En debate de control político, IPCC justifica contrato con empresa de otra ciudad para realización de las fiestas de independencia

El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.

Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena de Indias, 21 de octubre de 2022

Hora de Inicio: 9:32 a.m.

Hora de finalización: 1:09 p.m.

En esta sesión del concejo, se encontraba programado un debate de control político al IPCC y la socialización del presupuesto por parte de las Secretaría de Participación y General para el año 2023.

Iniciado el orden del día, se procedió con el debate de control político al IPCC sobre la realización de las fiestas de independencia 2022. Para dar respuesta al cuestionario, el Director del Instituto, Óscar Uriza, tomó la palabra, señalando que la institución en el 2021 ejecutó $13.070 millones. Aclaró que el nombre de las fiestas para el 2022 es «Fiestas de independencia del 11 de noviembre» el cual fue concertado con la ciudadanía en el Plan Especial de Salvaguarda del 2019 y que el presupuesto para esta celebración es de $2.014 millones.

Sobre la justificación de la contratación de la empresa “Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A” para realizar los servicios logísticos, de planeación, ejecución, producción, operación y gestión de las fiestas, hizo saber que se dio teniendo en cuenta el estatuto de contratación y las leyes correspondientes, lo anterior teniendo en cuenta que esta cuenta con una basta experiencia. Agregó que la planificación de las fiestas fue llevada a cabo por el IPCC y que en el contrato se pactó como una obligación la preferencia de mano de obra local y la participación de artistas y agrupaciones locales representativas del folclor y las tradiciones de la ciudad.

Detalló cuál es la agenda festiva y el monto asignado a cada uno de los eventos contemplados en la programación oficial, siendo mas de 12 eventos por alrededor de 2.113 millones, de estos, eventos, hizo saber que también se realizan con el apoyo del sector privado. Agregó que sí se tiene una base de actores festivos en Cartagena. Se han entregado 178 estímulos económicos por $583 millones para artistas culturales que participan en las fiestas, además de otros 30 apoyos colectivos por un total de $150 millones.

Agregó que se tiene articulación con la Secretaría del Interior para la expedición de los permisos para la realización de eventos. También informó que se realizan actividades para la preservación de las tradiciones y costumbres festivas a través de la formación a reinas, realización de las fiestas, desarrollo de proyectos comunitarios, entre otros. Reiteró que la organización de las fiestas se lleva a cargo por el IPCC a través del operador contratado, quien administrará y coordinará la ejecución de la agenda festiva.

Seguido, se dieron intervenciones por parte de los ciudadanos Luis López, Juan José Carbonell y Miguel Caballero, quienes centraron sus intervenciones en el poco apoyo económico por parte del IPCC a artistas y eventos comunitarios, lo cual se ve reflejado en la reducción de recursos para los mencionados. Caballero explicó que en Cartagena se ha perdido el rumbo en cuanto a la tradición de la celebración de las fiestas, pues no se nota un ambiente festivo como en otros años.

Por su parte, el concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) hizo saber que estas fiestas han sido poco planeadas, muestra de ello es que antes la Administración Distrital socializaba las actividades con el Concejo. También solicitó conocer cuáles son las actividades contratadas con la empresa y quiénes son los patrocinadores privados de las mismas. El concejal César Pión (La U) indicó que la discusión se debe centrar en la pérdida de identidad cultural de Cartagena y que ninguna otra ciudad contrataría a una empresa foránea para que Administre sus festividades.

El concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) recordó que mediante Acuerdo 01 del 2002, se denominó “Fiestas del 11 de noviembre” y que dicho nombre no podía ser cambiado sin una aprobación del Concejo Distrital. Cuestionó que, así como con la empresa mencionada, más han sido las contrataciones a través de convenios interadministrativos, la cual no permita una puridad de oferentes.

Los concejales Sergio Mendoza (Alianza Verde) y David Caballero (Conservador) respaldaron el rechazo a la escogencia de una empresa no local para la realización de las fiestas. El concejal Caballero mencionó que las intervenciones de los cabildantes han sido propositivas en cuanto a la decisión ya tomada.

Para dar respuesta, el Director Uriza, aclaró que se ha contratado mano de obra local y que los estímulos se han visto reducidos debido a la realidad fiscal que afronta el Distrito, sin embargo, la intención es que estos se vean aumentados, mientras eso sucede, estos se entregan mediante convocatorias. Reflexionó en que el ejercicio de apropiación de las fiestas no solamente es de la Administración sino también de la ciudadanía.

Agregó que otras ciudades que realizan eventos de tal magnitud, sí cuentan con una institución mas capacitada para la gestión y recaudo de recursos, lo cual no cuenta la naturaleza jurídica del IPCC. Sobre la no socialización de la realización de las fiestas con el Concejo, explicó que se convocó unas mesas de trabajo, las cuales no pudieron ser realizadas.

Siguiendo con el orden del día, el Secretario de Participación, Miguel Salgado, explicó la ejecución de los $25.085 millones que le correspondieron en el presupuesto del 2022. De estos, se han ejecutado el 55%, siendo destinados $1.628 millones en funcionamiento y $17.038 millones en inversión.

Seguido, mostró el avance de sus metas en el Plan de Desarrollo para el 2022, algunas de estas corresponden a los programas «una vida libre de violencias para las mujeres» con avance del 50%, «comprometidos con la salvación de nuestra primera infancia» con avance del 76%, «jóvenes participando y salvando a Cartagena» con avance del 53%, «alianza por la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad.» con avance del 57%, «habitante de calle con desarrollo humano integral» en 81%, entre otras.

Algunas actividades corresponden a la participación de 3.403 personas en acciones para prevenir y eliminar la violencia, atención a 693 mujeres víctimas de violencia de pareja, atención en el hogar de paso a 317 niñas, niños y adolescentes con derechos amenazados, 6.177 Jóvenes que participan de los espacios de representación ciudadana y grupos juveniles, consolidación de 12 organizaciones de personas con discapacidad, 1 caracterización de habitantes de calle, habilitación de 2 hogares de paso, entre otros.

Al respecto, La concejal Gloria Estrada (Liberal) solicitó que se de explicación de por qué el programa de mujeres solo tiene un avance del 50%. La concejal Liliana Suárez (ASI) recordó la importancia de esta Secretaría y que de su ejecución presupuestal dependen los impactos positivos en la ciudadanía, por lo que la dependencia debería tener más recursos. Los concejales Luder Ariza (Alianza Verde), Claudia Arboleda (MIRA), Javier Julio (Coalición Alternativa) y César Pión (La U) señalaron la importancia de la Secretaría en temas como la mujer, atención al adulto mayor y emprendimiento.

Para dar respuesta, el Secretario Salgado mencionó que cuando se le asignó el cargo, el programa para la mujer solo estaba en 25% de avance, del cual se ha trabajado para llevarlo a la cifra actual, la cual a final de octubre su ubicaría en un 80%. Reconoció también la importancia de la Secretaría y de los recursos, de los cuales resaltó un aumento del 13% respecto al año 2022, quedando en $19.396 millones.

Seguido, la Directora de la UMATA, Blanca Florián,explicó que para el 2022, tuvo presupuesto de $956 millones el cual tiene 58% de ejecución, sin embargo, el resto de los recursos se encuentran comprometidos. Para el 2023 la solicitud de presupuesto es de $1.488 millones, los cuales están distribuidos en el programa de bienestar y protección animal, extensión agropecuaria y atención a población afro y étnica.

Por su parte, estaba programada la socialización del presupuesto para el 2023 por parte de la Secretaría General, sin embargo, esta fue aplazada para la próxima sesión.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a un Proyecto de Acuerdo presentado por la concejal Claudia Arboleda (MIRA) «Por medio del cual se adopta la política pública integral de libertad religiosa y de cultos del distrito de Cartagena de Indias 2023 – 2033». Como coordinador de ponencia se designó a la concejal Liliana Suárez (ASI)y como ponentes a los concejales César Pión (La U), Sergio Mendoza (Alianza Verde) y Laureano Curi (ASI).

También se dio lectura a una excusa y solicitud de aplazamiento del debate de control político sobre seguridad, presentada por la Secretaria del Interior, Ana María González, debido a compromisos personales fuera del país, por lo cual, para la fecha del debate, se encuentra en vacaciones. A lo anterior, la presidenta de la Corporación Gloria Estrada adelantó la fecha del debate para el lunes 24 de octubre.

Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el sábado 22 de octubre de 2022; a las 9:00 a.m.

Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.

Ver sesión:

1440 960 Funcicar
Compartir:

Dejar una Respuesta

Escriba su búsqueda...