El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 24 de julio de 2023
Hora de Inicio: 9:31 a.m.
Hora de finalización: 10:37 a.m.
En esta sesión del Concejo estaba programado el informe de gestión de la Oficina de Valorización. Antes de iniciar la presentación, el concejal César Pión (La U) se refirió al proyecto de protección costera, que no tiene definidos $40 mil millones que le faltan, se dejaron vencer 8 contratos derivados que tenía, y el Gobierno Nacional no le incluyó recursos en el Plan de Desarrollo Nacional.
Seguido, la Directora María Isabel Lugo inicio la presentación del informe de gestión indicando que corresponde al periodo del 1 de enero hasta el 15 de mayo de 2023. Indicó que el presupuesto es de $5.998 millones del que se han ejecutado $1.062 millones; $925 millones en funcionamiento y $137 millones en inversión. Agregó que en la Unidad Asesora de Contratación hay un proyecto radicado sobre el plan maestro de drenajes pluviales para actualización de estudio de diagnóstico y factibilidad para la solución de evacuación de aguas lluvias y la intrusión de marea en el barrio El Laguito por $471 millones.
Ante una pregunta de los concejales Caballero y Pión, aclaró que desde el espolón Iribarren hasta la Base Naval hay un problema de inclusión de marea cuya solución no está dentro del proyecto de protección costera. Este proyecto proviene de una acción popular que obliga entregar los diseños en fase 3 para mitigar o dar solución, y con él quedaría definida la estructura a construir.
Continuando con su presentación, añadió que se recibieron 98 PQRS, a 77 ya se le dio solución y 21 siguen en trámite. A su vez, se recibieron 57 peticiones de levantamiento de medidas cautelares de gravamen de contribuciones y cobro coactivo, 38 gestionadas y 19 en trámite. Respecto a la contratación, se realizaron 21 contratos por OPS por $416 millones en total. En la gestión de la subdirección técnica, se tienen los proyectos de Protección Costera, Plan Maestro de Drenajes Pluviales y mantenimiento de puntos críticos en la vía del corredor de carga.
Por su parte, el concejal César Pión (La U) indicó que enviará oficio a miembros del Gobierno Nacional, entre ellos al presidente Gustavo Petro, con el fin de buscar soluciones a la financiación del proyecto de Protección Costera. También dejó constancia de la irresponsabilidad que representa abrir la playa 5, pues es inestable y podría ocasionar un fenómeno de corriente con riesgo de ahogamiento de bañistas.
Por otro lado, recordó que el único proyecto relacionado con vías, ciclorrutas y paseos peatonales en el sector de Bocagrande y zona norte fue realizado en el 2017 para las obras de Protección Costera. Cuestionó también que no se hayan conseguido recursos a nivel nacional y a través de congresistas debido a que la política del Alcalde Dau es no reunirse con senadores, tildándoles de “malandrines”.
La Directora Lugo indicó que el proyecto de Proyección Costera inicialmente también cubría la ampliación de la avenida primera, sin embargo, se priorizaron las obras de protección costera debido a calamidad pública. Sin embargo, se trabaja para elaborar un proyecto con recursos de contribución para ampliar esta avenida incluso contemplado una vía exclusiva para Transcaribe. Esta intervención causó inconformidad al concejal Pión quien salió del recinto. La concejal Liliana Suárez (ASI) indicó que no existe un proyecto que haya dejado valorización a la ciudad.
Continuando con el orden del día, se dio lectura a un oficio del concejal César Pión (La U) dirigido al Director Nacional de Planeación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Presidencia de la República y Oficina de Control Interno de la Alcaldía Distrital pidiendo: la trazabilidad del proyecto de Protección Costera, la razón por la cual los 8 contratos derivados se dejaron vencer, los $40 mil millones faltantes para concluir la primera fase, futuro del proyecto, entre otros.
Seguido, se aprobó una proposición de la Bancada Verde para citar a la Secretaria de Hacienda a rendir informe sobre la generación de deudas en impuesto predial a habitantes del barrio San Francisco que llevan años sin habitarlas.
Seguido, los concejales David Caballero (Conservador), Óscar Marín (Conservador) y Luder Ariza (Alianza Verde) se refirieron al proyecto de saneamiento fiscal, mostrándose inconformes con la forma en que la Administración Distrital ejecuta estos recursos, señalando que en el anterior proyecto se aprobó el pago de una deuda a una empresa junto a sus intereses por mora por $6 mil millones sin que estos fueran negociados. Ariza indicó que el área de conciliaciones nunca ha negociado a favor del Distrito.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 26 de julio a las 9:00 a.m.
AUDIENCIA PÚBLICA
En esta sesión conjunta de la Comisión Primera y Segunda se llevó a cabo la audiencia pública del proyecto de Acuerdo 199 “Por medio del cual se efectúa una incorporación en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés 2023, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.”
Por parte de la ciudadanía, Teresa Massa, recordó que ya ha invitado en varias ocasiones a los concejales a hacer presencia en el proyecto de vivienda Ciudadela La Paz para que conozcan la situación real de las obras, las cuales tienen deficiencias en servicios públicos, alcantarillado, entre otros.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó a los funcionarios informar cuál es el plan de acción con los recursos que se están solicitando por Corvivienda. También expresó inconformismo por las obras complementarias que hacen parte del proyecto de vivienda Ciudadela La Paz.
Por su parte, Néstor Castro, aclaró que el proyecto de Ciudadela La Paz son 2.512 viviendas de interés prioritario desarrollado en 5 etapas; la etapa 1 y 2 ya estaban al inicio de esta Administración pero sin terminar, mientras las etapas 3, 4 y 5 comenzaron el 20 de julio de 2020 y ya se encuentran terminadas en un 100% con 1.824 viviendas, de las cuales se han entregado 1.080. Las restantes están bajo custodia y vigilancia del constructor porque está pendiente la legalización del servicio público de energía.
Ante una pregunta del concejal Barrios, el Gerente indicó que Corvivienda avanza en procesos de contratación para que constructores adelanten las obras, siendo supervisadas por la Entidad. Para la etapa 3,4 y 5 se hizo una unión temporal con la constructora, por otro lado, la entidad adelanta procesos de postulación de hogares beneficiados, subsidios y transferencia de los hogares.
Agregó que hasta que no se hayan legalizado los servicios públicos no pueden entregar las viviendas, por lo que se han hecho reuniones con Afinia y se espera que en 2 meses este proceso esté completo. Añadió que en la etapa 1 y 2 quedaron 62 cupos de subsidios totales, ya se generó la resolución 913 de 2023 que establece las condiciones para las postulaciones, son para víctimas del conflicto armado.
En cuanto al Proyecto de Acuerdo, indicó que este busca incorporar $23.461.911.508, de estos, $7.801.911.508 serán destinados a 672 Subsidios Distritales Complementarios de Vivienda dentro del programa “Juntos Por Una Vivienda Digna” a hogares con ingresos de hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que adquieran Vivienda de Interés Social o Prioritario en el Distrito. Por otro lado, se destinarían $15.660.000.000 para 1.500 Subsidios Distritales de Mejoramiento de Vivienda. De los mejoramientos de vivienda, 800 son para corregimientos y 700 para zona rural de la siguiente manera:
Una delegada de Personería solicitó información sobre la solución de viviendas del año 2004 y 2011. También pidió claridad sobre el número de viviendas para víctimas, pues en reuniones previas se habló de 30, no de 62. Para dar respuesta, el Gerente aclaró que el cupo inicial era de 30 viviendas para víctimas, actualmente es de 62.
Escrito por Jesús David Correa Turizo, investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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