Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 12 de abril de 2020.
Hora de inicio: 9:33 a.m.
Hora de finalización: 11:25 a.m.
Iniciado el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:
- Formulación de denuncia penal interpuesta por los 19 concejales contra quien se identifica en red social de Facebook como Pedro Acosta Castillo por presunta comisión del delito de amenaza mientras se realizaba la sesión virtual del 11 de abril, y realizó un comentario con el siguiente texto: “hay que meterle una bomba al Concejo y que mueran todos”.
- Documento presentado por la bancada de Alianza Verde en el que se analizan los impactos causados por el COVID-19, especialmente en lo referente a la necesidad de fortalecer el sistema de salud en infraestructura hospitalaria, dotación de insumos médicos, mejora de las condiciones laborales del personal médico, y modificación de la Ley 100.
En cuanto a la denuncia penal, el presidente del Concejo, David Caballero, informó que en entrevista radial se comunicó con el ciudadano Pedro Acosta, quien manifestó que su Facebook fue hackeado y no fue responsable de la amenaza; frente a esto, Caballero le indicó que el proceso quedará en manos de las autoridades.
Posteriormente, el concejal César Pión (La U) destacó que debe trabajarse paralelamente en detener el virus y evitar daños socioeconómicos, para lo cual es necesario fortalecer el sistema de salud, ampliar la capacidad de pruebas, y discutir junto a gremios y sectores económicos cómo podría manejarse la reactivación económica.
En ese sentido, Pión propuso a las Comisiones Permanentes convocar a una sesión el día miércoles e invitar a Cotelco, ANATO, Corpoturismo, ANDI, Fenalco, vendedores informales, SENA, Secretaría de Hacienda, representantes de clínicas, Personera, y otros, para analizar lo mencionado.
A continuación, el concejal Rodrigo Reyes (Conservador) indicó que, aunque hay personas que incumplen el aislamiento obligatorio por necesidad, en las calles de la ciudad se evidencian muchas personas haciendo caso omiso del toque de queda sin razones aparentes, sin embargo, no se evidencia presencia policial para efectuar controles.
Reyes también se refirió a las vallas que bloquean el acceso a vías principales, pues considera que se obstaculiza al personal médico y autoridades que cuentan con permisos de circulación, por lo que sugiere reunirse con la Policía Nacional para que en lugar de hacer guardia en las vallas, amplíen su presencia en la ciudad.
Más adelante, el concejal David Caballero (Conservador) dio a conocer que Transambiental, operador de Transcaribe, redujo en un 50% el sueldo de los conductores de sus vehículos, acción que calificó como injusta, pues esta empresa recibe más de $1900 millones que podrían ser utilizados para seguir pagando el sueldo total de sus empleados.
Caballero anunció que pedirá información al gerente de Transcaribe para evitar que otros operadores apliquen las mismas medidas.
El concejal Luder Ariza (Alianza Verde) lamentó el fallecimiento de dos médicos por causa del coronavirus y resaltó la importancia de dotar al personal hospitalario de equipos de protección; además, señaló que el Gobierno Nacional debe aplicar pruebas a los trabajadores de la salud y pasar de los aplausos a medidas concretas para garantizar su seguridad.
Al respecto, la concejal Kattya Mendoza (Liberal) expresó que en el Distrito los médicos no cuentan con herramientas y solicitó a la Administración informar si el lote de insumos médicos que debía llegar el pasado lunes fue recibido o no.
Igualmente, la concejal Gloria Estrada (Liberal) hizo un llamado a las autoridades para que se dote de tapabocas y guantes a los policías que se encuentran realizando controles en las calles.
Por otro lado, el concejal Lewis Montero (La U) recordó que el Concejo anunció la problemática por COVID-19 en las cárceles, por lo que reiteró la importancia de garantizar la vida de estas personas y que se den a conocer los procedimientos aplicados para prevenir los contagios.
Montero también denunció que un habitante del barrio Villa Corelca recibió una llamada en la que se le informaba del posible corte del servicio de energía por falta de pago; en ese sentido, hizo un llamado a la defensa de los derechos humanos durante esta cuarentena y al cumplimiento de los decretos nacionales que prohíben la suspensión de servicios públicos.
A su turno, el concejal Luder Ariza (Alianza Verde) se refirió a la situación del mercado de Bazurto y lo denominó una “bomba de tiempo” en lo referente a la propagación del virus, ya que en el mercado la actividad es continua y normal.
Seguidamente, se dio lectura al oficio por el cual la Secretaría de Hacienda da respuesta a inquietudes sobre el Proyecto de Acuerdo 014 de descuentos en deudas tributarias. Los ponentes del proyecto habían solicitado aclarar el punto donde se dice que los ingresos recibidos por concepto del proyecto serían de libre destinación y no específicamente para atender la emergencia.
La Secretaría de Hacienda señala que es necesario que los recursos sean de libre destinación para poder destinarlos acorde con las necesidades que se generen. Además, se indica que al solicitar que el articulado especifique que los recursos serán para contrarrestar el impacto del COVID-19 pareciera que la Corporación solicita que se cambie la naturaleza de estos recursos a una renta de destinación específica, pese a que obedecen al recaudo de impuestos e intereses moratorios.
Además, la Secretaría argumenta que los ingresos corrientes de libre destinación deben ser suficientes para atender las obligaciones corrientes de la Administración.
Al respecto, el concejal César Pión (La U) manifestó que la discrepancia radica en que la Administración soportó el proyecto haciendo referencia al COVID-19 y la emergencia generada, pero ahora se indica que incluir la especificación solicitada cambia la disposición de los recursos.
Para Pión, esto significaría que los recursos pueden utilizarse para cualquier cosa y si posteriormente no se invierten en el coronavirus, no habría derecho a hacer reclamaciones.
La jefe jurídica del Concejo, Tatiana Romero, manifestó su preocupación por la posición de la Secretaría de Hacienda, puesto que el proyecto de acuerdo fue presentado para contar con recursos para la atención del COVID-19, motivo por el cual, de acuerdo al Decreto 461 de 2020, debe existir un artículo que defina la destinación de los recursos.
En cuanto al argumento del cambio de naturaleza de los recursos, Romero expresó que existe un decreto nacional que faculta a los alcaldes para establecer rubros de destinación específica y hacer los traslados presupuestales necesarios; por lo tanto, en virtud de la emergencia, los recursos pueden destinarse específicamente para atención de la misma.
Romero indicó que, en atención a la motivación que convocó a sesiones extraordinarias y de la exposición de motivos de la iniciativa, el proyecto de acuerdo no debería ser aprobado por la Corporación sin el artículo que especifique la destinación de los recursos.
Por lo anterior, Romero aclaró que el alcalde está facultado para tomar las medidas presupuestales que considere pertinentes para mitigar la emergencia y lo más sano podría ser ordenar las medidas vía decreto.
El concejal Óscar Marín (Conservador) señaló sus dudas sobre el proyecto de acuerdo 014 pues no es claro a dónde se destinarán los recursos que se recaudarían con la iniciativa, ya que no se especifica si serán para pago de deudas a EPS, compra de insumos, o algún otro concepto.
Por otro lado, el concejal César Pión (La U) hizo referencia a una publicación en redes sociales del alcalde Dau donde se califica a los concejales como “las viudas de García Tirado”; para el cabildante esto es una falta de respeto, e hizo un llamado a la Administración para sentarse juntos y aclarar la situación.
Pión recordó que las “talanqueras” que ha colocado el Concejo han sido denunciar nombramientos y posesiones irregulares; además, debe quedar claro que desde enero se ha hecho control político sobre el coronavirus y ya las responsabilidades recaen sobre la Alcaldía.
En el mismo sentido, el concejal Hernando Piña (Liberal) exigió respeto por parte del alcalde Dau, pues la Corporación solo cumple con su función de control y es triste que el alcalde siga considerando al Concejo como enemigo, en lugar de analizar la inoperancia y mala asesoría brindada por su gabinete.
Por último, a solicitud del concejal Laureano Curi (ASI), con 17 votos a favor y 2 ausentes (Cassiani y Estrada), la plenaria realizó un minuto de silencio en honor al primer aniversario de fallecimiento de Benjamín Herrera.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el lunes 13 de abril de 2020; a las 8:00 a.m. a través de videoconferencia.
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.
Ver anexo: Oficio Secretaría de Hacienda
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