Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 21 de marzo de 2019.
Hora de inicio: 9:04 a.m.
Receso: 9:12 – 9:49 a.m.
Hora de finalización: 12:34 p.m.
Esta sesión del Concejo de Cartagena correspondió a un debate de control político sobre las condiciones en las que se encuentra la cárcel distrital de mujeres del barrio San Diego. En plenaria se contó con la presencia del Secretario del Interior, la jefa de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos, el Secretario de Planeación, el director de la cárcel de mujeres y representantes de la Personería.
Iniciado el orden del día, la mesa directiva declaró un receso que duró 37 minutos; al retomar la sesión, el concejal citante Wilson Toncel (Cambio Radical) manifestó su preocupación por la seguridad de las reclusas, trabajadores y visitantes del centro penitenciario debido a las críticas condiciones de infraestructura que presenta. Para el concejal es necesario que se explique cuál es el estado actual del proceso que en 2009 ordenó el traslado de la cárcel.
Toncel también pidió que se aclare la situación de los guardias de seguridad, pues no cuentan con herramientas de trabajo como uniformes, esposas o vehículos. En ese sentido, solicitó a la plenaria declararse en sesión informal para escuchar a Antonio Cabarcas, representante del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía.
Al declararse la sesión informal, Cabarcas destacó que los trabajadores corren peligro al transportar a las reclusas, sin apoyo policial, desde el penitenciario hasta sus citas médicas o judiciales, pues deben llevarlas caminando a falta de vehículos; además, cuentan con pocas esposas. De la misma forma, manifestó su preocupación por los cilindros de gas que están ubicados en la cárcel y se utilizan para el restaurante “Interna”.
Cabarcas también señaló que desde hace 12 años no se les entrega ningún tipo de dotación a los guardias de seguridad y han debido costearse uniformes y otros elementos, motivo por el que consideran que la Administración debe pagarles estos gastos.
Posteriormente, el Secretario del Interior, José Carlos Puello, dio a conocer que el traslado de la cárcel es una de las prioridades del alcalde, razón por la cual se inició la búsqueda de un lote en Cartagena que cumpliera todos los requisitos solicitados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC). En ese sentido, se halló un bien inmueble ubicado en la Vía Pozón-Variante que cuenta con 200 habitaciones, el uso del suelo permite la ubicación de la cárcel y fue aprobado por la USPEC tras visitar al lugar, pues reúne todas las condiciones necesarias.
El funcionario informó que se vienen adelantando los procesos administrativos requeridos para realizar el contrato de arrendamiento, toda vez que esta sería un traslado provisional hasta que el Distrito construya un penitenciario propio. Actualmente se llevan a cabo adecuaciones de seguridad en el inmueble relacionadas con enchapes, cielo raso, y muro de cerramiento, de manera que el traslado se haría aproximadamente en 4 meses.
Sobre la dotación y los uniformes de los guardias, Puello indicó que el día de ayer se abrió el proceso de selección abreviada para obtener estos elementos y serán entregados en el mes de mayo aproximadamente. En cuanto a los gastos que cubrieron los guardias en años anteriores, el Secretario informó que se analizan posibilidades para resolver la situación de aquellos años que no han prescrito aún.
Frente a una inquietud del concejal Javier Curi (Liberal), José Carlos Puello expresó que se cuenta con recursos que ascienden a los $1800 millones disponibles para efectuar el traslado.
Más adelante, la jefa de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgos, Laura Mendoza, manifestó que desde esta oficina se ha hecho constante acompañamiento al proceso de la cárcel de mujeres y a través de varios informes se han determinado riesgos estructurales y locativos en el inmueble, destacando el hacinamiento, la ausencia de condiciones sanitarias, alta vulnerabilidad frente a incendios, y riesgo eléctrico.
A continuación, Jaime Lozano, funcionario de la Oficina de Gestión de Riesgos, se refirió a las fallas estructurales, haciendo énfasis en el deterioro de columnas, vigas y losas por corrosión, así como filtraciones de agua.
Por su lado, el Secretario de Planeación, Iván Castro, realizó un recuento del proceso de búsqueda y selección de un predio apto para el traslado; además, resaltó que el lote encontrado cumple con las condiciones de uso del suelo requeridas.
Seguidamente, el director de la cárcel de mujeres, hizo mención de sus funciones y destacó que es su deber trasladar a las reclusas para atención médica y audiencias judiciales. Sobre la dotación, expresó que si bien es cierto que hay una deficiencia, hasta la fecha ha sido posible cumplir con lo necesario. En lo referente a los problemas de infraestructura, señaló que con el traslado de San Diego hacía la nueva sede se busca garantizar mejores condiciones.
Sobre la necesidad de dotación, el funcionario dio a conocer que se requieren 20 pares de esposas pero solo se cuentan con 4, también 2 vehículos para transporte de internas, 20 gases pimientas, etc. Así mismo, dio a conocer que el proceso contractual para la consecución de uniformes ya viene adelantándose.
Luego, Johnny Herrera, personero delegado adscrito a la cárcel de San Diego informó sobre las situaciones que guardias y reclusas han puesto en su conocimiento durante los 2 años que ha realizado acompañamiento: No se está realizando la valoración médica obligatoria cada vez que ingresa una interna; los guardianes se han visto obligados a comprar medicinas o utensilios del botiquín y pagar transporte para atender las necesidades de las presas; el patio del inmueble no tiene alumbrado; el médico contratado asiste poco a la cárcel; se han presentado escapes de gas por presencia de ratas en la zona donde se ubican las mangueras; entre otras.
Herrera manifestó que ha elaborado y entregado los informes correspondientes al Personero Distrital, además, expresó que no debe esperarse al traslado para dar soluciones a estas problemáticas que atentan contra las reclusas, trabajadores y visitantes.
Para el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) es preocupante que los órganos de control permitieran que esta situación se extendiera durante tantos años, pues aunque ha habido omisión de la Administración, este no es un caso nuevo y a los entes de control les corresponde actuar al respecto.
A continuación, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) expresó que es un logro que luego de 10 años finalmente se adelanten las gestiones necesarias para llevar a cabo el traslado, puesto que la ubicación actual de la cárcel no garantiza la seguridad, hay un riesgo latente de derrumbe, solo cuenta con 1 baño para 155 reclusas, y no se cumple con las condiciones mínimas que merecen estas mujeres. En ese sentido, el cabildante sugirió la elaboración de un Plan de Contingencia que permita la mitigación de la problemática.
Por otro lado, la concejal Angélica Hodeg (Alianza Verde) mostró su desacuerdo con lo manifestado por el director de la cárcel, pues la atención a las reclusas no es óptima, especialmente en lo referente a salud, al no haber condiciones para una atención básica ya que no se cuenta con herramientas como termómetros, tensiómetros o glucómetros; además, el médico contratado asiste por pocas horas, durante la noche no hay ningún tipo de apoyo en salud y si es necesario trasladarse a un centro hospitalario no se tiene un vehículo, por lo que cada guardia o reclusa debe pagar el transporte.
La concejal expresó que el trato que se le da a estas mujeres debe mejorar, teniendo en cuenta que el trabajo de resocialización es insuficiente, las reclusas no tienen la posibilidad de realizar llamadas, las esposas y candados son escasos, y en algunas situaciones los guardias son muy pocos para atender a la población de internas.
Hodeg manifestó que es necesario tomar medidas que a corto plazo garanticen la prestación de un servicio adecuado mientras se logra materializar el traslado del centro penitenciario.
Ante un comentario de la concejal Hodeg sobre la alimentación de las reclusas, el concejal Javier Curi (Liberal) destacó que conoció la ración que se entrega a los salvavidas del Distrito y tiene serias inquietudes sobre la calidad del alimento brindado, lo anterior teniendo en cuenta que es el mismo contratista que provee en la cárcel de San Diego.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el viernes 22 de marzo de 2019 a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Ver sesión aquí:
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.
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