- Durante el 2017, el Distrito firmó de manera directa 18 convenios interadministrativos con la empresa EDURBE por más de $64 mil millones; 15 fueron suscritos por la Alcaldía, 2 por el EPA y 1 por la Escuela Taller.
- 65% de los contratos ejecutados por EDURBE finalizaron fuera de los tiempos inicialmente pactados.
- 11 convenios se suspendieron en diciembre de 2017 y se retomaron en 2018, lo cual podría deberse a una práctica evasiva del trámite de vigencias futuras ante el Concejo Distrital.
- En cabeza de dos funcionarios estuvo la supervisión de 12 convenios que se derivaron en 70 frentes de obras.
Durante el 2017, la Alcaldía de Cartagena entregó de manera directa a la empresa EDURBE 18 convenios por más de $64 mil millones para la ejecución de obras y servicios que debieron ejecutarse ese mismo año, a excepción de un convenio que tenía que ser entregado en 2018 y aún no ha sido liquidado.
Funcicar a través de Vigila Cartagena analizó los 18 convenios y encontró que, a corte de febrero de 2019:
- 3 convenios no se han entregado pese a que debieron finalizarse; dos en el año 2017 y otro a mediados de 2018.
- 9 terminaron en 2018 pese a que debieron entregarse en 2017.
- 5 terminaron en 2017, 2 de estos convenios se entregaron fuera del tiempo inicialmente pactado y solo 3 fueron entregados en los plazos iniciales.
- Para este análisis no se tuvo en cuenta el convenio para obras del Plan Maestro de Drenajes Pluviales debido a que no se le asignó fecha de entrega y fue liquidado tras quedar sin financiación por fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró improcedente el traslado directo de recursos del SGP a EDURBE.
Esto significa que solo el 35% de los procesos entregados a EDURBE se entregaron en los tiempos inicialmente pactados.
Los convenios entregados a EDURBE tuvieron 16 modificaciones de tiempo, 4 modificaciones de cantidades de obras y 3 tuvieron adiciones presupuestales que representaron mayores costos a lo planificado inicialmente, por ejemplo el convenio SI-5-2017 para rehabilitación de la malla vial, tuvo un costo inicial de $3 mil millones y terminó costando $4.487 millones. De igual forma ocurrió con el convenio SID-057-2017 para limpieza de canales, fue contratado de manera inicial por $3.815 millones y debido a las adiciones terminó costando $5.705 millones.
“Bajo la argumentación de lograr mayor celeridad en las obras, la alcaldía de Cartagena realizó convenios interadministrativos con Edurbe, convirtiendo a esta empresa en su mayor contratista. Los resultados de la revisión documental de Funcicar a la información entregada por Edurbe vía derecho petición, evidencian que no hubo una ejecución eficiente pues persisten problemas en la planeación, cumplimiento en tiempos de ejecución y calidad de la supervisión. Hubo incumplimiento de hasta 585 días en los plazos inicialmente establecidos para la entrega de obras. Nos preocupa que, por ejemplo, 5 convenios se entregaron entre 93 y 129 días después de los plazos iniciales. Desafortunadamente existe la práctica reiterativa de suspensiones que ocasionan retrasos en la ejecución de los recursos”, señaló Carolina Calderón Guillot, directora de Funcicar.
La subcontratación de EDURBE
Los 18 convenios entregados por la Alcaldía a Edurbe fueron subcontratados a través de 29 procesos distintos por un precio menor del que pagó la Alcaldía y utilizando modalidades especiales de contratación. Hubo 21 subcontratos de obras, 3 de consultoría, 3 de interventoría y 2 para prestación de servicios.
Según el estudio, en 26 de los 29 contratos Edurbe subcontrató usando la modalidad de invitación cerrada con su banco de proveedores, dos contratos fueron entregados por invitación directa y uno fue adjudicado por invitación abierta.
La recomendación a la administración es hacer uso de su participación en la junta directiva de Edurbe para influir en la modificación de su manual de contratación con el fin que sea más transparente y abierto. También se recomienda evitar la tercerización de los contratos, teniendo en cuenta que por esta práctica ya ha habido sanciones en el país, como la de la Gobernación del Quindío (fallo disciplinario IUS 2015-298890 de la Procuraduría segunda delegada para la contratación estatal).
Suspensiones
El estudio realizado por Vigila Cartagena, programa de Funcicar, reveló que de los 18 convenios, 12 tuvieron suspensiones que generaron retrasos en la ejecución de los recursos.
Pese a que las suspensiones son una figura legal en la ejecución de un contrato, llama la atención que EDURBE suspendió 11 de sus convenios durante el mes de diciembre y los retomó en los primeros meses del 2018, esta práctica podría constituir una manera de evadir el trámite de solicitud de vigencias futuras ante el Concejo Distrital.
Por ejemplo, el convenio ALC-LOC-2-CONV-INT-001-2017 para construcción y adecuación de escenarios deportivos, inició su ejecución en el mes de septiembre y fue suspendido el 27 de diciembre argumentando que la comunidad del barrio Los Cerezos había solicitado cambios en las cantidades de obras. Sin embargo no se adjuntó constancia de dicha solicitud ni tampoco hubo modificatorios al contrato luego que se retomó el 29 de enero de 2018.
Otro ejemplo llamativo es el convenio interadministrativo 001 de 2017 para instalar 100 unidades sanitarias en viviendas rurales de la localidad 2, que inició ejecución en noviembre y se suspendió el 22 de diciembre argumentando que no podían ingresar a las viviendas a realizar los trabajos por las festividades de fin de año. Esta situación denota que la administración no tuvo en cuenta que las festividades de diciembre podrían afectar el desarrollo de las obras.
En este sentido se recomienda a la Alcaldía realizar un análisis de causales de suspensión de convenios y elaborar un protocolo de planeación de los procesos que permita evitar la suspensión de obras por situaciones previsibles.
Supervisión de los contratos de EDURBE
De 18 convenios entregados a EDURBE, 12 fueron supervisados por dos funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Cartagena quienes tenían la responsabilidad de hacerle seguimiento a la ejecución de los recursos.
El funcionario Gustavo de León Villalobos tuvo a su cargo la supervisión de 7 convenios que correspondían a 47 frentes de obras distintas, esto implicaría hacer bitácoras diarias de los avances de obras, verificar el cumplimiento de la seguridad social de los trabajadores, la calidad y resistencia de los materiales, entre otras labores. Teniendo en cuenta que las obras se ejecutaban en diferentes lugares de la ciudad ¿Cómo pudo este funcionario hacer una supervisión óptima y cumplir las funciones ordinarias de su cargo?
De igual forma se identificó que el funcionario Edison Hernández Watts tuvo a su cargo la supervisión de 5 convenios ejecutados por EDURBE que implicaba hacerle seguimiento a 23 frentes de obra. Este análisis parece indicar que hay una supervisión formal pero no real, teniendo en cuenta las diversas actividades que incluye ordinariamente la labor de seguimiento al cumplimiento de contratos de obra.
“Nos preocupa que un solo funcionario haya sido delegado para supervisar 47 obras distintas que estaban contempladas en 7 convenios interadministrativos y otro funcionario tuvo a su cargo 23 obras distintas que fueron contratadas a través de 5 convenios. Muchas de estas ejecuciones se dieron de manera paralela, lo que nos hace pensar que no hubo la suficiente trazabilidad y rigor para verificar si lo contratado por la administración realmente fue ejecutado por los subcontratistas de Edurbe en los mismos términos. Recomendamos al Distrito garantizar la verificación de las condiciones técnicas con las que se ejecutan las obras teniendo en cuenta que si estos mismos convenios se hubiesen contratado por licitación pública hubiese sido obligatoria la contratación de una interventoría”, señaló Calderón Guillot.
Casos especiales
Entre los casos especiales que se detectaron durante el análisis de estos 18 convenios se encuentran:
1. La alcaldía local 1 contrató $1.604 millones para construir calles, parques, escenarios deportivos y un embarcadero marítimo en Isla Fuerte mediante el convenio CONT-INT-ADM-01.
El convenio fue firmado el 12 de octubre de 2017 e inició su ejecución el 14 de noviembre sin que se tuvieran los permisos de la DIMAR para la intervención de la zona costera de Isla Fuerte, según lo estipulado el acta de cierre. Lo que evidencia que se firmó un contrato sin tener los requisitos necesarios para su ejecución.
Este convenio reportó un 50% de avance el 7 de diciembre y 20 días después se suspendió argumentando condiciones marítimas adversas. Las obras nuevamente se reiniciaron el 15 de mayo de 2018 y de acuerdo con EDURBE, 3 días después es decir el 18 de mayo, ya se había ejecutado el 100% del convenio a excepción del embarcadero en Isla Fuerte. (Esto indica que en 20 días de diciembre de 2017 y 3 días de mayo de 2018, Edurbe ejecutó el 50% de obras en calles, parques y canchas). No se entiende tampoco por qué si a diciembre de 2017, solo faltaban 3 días para ejecutar el 100% de las obras, se suspende el contrato y se retoma cinco meses después.
2. La Secretaría de Infraestructura de Cartagena contrató mediante el convenio interadministrativo 024 de 2017 la construcción de la Vía Campaña con la empresa EDURBE.
El contrato inició obras el 16 de noviembre, sin embargo el 27 de diciembre fue suspendido argumentando que “NO se había contratado interventoría”, es decir que EDURBE inició la ejecución de este convenio por $17.206.083.162 sin contar con una interventoría que verificara la calidad de las obras.
3. La Alcaldía Local 2 contrató mediante el convenio ALC-LOC-2-CONV-INT-001-2017 la adecuación de escenarios deportivos en el área urbana y rural de la localidad 2 por $3.099.999.430.
El convenio se firmó el 2 de junio de 2017, sin embargo las obras empezaron a ejecutarse el 29 de septiembre, es decir más de 3 meses después que el Distrito le entregara a dedo estas obras a EDURBE.
Vigila Cartagena es una iniciativa colectiva de ciudad, liderada por Funcicar y respaldada por ciudadanos, organizaciones y empresas que desde el año 2017 está identificando malas prácticas de contratación con el fin de minimizar los riesgos de corrupción, promover la transparencia y la calidad de la inversión pública.
Comunicado 06-19 – Cartagena de Indias, 1 de mayo de 2019.
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