Oficina Jurídica rindió informe sobre embargos, acciones populares, casos Aquarela y Quiroz al Concejo

Bitácora del Concejo Distrital de Cartagena de Indias, 8 de marzo de 2021

Hora de inicio: 9:48 a.m.

Hora de finalización: 12:49 p.m.

Iniciado el orden del día, la jefe de la Oficina Jurídica Distrital, Myrna Martínez, presentó su informe de gestión. Algunos de los aspectos mencionados por la funcionaria fueron los siguientes:

  • Hasta febrero del 2021 el Distrito tiene 1971 procesos judiciales activos, de los cuales 692 son por nulidad y restablecimiento del derecho, 402 acciones populares, 336 reparaciones directas, etc.
  • Los 1971 procesos alcanzan la cuantía de $973 mil millones, siendo las reparaciones directas las que más impactan el valor de las pretensiones por tratarse de $575 mil millones.
  • El valor de los embargos aplicados entre 2020 y 2021 es de $37.534.596.822, lo que equivale al 31% de los embargos que han sido radicados:

  • De los procesos que han sido fallados en primera instancia el 53% han sido a favor del Distrito, y de los procesos finalizados el 54% fueron a favor.
  • Algunas de las pretensiones en materia de nulidad y restablecimiento son reclamaciones de pensión, nulidad de acto administrativo de desvinculación, etc.; en materia de acciones populares las pretensiones son por pavimentación de calles, reubicación por alto riesgo, obras civiles, etc.

Martínez también presentó el estado de varios procesos de especial interés para el Concejo y la ciudadanía, de la siguiente manera:

  • Casos Aquarela: 1) Existe una acción popular instaurada por MinCultura que busca amparar los derechos colectivos al patrimonio cultural, goce de espacio público, y que se ordene la suspensión del proyecto; la fecha de la audiencia se fijó para el 19 de marzo. 2) Proceso de reparación directa instaurado por la promotora Calle 47 que busca el pago de prejuicios patrimoniales por $51.664.478.293. 3) Proceso de nulidad simple instaurado por Claudia Peralta que busca declarar nulidad sobre las licencias urbanísticas otorgadas por las Curadurías Urbanas 1 y 2.
  • Por los casos Quiroz hay procesos de reparaciones directas que buscan que se declare responsable al Distrito por el colapso del edificio Portales de Blas de Lezo II, falla en el servicio por falta de vigilancia sobre construcciones ilegales, y reconocimiento de pensión de invalidez a un afectado por el colapso. En el marco de este caso se atendieron 118 familias a las que se les pagaron subsidios de arrendamiento por $2.700 millones. 
  • Sobre el caso del barrio San Francisco existe una acción de grupo que fue fallada en 2018 y dispuso indemnizar a los 2.469 afectados, dicha sentencia fue invalidada por el Consejo de Estado en 2020 pero el Distrito solicitó un recurso de revisión sobre la sentencia de reemplazo, sin embargo, este recurso fue rechazado y mediante el auto del 5 de febrero de 2021 se ordenó cumplir con lo anteriormente dispuesto y desalojar a quienes aún habitan en la zona de riesgo de San Francisco. El Ministerio de Vivienda reconocerá el pago de $172.847.313.357.
  • Caso Convial (peajes): el Distrito fue convocado a un tribunal de arbitramento, cuya audiencia de selección de árbitros se realizó el 23 de febrero mediante sorteo, quedando seleccionados Alberto Vélez, Martha Ciodaro y Camilo Calderón. Actualmente se espera que los árbitros informen si existen impedimentos de su parte. 
  • Otro tribunal de arbitramento en curso fue convocado por el Consorcio Vial Isla de Barú, el cual tiene como origen la inconformidad del concesionario al considerar que las obras de Playetas hacen parte de la concesión y no debían ser contratadas con la empresa KMC. El proceso está pendiente de solución y la última actuación se dio el 12 de febrero, donde el Distrito solicitó nulidad absoluta del contrato, expiración del plazo contractual, imposibilidad de ejecutar las obras de Playetas por vencimiento del plazo contractual, etc. El 7 de abril se tomará la decisión de este proceso.
  • Sobre el convenio con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se aclaró que no contempla la defensa judicial del Distrito, sino que su objeto es de acompañamiento y asesoría, en ese sentido se han entregado conceptos sobre casos Quiroz, Aquarela, San Francisco, etc.

En cuanto a deudas por concepto de sentencias y conciliaciones, la funcionaria indicó que son 101 procesos que ascienden a la suma de $210 mil millones, y aclaró que son sentencias ejecutoriadas pendientes por pagar; ante un pregunta de la personera Carmen de Caro, Martínez informó que en esa suma no están cuantificadas las acciones populares, toda vez que corresponden a obras que están a cargo de Secretaría de Infraestructura y otras dependencias, y no se cargan al rubro de sentencias y conciliaciones.

El concejal Carlos Barrios (Conservador) manifestó estar en desacuerdo con la posición del Distrito en el caso San Francisco y denunció que está siendo reinvadido y es responsabilidad de las autoridades que no se construyan nuevas viviendas en zona de riesgo. También expresó que se rumora que la defensa del Distrito en el proceso de Barú no ha sido la mejor.

Sobre la Concesión Vial manifestó que debió utilizarse el recurso de amigable composición para posibilitar una suspensión bilateral, con el fin de evitar un presunto detrimento patrimonial; también señaló que sería importante conocer una cuantificación de acciones populares.

Para el concejal César Pión (La U) la Oficina Jurídica es uno de los pilares de la Administración, por lo que considera que debe organizarse eficientemente con abogados de gran experiencia para evitar impactos en las arcas distritales y que no se den situaciones donde los abogados “amañen” los términos de los procesos.

Pión instó a la funcionaria a anticiparse a posibles demandas contra el Distrito en casos como el de los operadores de Transcaribe, funcionarios destituidos con derechos adquiridos, acciones populares, traslado del Mercado de Bazurto, condiciones de bomberos y salvavidas, etc.

La personera, Carmen de Caro, dio a conocer que hay 280 acciones populares en trámite contra el Distrito, hay 72 con sentencias de segunda instancia y 10 en desacato, motivo por el que considera deben ser presupuestadas lo más pronto posible.

Ante la deuda por sentencias y conciliaciones, el concejal Óscar Marín (Conservador) indicó que, de ser necesario, el Distrito inicie acciones de repetición contra los funcionarios que permiten la generación de estos detrimentos.

Los concejales Gloria Estrada (Liberal) y Fernando Niño (Conservador) hicieron un llamado para que no se espere a final de año para presentar proyectos relacionados a alumbrado público, teniendo en cuenta que debe realizarse una licitación en la que también podría participar el actual operador y que hay zonas no iluminadas en la ciudad.

Niño también expresó que no deben “venderse ilusiones” a los ciudadanos al informar que este año se intervendrán 4 vías (Av. Santander, Nuevo Bosque, Centro y Ronda Real), toda vez que la ejecución solo llegará hasta que se agoten los $8 mil millones disponibles, y eso podría ocurrir antes de intervenir todas las vías.

Para atender las inquietudes Martínez aclaró que en el caso de la Concesión Vial no se hizo uso de la amigable composición por decisión del concesionario y sobre Transcaribe hizo saber que el Distrito no ha sido notificado, por lo que no hace parte del proceso. En cuanto a acciones populares, explicó que sí están identificadas y se están dirigiendo a las Secretarías correspondientes para darles cumplimiento.

La funcionaria dio a conocer que se está construyendo el Proyecto de Acuerdo de alumbrado público y será presentado al Concejo. Así mismo, aseguró que evaluará la efectividad de cada uno de los abogados en los procesos.

Ante una pregunta del concejal David Caballero (Conservador) sobre el proceso de liquidación del POT Moderno, la jefe de la Oficina Jurídica precisó que cada Secretario tiene competencias para realizar liquidaciones, pero aseguró que hará acompañamiento al respecto.

En ese sentido, el concejal César Pión (La U) indicó que es el alcalde quien firmó dicho contrato, por lo que sería a él el competente y no a Secretaría de Planeación; Pión recordó que los productos derivados del POT Moderno se entregaron a destiempo y los recursos devueltos ya fueron incorporados al presupuesto.

Continuando con el orden del día, se dio lectura a un oficio donde el director (e) del IPCC, Gustavo Pianeta, solicita reprogramar la fecha de presentación del informe de gestión para días posteriores al 13 de marzo, toda vez que la directora, Saia Vergara, se encuentra en comisión de trabajo y reanuda sus funciones el 14 de marzo.

Luego, el concejal Javier Julio (Coalición Alternativa) llamó la atención porque no se han recibido respuestas de los funcionarios citados para el debate de peajes que se realizará el 10 de marzo. Al respecto, el Secretario del Concejo reiteró que los citados aún no han dado respuesta.

Posteriormente, el Presidente del Concejo, Wilson Toncel, conmemoró la celebración del Día Internacional de la Mujer resaltando su papel en la definición de lineamientos hacía el desarrollo y el progreso. Además, informó que a partir de hoy acudirá virtualmente a las sesiones ya que dio positivo para COVID-19.

La Primera Vicepresidente, concejal Liliana Suárez, resaltó la relevancia de esta fecha y manifestó su preocupación ante el aumento de casos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres y niñas cartageneras; en ese sentido, instó a la creación de una Secretaría de la Mujer que visibilice los procesos que se están dando a favor de la mujer cartagenera.

A solicitud del concejal Fernando Niño (Conservador), la plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a Humberto Gutiérrez representante de los ex trabajadores de las empresas públicas, quien manifestó que el proceso de liquidación de las empresas públicas no se encuentra terminado, a pesar de que dicha acción se encuentra contemplada en el artículo 3 del Acuerdo 05 de 1994.

Gutiérrez expresó que le corresponde al Distrito de Cartagena nombrar un gerente liquidador para terminar dicho proceso, lo cual se encuentra avalado por la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios.

Luego, un abogado representante de la Personería señaló que se han recibido denuncias sobre irregularidades en los procesos liquidatarios mencionados y se viene constatando la veracidad de los hechos. El abogado explicó que la Resolución de 2008 que establece la liquidación definitiva determina que el Distrito debía protocolizar mediante escritura pública, pero esto no se ha hecho.

Al respecto, el concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) solicitó que desde la Comisión de Presupuesto se cite al director del Fondo de Pensiones, jefe de Oficina Jurídica y Personería en aras de conformar una mesa de trabajo con los ex trabajadores de Empresas Públicas y sus pensionados, pues considera que podrían estarse desconociendo algunos derechos.

El concejal Óscar Marín (Conservador) apoyó la conformación de dicha mesa de trabajo para que se adelanten lo más pronto posible, dado a que ha recibido denuncias de presuntas injusticias que se han venido cometiendo en el Fondo de Pensiones.

Agotado el orden del día, se levantó la sesión y se convocó para el martes 9 de marzo de 2021; a las 8:30 a.m., en las instalaciones del Concejo Distrital.

Escrito por Diana Infante Del Río, investigadora del Observatorio al Concejo Distrital de Cartagena de Indias y a la Asamblea Departamental de Bolívar.

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