Hora de inicio: 9:07 a.m.
Hora de finalización: 11:12 a.m.
Iniciado el orden del día, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) solicitó que se le informara si la Administración radicó la respuesta al cuestionario de la proposición aditiva que presentó su bancada sobre el proyecto del peaje de Barú.
En el mismo sentido se refirió el concejal Cesar Pión (La U) solicitándole a la funcionaria de enlace entre el Concejo y la Administración que gestione el envío de toda la información requerida por la Corporación porque será el principal insumo para el análisis de este proyecto.
De la misma manera, el concejal Américo Mendoza (ASI) consideró pertinente que se solicite el estudio técnico que se referencia en algunos apartes del proyecto de acuerdo, y que fue realizado por la firma IPC S.A.S., para conocer a profundidad los elementos de análisis que pueda aportar dicha investigación.
Agotado el orden del día se levantó la sesión y se convocó para el miércoles 22 de febrero, a partir de las 8:00 a.m., en las instalaciones del Sena, Casa del Marqués, Plaza de la Aduana.
AUDIENCIA PÚBLICA
Proyecto de Acuerdo 049, por medio del cual se autoriza el cobro del peaje para el mantenimiento de la vía transversal Barú.
Luego de que el presidente de la Comisión del Plan, concejal Cesar Pión (La U) explicara la metodología de la audiencia, se le dio el uso de la palabra al representante del gobierno local, Jorge Luis Marimón, director de Valorización del Distrito.
Marimón explicó que el peaje ha sido una solicitud realizada por las mismas comunidades de Barú, Ararca, Santa Ana y Pasacaballos, y que este fue uno de los acuerdos que resultó luego de la consulta previa realizada en estas comunidades para la construcción del puente.
Adicionalmente indicó que se realizó una consultoría cuyos resultados avalaron la viabilidad técnica, jurídica, económica y social de este peaje, y que los recursos del mismo irían para el mantenimiento de la vía y para inversión social en las comunidades aledañas.
Las motivaciones para la instalación de este, según Marimón, obedecen a factores como la movilidad reducida en temporadas altas de turismo, el deterioro creciente en el estado de la malla vial, los acuerdos de la consulta previa con las comunidades étnicas pertenecientes a los corregimientos de Barú, Pasacaballos, Ararca y Santa Ana, y la necesidad de crear una fuente para el mantenimiento de la infraestructura vial.
Por otra parte, el funcionario se refirió a la pertinencia de esta iniciativa como medida para contrarrestar el deterioro ambiental de la playa, la cual cuenta con una capacidad de carga de 3200 turistas y en temporadas altas alberga a más de 15 mil; así como para la intervención integral a la malla vial, que según indicó, está notablemente deteriorada, toda vez que desde que fue entregada al Distrito en el año 2012 no se le ha realizado mantenimiento.
Señaló que el peaje se instalaría a pocos metros de la subida al puente, y sería en un solo sentido Cartagena-Barú, y que de aprobarse el proyecto de acuerdo para el mes de junio se estarían instalando las casetas.
En cuanto a la tarifa dijo que se había calculado con base en la que se cobra en el peaje del Corredor de Carga y que se proyecta que el peaje reciba unos recursos de casi cinco mil millones de pesos para el año 2024.
Posteriormente se le dio inicio a las intervenciones de ciudadanos, y representantes de organizaciones interesados en el proyecto, de las cuales se destacan las siguientes:
– Jorge Mendoza Diago, presidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, señaló que le llama la atención cómo la Administración Distrital toma decisiones importantes sin el debido sustento técnico, lo cual pone en riesgo el éxito de los proyectos.
Para Mendoza Diago, es inaceptable que se tome como referencia el peaje de la Variante Mamonal para calcular la tarifa del peaje de Barú, cuando las vías a intervenir tienen distintas características y por ende los costos del mantenimiento pueden estar absolutamente distantes. Aseguró que es a través del estudio técnico de la ingeniería de detalles como se puede proyectar de manera real los costos para determinar la tarifa, de lo contrario la iniciativa fracasará.
Otro de los aspectos destacados por el dirigente político fue el deterioro de esta vía, ante el cual manifestó su asombro por el poco tiempo de haberse entregado e instó al gobierno local a revisar la responsabilidad del actual concesionario sobre la recuperación de la misma.
Concluyó invitando a la Administración a manejar con total transparencia la selección del concesionario, con unos pliegos claros y no hechos a la medida de ningún contratista.
– David González, director de la Fundación Turística Playa Blanca introdujo su intervención refiriéndose a la consulta previa que se desarrolló en el año 2012 para la construcción del puente de Barú, de la cual salieron algunos acuerdos que asegura aún no se han cumplido en su totalidad, como lo es, el estudio de capacidad de carga. Advirtió que todas las fases para la instalación del peaje deben ser consultadas ante las comunidades afectadas, de acuerdo a la Ley 70 de 1993.
Por otro lado González indicó que este proyecto es lesivo para la economía domestica de los habitantes de Barú, y que carece de planeación.
Para el ciudadano los recursos naturales de estos sectores están siendo mal utilizados y no es un “peaje social” la solución, toda vez que se sustentaría a partir del mayor flujo vehicular hacia la zona que presentante serios problemas ambientales.
Aseguró además que no es cierto que un porcentaje de los recursos del peaje se puedan invertir en obras para estas comunidades, porque de acuerdo a la ley 105 del 93, los recursos de los peajes deben ser destinados exclusivamente a la recuperación de la malla vial. En otro sentido considera que el proyecto también carece de sustento jurídico al tratar de imponer un “impuesto sobre otro impuesto”, puesto que esta vía ya fue financiada por los propietarios de la isla de Barú. Concluyó presentando una propuesta para que Barú sea convertida en una zona franca turística, portuaria y agroindustrial.
– El señor Iván Caraballo, participó como representante de los propietarios de Barú, para realizar algunos aportes en el siguiente sentido:
1. El peaje está en contra de lo establecido en el Estatuto de Valorización respecto a la construcción de la transversal Barú, para la cual se determinó que la fuente de financiación sería por la vía de la valorización y hasta la fecha los propietarios vienen pagando este impuesto. Caraballo asegura que de instalarse un peaje se estaría cobrando un doble impuesto sobre la misma vía. 2. En la ley no están reglamentados los peajes sociales, por lo que no es correcto que un mandatorio instale uno para solucionar un problema social. 3. Después de 10 años esta obra no se ha concluido y no se entregó el tramo del sector Playetas.
El ciudadano cerró su intervención asegurando que este peaje está lleno de corrupción y que busca cumplir un compromiso de campaña.
– El señor Fidian García, usando un disfraz de un personaje denominado “Capitán No Más”, se identificó como miembro de una iniciativa ciudadana que lleva el mismo nombre, y expresó que la pobreza, la deficiencia en los servicios públicos y la disminución del turismo han sido un común denominador en las comunidades rurales en las que se ha instalado peajes como lo son Arroyo de Piedra, Arroyo de las Canoas y Arroyo Grande. De la misma forma identifica en las comunidades de Ararca, Santa Ana y Barú unos altos niveles de pobreza que, de acuerdo a la experiencia en los corregimientos del norte de la ciudad, no disminuirán por la instalación de un peaje.
– David Múnera Cavadía, abogado y ex concejal de la ciudad, destacó algunos elementos que considera engañosos en el proyecto de acuerdo. Inicialmente señaló que la intervención del funcionario del gobierno no está acorde al contenido de la iniciativa, la cual es otra muestra de la improvisación constante de la Administración Distrital.
Múnera asegura que el mismo texto del proyecto de acuerdo señala que los recursos del peaje serán para la adecuación de la vía y no para inversión social “como se le quiere hacer creer a la gente”.
Por otra parte reprochó que se usara “de manera mañosa” la consulta previa que se realizó en el año 2012, para justificar la viabilidad social de esta iniciativa, y en ese sentido instó al Concejo Distrital a no aprobar en primer debate este proyecto hasta tanto no se realice un nuevo proceso de consulta previa acorde a lo que se plantea hacer.
Según el jurista este proyecto de acuerdo tiene serios vicios de legalidad y constitucionalidad, y de aprobarse el Concejo podría incurrir en un prevaricato.
Recordó que esta vía aún no ha sido entregada oficialmente al Distrito y que de hecho al señor Efraín Amín, constructor de la misma, se le adeuda una suma de dinero ya que el contrato no ha sido liquidado. Ante esto, plantea que lo que debe hacer la Administración es resolver la finalización de esta vía y exigirle al contratista su reparación, ante la notable mala calidad con la que fue construida.
Finalmente cuestionó el sustento jurídico de la intención de “compensar” que se propone en este proyecto de acuerdo, al considerar que la ley 105 de 1993 es muy clara al respecto y solo permite exceptuar del cobro del peaje a motocicletas y bicicletas, y no a los vehículos de los habitantes de la zona.
– Alicia Bozzi, presidenta ejecutiva del Consejo Gremial de Bolívar, también participó en la audiencia, para expresar que consideran que es viable la instalación de un peaje para conservar y mantener la vía, así como para la sostenibilidad ambiental y turística de una zona con alta carga, no obstante asegura que se debe profundizar en el sustento jurídico de la inversión de los recursos del peaje.
En cuanto a los aspectos técnicos de la iniciativa sugirió lo siguiente:
– El proceso de escogencia del concesionario que operaría el peaje debería realizarse mediante licitación pública, asegurando la participación, transparencia e igualdad de los interesados.
– Para determinar el costo del mantenimiento de la vía debe realizarse un estudio técnico para conocer las características de esta y las condiciones del suelo, puesto que la vía a Barú tiene unas características propias.
– El valor de la tarifa debe ser consecuencia de la mejor oferta que se presente por parte de los interesados.
– Aprovechar la coyuntura para realizar un estudio de la capacidad de carga de las zonas protegidas en Barú y a partir de estos volúmenes determinar el mecanismo para poder controlar las cargas en ciertas zonas ambientales.
– José Rodríguez, representante del Consejo Comunitario de Santa Ana, manifestó que contrario a lo que han expresado quienes lo antecedieron en el uso de la palabra, él como miembro de una de las comunidades afectadas sí respalda la iniciativa porque esta permitiría que cuenten con una fuente de ingresos para la inversión en estas comunidades. Recordó que por ser comunidades especiales cuentan con una ley que está por encima de la ley ordinaria.
En el mismo sentido se expresó el ciudadano Cristóbal Ortega, del mismo sector, para asegurar que respalda la instalación del peaje porque a través de los recursos recaudados los Consejos Comunitarios de estas comunidades podrán implementar proyectos sociales que mejorará su calidad de vida.
Escrito por Alejandra López, coordinadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar.
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