El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 10 de noviembre del 2025
Hora de Inicio: 9:00 a.m.
Hora de finalización: 10:10 a.m.
Antes de iniciar la sesión plenaria del Concejo de Cartagena, se aprobó por proposición de la concejal Luz Marina Paria (ASI) incluir la audiencia pública de los proyectos de acuerdo 092 y 091. El primero busca modificar acuerdos para fortalecer el Fondo Educativo Cartagena 500 años y el programa “La U a tu localidad”, mientras que el segundo propone la derogación de acuerdos distritales. Iniciada la sesión, se dio paso a las audiencias
- Proyecto de acuerdo 092, “Por medio del cual se modifican los Acuerdos 003 de 2013, 024 de 2014, 159 de 2024 y se dictan otras disposiciones”.
El secretario del Concejo dio lectura a un decreto mediante el cual se encarga como jefe jurídico del Distrito al funcionario José Posada Arrieta, mientras el titular del cargo cumple un periodo de comisión de servicios entre el 3 y el 14 de noviembre.
Por parte de la ciudadanía, Luis Pérez Jiménez se refirió a la modificación del Fondo Educativo Cartagena 500 años y explicó que los requisitos para acceder al fondo establecen que los beneficiarios deben ser egresados de colegios oficiales o de matrícula contratada de estratos 1, 2 y 3. Señaló que jóvenes víctimas del conflicto armado e indígenas quedan excluidas de este proceso al no cumplir con ese requisito, por lo que pidió tener en cuenta su inclusión.
A esto, la concejal Mónica Villalobos (Movimiento Cartagena Mejor), autora del proyecto, manifestó que la iniciativa busca ampliar la cobertura del fondo a personas en condición de vulnerabilidad que, aunque no sean egresadas de colegios del Distrito, residen en la ciudad. Indicó que el objetivo es garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a la educación gratuita y crear una alternativa al ICETEX, mediante créditos condonables gestionados por el Distrito
- Proyecto de acuerdo 091 “Por medio del cual se depuran normas, se decide la pérdida de vigencia y se derogan expresamente normas de rango distrital (Etapa I), y se dictan otras disposiciones”.
Por parte de la ciudadanía no hubo inscritos. Por parte de la Administración, el jefe jurídico encargado del Distrito, José Posada Arrieta, señaló que el ejercicio de depuración normativa hace parte de la estrategia de actualización normativa y administrativa incluida en el Plan de Desarrollo, específicamente en la línea estratégica 5: Innovación pública y participación ciudadana, dentro del programa “Mejora normativa en el Distrito de Cartagena de Indias”.
Luego intervino Luis Corrales, asesor jurídico y líder del proyecto, quien explicó que esta iniciativa busca facilitar el acceso a la normatividad vigente para brindar seguridad jurídica, facilitar su exigibilidad y ejecución. Informó que en la primera etapa (2008–2023) se filtraron 197 normas para depurar, de las cuales 147 corresponden a temas presupuestales y 33 a bienes y servicios.
Explicó los criterios de depuración:
- Obsolescencia: cuando las normas resultan inadecuadas ante la realidad socioeconómica, cultural o política actual.
- Contradicción al régimen constituyente actual: cuando las disposiciones se oponen a la Constitución o regulan instituciones que ya no existen.
- Derogatoria orgánica: cuando una nueva norma regula íntegramente la materia de las anteriores.
- Cumplimiento del objeto: cuando las normas ya cumplieron su finalidad.
- Vigencia temporal: cuando se cumplió el periodo establecido en la norma.
- No adopción como legislación permanente: cuando las normas expedidas durante estados de excepción no fueron adoptadas como permanentes.
La concejal Laura Díaz (Alianza Verde) celebró la iniciativa y destacó que es un primer paso importante. Recomendó que el mecanismo sea ampliamente socializado, no solo con la ciudadanía, sino también con las secretarías y dependencias distritales, como el Instituto Comunal.
La concejal Luz Marina Paria (ASI) hizo un llamado a los ponentes y al coordinador del proyecto para revisar cuidadosamente el articulado, ya que la derogación implica la eliminación total de normas y se debe tener certeza sobre las que se ajustan. En la misma línea, el concejal Edgar Mendoza (Conservador) señaló que cada norma derogada debe estar debidamente justificada y acompañada de una certificación que garantice que su eliminación no tendrá consecuencias contractuales ni presupuestales vigentes.
Finalizadas las audiencias, se continuó con el orden del día. Por proposición de la Mesa Directiva, se declaró sesión informal para escuchar a representantes sindicales.
- Wilmer Quintana expresó su oposición al proyecto de rediseño institucional por la falta de claridad sobre los pasivos exigibles, el impacto del crédito vigente y el alto gasto en arriendos. Afirmó que los ingresos del Distrito no cumplen las metas proyectadas y advirtió que la creación de 35 nuevos cargos aumentaría los gastos de funcionamiento. Solicitó revisar las proyecciones financieras antes de aprobar una modernización que podría comprometer la estabilidad fiscal, recordando errores del gobierno de Carlos Díaz Redondo.
- Efrén Villalobos (Sintraeducar) mencionó que el proyecto de presupuesto contiene un “mico” en el artículo 99, titulado Reducción de la planta. Este establece que los pagos por indemnización de personal derivados del rediseño institucional no se contabilizarán como gastos de funcionamiento para efectos de la Ley 617 de 2000. Señaló que la disposición permitiría reducir personal sin registrar esos pagos como gasto, contradiciendo el propósito de la modernización. Criticó la falta de garantías en las mesas de trabajo, denunció que la socialización fue meramente formal y advirtió que la aprobación del artículo podría generar demandas y afectar el presupuesto.
- Luis Enrique Pérez advirtió que el artículo 99 permitiría al Distrito despedir personal y pagar indemnizaciones sin reflejarlo en el gasto de funcionamiento, afectando la transparencia y la estabilidad laboral. Recordó que detrás de cada indemnización hay servidores con años de servicio y pidió revisar el artículo con responsabilidad para garantizar una administración moderna, pero también humana y justa.
- Mónica Gómez, vicepresidenta de Sintrameritocar, invitó a que el proceso se realice con responsabilidad administrativa y fiscal. Señaló que la Auditoría General de la República ha emitido circulares advirtiendo la responsabilidad fiscal de quienes participen en despidos no justificados que deriven en demandas e indemnizaciones. Reconoció la necesidad del rediseño institucional, pero pidió que sea garantista y sin supresión de cargos.
- Edwin Marcilla Jaraba (Sintraofipucar) expresó sorpresa porque el tema del rediseño institucional se abordara hasta la radicación del proyecto. Reconoció la necesidad de la modernización, pero pidió mayor participación de los trabajadores. Señaló que el artículo 99 genera temor entre los empleados de la Alcaldía y solicitó que sea retirado o reformulado, pues podría dar paso a una “masacre laboral”.
Frente a lo expuesto, la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) reiteró que el Concejo es una corporación garantista que ha examinado con rigor los proyectos presentados. Afirmó que la comisión de ponentes tendrá en cuenta las preocupaciones expresadas por los sindicatos y garantizará su consideración en el trámite del proyecto.
Agotado el orden del día, se citó para la sesión solemne el martes 11 de noviembre las 8:00 a.m.
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
Fotografía: Elaboración propia
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