HORA DE INICIO: 9:10 a. m. – HORA DE FINALIZACION: 12:31 p. m.
Tema:
- Audiencia Pública del Proyecto de Acuerdo 049 por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena para adquirir un predio en Pasacaballo con el objeto de construir el nuevo Sistema de Tratamiento de Agua Potable para Cartagena.
- Consideraciones sobre construcción en Bocagrande de TENCO S.A.
La secretaria del Concejo lee documento presentado por Antonio Cantillo Bustillo, presidente ULTRADEBOL; Hernán Sierra Vergara, presidente de ASOVENBOCA, en representación de la asociación de vendedores de Bocagrande, enviado al gerente de Espacio Público, con copia al Concejo de Cartagena y otros entes; donde se expresan públicamente quejas y denuncias contra la constructora TENCO S.A, que lleva a cabo un proyecto de construcción en la Avenida San Martin de Bocagrande, entre las avenidas 5º y 6º. Argumentando entre otras que dicho macro proyecto ha venido violando derechos fundamentales a más de 25 familias con acciones de hecho deteriorando su calidad de vida. Agradecen que las autoridades tomen cartas en el asunto, evitando que el gobierno pague por los abusos de la constructora.
El concejal David Múnera (POLO) señala que este problema tiene varios meses y que con anterioridad tuvo la oportunidad de reunirse con el gerente de Espacio Público y puso en conocimiento el problema, expresando que era una decisión que había que tomar de manera inmediata, agrega que estos vendedores tienen el permiso para poder ejercer esas labores; señala que la actitud de la constructora raya en la ilegalidad, ya que están invadiendo espacio público. El concejal expresa que Personería, Secretaría del Interior y Espacio Público, “deben poner en cintura a los constructores”, asegurando que no pueden permitir que sigan abusando sin que las autoridades intervengan.
El concejal Andrés Betancourt (Conservador) señala que de las personas que laboran en el espacio público, en los años 92 aproximadamente se les otorgó un certificado de confianza legítima para laborar en estos espacios, asegurando que es un problema de muchos sitios de la ciudad de Cartagena. Dice que una salida a esta situación podría ser, que tal como sucedió con la construcción de Centro Uno, los constructores paguen. El concejal expresa que hizo una denuncia refiriéndose a que la construcción está invadiendo el espacio público. Señala que el Concejo debe coadyuvar en esta situación y que la Secretaría del Interior y Espacio Público, atiendan esta solicitud para que sea tenida en cuenta y resuelta.
La concejal Duvinia Torres dice que la experiencia que se está viviendo debe servir para que la administración replanteé los procesos, asegurando que en el año 94 se reubicaron los vendedores de Bocagrande. La concejal señala que cuando las políticas se implementan y el Gobierno descuida lo que se viene desarrollando, no se obtienen resultados favorables, mencionando que no se continuó con ese proceso de acompañamiento, y muchos de los que se reubicaron terminaron vendiendo y saliendo, dice que es una situación para analizar porque si la reubicación no se continúa con un proceso de seguimiento, acompañamiento y de impulso para que la formalización se haga en todo sentido, las personas salen nuevamente a la calle. Agrega que “sería bueno” que la Secretaría de Interior y Espacio Público inicien un proceso con las constructoras, para que las personas que están afuera sean tenidas en cuenta cuando el Centro comercial empiece a funcionar y se abra un puesto de trabajo para ellos.
El concejal David Dáger (Liberal) señala que los vendedores se encuentran ubicados en determinada zona desde que el proyecto inició sin embargo, no pueden permitir que el espacio público sea administrado y manejado por particulares. “Es importante que este sea un tema tratado nuevamente en el Concejo”. Señala que la Personería, Oficina de Control Urbano, Espacio Público, Secretaría del Interior y constructores, deben ponerse de acuerdo y hacer un proceso administrativo, como se hizo en aquel momento con el Centro Uno, donde se dio compensación.
El presidente del Concejo Antonio Quinto Guerra (Conservador) señala que sería importante que las bancadas que han participado en el tema, realicen una proposición y se lleve a debate en sesiones ordinarias.
El concejal Pastor Jaramillo (Cambio Radical) señala que en el Distrito, si bien se produjo un Plan de Desarrollo, donde se contemplaban asuntos de esta categoría, el año pasado la Corte Constitucional, produjo la sentencia T44 que obliga a redefinir la política de los espacios públicos y de los vendedores de la ciudad, estableciendo ordenes que superan el asunto de la confianza legitima. El concejal sugiere que con el acompañamiento del personero, se soliciten al gerente de Espacio Público, cuáles son las medidas que ha tomado para reorganizar la Política Pública referente a los vendedores estacionarios de la ciudad, porque la orden de la corte, demanda unos estudios socioeconómicos antes de ir a tomar decisiones coercitivas.
Seguidamente la secretaria del Concejo, lee documento enviado por Liliana Muñoz Figueroa asesor código 105 grado 55, quien se excusa para no asistir a la Audiencia Pública del Proyecto de Acuerdo 049 por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena para adquirir un predio en Pasacaballo. Expresando que el Proyecto de Acuerdo no posee elementos jurídicos del manejo funcional de Liliana Muñoz, por tanto se ha decidido con el aval de la Oficina Jurídica que dicha asesora no participe en la Audiencia Pública, ya que resulta suficiente la intervención del secretario de Infraestructura de Aguas de Cartagena y de la Oficina Jurídica. Anexa la incapacidad y soporte respectivo donde tiene programada una cirugía ambulatoria.
El concejal David Múnera (Polo) dice que es una carta “insolente e irrespetuosa con la Corporación”, asegurando que es “inaudito” lo expresado. Dice que el Distrito y los funcionarios decidieron que ella no asistiera, como si la autonomía la tuvieran ellos. El concejal señala que la citación realizada es legal, agrega que el Concejo en pleno debe rechazar este tipo de actuaciones. El presidente de la Corporación, indica que la Mesa Directiva se permite compulsar públicamente dicha excusa a la Procuraduría y Personería para que estudie si la funcionario violó el Código disciplinario.
Por otra parte, el concejal David Dáger (Liberal) pide a la Mesa Directiva, que en la proposición aprobada días anteriores con relación al PEMP, se cite para el día miércoles de la semana entrante. El presidente dice que para surtir los términos adecuados se llevará a cabo el jueves.
Se levanta la sesión y continúa la Audiencia pública programada.
AUDIENCIA PÙBLICA DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 049 “Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de indias, para adquirir un predio en jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos con el objeto de construir el Nuevo Sistema de Tratamiento de Agua Potable establecido en el Plan Maestro de Acueducto con proyección a 25 años”.
Hora de inicio: 9:48 a.m. Hora de Finalización: 12:31 a.m.
El presidente del Concejo resalta la presencia del secretario general del Distrito, secretario de infraestructura, sub director técnico Aguas de Cartagena, secretario de hacienda, director de apoyo logístico, asesor de despacho, y funcionarios de la Secretaría de Planeación. El presidente indica que la responsabilidad de este tema, recae en la Secretaría de Infraestructura y Aguas de Cartagena.
El secretario de infraestructura, indica que han preparado una presentación concerniente a la parte técnica del Proyecto, que será expuesto por el ingeniero Fredy Angulo de Aguas de Cartagena.
Fredy Angulo, señala que es importante reiterar que el Sistema de acueducto en la ciudad de Cartagena está llegando a su límite de capacidad; diciendo que en estos momentos hay algunas zonas de la ciudad donde pretender realizar proyectos urbanísticos o industriales, resulta de mucha demanda de agua para el sistema que existe. Informa que dicha situación es identificada desde el año 2005, por lo que se informó a la Administración la necesidad de hacer un estudio completo del abastecimiento de agua de la ciudad; en el año 2009 se decide por parte de la Administración comenzar un estudio, donde se determina la solución a unos 25 años y las obras por etapa que debieran realizarse; el estudio pone a consideración de la Secretaría de Infraestructura unas localizaciones de la planta como el elemento importante o primordial para el Sistema de acueducto.
La planta se constituye como el elemento urgente. El estudio escoge la localización del proyecto. El funcionario muestra los diferentes terrenos que fueron estudiados, mencionando que el predio escogido por el Plan Maestro hace parte del municipio de Turbana y que luego de un año, no fue posible adquirirlo ni tener una respuesta por parte de los propietarios; la otra localización fue en el cerro de Albornoz, el cual el mismo estudio determinó que tenía factores adversos, entre los que menciona que es área de protección ambiental por lo que no es compatible la planta de tratamiento. Explica que se revisaron otras localizaciones como el cerro de la Colina, el cual el propietario manifestó que no tenía intención de vender el predio; encontraron también un predio ubicado al sur de Reficar, que no cumplía con el área para ubicar la planta. Quedando como única alternativa la elevación que se denomino “El cerro” vecino a Pasacaballo que es un área de 16.7 hectáreas, con una pendiente leve y luego una elevación. Explica que este predio tiene una topografía adecuada para construir la planta.
Una de las premisas para evaluar eran que el predio debía estar en el Distrito; El 22 de febrero del presente año se determinó que dicho predio cumplía con las características para construir la planta. Señala que se recomendó al Distrito hacer uno o varios avalúos que determinaran el valor del Predio; se entregaron a la Secretaría de Infraestructura tres avalúos. Entre los detalles técnicos de la escogencia del predio, es que esta al sur de la ciudad sobre vía pública. Como ventajas, observan que tiene vías donde puede conectar fácilmente el agua cruda que vendría de Gambote y la distancia relativamente corta desde la estación de Piedresita. En el predio se puede ubicar todas las estructuras de manera organizada.
El funcionario de Planeación, Gonzalo Jácome, señala que a la Secretaría de Planeación se le requirió para conocer la viabilidad del proyecto en este predio, de acuerdo al suelo de expansión industrial que se referencia en el Acuerdo 33 de 2007. Con relación al uso del suelo la Secretaría de Planeación dio un visto bueno diciendo que el área y el predio correspondiente son viables para implementar dicho proyecto.
En la intervención de la Secretaría de Hacienda, Amauri Padilla, señala que los recursos para comprar el predio están asegurados y se encuentran en caja provenientes de dos fuentes de financiación como son los recursos provisionados y los recursos de dividendos de Acuacar que quedaron en la vigencia 2012. En cuanto a los recursos para el proyecto se maneja un total de 10.367 millones de pesos disponibles para el mismo. El valor de acuerdo a los avalúos que se han presentado asciende a la suma de 10.100 millones de pesos.
De los ciudadanos inscritos toma la palabra Julio Villadiego, quien señala su preocupación por las modificaciones de última hora, dice que esta propuesta es diferente y el Distrito realizaría una importante inversión de recursos. Asegura que en la administración pasada se aprobó construir la Planta de tratamiento en el lote del cerro del Albornoz donde el terreno sería gratuito y estaría ubicado en el centro de la ciudad.
A Luis Galindo, le preocupa lo que sucede con la compra de dicho terreno, señala que en el documento entregado a los concejales, se piensa comprar por cerca de 13.000 millones de pesos, expresando que en el año 1952 costó 45 mil pesos; cuestionando si el terreno es rural, industrial o urbano, para que haya un costo tan elevado. Agrega que Cartagena está necesitando otra Planta de tratamiento de agua, pero ya se habían hecho unos estudios para la construcción de un tanque elevado que iba a permitir más agua para la ciudad. Pide que los concejales analicen y estudien muy bien el Proyecto de Acuerdo, agregando que si le dan la facultad al alcalde se verán “enredados judicialmente”. Agrega además que el terreno está embargado porque no paga impuesto predial; Dice que en el documento no aparece la socialización por parte del Distrito ni Aguas de Cartagena con las comunidades de Pasacaballo.
El concejal David Dáger (Liberal) señala que la ubicación del predio está en una zona de expansión industrial, muy cerca a las grandes refinerías, expresa cuestionamientos en cuanto la contaminación ambiental y las lluvias acidas que tanto daño vienen haciendo a las comunidades alrededor de la zona industrial de Cartagena y que estos tanques que se construirán al aire libre ¿cómo no recibirán residuos contaminantes si están en el medio ambiente, en el aire de la zona industrial de Mamonal?. El ingeniero Fredy Angulo, recomienda que todo el proceso sea cubierto por que la temperatura y la cantidad de agua cruda que tiene Cartagena generan crecimiento de algas que “son fastidiosas” para el tratamiento. Aclarando que son tales los volúmenes que maneja la planta, que tendría primero que las personas manifestar quemaduras o enfermedades, antes que el agua tenga unos niveles tales de contaminación, productos de una lluvia.
El concejal David Dáger, solicita que para primer debate, el Distrito haga llegar los contratos que surtió con las firmas constructoras que tuvieron a cargo el estudio de este nuevo Plan. Expresa que le gustaría saber si existe una carta de intención por parte del dueño del lote escogido; señalando que no están pidiendo facultades para declararlo como utilidad pública, sino que van hacer una negociación comercial, entre el gobierno y el particular; de las 17.7 hectáreas que tiene este terreno, sería bueno saber hasta qué tiempo y donde se llegaría la prestación del servicio. El concejal asegura que se requiere y necesita en nuevo plan de agua de la ciudad, argumentando que el plan se debe sacar adelante y hacer que inicie el proceso; saber cuánto pagó en valorización y qué avalúo tuvo este lote para cobrarle la valorización. Dice que se debe revisar el precio y asegurar que no haya especulación sobre el mismo. El concejal sugiere visitar al terreno y mirar las condiciones topográficas y bondades que se han manifestado.
El concejal César Pión (La U) señala que el Concejo tiene la necesidad de apostar a lo que genere desarrollo, competitividad y salubridad. El concejal expresa que el Estado debió socializar el Proyecto y no llevarlo a una Audiencia Pública, asegurando que impiden la posibilidad de estudiarlo detalladamente y mirar los informes. Solicita le expliquen por qué se tienen dos connotaciones de precio. Por otra parte señala que aunque encierren el lote y lo cubran, es entendible la penetración por cualquier fuga de las contaminaciones ambientales que entre otras el Ministerio está en descontento porque no existen los controles exactos de dicho territorio. Dice que del lote no se puede negar el costo pero si se puede cuestionar mostrando una serie de publicaciones de ventas de tal predio en el año 2012 con un costo de 13 millones de pesos, cuestionando que “cómo le actualizan el predial a la gente pobre y al parecer a dicho terreno no”. Al referirse a la promesa de compraventa, dice que tiene a Machi Mejía y Mauricio Fabián Otero Santacruz, señala una serie de compra y venta del predio desde el año 1952 hasta el 2009 donde Mauricio Otero S vende a Jhon Machi en 15 millones. El concejal informa que el IGAC dice que el avalúo catastral son 134 millones de pesos y que fue dado en Bogotá, el predio esta en Rocha e inscrito a nombre de Jhon Machín Mejía; con la base de registro del IGAC señala que no está registrado; en la consulta institucional al Distrito, la factura muestra que el predio pertenece a José Simón Abuabara Brieva y en el Proyecto en la parte final aparece que el propietario en este momento es Fabian Otero Santacruz. El concejal menciona que el problema es la legalidad.
El concejal Salim Guerra (Cambio Radical) considera que la administración no tiene mala intención al presentar el Proyecto, dice que responde a una necesidad que tiene la comunidad y que debe ser suscitada. También se dirige a los funcionarios distritales, cuestionando la existencia de la consulta previa a las comunidades minoritarias; señalando que por el antecedente histórico de Aguas de Cartagena se evidencia que realizan obras sin consultas previas; el concejal cuestiona sobre la licencia ambiental.
El concejal Pastor Jaramillo (Cambio Radical) considera que por impedimentos constitucionales el Proyecto es inviable, argumentando que en ninguna parte aparece lo relacionado a las consultas previas. En el artículo 1 del Proyecto se dice que el lote está ubicado en la jurisdicción de Pasacaballo y según la resolución 002 del 14 de febrero de 2005, la comunidad de Pasacaballo está reconocida como comunidad afro descendiente ancestral, señala la Corte que la consulta previa es un derecho de carácter colectivo que debe ser realizada antes de la toma de la decisión. El concejal sugiere a la Administración antes de cometer un prevaricato y violar el Código único disciplinario se consulte a la Procuraduría Agraria y Ambiental para dilucidar dicho tema.
El concejal Américo Mendoza (ASI) señala que tiene inquietudes relacionadas a la decisión que se está tomando, dice que cuando se formula un proyecto de inversión, primero se desarrolla el estudio técnico y dentro de este hay tres componentes: el tamaño, la localización y la ingeniería del proyecto. Asegura que es conveniente mirar la distancia que existe entre la loma de Albornoz y la localización que tendría el lote en este momento, dice que se “atreve a asegurar” que son más de 10 kilómetros, significando que se vendrá un problema mayor que la compra del lote, “12 0 15 kilómetros de tubo madre pagando eventualmente nueva servidumbre por el entendido de las redes para hacer el empalme. Recalca que se debe tener en cuenta lo anterior porque cuando se procede especulativamente en la toma de decisiones en la administración pública, también se incurre en detrimento patrimonial.
El concejal Alfredo Díaz, dice que antes de hacer juicios pedirá documentos, refiriéndose a que el certificado que llegó de instrumentos públicos aparece la anotación de un embargo que hace el Distrito por el no pago del impuesto, pero no aparece el desembargo; el acuerdo 033 del 2007 que modifica el POT le cambió el uso al lote de expansión Industrial, pero también lo deja como rural y no especifica el área rural y la expansión industrial; en el Acuerdo en el articulo decimo para intervenir el predio debe desarrollarse un plan parcial, pero no se aportó en la presentación; en el expediente no aparece el certificado de avalúo; el gerente técnico no se ha referido al área requerida para el Proyecto; no hay copia de la escritura del predio que se plantea comprar, por lo que solicita estos documentos.
El concejal Andrés Betancourt (Conservador) señala que dentro de todos los detalles expuestos hay errores que se cometieron en la presentación del Proyecto. Dice que quisiera que mostraran el informe completo que presentó la administración.
Fredy Angulo, dice que en la etapa de selección del lote, hicieron la consulta al Vice Ministerio y dijeron que con la consulta previa no había problema. Jurídicamente el Distrito revisó y conceptuó que no se requiere consulta previa, señalando que la sentencia a la que hizo alusión el concejal Pastor Jaramillo es la sentencia mediante la cual se revisa la obra de Barú, agregando que no es una obra de saneamiento, por lo que dice que depende del tipo de obra se realiza tal consulta. Recalca que no quiere decir que cuando se haga la obra no hagan participe activamente a la comunidad de Pasacaballo, siendo su principal beneficio, contar con agua las 24 hors del día.
La concejal Duvinia Torres (La U) señala que apoyando lo expuesto por el concejal Andrés Betancourt, la comunidad debe tener claro que los concejales no están en contra del Proyecto pero si tener en cuenta que debe tener todos los soportes técnicos y jurídicos para tomar la decisión. En cabeza de la administración se deben entregar todos los soportes solicitados.
El secretario general del Distrito, señala que de acuerdo a la duda expuesta por el concejal César Pión en cuanto a la parte del suelo de expansión Industrial y Rural, tiene una certificación de Planeación Distrital que dice expresamente que todo el lote es de expansión Industrial; informa que antes del primer debate tendrán resuelta dicha inquietud. Expresa que la Administración está satisfecha por el debate y aportes que cada uno de los concejales ha hecho.
Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8:30 a.m. en las instalaciones del concejo.
Escrito por Lizeth María Polo Amador, Asistente de Investigación del Observatorio al Concejo y Asamblea de Bolívar.
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