El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 24 de julio del 2025
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 12:52 a.m.
Receso: 10:00 a.m. – 10:22 a.m.
En esta sesión plenaria del concejo de Cartagena se llevó a cabo el debate de control político al director de Distriseguridad y a la secretaría del interior, convocado por el concejal Javier Julio (Pacto Histórico), miembro de la bancada de oposición, debido al presunto uso indebido de recursos públicos para promover la imagen personal del director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín, así como por temas relacionados con la seguridad ciudadana.
Una vez iniciada la sesión, el secretario del concejo procedió a leer una excusa de inasistencia del director de Distriseguridad, pero fue interrumpido por el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical), quien solicitó que se informara cuándo fueron enviadas las preguntas del debate y cuándo se recibió respuesta por parte del funcionario. En respuesta, el secretario indicó que las preguntas se enviaron el 15 de julio y fueron respondidas el 19 del mismo mes
Seguidamente, se dio lectura a la excusa presentada por el director Hernández, quien argumentó que se encontraba en permiso remunerado y trabajando de manera remota entre el 17 y el 28 de julio. En el documento solicitaba que, en caso de no poder aplazarse el debate, se le permitiera delegar su asistencia a otro funcionario. El presidente Rafael Meza explicó que el permiso obedecía a un asunto familiar.
El concejal Pedro Aponte (Cambio Radical) solicitó al enlace de la administración con el concejo comunicarse telefónicamente con el director para que compareciera de forma virtual, dado que el permiso indicaba que estaba trabajando remotamente. El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) también pidió su asistencia virtual, argumentando que la citación se realizó con base en la Ley del estatuto de la oposición, la cual establece como falta grave la inasistencia de funcionarios a debates sin justa causa.
Posteriormente, el secretario del concejo leyó la delegación del director Hernández al director operativo de Distriseguridad, Julio Debos Caraquilla. La mesa directiva decretó un receso para definir cómo proceder. Al finalizar, el concejal Wilson Toncel (Cambio Radical) presentó una proposición para aplazar el debate, pero permitir que se escuchara a la comunidad. El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) afirmó que la excusa presentada era ambigua y que, además, las delegaciones deben hacerse mediante acto administrativo y no por oficio, como ocurrió en este caso.
La excusa de Hernández fue sometida a votación y aprobada por 12 concejales (Barrios, Córdoba, Correa, Díaz, Mendoza, Meza, Montero, Paria, Pérez, Raad, Toncel y Vergara), con 4 ausentes (Curi, Estrada, Piña y Villalobos) y 3 votos negativos (Aponte, Caballero y Julio).
Seguido, se dio paso a la intervención ciudadana:
- Lucy Díaz: madre de Tatiana Hernández recordó que su hija lleva 102 días desaparecida. Relató que un funcionario de la fiscalía comentó que su hija salió de Los Espolones y caminó hacia Bocagrande, sin embargo, no saben mucho más. Señaló que medios locales le advirtieron tener cuidado con lo que dice públicamente, ya que desde la alcaldía no quieren afectar la imagen de la ciudad. Cuestionó que las cámaras de seguridad sí funcionen para personas adineradas, pero no para el resto de la población.
- Delci del Carmen Ramírez: madre de Alix Valeria González, víctima de un atraco donde murió resultado de la caída de la moto donde se transportaba, lamentó que, por falta de cámaras de seguridad, no se sepa con certeza qué ocurrió. Pidió a la Administración ponerse en los zapatos de ella, como madre que perdió a una única hija y que hoy exige justicia.
- Libia del Carmen Hoyos Padilla reclamó que la seguridad no debe centrarse solo en el centro de la ciudad. Señaló que, en su barrio, San Francisco, hay una inseguridad constante, e hizo un llamado a las autoridades en busca de una mejora en su comunidad.
- Marebis Sheck, de la fundación Mujeres Energía que Todo lo Transforma, pidió la destitución del director de Distriseguridad. Solicitó operativos constantes en gastrobares donde se consumen sustancias psicoactivas, algunos de propiedad de policías. Invitó a la secretaría de participación a tenerlas en cuenta, y pidió también su cambio, al denunciar que no se brinda ayuda a adultos mayores ni se hace seguimiento a sus bases de datos.
- Germán Samuel Gutiérrez señaló que no se puede ocultar la realidad de la ola de inseguridad. Se mostró inconforme con el mal funcionamiento de las cámaras, especialmente en los casos ya mencionados.
- Mariana León, de Caribe Afirmativo, expresó preocupación por el plan Titán, señalando que afecta de forma desproporcionada a comunidades históricamente marginadas, en lugar de a verdaderos delincuentes. Denunció que la estrategia perpetúa la estigmatización de personas LGBTIQ+ que ejercen trabajo sexual, mediante operativos arbitrarios que afectan su dignidad.
- Génesis Gutiérrez denunció discriminación hacia mujeres negras, a quienes por su forma de vestir se les confunde con trabajadoras sexuales en el centro histórico, siendo retiradas del espacio público. Afirmó que la administración y la policía ejercen discriminación hacia varios grupos sociales a través del Plan Titán 24.
- Adalgisa Pérez advirtió que Cartagena, como ciudad turística, puede atraer redes criminales. Indicó que las cifras no reflejan la magnitud real de los hechos de inseguridad. Denunció un caso en Bocagrande donde dispararon desde una camioneta contra una mujer, pero, al tratarse de hijos de élites locales, la policía no actuó con el mismo rigor que contra otros ciudadanos. Exigió una política pública sobre el tema.
- Antonio David Castellanos criticó la ausencia de los funcionarios, quienes deberían estar explicando las causas de la inseguridad y las acciones para combatirla.
- Alicia Cardilles, lideresa sindical, denunció que en espacios sindicales privados el ESMAD ha hostigado a los trabajadores. Afirmó que las mujeres no están seguras ni en espacios públicos ni privados. Pidió revisar el plan Titán, alertando que no solo los jóvenes en riesgo son víctimas del conflicto social, sino también niñas y niños reclutados en colegios públicos para trata de personas. Afirmó que la ciudad ya no pertenece a los cartageneros, sino a extranjeros que privatizan el espacio público.
- Aldo Lora informó que este año han asesinado a dos líderes comunales sin que el alcalde se haya pronunciado. Indicó que hay más de 60 líderes amenazados, frente a los 43 de la administración anterior, lo que ha provocado desplazamientos forzosos. Lamentó la falta de respuesta de la administración y la UNP. Cuestionó que Distriseguridad instaló unas cámaras de seguridad en su sector hace un año que realmente no funcionan. Recordó que el Concejo ha aprobado cuantiosas cifras a la Alcaldía pero no hay resultados reales y le hizo un llamado de atención al alcalde porque funcionarios están haciendo campaña en sus funciones e indicó que estos mismos perfilan a los lideres que se manifiestan en contra de las gestiones.
- Jhony Jiménez, del cuerpo de salvavidas, reafirmó la crítica situación del sector. Pidió fortalecer su labor ante el creciente flujo de turistas y condiciones cambiantes del mar. Solicitó la entrega oficial y las garantías para el mantenimiento de los equipos necesarios, además de crear protocolos para que el uso de estos sea solo para uso de salvavidas.
Posteriormente, el concejal Javier Julio (Pacto Histórico) señaló que la inseguridad ha sido un tema recurrente durante los últimos años y que ha realizado varios debates de control desde que es concejal. Indicó que su intención no era atacar a ningún funcionario, sino hacer un llamado a la coherencia institucional y a que cada actor cumpla sus funciones. Subrayó la necesidad de reactivar el COSED como fuente de información para conocer número de homicidios en la ciudad. Indicó que según el informe de Cartagena Cómo Vamos, la ciudad es la tercera con más homicidios en 2024. Añadió que los datos de medicina legal superan los reportados por la policía, y también evidenció un aumento en casos de extorsión.
Julio expuso información suministrada por Distriseguridad: su función principal es brindar apoyo logístico a la seguridad y convivencia del distrito. En 2024 se le asignó un presupuesto de $92.423 millones, de los cuales ejecutó $70.228 millones. En junio de 2025 ya había recibido $67.853 millones y ejecutado $20.336 millones. En 2025 contrataron 269 OPS por $7.219 millones; en 2024 fueron 390 por $3.753 millones, cifras muy superiores a las de 2022 y 2023 (105 y 113, respectivamente). Según sus proyecciones, en 2025 podrían superar los 400 contratos.
Sobre las cámaras de seguridad, indicó que se han firmado 4 convenios por $17.571 millones entre 2024 y 2025. En cuanto a las garitas de playa, se invirtió un promedio de $250 millones por cada una (20 en total). Mostró videos de su interior y comparó sus costos con el de apartamentos en la ciudad. A su vez, comparó un contrato de la anterior administración en el 2023 donde se contrataron 11 nuevas, se hizo mantenimiento a 9 y se reubicaron 6, por un total de $998 millones, mostrando así que un tema somilar pudo ejecutarse con menos recursos.
En cuanto a la dotación, se compraron 6 jetskis, 6 trailers, 2 vehiculos de trabajo utilitario, 2 drones y 2 motociletas. Sin embargo, los sindicatos denuncian que no tienen acceso a estos equipos y que los jetskis se usan para mover lanchas y yates en Playa Blanca, las ambulancias no están disponibles para los salvavidas y la camioneta del cuerpo tampoco es manejada por ellos. Mostró que los equipos están almacenados en un parqueadero.
Julio analizó un video en el que el director Hernández aparece manejando un jetski durante un operativo, diciendo “la norma es la norma”. Julio consultó con SITMAR de Dimar, que confirma que no tiene licencia ni título vigente de navegación. Tampoco cuenta con licencia para conducir motocicletas, sólo posee licencia B1 y aun así aparece en videos manejando este tipo de vehiculos, por lo que pidió al DATT sancionar a Hernández por manejar estos vehículos sin licencia. Además, recalcó que Distriseguridad no tiene funciones para liderar operativos marítimos, lo cual fue confirmado en la información oficial suministrada para el debate.
También denunció que los drones se utilizan para grabar videos institucionales de otras dependencias. Señaló con más videos cómo Hernández asume funciones ajenas a su cargo. Cuestionó el uso de redes sociales del director, pues estaría promoviendo su imagen con recursos públicos. Mostró cómo en sus redes fijó un mensaje en el que un ciudadano le pide que se postule a la alcaldía, lo cual violaría la Ley de Antimarcas.
Concluyó su intervención señalando que Distriseguridad no ha ejecutado todo su presupuesto en 2025, que hay contratos son presuntos sobrecostos, alta contratación de OPS, millonaria inversión en cámaras de seguridad con pocos resultados, extralimitaciones del director y uso de redes como posible tarima para una campaña electoral.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) pidió disculpas a las ciudadanas que intervinieron, a quienes reconoció como víctimas de una sociedad fracasada, tomada por el crimen y la violencia. Afirmó que más del 70% del territorio de Cartagena es caldo de cultivo para la violencia. Propuso una movilización ciudadana contra las desapariciones de mujeres.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el viernes 25 de julio a las 8:30 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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