérez (La U) comentó que el día de mañana se someterá a primer debate el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza al alcalde de Cartagena para realizar operaciones de crédito público como fuente de financiación al programa de inversiones del Plan de desarrollo, y al respecto el concejal manifiesta su inconformidad puesto que en ese proyecto se asignan recursos para la intervención del caño Juan Angola pese a que el Tribunal Administrativo de Bolívar en el 2001 profirió una sentencia contra ACUACAR y la Aeronáutica Civil para que de inmediato realicen las obras necesarias para eliminar los vertimientos de aguas negras y dragados que le correspondan.
Por lo anterior, el concejal Pérez expresa sus inquietudes en torno a los recursos públicos que se invertirían para la limpieza del caño si ya el Alto Tribunal asignó esta responsabilidad a las empresas mencionadas.
La sesión finalizó con un minuto de silencio por las personas que perdieron sus vidas en la tragedia del barrio Blas de Lezo.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 29 de abril y domingo 30 de abril, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones de la Corporación.
Ver sesión aquí: https://youtu.be/M00vxka758A
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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