Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 8 de julio de 2019.
Hora de inicio: 2:21 p.m.
Hora de finalización: 5:14 p.m.
Esta sesión del Concejo de Cartagena correspondió a una audiencia pública en el Hotel Intercontinental sobre el macroproyecto de protección costera y se contó con la presencia en plenaria de Laura Mendoza, directora de la Oficina de Gestión de Riesgos; Jorge Lequerica, director del Departamento de Valorización; Natalia Echeverry, gerente (e) de Espacio Público; Capitán Pedro Prada, por la DIMAR; y Carlos Mieles, alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte.
Iniciado el orden del día, se dio lectura a las excusas enviadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos; al respecto, los concejales Wilson Toncel (Cambio Radical), Antonio Salim Guerra (Cambio Radical), y Erich Piña (Liberal) manifestaron su inconformidad puesto que es la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos la encargada de la contratación y ejecución de este proyecto.
Como citante, el concejal César Pión (La U) pidió que el debate se centre en el componente social ya que debe primar la protección de los derechos de los carperos, masajistas, vendedores y operadores turísticos de las playas que se verán afectados por las obras del proyecto.
A continuación, un grupo de ciudadanos manifestaron sus inquietudes de la siguiente manera:
- Guillermo de Horta, en representación de los carperos, expresó que hay inconformidades entre los operadores turísticos por la plataforma de Registro Único de Vendedores (RUV) que maneja la Alcaldía porque de los 116 carperos activos solo 57 están incluidos y se desconoce a varios que tienen confianza legítima. De Horta solicitó mesas de trabajo con el alcalde y Espacio Público para aclarar lo referente al RUV y al retorno de los operadores una vez finalicen las obras, pues su principal preocupación es que no se les permita regresar a sus lugares de trabajo.
- Alberto Vergara, representante de los vendedores de frito, insistió en convocar a una mesa de trabajo con gremios y Concejo para analizar la posibilidad de realizar un nuevo censo de los operadores turísticos, para lo cual es necesario revisar el Acuerdo 040 de 2006. Además, resaltó la poca atención que han recibido del Alcalde Local y pidió se capacite a las personas que trabajan en las playas.
- María Márquez, por parte de las asociaciones de masajistas, señaló que de este gremio solo hay 47 personas reconocidas en el RUV, y aseguró que su objetivo es que se asegure el retorno de todas las masajistas cuando finalicen las obras.
- San Diego Ávila, en representación de los quioscos, destacó que hay personas con más de 50 años de trabajo que no han sido reconocidos y de 120 trabajadores solo 49 están en el RUV, lo que consideran puede generar problemas para ellos.
- Wilmar Herrera, representante de asociaciones de pescadores, indicó que la licencia ambiental otorgada para este proyecto incluye la realización de un censo pesquero que no se ha efectuado y señaló que lo que pretenden es asegurar su permanencia en el territorio. Además, dio a conocer que hay 1077 operadores turísticos que no cuentan con confianza legítima.
Posteriormente, el director del Departamento de Valorización, Jorge Lequerica, manifestó que el componente social es esencial en el proyecto y la licencia ambiental entregada por ANLA contempla 17 actividades económicas (masajistas, pescadores, carperos, etc.) que componen la población vulnerable objeto de posibles afectaciones que deben ser prevenidas, corregidas, mitigadas, o compensadas.
Lequerica informó que con los operadores que cuentan con confianza legitima se adelanta un proceso para determinar cuál será la compensación por los impactos negativos del proyecto; sin embargo, aclaró que la licencia ambiental no señala que solo quienes tienen confianza legítima podrán obtener compensaciones.
El funcionario indicó que para la obtención de la licencia se realizó una caracterización con una muestra aleatoria de 450 operadores turísticos, mientras que el RUV contempla cerca de 700 y otros 1077 aseguran contar con derechos de confianza legítima.
Durante su intervención presentó el siguiente cronograma de obras:
A su turno, la gerente (e) de Espacio Público, Natalia Echeverry, aclaró que en el RUV hay 674 vendedores que operan en las playas y señaló que actualmente el Acuerdo 040 de 2006 no le permite al Distrito realizar un nuevo censo y solo quienes cuenten con confianza legítima otorgada por un juez podrán ser incluidos, por lo que considera necesario realizar una modificación del Acuerdo.
Echeverry expresó que las obras de protección costera iniciarán en una zona no ocupada que deberá ser reglamentada y una alternativa podrían ser las áreas de desarrollo naranja, propuestas la semana pasada en un proyecto de acuerdo. Finalmente, sugirió llevar a cabo una nueva caracterización, como la aplicada en Playa Azul La Boquilla, para determinar niveles de vulnerabilidad y dar prioridad en la entrega de permisos de ocupación.
Por parte de DIMAR, el Capitán Pedro Prada, manifestó que pese a no tener responsabilidades directas en el proyecto vienen realizando acompañamiento en el proceso y se han emitido conceptos técnicos sobre los espacios de baja mar utilizados por los operadores turísticos.
Por último, el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, Carlos Mieles, reiteró su disposición para acompañar a la ciudadanía y operadores de playas, por lo que solicitó a la Administración vincularlo formalmente a las mesas de trabajo efectuadas en el marco del proyecto.
A su turno, varios concejales se refirieron a las intervenciones de los funcionarios, así:
- El concejal César Pión (La U) manifestó que en el debate no hubo claridad sobre el proceso de gestión social, qué ocurrirá con los vendedores luego de las obras y cómo será la compensación; además, no se conocen actas, convenios o contratos derivados del proyecto y aunque se anunció que las obras comenzarían en el primer semestre del año, el cronograma no se ha cumplido. Frente a lo manifestado resaltó la existencia del Acta 1401 de 2007 que faculta a Valorización para realizar el censo en cuestión.
- Para el concejal Américo Mendoza (ASI) no hay claridad del cronograma de trabajo y deben concretarse compromisos, teniendo en cuenta que en semanas pasadas se informó que los $160 mil millones que estaban presupuestados no serán suficientes para finalizar el proyecto.
- La concejal Duvinia Torres (La U) resaltó la importancia del componente social pues su retraso dilata el inicio de las obras; también recordó que el proyecto incluye un plan de manejo ambiental y de movilidad, pero no se conocen avances en los mismos.
- El concejal Óscar Marín (Conservador) se mostró inconforme con lo presentado por la Administración ya que se repite lo mismo que hace cerca de 3 meses, evidenciando pocos avances, ante lo cual propone programar un debate de seguimiento el próximo mes.
- El concejal Javier Curi (Liberal) señaló que debe haber un proceso de negociación con representantes de las 17 actividades económicas contempladas en la licencia y recordó la relevancia de sacar adelante las declaraciones de recursos turísticos estipulados en la ley.
- Para el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) es preocupante que sea necesaria la orden de un juez para otorgar confianza legítima y considera debe revisarse qué puede hacerse antes de esperar tutelas individuales de cada vendedor.
- El concejal Luis Cassiani (Cambio Radical) señaló su intranquilidad por lo manifestado en esta audiencia, reiteró la importancia de proteger los derechos de la población vulnerable y expresó que el Concejo tiene el compromiso de revisar el Acuerdo 040 de 2006.
Finalmente fue aprobada una proposición del concejal Javier Curi (Liberal) para hacer seguimiento a este tema a través de una comisión permanente conformada por un representante de cada bancada del Concejo.
Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 9 de julio de 2019; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.
Ver Anexo: Presentación de Valorización sobre Protección Costera
Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar de Funcicar.
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