Presunto pago irregular del Fondo de Pensiones es investigado por entes de control

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena, 12 de octubre de 2018.

Hora de inicio: 9:22 a.m.

Hora de finalización: 11:06 a.m.

En esta sesión del Concejo Distrital se realizó un debate de control político sobre la situación del Fondo de Pensiones frente a unos presuntos pagos irregulares. En plenaria estuvieron presentes el contralor (e) Freddy Quintero; el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo; el Tesorero Distrital, Luis Cano; el director del Fondo de Pensiones, Edwin del Portillo; y un delegado de la Oficina de Control Interno.

El concejal citante César Pión (La U) manifestó que esta citación está basada en notas de prensa que reportaron el presunto pago irregular de $4 mil millones, teniendo en cuenta que esta información se generó a partir de un reporte de la Contraloría y el Fondo de Pensiones aduce que el pago se dio en cumplimiento a una orden judicial.

Posteriormente, el contralor distrital (e) Freddy Quintero explicó que al iniciarse una auditoría especial en la Secretaría de Hacienda se encontró un pago equivalente a $4.117 millones aproximadamente, de los cuales se solicitaron los soportes respectivos y de esta manera se remiten al Fondo de Pensiones, entidad que afirma que el pago corresponde al cumplimiento de una orden judicial.

Sin embargo, en la auditoría se encontraron actas en las que se asegura que la suma en cuestión ya había sido cancelada, motivo por el cual no se comprenden las razones por las que se permite un nuevo pago que no contaba con el visto bueno de la Oficina Asesora Jurídica, ya que esta es la dependencia que venía insistiendo en que la suma ya había sido cancelada.

El funcionario también resaltó que la consignación se realizó en diciembre de 2017, además, el apoderado no contaba con el poder requerido para sustituir a las personas beneficiadas y algunas de ellas son personas ya fallecidas.

Quintero recordó que el Fondo de Pensiones fue creado con el objetivo de administrar la nómina de pensionados y no con el fin de resolver controversias judiciales, puesto que la defensa judicial del Distrito solo le corresponde a la Oficina Asesora Jurídica.

Finalmente, aclaró que hasta la fecha no se ha auditado al Fondo de Pensiones, ni se ha cuestionado la actuación de su director, ya que lo que se hizo fue una revisión de los soportes de los pagos efectuados por Secretaría de Hacienda, entre los que estaba el desembolso de $4 mil millones.

Más adelante, el director del Fondo de Pensiones, Edwin Del Portillo, expresó que en el mes de diciembre se efectuaron pagos por la suma de $4 mil millones aproximadamente, los cuales se dieron con base a sentencias judiciales; así mismo, informó que el caso ya está en conocimiento de los órganos de control, el proceso se encuentra en etapa de investigación y se ha brindado toda la información requerida para continuar con el trámite.

De igual forma, Del Portillo aseguró que durante la vigencia actual no se ha cancelado ninguna suma de dinero, a pesar de que los medios de comunicación informaron lo contrario en semanas anteriores.

A continuación, el Tesorero Distrital, Luis Cano, manifestó que desde su posesión en el mes de mayo no se ha efectuado pago alguno por concepto de retroactivos y solo se han cancelado mesadas pensionales de la nómina de la Alcaldía. En cuanto al pago de $4 mil millones indicó que no podría ahondar en las motivaciones que llevaron a la antigua tesorera distrital a efectuar dicho pago.

Por su parte, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Jorge Carrillo, manifestó que por cuenta de la documentación que reposa en esta dependencia pudo conocer que en la Administración del exalcalde Londoño se realizaron varios pronunciamientos desde la Oficina Jurídica ante los hechos ocurridos en diciembre de 2017, además, la situación fue expuesta a los entes de control, quienes actualmente adelantan las investigaciones respectivas.

Luego, Johnny Rodríguez Blanquicett, en representación de la Oficina de Control Interno, dio a conocer que tras la realización de una auditoría especial, se elaboró un informe en el que se establecieron 13 observaciones, las cuales se asemejan a lo planteado por la Contraloría sobre el pago a 8 personas fallecidas. En ese sentido, la Oficina de Control Interno informó a los entes de control y envió el reporte. 

A su turno, el concejal César Pión (La U) indicó que se cumplió el objetivo de escuchar a los actores implicados para explicar lo sucedido a la opinión pública, teniendo en cuenta que el caso ya se encuentra en manos de los entes de control, quienes deberán continuar con las investigaciones necesarias.

Pión resaltó que quedó claro que los pagos denunciados por medios de comunicación no se dieron, y a manera de conclusión, sugirió a la Administración fortalecer la organización en el Fondo de Pensiones, así como mejorar la defensa jurídica del Distrito para evitar la fuga de recursos.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a los siguientes documentos:

  • Excusa presentada por el concejal Óscar Marín (Conservador) por su inasistencia a la sesión por motivos personales.
  • Solicitud de audiencia pública en la Unidad Comunera de Gobierno No. 8 para abordar las problemáticas de la zona.
  • Solicitud de prórroga enviada por Distriseguridad para dar respuesta a las proposiciones 106 y 110.

Seguidamente, el concejal David Caballero (Conservador) hizo alusión a la celebración del día del periodista deportivo y extendió sus felicitaciones a quienes realizan esta labor.

Luego, el concejal Rafael Meza (Conservador) se refirió al contrato de aseo de las instituciones educativas escolares y a la licitación que se viene adelantando para la escogencia de un operador para la vigencia 2019. El cabildante recordó que la actual empresa operadora, Mayordomía, no ha sido puntual en los pagos a las trabajadoras y ha sido ineficiente en la prestación del servicio; por lo anterior, Meza sentó su voz de protesta, ya que considera que esta empresa no debe ser elegida nuevamente.

En ese sentido, la concejal Judith Díaz (Cartagena Con Firmas) manifestó que en reunión con Funcicar, se dio a conocer que la empresa Mayordomía tendría desventaja para ser escogida en la nueva vigencia ya que los pliegos de la licitación establecen que debe certificarse que en el último contrato ejecutado se haya cumplido con el pago puntual a los trabajadores. Sin embargo, Díaz señaló que lo ideal sería que no se conforme una nueva empresa con los mismos dueños del operador actual.

Por último, el concejal Lewis Montero (Opción Ciudadana) solicitó al Secretario General entregarle copia de los Acuerdos aprobados durante este año, así como los proyectos de acuerdo y proposiciones que están cursando trámite en la Corporación.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 16 de octubre de 2018; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital de Cartagena de Indias.

Ver sesión aquí: 

Escrito por Diana Infante Del Río, Investigadora del Observatorio al Concejo de Cartagena y la Asamblea de Bolívar.

Funcicar
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