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Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 4 de julio del 2025
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 10:54 a.m.
Para esta sesión plenaria del Concejo de Cartagena estaba programado la presentación de informe de gestión de la Secretaría de Interior, Oficina de Asuntos Étnicos y el cuerpo de Bomberos. Por proposición del concejal David Caballero (Conservador) se incluyó en plenaria la audiencia pública del proyecto de acuerdo 075 sobre fortalecimiento de bibliotecas comunitarias.
Iniciado el orden del día, se presentó el informe de gestión de la Secretaría del Interior a cargo del secretario Bruno Hernández, quien informó que entre enero y el 15 de mayo de 2025 se celebraron 551 contratos de prestación de servicios, de los cuales 34 fueron de apoyo a la gestión y 25 profesionales con cargo a funcionamiento, y 128 de apoyo a la gestión y 364 profesionales con cargo a inversión, con un valor total de $11.475 millones.
En cuanto a la ejecución de vigencias futuras, indicó que se adelantan obras de adecuación y remodelación de dependencias de la Fiscalía General de la Nación (junto a su interventoría), la construcción de una estación de bomberos en Bocagrande (con su respectiva interventoría), y la adecuación de inspecciones de policía (e interventoría). Sobre los procesos contractuales, recordó que la Secretaría no tiene delegación contractual, por lo que los trámites son remitidos a la Oficina de Apoyo Logístico. Entre los contratos gestionados se encuentran: mobiliario para comisarías de familia, servicios logísticos para el FONSET, arrendamiento de inmuebles para comisarías móviles, adquisición de embarcaciones para el Plan Titán, avalúo comercial de un terreno para el traslado del cabildo CAIZEM, y mejoramiento de entornos urbanos en varios sectores de la ciudad, entre otros.
Mostró un cuadro comparativo de cifras delictivas a corte de junio de 2025, destacando una reducción en todos los indicadores frente al mismo periodo de 2024: homicidios (-9%), hurto a personas (-3%), y lesiones personales (-19%), entre otros. Señaló que siguen trabajando para mejorar estas cifras, especialmente con programas dirigidos a jóvenes, impactando a más de 1.400 personas.
En ejecución presupuestal, explicó que varias partidas de funcionamiento aparecen con 0% de ejecución porque están en proceso de adjudicación, pero aseguró que al finalizar el año se superará el 90% de ejecución. Sobre la inversión, indicó que el presupuesto definitivo es de $93.295 millones, de los cuales se han ejecutado $13.848 millones (14%). Mencionó que hay tres metas sin ejecución: el presupuesto participativo (que no tuvo asignación), el fortalecimiento de estrategias para jóvenes del sistema de responsabilidad penal, y el fortalecimiento de capacidades de la Armada Nacional. Entre las metas en ejecución mencionó: fortalecimiento de casas de justicia (58%), mejoramiento en la atención a población privada de la libertad (54%), reparación a víctimas del conflicto (73%), asistencia a jóvenes en riesgo (44%), fortalecimiento de comisarías de familia (22%), capacidades operativas de inspecciones de policía (51%) y fortalecimiento del Plan Titán 24 (82%).
Sobre el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo para 2025, señaló el 100% en la conformación de equipos interdisciplinarios para estrategias de seguridad y en la habilitación de un centro de traslado por protección, así como un 40% en dotación y provisión de servicios a dos organismos de seguridad. Explicó que aún están en adjudicación los proyectos de mejoramiento de entornos urbanos y de incremento a ocho comisarías de familia, incluyendo la comisaría móvil. En cuanto a la creación de cinco centros de conciliación en equidad, se espera abrir el proceso en dos semanas. Informó además avances del 50% en la dotación de inspecciones de policía, 27% en vinculación de jóvenes a laboratorios de paz, 25% en atención psicosocial a víctimas del conflicto, 50% en atención a solicitudes de medidas de protección preventiva, y 50% en programas psicosociales para personas privadas de la libertad.
Hernández explicó que la casa refugio para víctimas de trata de personas y mendicidad forzada ya está dotada y proyecta iniciar su funcionamiento en agosto. También informó que se ha cumplido al 100% con las jornadas extramurales de atención integral al migrante, se ha avanzado en un 50% en la mejora técnica y tecnológica de un centro integrado, y se ha fortalecido a 11 consejos comunitarios en temas de derechos humanos, legislación y fortalecimiento organizacional. Finalmente, destacó que el 75% de los funcionarios ya han sido formados en enfoque étnico.
El concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) indicó que a pesar del esfuerzo institucional, las situaciones de inseguridad en la ciudad siguen dándose. Explicó que no se puede normalizar la ola de inseguridad e instó a que se relaice un debate de control político sobre la gestión de la seguridad en la ciudad dados los hechos de inseguridad. El concejal William Pérez (Centro Democrático) indicó que presentará la proposición.
La concejala Luz Marina Paria (ASI) indicó que el debate es una oportunidad para realizar una conversación en torno a las estrategias que se deben definir para hacer frente a la inseguridad. Destacó la gestión y acciones realizadas por la Secretaría y recomendó hacer mayor visibilidad de las acciones desarrolladas en los programas de la SICC. También destacó el programa de acceso a la justicia mediante una oferta institucional cercana a los ciudadanos. El concejal Javier Julio (Pacto Histórico) se mostró de acuerdo con realizar el debate. Indicó que la inseguridad es una preocupación constante de la ciudadanía, reflejada en encuestas ciudadanas como las de Cartagena Cómo Vamos, por lo que la Administración debe atender esta urgencia en respuesta al clamor ciudadano. También hizo un llamado a evaluar el alcance de las estrategias del Plan Titan.
La concejal Gloria Estrada (Estrada) se refirió a la importancia de las comisarías de familia y la solución que se tuvo creando unas comisarías móviles. De la política pública de juventud que se estudia en el Concejo, detalla que el CONPES deja unos lineamientos sobre esta población. Pidió conocer qué se hará para crear un centro de rehabilitación contra la drogadicción en Cartagena.
Seguido, Jhony Pérez, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, presentó su informe de gestión con corte al 15 de mayo de 2025. En la gestión misional, se destacaron actividades en prevención y mitigación de riesgos, entre ellas 1.313 inspecciones técnicas (96% de la meta), 18 asesorías en planes de emergencia (90%), 5 campañas de sensibilización comunitaria (50%) y 406 eventos cubiertos (100%). También se realizaron 31 controles sobre uso de pirotecnia (100%), 25 jornadas con el “bombero móvil” (63%), 21 sensibilizaciones a establecimientos comerciales (42%) y 12 jornadas en el programa “Gobierno al Barrio” (60%).
En formación y capacitación, se desarrollaron 10 programas de formación continua (50%), 18 jornadas del programa “bomberitos comunitarios” (90%), 13 capacitaciones a madres comunitarias y escuelas (59%) y 8 sesiones sobre salud mental y seguridad laboral (32%). La capacitación a brigadas de emergencia alcanzó el 100% de su meta, mientras que los cursos especializados no se han iniciado.
En cuanto a la ejecución presupuestal, el cuerpo de bomberos ha contratado 70 servicios bajo la modalidad de contratación directa con recursos de inversión, por un total de $1.752 millones. Esto incluye 33 contratos de apoyo a la gestión por $654 millones y 37 contratos de servicios profesionales por $1.098 millones.
En relación con el avance del Plan de Desarrollo, reportó un cumplimiento del 90% en la construcción de una nueva estación regional y 90% en la adecuación de una estación existente. Además, se alcanzó el 100% de la meta relacionada con la dotación de 8 máquinas extintoras para la atención de emergencias, consolidando un avance positivo en los indicadores estratégicos del programa “El Cuerpo de Bomberos Avanza”.
Continuando con las presentaciones, la asesora de despacho para asuntos étnicos, María del Carmen Torres, presentó el informe de gestión del programa con corte a mayo de 2025, destacando como finalidad principal la dignificación de los derechos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas del Distrito, brindando acompañamiento, fortaleciendo sus procesos organizativos y articulando acciones con entidades públicas y privadas.
En la ejecución de metas para 2025, el componente afro del programa “Gobernanza y Participación” se capacitó al 50% de los 150 funcionarios proyectados, y al 60% de los 20 consejos comunitarios y organizaciones de base. Asimismo, ya se ha diseñado e implementado una ruta y modelo de atención psicosocial para víctimas de racismo (100% de la meta), y se ha socializado dicha ruta con los 33 consejos comunitarios (40% de avance). En el componente indígena “Territorio Propio”, se cuenta con Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para: la compra de un lote para reubicación del cabildo indígena CAIZEM, la elaboración de los planes de vida de cinco cabildos, el fortalecimiento de la guardia indígena ancestral, y la implementación de la ruta de atención con enfoque diferencial. A mayo se han adelantado las concertaciones necesarias con las seis autoridades indígenas del Distrito.
Destacó la articulación con la Secretaría de Educación y consejos comunitarios para avanzar en etnoeducación, con seis instituciones en proceso de transición al proyecto etnoeducativo y comunitario. También se realizó la posesión formal de los capitanes de los cabildos indígenas y se avanzó en la coordinación con Corvivienda para mejorar viviendas en territorios indígenas. Se realizaron eventos como el conversatorio “Hablemos de África en Colombia” y el Día Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente. La estrategia educativa impactó a más de 1.000 personas a través de actividades como “Coronas de Identidad” (500 niños en 7 instituciones educativas), “Latidos Ancestrales” (más de 200 estudiantes en 5 universidades), “Cartagena con Memoria Afro” (sensibilización en 4 estaciones de Transcaribe), entre otras.
Se visibilizó 10 emprendimientos afro y contó con presentaciones culturales de 12 grupos artísticos. Entre las próximas acciones del programa se encuentran la conmemoración de los pueblos indígenas, la certificación de consejos comunitarios formados y la dotación de las guardias indígenas Inga y Kankuama. En cuanto al talento humano vinculado a la estrategia, se reporta un equipo OPS conformado por 15 personas: 4 asesores jurídicos, 8 apoyos a la gestión y 3 asesores externos.
Continuando con el orden del día, se procedió con la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 075 “Por medio del cual se crea el programa distrital de fortalecimiento a bibliotecas populares y comunitarias del distrito turístico y cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones”. Por parte de la ciudadanía, Julio César Londoño, coordinador de la biblioteca pública del barrio San Francisco, destacó la importancia del proyecto para fortalecer las bibliotecas comunitarias distritales, al considerar que aporta herramientas clave para el desarrollo de una política pública de bibliotecas.
Londoño detalló falta de apoyo económico a las bibliotecas comunales, que junto a las distritales crea una red de bibliotecas en el Distrito de 18. Relató que, pese a tener 25 años liderando la biblioteca de San Francisco, cada año deben “pelear” por obtener un contrato de prestación de servicios. Exhortó a la administración a seguir brindando apoyo, destacando avances en tecnología logrados bajo la actual administración, y pidió que también se fortalezcan el recurso humano y la infraestructura. Lamentó el abandono de las bibliotecas ubicadas en la zona insular, solicitando su fortalecimiento. Como propuesta, sugirió crear más bibliotecas y mejorar las ya existentes, además de invitar a una comisión del Concejo para que visite su biblioteca y conozca de primera mano su labor.
Osvaldo González, fundador de la primera biblioteca comunitaria de Cartagena en el barrio Olaya, señaló que fortalecer este proceso implica también robustecer al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), al que calificó como el más pobre del país en materia presupuestal. Si bien reconoció que la administración actual ha mostrado voluntad política y respaldo a las bibliotecas comunitarias, sugirió crear una unidad o división específica para bibliotecas públicas, lo que permitiría gestionar más recursos y asegurar una atención integral.
Posteriormente, y continuando con el orden del día, se declaró una sesión informal a solicitud de la concejal Laura Díaz (Alianza Verde), quien recordó que hoy se celebra en Colombia el Día de la Libertad Religiosa. Mencionó que el Distrito cuenta con el Acuerdo 112 de 2022 sobre esta materia, el cual dio origen a un comité que trabaja estos temas, representado por Edwin Otero. En su intervención, Otero destacó que esta fecha es histórica, ya que fue en 1991, con la expedición de la nueva Constitución, que se reconoció plenamente la libertad religiosa y el derecho a la igualdad religiosa en el país.
Señaló que Cartagena necesita avanzar hacia la formulación de una política pública de libertad religiosa, por lo que pidió al Concejo mantener su compromiso y continuar luchando para alcanzar este objetivo. Manifestó que el Concejo quedó en deuda con el comité religioso durante la construcción del Plan de Desarrollo, ya que, aunque se propuso una línea específica sobre este tema, esta no fue incluida en el documento final. Explicó que, si bien la política pública debe construirse de manera progresiva, era fundamental que al menos quedara contemplada en el plan como hoja de ruta. Denunció que algunos profesores encargados de impartir clases de religión en las instituciones educativas son ateos, lo que va en contravía de la normatividad vigente, que exige dos tipos de certificaciones para poder dictar esta asignatura. Agregó que también se han presentado casos en los que los estudiantes reciben formación religiosa distinta a la confesión que profesan, lo que representa una vulneración de su derecho a la libertad religiosa.
La concejal Díaz indicó que la determinación del Plan de Desarrollo es potestad de la administración y que se abrieron audiencias públicas para participación ciudadana. Sobre la política pública, indicó que, si bien son una herramienta fundamental para dar continuidad de un gobierno a otro en las necesidades establecidas por sectores sociales, se debe estar consciente que la formulación de estas no es un proceso rapido, sino que requiere de una rigurosidad técnica.
Agotado el orden del día, se citó la próxima sesión para el lunes 7 de julio a las 8:30 a.m.
Nota: Durante una parte de la presentación de informe de gestión de la Oficina de asuntos étnicos, solo hacían presencia 9 concejales
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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