El Observatorio al Concejo de Cartagena y Asamblea de Bolívar hace un resumen de cada sesión sin emitir opinión alguna en el contenido de las bitácoras. #CiudadaníaActiva | Infórmate, participa y actúa.
Bitácora del Observatorio al Concejo de Cartagena, 4 de noviembre del 2026
Hora de inicio: 9:30 a.m.
Hora de finalización: 1:02 p.m.
Iniciada la sesión ordinaria del Concejo Distrital de Cartagena, la plenaria aprobó una proposición presentada por el concejal Emmanuel Vergara (Conservador) para incorporar la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 129 de 2026, correspondiente a la autorización de un nuevo cupo de endeudamiento por $150 mil millones.
Acto seguido, la mesa directiva dio paso a la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo 129 de 2026 “Por medio del cual se autoriza al alcalde mayor de Cartagena de Indias para realizar una operación de crédito público como fuente de financiación de algunos proyectos de inversión del plan de desarrollo distrital y se dictan otras disposiciones”.
Durante el espacio de participación ciudadana intervinieron de manera individual los siguientes representantes gremiales, comunales, estudiantiles y cívicos:
- Itamar de Ávila (estudiante de la Universidad de Cartagena y presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Quindío) cuestionó la capacidad institucional de ejecución frente al endeudamiento, recordando que del crédito de 2024 ($1,5 billones) restan más de $1 billón por desembolsar y que obras clave presentan retrasos superiores al 35%. Alertó sobre el costo financiero (estimando cerca de $145.000 millones en intereses a 15 años bajo tasa IBR + 3,33%) y exigió individualizar las inversiones para garantizar un impacto real en las localidades 2 y 3
- Mohamed Alí Ortega (representante de empresa de turismo experiencial comunitario) defendió la destinación de recursos para recuperar la Bocana Estabilizada de Mareas en la Ciénaga de la Virgen. Explicó que esta infraestructura hidráulica presenta su dársena de 450 metros colapsada por sedimentos y sus 10 compuertas deterioradas por falta de mantenimiento. Señaló que rehabilitar la Bocana previene inundaciones en barrios aledaños, protege a más de 420 pescadores artesanales y potencia el turismo ecológico de avistamiento de aves migratorias y flamencos.
- Mónica Fadul (representante del Consejo Gremial de Bolívar) manifestó que el gremio no se opone al crédito y reconoció que los indicadores de Hacienda muestran capacidad de pago. No obstante, advirtió que una autorización genérica sin destinación específica en el articulado debilita las finanzas públicas, alertando que los intereses de la deuda pasarán de $93.829 millones en 2026 a $358.052 millones en 2028. Propuso que el agua sea la prioridad absoluta del crédito debido al tope operativo de Aguas de Cartagena y a las 67 solicitudes de factibilidad negadas (equivalentes a 29.134 viviendas) y 125 condicionadas (106.155 viviendas). En ese sentido, planteó conservar los $45.000 millones para el acueducto de Barú y asignar los $105.000 millones restantes a la ampliación de la Planta El Cerro ($74.000 millones para el segundo módulo de tratamiento de 52.000 m³/día y $30.000 millones para la aducción Piedrecitas – El Cerro).
- Javier Julio Bejarano (exconcejal de Cartagena) sostuvo que no se opone a las obras pero rechaza otorgar autorizaciones indeterminadas que vulneran el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Expuso que en el crédito previo de $1,5 billones (Acuerdo 147 de 2024) se contemplaban $392.000 millones para acueducto y alcantarillado en corregimientos, pero que mediante el Acuerdo 160 de 2024 se modificó la destinación para incluir el Gran Malecón del Mar ($197.000 millones) y obras contra inundaciones en Bocagrande ($165.000 millones), agotando el cupo sin ejecutar el agua para los corregimientos. Señaló inconsistencias técnicas: un concepto de Confis proyectado a 10 años cuando el proyecto solicita 15 años de plazo, una calificación de Fitch emitida en mayo antes de estructurarse la operación, y pignoración de rentas proyectadas a 2037 frente a un crédito que vencería en 2042. Recordó que en 2022 el Concejo negó solicitudes de crédito que carecían de estudios y presupuestos detallados.
- Irvin Pérez (representante de Camacol Bolívar) respaldó la necesidad de la operación de crédito pero insistió en que debe priorizarse la infraestructura de agua potable como condición habilitante para el desarrollo de la ciudad. Apoyó mantener los $45.000 millones para Barú y orientar los $105.000 millones restantes al segundo módulo de la Planta El Cerro ($64.658 millones) y la aducción Piedrecitas ($30.050 millones). Precisó que el sector constructor registra caídas de ventas del 30% y desistimientos superiores al 56%, destacando que habilitar el suministro de agua para las más de 135.000 viviendas con factibilidad frenada generará ingresos futuros al Distrito por concepto de delineación urbana (que recaudó $12.397 millones en 2025), predial e industria y comercio.
- Edgar Hoyos (representante del Consejo Comunitario de Barú) defendió la inclusión del acueducto insular en el crédito, manifestando que el acceso al agua potable es un derecho humano. Expuso que la población padece enfermedades y sobrecostos diarios al depender de agua lluvia, pimpinas y carrotanques que deterioran las vías de la isla. Aclaró que la obra no se ejecutó en el empréstito anterior porque no existían estudios técnicos, los cuales tardaron dos años en consolidarse de la mano con el BID, e instó a los concejales a respaldar los $46.000 millones asignados para saldar esta deuda histórica sin obstaculizarla por diferencias políticas.
- Diego Camargo (líder comunitario de Barú) respaldó la intervención de Hoyos e insistió en que la comunidad requiere soluciones urgentes para acceder a una vida digna. Señaló que mientras Barú es promocionado como el principal polo de desarrollo turístico de Cartagena, sus habitantes nativos siguen cargando pimpinas en el hombro o dependiendo del suministro intermitente de camiones cisterna. Pidió al Concejo no frustrar la expectativa de la población ni tomar las necesidades básicas de la isla como bandera de disputas partidistas.
- Carol Colón (representante legal del Consejo Comunitario de Pasacaballos) Apoyó la aprobación del empréstito señalando que la inversión social debe llegar donde históricamente ha existido abandono estatal. Demandó a los cabildantes legislar con enfoque de discriminación positiva territorial para reducir las brechas de saneamiento básico e infraestructura en las comunidades rurales y étnicas.
- Edgar Enrique García Hoyos (director de la Corporación Ambiental Bosques de Manglar y delegado de la JAC de Nuevo Paraíso) se enfocó en la problemática de los 55 canales y caños del Distrito. Explicó que las escorrentías de las cuencas altas y medias han incrementado su velocidad hacia la Ciénaga de la Virgen debido a la pavimentación y nuevas edificaciones, solicitando que los recursos del crédito financien obras estructurales y pruebas piloto de drenaje pluvial en cuerpos de agua críticos como el Arroyo Matute, el viejo Calicanto y el canal Juan Angola en Olaya Herrera, Fredonia y Nuevo Paraíso.
- Misael Murillo Pastrana (delegado de la JAC de Nuevo Paraíso y Asojac de la Localidad de la Virgen y Turística) reclamó que la administración distrital y el cabildo dejen de aplicar «pañitos de agua tibia» (mercados, colchonetas y limpiezas superficiales) cada vez que arrecia la temporada invernal y los niveles del Arroyo Matute alcanzan 1,20 metros en barrios como Las Palmeras, Fredonia y La Magdalena. Demandó que el nuevo empréstito priorice soluciones definitivas a través del Plan Maestro de Drenajes Pluviales y la canalización en concreto.
- Éder Moneriz (líder comunal del barrio Los Almendros) advirtió que el canal que atraviesa sectores como Los Almendros, Los Calamares, El Country y La Troncal colapsa recurrentemente por encontrarse en tierra y tener sección reducida. Citó reportes de la Oficina de Gestión del Riesgo tras las lluvias de finales de octubre, las cuales dejaron 376 viviendas afectadas en 24 sectores y obligaron a extraer 200 toneladas de basura del canal Matute. Respaldó el componente de canalización del crédito para intervenir 6.800 metros lineales en concreto en nueve canales de la ciudad.
- Juan Carlos Trespalacios (líder social y defensor de derechos humanos) intervino a favor del proyecto de acuerdo señalando que la ciudad cuenta con capacidad de pago y que las obras físicas se requieren con urgencia para superar necesidades básicas insatisfechas. Consideró válidas las observaciones técnicas orientadas a detallar los rubros para Barú, drenajes y centros de vida, destacando obras previas como el complejo de Chambacú. Asimismo, solicitó al Distrito atender a más de 1.000 familias de conductores de transporte colectivo desplazadas tras la entrada en operación de Transcaribe.
- Edwin Gómez (presidente electo de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Cartagena y habitante de Boston) reprochó que algunos actores acudan a la audiencia únicamente a formular críticas y se retiren del recinto sin escuchar a las comunidades. Defendió la viabilidad del crédito para atender déficits de vivienda, saneamiento y canales pluviales en barrios vulnerables, y proyectó un video técnico sobre la importancia ambiental, pesquera e hidráulica de la Bocana Estabilizada de Mareas, pidiendo a la corporación dar el visto bueno al proyecto para que Cartagena continúe su transformación.
- Jean Carlos Chalabe (representante comunitario del Barrio Chino) denunció que su sector padece inundaciones permanentes durante todo el año, independientemente del régimen de lluvias, debido al taponamiento de cauces y escorrentías derivadas del desarrollo comercial de la Avenida del Lago y Caribe Plaza. Solicitó formalmente a los ponentes incluir al Barrio Chino dentro de las partidas del crédito para obras de drenaje, pavimentación y espacios recreativos, advirtiendo que la comunidad ha tenido que acudir a vías de hecho para exigir atención estatal.
- El secretario del concejo dio lectura al documento de consideraciones radicado por Funcicar en el cual se reconoció que el Distrito posee capacidad legal y financiera de endeudamiento a 15 años, pero se subrayó la exigencia del artículo 1279 del Decreto Ley 1333 de 1986 de contar con estudios económicos que demuestren la utilidad y el retorno social de las inversiones. Funcicar advirtió que el proyecto radicado contenía autorizaciones para «cualquier proyecto del plan de desarrollo» sin anexar especificaciones técnicas ni costos detallados, instando a incorporar formalmente al articulado los proyectos anunciados por el alcalde en redes sociales (Barú, San José de los Campanos, drenajes, centros de vida y presupuesto participativo) e incorporar partidas claras para Presupuesto Participativo ($6.000 millones anuales de meta) en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015.
Finalizadas las participaciones ciudadanas, tomó la palabra Haroldo Fortich, secretario de hacienda distrital, sustentó los fundamentos financieros del cupo de $150.000 millones. Precisó que las condiciones financieras proyectadas contemplan un plazo de amortización de 10 años, dos años de gracia para capital, pagos por trimestre vencido y desembolsos condicionados al avance físico de obra con entidades financieras comerciales, multilaterales o banca de fomento. Indicó que se modeló una tasa conservadora de IBR + 3,33% (con un IBR proyectado del 13% frente a un comportamiento real que ronda el 11%), demostrando que el indicador de solvencia del Distrito se situará en 22% (frente al límite legal del 60%) y el de sostenibilidad no superará el 80% en su punto más alto en 2027 (frente al tope del 100%).
Detalló que las rentas a pignorar entre 2027 y 2037 corresponden a predial, ICA, dividendos de Acuacar, SGP de libre inversión, transporte de hidrocarburos, dividendos portuarios y terminal de transportes. Asimismo, aclaró que la calificación crediticia AA de Fitch Ratings se encuentra plenamente vigente hasta mayo de 2027.
El Secretario de Planeación, Emilio Molina detalló las cuatro iniciativas de inversión pública priorizadas para ejecutar con los $150.000 millones solicitados: 1. Intervención y canalización en concreto de nueve canales pluviales priorizados: inversión estimada de $42.000 millones en sectores como Olaya Herrera, Flor del Campo y El Paraguay, facilitando el drenaje y mitigando inundaciones. 2 Expansión del servicio de acueducto al corregimiento de Barú: inversión estimada de $46.000 millones para instalar 14,4 kilómetros de línea de conducción y 10 kilómetros de redes de distribución.
3. Línea de conducción de acueducto Turbaco – Zona Norte: inversión estimada de $38.000 millones para optimizar el transporte de agua potable hacia los corregimientos de Bayunca, Pontezuela, La Boquilla, Punta Canoa, Arroyo Grande y Arroyo de Piedra. 4. 1.000 mejoramientos de vivienda: asignación estimada de $23.000 millones para intervenir pisos, baños y cocinas en hogares de extrema pobreza, beneficiando a cerca de 4.000 personas en situación de vulnerabilidad habitacional.
A su turno, el concejal Armando Córdoba (Alianza Verde) ratificó su voto negativo frente a la autorización de nuevas operaciones crediticias, señalando que el debate de fondo es eminentemente político y no meramente técnico o jurídico. Córdoba sostuvo que ningún mandatario puede pretender solucionar la totalidad de las problemáticas de la ciudad en un cuatrienio agotando de manera anticipada el cupo de endeudamiento del Distrito y comprometiendo las finanzas de las próximas tres administraciones. En ese sentido, argumentó que el gobierno distrital debe preservar un margen de maniobra fiscal para quienes aspiran a gobernar a Cartagena en el futuro, manifestando que, si en un eventual escenario llega a ser alcalde de la ciudad, también desearía tener el derecho y la capacidad crediticia para priorizar proyectos bajo su propia visión política sin encontrarse con un margen de endeudamiento copado a partir de 2028.
Córdoba radicó un pliego de modificaciones para pedir que, en caso de aprobarse el empréstito, los $150.000 millones se destinen con exclusividad a cuatro proyectos con código BPIN: $14.000 millones para la ampliación y adecuación de la sede Armenia de UMayor (BPIN 2024130010027); $40.000 millones para la restauración de la Ciénaga de la Virgen (BPIN 2024130010221); $50.000 millones para el Plan Maestro de Drenajes Pluviales y canales (BPIN 2024130010060 y 2024130010158); y $46.000 millones para el acueducto de Barú (BPIN 2024130010007 y 2024130010008). Por último, propuso parágrafos para prohibir el desvío de estos fondos hacia obras de ornato, embellecimiento o componentes del Gran Malecón del Mar, obligando a Hacienda a rendir informes trimestrales de avance físico y financiero al Concejo.
El concejal Lewis Montero (Partido de la U) señaló que en las corporaciones públicas priman las decisiones democráticas por mayoría política y que la propuesta de Córdoba equivalía a estructurar un proyecto de acuerdo nuevo. Subrayó que el Concejo debe ponderar las prioridades planteadas por el gobierno distrital como el agua de Barú y los canales pluviales sin desnaturalizar la iniciativa.
El concejal David Caballero (Partido Conservador) defendió la conveniencia social del crédito, indicando que $150.000 millones representan solo el 10% del crédito aprobado en 2024. Resaltó que proyectos como los 1.000 mejoramientos de vivienda ($23.000 millones) transformarán la salud y dignidad de más de 4.000 personas al dotarlas de baños y cocinas formales, sumado a la solución histórica de agua potable para Barú tras tres décadas de espera. Enfatizó que las finanzas distritales gozan de solidez y que la banca respalda a Cartagena por su incremento constante en el recaudo tributario.
El concejal Carlos Barrios (Cambio Radical) anunció el respaldo unánime de su bancada a la iniciativa tras constatar el cumplimiento de las variables de viabilidad técnica y legal en el marco fiscal de mediano plazo. Destacó que Cartagena proyecta recaudar más de $1,3 billones en ingresos de libre destinación y recordó que los créditos aprobados en el cuatrienio han apalancado macroproyectos estratégicos como el colegio INEM ($38.000 millones), el intercambiador de La Carolina ($108.000 millones), casas de justicia, escenarios deportivos en Tierrabaja y vías urbanas, rechazando que la inversión se reduzca al Malecón del Mar.
La concejal Luz Marina Paria (ASI) instó a no satanizar las operaciones de crédito público, recordando que las ciudades requieren apalancamiento financiero para ejecutar transformaciones estructurales. Celebró que la operación impacte indicadores críticos de pobreza multidimensional y habitabilidad a través de mejoramientos de vivienda y agua para Barú, solicitando a los ponentes blindar técnicamente el texto para dar trámite a su primer debate reglamentario.
Agotadas las intervenciones y sin registrarse documentos ni proposiciones adicionales en la mesa, la presidencia levantó la sesión y convocó para el jueves 5 de noviembre de 2026 a las 9:00 a.m
Escrito por Jesús David Correa Turizo investigador de asuntos políticos del Observatorio al Concejo de Cartagena y a la Asamblea de Bolívar de Funcicar.
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